Ana Carrera acusa a Loaiza de ser “el triste contrapunto en un día feliz” para una provincia que asiste a los primeros pasos de la ITI

La diputada de Empleo insta al ex presidente a utilizar sus “supuestas influencias en los pasillos de los ministerios” para que el Gobierno aclare de una vez su aportación y ceda su gestión a la Diputación

Ana Carrera, diputada provincial PSOE

La diputada del Área de Empleo, Ana Carrera, ha lamentado la “reiterada obsesión” del portavoz del Grupo Popular y ex presidente de la Diputación, José Loaiza, por “convertirse en el triste contrapunto de cualquier acontecimiento positivo para esta provincia”, justo en “un día feliz” en el que la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) vive sus primeros pasos con la constitución en Sevilla de su Comisión de Planificación y Seguimiento.

“El señor Loaiza vuelve a quedarse solo en su inexplicable estrategia de embarrar cualquier buena noticia para la provincia. Lo ha hecho hace apenas unos días con sus críticas extemporáneas tras una brillante edición de Fitur. E insiste hoy, el mismo día en que se da el pistoletazo de salida para la ITI, sembrando dudas sobre el gran instrumento llamado a luchar contra nuestro desempleo estructural y a transformar y modernizar nuestro tejido productivo”, ha afirmado.

Ana Carrera ha censurado que Loaiza “aluda a la lealtad institucional cuando él es el primer desleal a esta provincia. Lo fue en sus tiempos de presidente, cuando subordinaba los intereses de esta tierra a los dictados de las altas esferas de su partido; y lo es ahora, cuando actúa como pájaro de mal agüero en torno a cualquier buena noticia para Cádiz”. “La sola insinuación de que la gestión de la ITI pueda derivar en un supuesto caso de fraude de fondos europeos, tal y como ha dicho textualmente esta misma mañana, supone toda una demostración de la nula lealtad del portavoz del PP respecto a esta Diputación y a esta provincia”, ha afirmado; y ha exigido al ex presidente que “se desdiga de esas palabras, que tienen una evidente mala intención y que siembran la sombra de la duda sobre un instrumento que debe

nacer y desarrollarse en un clima de consenso y de suma de voluntades del que parece que se autoexcluye el señor Loaiza”.

La diputada ha continuado señalando que “resulta sorprendente el repentino interés que al señor Loaiza le ha entrado respecto a todo lo referente a los fondos europeos. Lamentablemente, durante su gestión al frente de la Diputación no mostró una atención similar, como consecuencia de lo cual se quedaron sin gestionar 18 millones de euros procedentes de fondos europeos que habían sido concedidos a esta provincia”. De la misma forma, ha considerado que “el hoy ex presidente tuvo cuatro años y más de una decena de ocasiones, tantas como los socialistas planteamos en el Pleno de la Diputación la necesidad de que su Gobierno aprobara un plan de empleo dotado con fondos propios, para demostrar su preocupación por los parados de esta provincia, esos mismos que él mantenía que no buscaban activamente trabajo hasta que no estaban próximos a perder su prestación”.

“El señor Loaiza debe de ser consciente de que en el Pleno del pasado miércoles no tuvo su mejor día. Sin embargo, en lugar de volcar hoy su frustración en una rueda de prensa sin sentido en la que jugar a la contra de los intereses de esta provincia, debería haberse esforzado por sumarse a quienes consideramos que el nacimiento de la ITI es una buena noticia”, ha relatado. En este sentido, ha incidido en que “ya que el señor Loaiza presume de tan buenos contactos con el Gobierno de la Nación, le instamos a que le reclame que la gestión de los 900 millones que dice que va a aportar para la ITI y que seguimos sin saber de dónde proceden pueda realizarse a través de la propia Diputación. Ahí tiene Loaiza una buena piedra de toque para demostrar la calidad de sus supuestas influencias en los pasillos de los ministerios”.

Finalmente, Ana Carrera ha dicho que “a pesar de los ataques partidistas y oportunistas, este Gobierno va a mantener su compromiso con la puesta en marcha de la ITI, una iniciativa que nace del entendimiento y que solo puede contemplarse con una visión positiva en beneficio de esta provincia”. Así, se ha referido a la nueva entrega de la “polémica interesada” en torno a la financiación de la oficina de la ITI en Diputación. “El convenio que el propio Loaiza firmó con el Gobierno de la Nación, por cierto haciendo gala de un evidente sectarismo y dejando al margen a la Junta de Andalucía, lo dice meridianamente claro: no hay compromiso de financiación de la oficina de la ITI por parte del Ejecutivo central. Y el Ministerio

de Hacienda ha incidido por escrito en ese mismo sentido. Pese a esas evidencias y a la constante ceremonia de la confusión en la que está instalado el portavoz del PP, que ahora considera la polémica de esa financiación como ‘un tema menor’, vamos a seguir adelante, esperando que nadie decida quedarse fuera ni poner palos en las ruedas de una actuación esencial para nuestro futuro”.

El PSOE plantea “cuestiones vitales” en materia de empleo, educación y energía, frente a un PP que “niega lo que le pertenece a la provincia”

Los populares silencian los recortes del Estado del Bienestar por parte del Gobierno de Rajoy y tratan de achacárselos a la Junta de Andalucía

Grupo socialista de la Diputación de Cádiz

La portavoz del grupo socialista y diputada provincial, Encarnación Niño, se muestra satisfecha con las propuestas llevadas al Pleno por el PSOE. En esta ocasión, los socialistas han presentado cinco mociones en las que exponían necesidades básicas de la provincia y cuya resolución es básica para el desarrollo de todos los gaditanos y gaditanas. Así pues, estas mociones instan al Gobierno Central a que trabaje cuestiones como reforzar energéticamente al Puerto de Algeciras, así como a dotarlo de infraestructura acorde a su capacidad. También se ha pedido que se concrete la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz y se ha solicitado que se atiendan otras necesidades más generales para el conjunto de la ciudadanía como es la derogación de la reválida al finalizar la primaria o que se cumpla con la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía andaluz, que pide que se tenga en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el peso poblacional de la comunidad autónoma. “Se trata de cuestiones todas importantes y vitales”, ha manifestado Niño.

Una de las principales negativas planteadas en el Pleno por el PP se ha producido en la petición de instar al Gobierno de España a que cumpla con el Estatuto de Autonomía, así como que la Administración central se ponga al corriente de las partidas que adeuda a la Junta de Andalucía. “El PP no solo no está dispuesto a no cumplir con los andaluces, maltratados continuamente en los PGE elaborados por el Gobierno del señor Rajoy, sino que tampoco tiene a bien cumplir con el Estatuto y, por ende, con lo que la ley exige”, dice Niño. La portavoz sigue afirmando que “esto es una clara evidencia de la inoperancia de los populares y la desidia que Loaiza muestra ante la provincia de Cádiz, al negarle lo que legítimamente le pertenece”.

Aunque no son estas las únicas negativas que Loaiza hace a la provincia que presidía hasta hace unos meses, pues su grupo también se ha negado a instar al Ministerio de Industria a que invierta en las estaciones y subestaciones eléctricas del Puerto de Algeciras, lo que “haría posible la carga de trabajo y elevar al primer puerto de España a los niveles de infraestructura que merece”, defiende la diputada.

Todas estas desavenencias de Loaiza se han traducido en un tono defensivo durante el Pleno, en el que el portavoz popular ha llegado a culpar falsamente a la actual presidenta, la socialista Irene García, de anunciar vuelos para el aeropuerto de Jerez cuando esos vuelos todavía no se han cerrado. Ante tal acusación García se ha visto en la necesidad de recordarle que “ese tipo de actuaciones eran propias de él y para muestras claras me remito a la hemeroteca”, como sucedió en vísperas de Fitur en 2013, cuando el entonces titular de la Diputación dio por hechas una serie de conexiones aéreas que jamás llegaron a cristalizar.  

El Grupo Socialista ha desarrollado un Pleno propositivo con intención de salvaguardar la equidad y la igualdad de oportunidades; por esa razón, en el área de educación ha propuesto que se derogue el real decreto que exige que se realice una reválida al final de la primaria, pues, “eso solo hace mermar al sistema educativo, además de ser una fórmula anacrónica, injusta y llena de trabas”, dice Niño. Aunque, la portavoz ha recordado a Loaiza, cuyo grupo no ha apoyado la moción, que “cuando ellos estaban en el Gobierno decían que la educación, la cultura y el deporte no eran competencia de la Diputación y sorprendentemente ahora presentan una moción en relación a instalaciones deportivas demostrándose, una vez mas, la incoherencia con la que opera el PP”.

En otro orden de asuntos, la portavoz socialista ha mostrado su perplejidad cuando los diputados del PP critican a la Junta de Andalucía por unos supuestos recortes en materia sanitaria. “Es vergonzoso ver cómo diputados que pertenecen al partido que han dilapidado los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y de la sociedad española acusan al PSOE de sus propios errores”, arguye Niño. Del mismo modo, todas aquellas propuestas de los grupos políticos de la Diputación que barajan la posibilidad de aumentar derechos de la ciudadanía el PP se las toma como un ataque personal y actúa en contra de ellas. Por eso, “lo hemos podido ver votar en negativo contra el derecho a huelga de los trabajadores de Airbus que están siendo procesados con las premisas de la fatídica Ley Mordaza y que han conseguido poner de acuerdo al resto de diputados”, ha criticado la socialista.  

Por último, el grupo socialista de la Diputación ha querido mostrar su total solidaridad, “por propia responsabilidad”, al apoyar a los docentes y alumnos de la Escuela de Hostelería de Cádiz. “La cuestión de la Escuela de Hostelería es una prioridad para este grupo y entendemos que se está trabajando por solucionar cuanto antes la situación y así, nos consta, se está haciendo”, comenta Niño.

En la misma línea la presidenta, Irene García, ha mostrado un compromiso con los teatros de la provincia y su disposición a negociar con los gestores la oferta de los mismos y a trazar las líneas de actuación necesarias para reforzarlos a través de la institución provincial. Concluye Niño dejando patente que “el PSOE está trabajando en todas las líneas con las diferentes áreas. Y, al igual que queremos que la transparencia sea un motor de confianza para la ciudadanía, también queremos la implicación de los municipios y los agentes sociales, económicos, educativos… colaborando activamente en los proyectos”. 

“El autoconsumo eléctrico en Andalucía se reduce por culpa de las políticas del PP”

Pizarro dice que “es incomprensible como una comunidad como Andalucía con tantas horas de sol y con una industria fotovoltaica en auge tiene que ver mermada sus expectativas por culpa de las trabas que el PP pone a este tipo de abastecimiento energético”

Javier Pizarro, diputado provincial PSOE

El diputado provincial socialista Javier Pizarro asegura que el real decreto que se publicó en el BOE en octubre del pasado 2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo “ha supuesto una merma para el sector ya que pone trabas al autoabastecimiento de energía con las consiguientes repercusiones económicas y laborales que se generan por culpa de esa decisión de los populares de no proteger la industria del autoconsumo energético”.

Así pues, según se establece en el preámbulo del real decreto lo que se pretende es avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo, pero Pizarro asegura que “es un objetivo que no se corresponde, en ningún caso, con la regulación recogida en el mismo, ya que impone restricciones, técnicas y administrativas a los consumidores que dispongan de instalaciones de autoconsumo y gravámenes sobre la electricidad producida”. El socialista defiende que “los beneficios del autoconsumo son reconocidos por todos y las instalaciones para autoconsumo pro­porcionan una mayor independencia de la red eléctrica y permite, entre otras cosas, un mayor aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, al tiempo que su uso fomenta la economía y contribuye a la generación de empleo”.

Pero “lamentablemente, la ciudadanía no va a poder disfrutar de dichos beneficios, pues, el decreto no contempla el balance neto que es el vertido gratis de energía al sistema como contraprestación a la energía que recibe de éste cuando la necesita y que sí lo regula­n en la mayoría de países con autoconsumo”, asevera Pizarro. A todo ello, habría que añadir que Andalucía posee muchas horas de sol, y es por eso que resulta más ventajoso, muchas veces, generar y autoconsumir electricidad de origen fotovoltaico que comprar la electricidad de la red. Aunque la aprobación del decreto que los populares han llevado a cabo hace que haya dejado de ser rentable. Adelanta el diputado socialista que “esto supondrá una paralización de inversiones y puede ser el germen del desmantelamiento de instalaciones que ya existen, así como la desconexión de la red de los consumido­res que disponen actualmente de dichas instalaciones”. No sólo esta circunstancia es grave para el sector del autoconsumo, sino que, como arguye el diputado “se verá mermada la economía, así como la generación de empleo que posee ese sector y es lamentable que se paralice el impulso de estas empresas, así como el de la administración andaluza que tanto ha apostado por esta materia”.

Según comenta Pizarro “es indudable que Andalucía posee la tecnología, así como la materia prima, luego no se entiende por qué el parque fotovoltaico en nuestra región, es mucho menor que el de otros países con menos horas de sol”. Pero, al mismo tiempo, comenta el socialista que “la explicación es clara y es consecuencia de que no existe en nuestro país un marco regulatorio estable que ofrezca garantías jurídicas para invertir en renovables y, en particular, en autoconsumo”. En su lugar, existen normas, como este real decreto, que “paralizan el desarrollo de las energías renovables y contribuye a mantener el statu quo de un sistema eléctrico cuyo producto es una de las electricidades más cara de Europa”, afirma. Critica Pizarro también que “la regulación que la regulación que aprobó el PP obedece a una visión cortoplacista y desestructurada del sector energético que está abocado a políticas erráticas cuya única conexión es la de recaudar fondos suficientes para el mantenimiento de un sistema estático y obsoleto ignorando las alegaciones de organismos reguladores y del propio sector”. Pues, según confirman las asociaciones de autoconsumo esto es un nuevo ataque a la posibilidad de desarrollar en España un sector energético, democrático, sostenible, de baja huella de carbono, de generación distribuida e independiente de intereses que no se basen exclusivamente en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energé­tica, que sean económicamente sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles, todo esto, “pone en riesgo el cumplimiento de objetivo con la UE respecto a las emisiones de CO2 para el 2010”, recuerda el diputado del PSOE.

A diferencia del Gobierno que ha presidido Rajoy y sus decisiones en materia de autoconsumo eléctrico Andalucía es consciente de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra región el autoconsumo. Por esa razón, en consonancia con la UE ha incluido, entre los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el documento de planifica­ción energética que marcará las directrices a seguir en esta materia para los próximos años, el autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. Dicho objetivo, a pesar de las barreras impuestas por el Gobierno central, que obliga a Andalucía multiplicar los esfuerzos y a duplicar los recursos asignados para dar viabilidad a una masa suficiente de instalaciones de autoconsumo, “demuestra el compromiso andaluz por extender el potencial de la generación distribuida, facilitando el papel activo de sus ciudadanos como posibles generadores de la energía que consumen, así como la defensa de un sistema energético bajo en carbono, que aproveche al máximo las energías renova­bles e incluya el autoconsumo como nuevo modelo de abastecimiento energético”, asevera Pizarro.

El Grupo Socialista es consciente de que el autoconsumo es una de las piezas claves en la Estrategia Energética de Andalucía y de la provincia y que el desarrollo de este tipo de instalaciones supone para Andalucía la reactivación de la actividad económica e industrial andaluza, por eso, como afirma Pizarro “pediremos en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz la derogación del real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, dado que, en lugar de potenciar y apoyar el autoconsumo, esta normativa impone barreras técnicas y económicas que imposibilitan su desarrollo”. Concluye diciendo que “se debería reactivar el diálogo con el propio sector empresarial y las diferentes administraciones públicas, a fin de evitar poner en riesgo el abastecimiento energético con fuentes renovables en nuestra comunidad autónoma debido a la falta de confianza de los inversores”.

“El PP castiga a los andaluces en los presupuestos generales y no cumple con su Estatuto”

Encarna Niño afirma que “la legislatura que ha pasado ha sido pésima en inversión para Andalucía ya que el PP no ha tenido en cuenta el peso poblacional de la comunidad y por ende ha incumplido con el Estatuto autonómico lo que ha creado graves desequilibrios entre los territorios”

Encarna Niño, portavoz del PSOE en Diputación

La diputada y portavoz del grupo socialista de la Diputación de Cádiz, Encarna Niño, critica las enormes desventajas de los andaluces respecto a ciudadanos de otras comunidades autónomas en referencia a la inversión que el Estado realiza en sus territorios. Así, ha manifestado que “tras conocer los presupuestos autonómicos de 2015, ya cerrados y por tanto comparables, se deduce que el esfuerzo inversor se ha repartido entre un 54,5% para las comunidades autónomas (CC.AA.) y un 45,5 para la Administración General del Estado (AGE), más o menos mitad y mitad, pero esto es sólo la media, pues, la realidad es que hay enormes desequilibrios”. Tras dar a conocer estos datos ha querido referirse a la diferencia que existe entre las distintas CC.AA. y ha asegurado que “Andalucía no está dentro de esa media ya que aquí la carga del presupuesto depende en un 62,1% de la inversión autonómica y el 37,9% de la AGE, por lo que se deduce que la inversión de la Junta de Andalucía en 2015 ha sido de 1,6 veces a la aprobada por el Gobierno Central en la comunidad”.

Pero esto no es así en el resto de comunidades. Pues, como dice Niño “hay otras CC.AA. en las que la balanza de la inversión de la AGE juega a su favor, aportando esta el 60% como es en Castilla y León y Madrid y otras en las que supone un poco más de la mitad como Murcia o Galicia”. Con semejante situación, Andalucía está en una desventaja clarísima respecto al resto. Además, para el 2016, según recogen los presupuestos generales del Estado (PGE) la inversión para la comunidad andaluza será menor que en el ejercicio anterior. Concretamente, 1.820,64 millones de euros frente a los 1.959,7 millones de euros de 2015. “Esto unido a que la Junta ha aumentado la inversión en los presupuestos autonómicos en un 10% va a aumentar el desequilibrio en la responsabilidad presupuestaria que tiene cada administración”, asevera la socialista.

Debido a estas circunstancias Niño concreta que “el Gobierno de Rajoy ha invertido 20 euros menos por cada andaluz, por tanto por cada gaditano, de lo que invierte de media en otras comunidades”. Aunque esos no son los únicos datos que se afean por parte de la socialista. Pues, ésta recuerda también que el Gobierno central tiene contraída una deuda con los andaluces que se eleva a 8.600 millones de euros, de la cual, la mayor parte corresponde a la mala aplicación del modelo de financiación autonómico, un total de 6.043 millones de euros y el resto es debido al incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía que es la referente al peso poblacional de la región.

Así pues, la diputada socialista ha querido referir que “además de todo esto hay que sumar el reparto injusto del déficit entre el Estado y Andalucía al reparto del fondo de liquidez autonómico al que el PP ha asfixiado con intereses llevándose 1.500 millones de euros de los andaluces en intereses abusivos y quitándonos 265 millones de euros en las transferencias que tenían que llegar a Andalucía por la liquidación negativa del ejercicio 2013”. Todo esto ha provocado que el Grupo Socialista de la Diputación haya tenido a bien concretar una moción para el próximo pleno del ente provincial en la que solicitarán al Gobierno de España que reconozca el peso poblacional de Andalucía con el objeto de cumplir con la DAT, así como incrementar el esfuerzo inversor en la comunidad andaluza para situarlo en la media del resto de territorios, moción que defenderá el diputado y vicepresidente, Juan Carlos Ruiz Boix. “No puede ser de otra forma, ya que Andalucía y la provincia de Cádiz sólo están reclamando lo que les pertenece por ley y es de justicia que esas partidas presupuestarias se ajusten a las necesidades de la comunidad como se hace en el resto”, concluye Niño.

“La calidad educativa para el PP es crear diferencias entre alumnos y trabas académicas”

Moya critica al Gobierno de Rajoy por “haberse dedicado a imponer una reforma educativa que en vez de buscar la excelencia lo que hace es afectar el normal desarrollo del calendario escolar ocasionando dificultades organizativas y económicas a la Junta de Andalucía”

Isabel Moya, diputada provincial PSOE.

La diputada provincial socialista Isabel Moya defiende la derogación del real decreto que regula las características generales de las pruebas de evaluación final al finalizar la educación primaria. En este sentido, la diputada comenta que “este real decreto lo que supone es una imposición a las comunidades autónomas al obligarlas a diseñar, aplicar y corregir unas pruebas que introducirían elementos de tensión externa al alumnado, las familias y al profesorado”. En el mismo sentido, añade que “todas estas circunstancias supondrían una traba al normal desarrollo del calendario escolar y ocasionarán graves dificultades organizativas, funcionariales y económicas para el Gobierno de Andalucía”.

Así pues, la aprobación de estas normativas en referencia a una materia tan primordial para el desarrollo de la sociedad como lo es la educación ha causado un profundo malestar en el PSOE ya que los socialistas consideran que los grandes avances educativos siempre han partido de ejecutivos gobernados por ellos. En esta línea asevera que “la aprobación del real decreto pone en evidencia, tal y como ocurrió con la aprobación de la LOMCE, la actitud de falta de diálogo de nula voluntad de acuerdo y de omisión del deber político de consenso con todos los agentes de la comunidad educativa de los populares”. Estas circunstancias suponen un “agravio” según Moya quien considera que “existe un déficit democrático en el tratamiento de los temas educativos que conllevan a que se vea afectada la ciudadanía española; todo ello, además, considerando el oportunismo utilizado ya que  esta norma se ha impuesto por un Gobierno central del PP en momentos previos a entrar en funciones”.

Como datos generales, es destacable que en este real decreto ha impuesto lo que la comunidad educativa  ha venido denominando reválida para el final de la etapa de educación primaria. Por ese motivo, Moya defiende que “esta reválida final, que no evaluación, tiene como característica que las calificaciones obtenidas deberán de ser expresadas en términos desde el insuficiente hasta el sobresaliente y esto permitirá que los alumnos y alumnas de primaria reciban una calificación final muy reducionista que pervierte el sentido educativo de globalidad de la evaluación continua que debe aplicarse en esa etapa educativa”. Asimismo, cree que “el establecimiento de estos rankings de centros, según los datos obtenidos de los alumnos, no contribuirá a la mejora del sistema educativo, sino que conllevará, inevitablemente, a la discriminación y desprestigio de centros docentes cuya ubicación en el sistema clasificatorio, descontextualizado, no beneficiaría la labor educativa que debe ser desarrollada por cada uno de ellos en su propio contexto”.

En resumen, la diputada socialista ha calificado esta situación del sistema educativo como “una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evolución en la educación primaria e introduce unas obligaciones que no están especificadas y que son imposibles de asumir en cuanto a la puesta en marcha de esta reválida que consideramos injusta, innecesaria, inoportuna e impuesta que claramente es rechazada por el conjunto de la comunidad educativa”.

Por todas esas razones, en el próximo pleno de Diputación el Grupo Socialista instará al Gobierno de España a la derogación de este real decreto que regula las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecida. De la misma manera, solicitan que se paralice cualquier actuación o medida en este sentido, así como la apertura de un proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones políticas y los agentes educativos para restaurar las condiciones que conduzcan a la verdadera mejora de la educación en Andalucía. “Es la manera justa que sea el consenso con la comunidad educativa el que marque las pautas de un proceso adecuado para buscar la excelencia académica y que suponga la mejor herramienta con la que fortalecer al sistema educativo”, concluye Moya. 

El PP no cumple con el Puerto de Algeciras ni en infraestructuras ni en capacidad energética

Boix asegura que “para el PP el Puerto de Algeciras no es una prioridad y cabe recordarles que es el primer puerto de España y el quinto de Europa y emplea directa e indirectamente a más de 10.000 personas por lo que es vital invertir en mejoras para su competitividad”

Juan Carlos Ruiz Boix, diputado provincial PSOE

El diputado provincial socialista y vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, pone de relieve la importancia que tiene para la economía de la provincia, así como para el conjunto de España el puerto algecireño. Así mismo, ha reseñado que “el Puerto Bahía de Algeciras es el primer puerto en importancia de nuestro país en tráfico total de mercancías y el primero también del Mediterráneo sobrepasando los 95 millones de toneladas en tráfico total y más de 4,3 millones de contenedores”. Ruiz Boix defiende que “un puerto que posee más de 10 kilómetros de muelles donde se gestiona tráfico tanto de pasajeros como de mercancía y que emplea a más de 10.000 personas entre empleo directo, indirecto e inducidos motor fundamental para la economía de la comarca del Campo de Gibraltar debería ser un referente de las inversiones del Estado”. En este sentido, también ha destacado el socialista los importantes reconocimientos internacionales que posee el Puerto de Algeciras y “lo que chocan todos estos datos con el escaso o nulo interés del Gobierno que ha presidido Rajoy y del que, actualmente, es jefe en funciones”.

Así pues, para el dirigente del PSOE es importante señalar la “inacción en materia de infraestructuras ferroviarias que ha tenido el puerto algecireño si lo comparamos con otros puertos como los del levante español”. Pero no es el único déficit que tiene esta zona portuaria, pues es destacable también que como complemento esencial de las obras e instalaciones se encuentra el de las infraestructuras eléctricas para el suministro de los operadores de las diferentes terminales. Ruiz Boix ha recordado que “en marzo de 2007 se inició un proceso de petición de suministro eléctrico a Endesa por una potencia de 78,4 megavatios, hecho que se tradujo en un convenio que establecía tanto las condiciones técnicas y económicas, como las administrativas para que Endesa ejecutase y pusiese en servicio las infraestructuras necesarias con una inversión inicial de más de 30,7 millones de euros”.

En este sentido, la compañía Endesa sólo ha ejecutado una parte de la infraestructura eléctrica necesaria para el desarrollo óptimo del Puerto de Algeciras, dichas actuaciones han proporcionado una potencia limitada de 17 megavatios “lo que supone un servicio precario para los usuarios ya que no ven satisfechas sus necesidades energéticas”, asevera el socialista. Añade, además, que “ocho años después en la zona portuaria algecireña solamente se tiene acceso a un 22% de la potencia demandada, razón por la que muchas concesiones tienen limitadas sus capacidades operativas al no disponer de toda la potencia solicitada”.

Por esas razones, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras  está asumiendo un elevado coste  económico que se están traduciendo en importantes pérdidas en competencias respecto a otros puertos del entorno. Estas  pérdidas se traducen  en repercusiones a las concesiones, así como por la pérdida de capacidad de inversión en infraestructuras portuarias debido al doble circuito de 220 megavatios entre las subestaciones de Pinar del Rey y la de Cañuelo, que consta de unos siete kilómetros de longitud, y que, en principio, en el avance de planificación para el 2020 está prevista para el 2019. Por ese motivo, arguye el diputado que “la subestación Cañuelo estaría conectada en antena, incumpliendo la normativa de Red Eléctrica Española, por un periodo mínimo de cuatro años, contando que se respeten los plazos planificados”.

Ante estas circunstancias, la Autoridad Portuaria ha respondido a la empresa Endesa que cualquiera de las opciones propuestas, ya sea el fallo, así como la disponibilidad de mantenimiento de la red de transporte, implican, inevitablemente, la interrupción del suministro eléctrico a la subestación Isla Verde. Según los responsables del puerto algecireño “esta situación provocará la paralización de todas las actividades portuarias de las concesiones que están conectadas a dicha subestación”. Según el socialista Ruiz Boix “esto sólo es atraso más para este importante puerto cuando, realmente, lo que se debe hacer es dotarlo con la infraestructura y la capacidad energética que beneficien su desarrollo”.

Del mismo modo, el diputado provincial está convencido de que “ante este panorama no se puede aceptar ni asumir por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras la situación y debe ser prioridad que Red Eléctrica Española incluya en la planificación el adelanto de la ejecución del doble circuito de 220 megavatios entre Pinar del Rey y Cañuelo”. En cuanto a Endesa, expone Ruiz Boix que “ha propuesto una conexión provisional, para casos urgentes, a una línea de 66 megavatios, con esto se pretende cubrir parte de la demanda del Puerto de Algeciras hasta que se ejecute el doble circuito antes mencionado, pero eso es sólo una solución provisional y no cubriría la totalidad de la demanda de el puerto campogibraltareño”.

Por todo ello, el grupo socialista pedirá en el próximo pleno de la Diputación que el Ministerio de Industria tome conciencia de la importancia de dejar al Puerto de Algeciras sin suministro eléctrico y las pérdidas que ello causará. También piden al mismo Ministerio, Red Eléctrica Española y Endesa que realicen actuaciones con carácter de urgencia para subsanar este problema de abastecimiento y con ello acortar los plazos que sitúan esta reforma en el año 2019. Según el diputado socialista “es vital para reforzar el funcionamiento y el rendimiento del Puerto de Algeciras que se solvente esta situación energética y llevar, con ello, a esta infraestructura portuaria a la excelencia del tráfico marítimo tanto de mercancía como de pasajeros, como no puede ser de otro modo”. 

El PSOE reclama al Gobierno que cumpla con la Bahía de Cádiz y con los astilleros de Navantia

José María Román confía en los nuevos anuncios de carga de trabajo tras “anteriores decepciones”, reclama un plan industrial para los astilleros, y fija la inversión y la formación como claves para el futuro

José María Román, diputado provincial PSOE

El diputado provincial socialista José María Román defiende que “el sector naval es fundamental para el desarrollo estratégico de la provincia de Cádiz, ya que emplea a miles de trabajadores de manera directa o indirecta, a través de la propia Navantia así como de multitud de empresas auxiliares”. Además, Román considera que es fundamental que “el Gobierno central del PP cumpla con lo que dijo hace más de dos años, ya que habló de aumentar la carga de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz con la firma de un contrato que permitiría construir un quinto gasero”. Hasta el momento, no se ha puesto en marcha ese proyecto; y, según el socialista, “los populares han utilizado electoralmente, a través de los ministerios de Hacienda e Industria, así como por parte de los representantes del PP en la provincia, el contrato del gasero que no se ha llevado a cabo”.

Por todas esas razones, destaca que “el Gobierno de Rajoy  vuelve a incumplir con la provincia y ha utilizado a Navantia para crear unas expectativas que son falsas”, asevera Román. Pues, según la empresa pública, la construcción del quinto gasero ya no es una prioridad; y, como consecuencia de esa “desidia”, afirma el diputado del PSOE, “el sector naval está dejando pasar la oportunidad de conseguir para la Bahía más de tres años de faena y dos millones de horas de trabajo, según la propia SEPI”.

Cabe recordar que “el Ejecutivo de Rajoy dejó pasar, a favor de la industria china y coreana, la posibilidad de construir hasta cuatro gaseros en la factoría de Puerto Real y de ahí el nuevo compromiso de ese quinto al que todavía no se le ve color”, afirma el diputado. También quiere dejar claro que “si el PP utilizó la inminente firma del gasero fue a consecuencia de las movilizaciones que la plantilla de astilleros llevó a cabo a finales de 2013”. Además, el Grupo Socialista de Diputación asegura que no consentirá que la empresa Navantia se escude en la no rentabilidad de la operación cuando “los tres centros de la empresa en la provincia de Cádiz han demostrado que sí lo son, así como que tienen unas capacidades competitivas importantes”.

José María Román llama la atención sobre las “nuevas expectativas” de carga de trabajo para Navantia, en este último caso respecto a un eventual contrato de corbetas para Arabia Saudí. “Al conjunto de la sociedad de la Bahía de Cádiz y de la provincia en general nada nos gustaría más que asistir a la cristalización de esa posibilidad. A lo largo de estos años se han sucedido tanto las decepciones en torno a los anuncios frustrados de carga de trabajo como la utilización política de nuestros astilleros, y confiamos en que esta vez sí sea de verdad”, afirma el diputado responsable de la Delegación Especial para Programas de Grandes Sectores Estratégicos”.

Los socialistas están convencidos de que hay que luchar por conseguir carga de trabajo en la Bahía gaditana a través de Navantia; y para eso instarán al Gobierno central para que este ponga en marcha un plan industrial para los astilleros públicos con objeto de satisfacer las reivindicaciones de los representantes sindicales y de la propia plantilla. “Es vital planificar la dotación de futuras cargas de trabajo, así como que se despejen las incertidumbres” en torno al futuro de los astilleros y de su industria auxiliar”.

Inversión y formación, claves para el futuro

José María Román ha concluido incidiendo en una doble línea de actuación con vistas a consolidar los astilleros como fuente de empleo y de generación de desarrollo socioeconómico. Por una parte, “hay que aumentar  la inversión en investigación y desarrollo tecnológico con el objeto de marcar las líneas de comercialización, así como que se provoque el rejuvenecimiento de sus plantillas”. Y por otra, “hay que seguir incidiendo en el capítulo de la formación de los trabajadores del sector, una capacitación homologada que permita que la llegada de nueva actividad a los diques pueda ser aprovechada en toda su potencialidad de generar empleo”. En este sentido, ha destacado el “compromiso” de los trabajadores del sector, así como su “responsabilidad”, ya que ellos son quienes “vienen demandando desde hace mucho tiempo la necesidad de apostar por un binomio clave para el futuro del sector, como es la suma de inversión y formación”.