Cádiz, 30 de junio de 2012

El Gobierno del PP sigue sin pagar a parados en emergencia social contratados al amparo del plan Peces, dos semanas después de acabar su trabajo

Irene García censura que “al presidente Loaiza y su equipo se les llena la boca hablando de su apuesta por el empleo y ni siquiera están siendo capaces de cumplir con el colectivo más castigado por la crisis”

El Grupo Socialista de Diputación ha denunciado que los primeros parados contratados por la Diputación al amparo del programa Peces (Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social) suman ya dos semanas sin haber cobrado por sus trabajos, finalizados el pasado 15 de junio. Esta situación ha provocado las críticas de la portavoz del PSOE en la Corporación provincial, quien ha señalado que “al presidente Loaiza y a su equipo de gobierno se les llena la boca hablando de su apuesta por el empleo y presentando supuestos planes de actividad económica y de creación de empleo que no son más que cortinas de humo para tratar de ocultar su incapacidad de gestión, porque ni siquiera están siendo capaces de cumplir con el colectivo mas castigado por la crisis”.

La portavoz socialista ha incidido en que este caso concreto de los primeros desempleados contratados al amparo del plan Peces es “especialmente sangrante y del todo punto intolerable, dado que se está jugando con la angustia y con la desesperación de unas personas y de sus familias que, como dice el propio enunciado del programa, se encuentran en una situación de emergencia social”.

Irene García ha recordado que “el plan Peces establecía una serie de condiciones draconianas para poder acceder a ser contratado, ya que obligaba a contar con un nivel de ingresos bajísimo. De hecho, fue criticado por un buen número de alcaldes y alcaldesas, que consideraron que carecía de utilidad práctica tanto por esa exigencia de requisitos que hacía muy complicado poder optar a él como por el hecho de que los contratos se prolongaban por apenas 15 días. Sin embargo, lo que no podíamos ni siquiera suponer es que a todo ello habría que añadir que quienes lograsen ser seleccionados en ese programa debieran esperar al menos dos semanas para poder percibir el correspondiente dinero por el trabajo realizado”.

La portavoz socialista ha exigido por tanto al Gobierno de la Diputación que “abone a la mayor brevedad las cantidades pendientes con estos desempleados, y que establezca en lo sucesivo un mecanismo que permita el pago prácticamente inmediato en el momento en que venza el contrato de cada uno de ellos”. Según los datos facilitados en su día a los medios de comunicación por el Gobierno provincial, el plan Peces contaría con 800.000 euros para generar 782 contratos de 15 días de duración en 38 municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.

“El compromiso del Gobierno provincial del PP era transferir a los ayuntamientos las cantidades para pagar a los desempleados, antes de que finalizara el período de contratación de esas personas. Y eso no ha sucedido en el caso de quienes finalizaron su contrato el día 15, porque a día de hoy no se ha producido ingreso económico alguno en las cuentas de los consistorios”, ha añadido Irene García, quien ha criticado la “completa ausencia de información de la Diputación hacia los alcaldes, que llevan días esperando saber qué está sucediendo y que, en consecuencia, no pueden dar explicación alguna a las personas afectadas”.


La portavoz del Grupo Socialista ha instado asímismo al Gobierno de José Loaiza y del PP a que “en eventuales convocatorias de programas de una naturaleza similar al Peces se evite una circunstancia que se ha producido ahora y que nos parece inconcebible en un instrumento de emergencia social, como es la coincidencia de los dos miembros de un mismo matrimonio en el listado de beneficiarios; y ello mientras otras familias también en situación de precaridad han visto cómo todos sus miembros quedaban fuera”.

Cádiz, 29 de junio de 2012

El Gobierno del PP desbloquea la firma de los convenios sobre los Servicios Sociales Comunitarios solo un día después de la denuncia del PSOE

Irene García asegura que “el presidente Loaiza está ralentizando los pagos de manera premeditada, con la falsa coartada de una supuesta  mala herencia recibida de los socialistas” 

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha asegurado que “apenas un día después de que denunciáramos que el presidente José Loaiza estaba poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios, el Gobierno del PP ha reaccionado de inmediato ante una situación que de otra manera podría derivar en un escádalo sin precedentes”.

Irene García ha señalado que “si ayer poníamos de manifiesto que a estas alturas del año no se habían firmado los convenios con los pequeños municipios para que estos puedan saldar los pagos adelantados a estos trabajadores durante el primer semestre, hoy mismo el Gobierno del PP ha remitido una comunicación a los ayuntamientos afectados en la que poco menos que les traslada la urgencia y les insta a suscribir cuanto antes una documentación que ya estaba lista previamente y que solo a partir de hoy a quedado a su disposición”.

De esta manera, la comunicación enviada desde la Diputación recoge que ya se han redactado los anexos correspondientes al coste del personal acogido al convenio entre la Corporación provincial y los respectivos consistorios; y que esos convenios se han prorrogado automáticamente para el presente ejercicio. Sin embargo, el mismo documento señala textualmente que, si bien los apartados sobre el coste del personal tienen vigor desde el 1 de enero de 2012, “la firma de estos anexos es imprescindible para transferir las cantidades correspondientes” a cada Ayuntamiento.

“La inquietud de los alcaldes y las alcaldesas estaba por tanto plenamente justificada, porque no es de recibo que el Gobierno provincial haya esperado hasta finales de junio para poner en su conocimiento que los convenios con los municipios están disponibles para su firma a partir de hoy mismo, día 29 de junio, cuando de lo que se trata es de saldar, a la mayor brevedad, los pagos adelantados durante los primeros seis meses del año por los consistorios”, ha dicho Irene García, quien ha incidido en que “el Grupo Socialista va a estar especialmente vigilante acerca del proceso de pago de estas cantidades que son absolutamente necesarias para los pequeños ayuntamientos de la provincia, que están padeciendo de manera especialmente grave la caída de ingresos como consecuencia de la crisis económica”.

La portavoz socialista ha asegurado que “esta falsa diligencia del Gobierno provincial del PP, que es capaz de reaccionar en apenas unas horas pero siempre que se haya producido previamente una denuncia del PSOE, esconde una perversa estrategia trazada por el presidente Loaiza y seguida por el diputado de Hacienda, Recaudacación y Contratación, Juan Antonio Liaño, como es ralentizar prácticamente la totalidad de los pagos de la Diputación de manera premeditada, con la falsa coartada de una supuesta mala herencia recibida de los socialistas”.


En este sentido, Irene García ha hecho hincapié en que “este episodio de los Servicios Sociales Comunitarios ilustra a las claras sobre esta actitud partidista que no se para ante los posibles perjuicios para los trabajadores afectados, en tanto que se generaba un serio peligro para sus nóminas; para las personas beneficiarias, dado que la falta de pago amenazaba la calidad de este servicio destinado a colectivos especialmente vulnerables; y para los propios municipios, cuyas tesorerías corrían incluso el riesgo de colapso en caso de tener que prorrogar el adelanto de los pagos más allá de los seis meses iniciales”.

Cádiz, 28 de junio de 2012

El PSOE denuncia que “el Gobierno de Loaiza está poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios”

Irene García asegura que “los municipios temen que la ausencia de firma de los convenios para 2012 implique problemas de tesorería o incluso la imposibilidad material de hacer frente a las nóminas”

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha denunciado que “el Gobierno de José Loaiza está poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios”. La diputada socialista ha asegurado en este sentido que “a estas alturas del año, aún no se han firmado los oportunos convenios con los pequeños municipios, con lo que no hay cobertura alguna para poder saldar a los ayuntamientos el adelanto de la primera media anualidad de los sueldos de unos trabajadores que prestan unos servicios tan esenciales como la atención a domicilio”.

Irene García se ha hecho eco de la “creciente inquietud de buen número de alcaldes y alcaldesas socialistas” y ha recordado cómo, tradicionalmente, los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes venían suscribiendo convenios con la Diputación, en virtud de los cuales la Corporación provincial transfería, a semestre vencido, el importe de los salarios de estos profesionales, que mientras tanto eran adelantados por los propios municipios beneficiarios. “Esto ha venido siendo así, y de hecho el año pasado, el último en el que los socialistas tuvimos responsabilidades de gobierno en la Corporación provincial, los convenios se firmaron en el mes de mayo. Pero ahora, cuando junio está tocando ya a su fin, los alcaldes y alcaldesas siguen sin saber nada de esa firma del convenio correspondiente a 2012 que debería hacer posible que se saldara la deuda acumulada durante el primer semestre”, ha dicho Irene García.

Ante esa situación, la portavoz socialista ha adelantado que “con toda seguridad, los municipios de menor tamaño van a tener serios problemas de tesorería, porque se verán obligados a seguir desembolsando esos salarios cuando pensaban que en este mes se pondrían a cero respecto al semestre que ya llevan adelantado. Sin embargo, lejos de eso, estarán verán obligados a aumentar su desembolso más allá de lo inicialmente previsto”. Incluso, Irene García ha planteado que “muy probablemente, haya ayuntamientos que no puedan seguir afrontando ese desembolso, en un momento de importante caída de sus ingresos, con lo que la situación podría tornarse muy preocupante tanto para estos trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios como para las personas beneficiarias de los mismos. Así nos lo han trasladado los alcaldes y alcaldesas socialistas, y por ello esperamos una respuesta inmediata del Gobierno provincial”.

Por este motivo, Irene García ha instado al presidente de la Diputación a que “de manera inmediata, firme los correspondientes convenios con los alcaldes y alcaldesas de los municipios que tienen concertado ese servicio con la Corporación Provincial, ante una amenaza más qu evidente para la economía de los trabajadores y para el mantenimiento de la asistencia”. La portavoz socialista ha destacado que “siendo en todo momento importante la garantía de los salarios y de la calidad de las políticas sociales que se prestan a quienes así las necesitan, esta exigencia es aún más evidente si cabe en momentos de crisis económica como ésta, en la que tanto los trabajadores que desarrollan esta importante tarea como sus destinatarios merecen la mayor diligencia por parte de las Administraciones”.


La portavoz socialista ha incidido en que “la nómina de trabajadores afectados por esta situación incluye por ejemplo a educadores, psicólogos, auxiliares administrativos y trabajadores sociales”. A título de ejemplo para dar idea de la repercusión de esta problemática, ha explicado que “el año pasado, y sólo al amparo de uno de los dos convenios suscritos con municipios de la comarca de la Sierra, había trabajando una veintena de personas”.

Cádiz, 27 de junio de 2012

“El Gobierno de Loaiza ha presentado en siete meses hasta siete planes económicos y de fomento del empleo, todo un récord mundial”

Irene García denuncia la constante utilización de “furgos de artificio” para ocultar que el PP “ha agotado por completo la iniciativa institucional, de la misma manera que va camino de quedarse sin nombres para su rosario de proyectos vacíos de contenido”

El Grupo Socialista de Diputación ha denunciado la “completa pérdida de pudor político por parte del Gobierno provincial del PP, que se ha embarcado en una descabellada estrategia de intentar tapar su incapacidad para resolver los problemas de los municipios y de la sociedad gaditana a base de golpes de efecto de la mano de supuestos planes económicos y de fomento del empleo que sólo son vistosos envoltorios que no tienen nada en su interior”.

La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha enumerado que, “desde noviembre del pasado año, el Gobierno del PP en la Diputación ha presentado sucesivamente el Plan Provincial de Apoyo a Autónomos, el Programa de Empleo para Colectivos en Emergencia Social (plan Peces), el Plan Provincial de Promoción Económica y Turística, el Plan Provincial de Promoción Económica Cultural, el Plan Provincial de Desarrollo Social Sostenible, el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local y ahora el nuevo Proyecto Dinamo…” De esta manera, ha continuado diciendo que “así las cosas, y sin contar la firma en febrero de un pomposo Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico 2012-2015 del que nunca más se supo, desde el pasado noviembre salimos a una media de un plan de dinamización económica y de creación de empleo al mes, lo que debe tratarse sin duda de todo un récord del mundo”.

Irene García ha censurado esta “perversa estrategia de establecer constantes cortinas de humo para tratar de ocultar la absoluta ausencia de gestión a cargo del Gobierno provincial de José Loaiza, al que en menos de un año se le ha agotado por completo la iniciativa institucional de la misma manera que va camino de quedarse sin nombres para el rosario de planes y proyectos vacíos de contenido que ha presentado y que seguramente continuará presentando”.

La portavoz del Grupo Socialista ha censurado que “a día de hoy, la oposición desconoce por completo el contenido real de estos supuestos planes, lo que refuerza nuestra idea de que están completamente vacíos de contenido. Igualmente, no sabemos absolutamente nada de las fuentes para su financiación, ya que conjuntamente todas esas iniciativas superarían los 60 millones de euros”.

Muy al contrario, la diputada ha destacado que “los Presupuestos de la Corporacion para 2012 únicamente recogen una consignación de dos millones de euros para un supuesto Plan Provincial de Empleo que sigue sin echar a andar porque su financiación se subordinó a la venta de unas naves propiedad de la Diputación. Porque esa y no otra es la verdadera medida de la apuesta por el empleo del Gobierno del PP y de José Loaiza, por más que se esfuercen en dar ruedas de prensa que vendan a los cuatro vientos presuntos proyectos que no son más que fuegos de artificio”.


Finalmente, Irene García ha concluido diciendo que “en el colmo de la desvergüenza, el PP ha descubierto algunas innovaciones en su política de vender humo, como sucede ahora con este Proyecto Dinamo: se presenta un plan, supuestamente integral y que debe actuar como ‘paraguas’ de otras iniciativas, no se pone en marcha en absoluto, y pasados unos meses se van desgranando las partes del mismo, que igualmente no llegan a materializarse jamás pero que dan una falsa sensación de que se está poniendo remedio a las principales preocupaciones de la ciudadanía como son la crisis económica y, especialmente, el desempleo”.

Cádiz, 26 de junio de 2012

El PSOE denuncia que Diputación cedió los derechos de cobro de 1,5 millones del Ayuntamiento de Los Barrios a un particular

José María Román exige al presidente Loaiza que aclare si el alcalde y el prestamista se reunieron con técnicos de la Corporación provincial apenas unos días antes para tratar de dar encaje a la operación

El Grupo Socialista de Diputación ha denunciado que el Gobierno del PP en la Corporación Provincial cedió el pago de 1,5 millones de euros correspondientes al Ayuntamiento de Los Barrios a un particular que iba a actuar como prestamista de ese Consistorio, en una operación que contó con un tipo de interés del 28 por ciento.

En este sentido, el diputado socialista José María Román ha asegurado que “el pasado 28 de diciembre, precisamente el día de los inocentes, la Diputación cedió a un prestamista particular esos derechos de cobro que correspondían al Ayuntamiento. Y apenas unos días antes, en el propio Palacio Provincial, se había celebrado una reunión en la que participaron el alcalde de Los Barrios, el particular y técnicos de la Diputación”.

José María Román ha recordado que “esta operación de tesorería provocó que el Grupo Municipal Socialista de Los Barrios presentara una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y exacciones legales contra el alcalde, el andalucista Jorge Romero, quien ya ha declarado como imputado ante la autoridad judicial”. En relación con este episodio, el diputado del PSOE ha señalado que “el propio alcalde ha asegurado que la Diputación tenía plena conciencia y absoluto conocimiento de la operación que se pretendía suscribir con el particular, el señor Rafael Cañamaque Calvente”.

“A pesar de estas manifestaciones del alcalde, el presidente Loaiza ha negado cualquier conocimiento sobre el particular, tanto en lo que respecta a la operación en sí como a la celebración de esa reunión preparatoria de la misma que, a tenor de las declaraciones del alcalde, se desarrolló en la propia Diputación con la asistencia de personal de esta casa. Una reunión que, dicho sea de paso, apunta a una muy dudosa legalidad y que exige una aclaración urgente del Gobierno provincial”, ha añadido el diputado socialista.

José María Román ha recordado que, “el pasado 28 de diciembre, el alcalde de Los Barrios solicitó por escrito a la Diputación el abono de 1,5 millones con cargo a la recaudación de los tributos municipales, en concepto de anticipos de la misma. Y lo hizo facilitando un número de cuenta corriente cuyo titular no queda recogido en ese documento firmado por el regidor”.

“Sin embargo –ha continuado el diputado socialista- ese escrito del alcalde sí establece textualmente que la cesión de los derechos de cobro municipales como consecuencia del anticipo de la recaudación se realizaría a una entidad financiera, circunstancia que no se atendría a la realidad si, como parece, el prestamista particular recibió el pasado 1 de abril esos 1,5 millones de euros, tal y como pedía la solicitud rubricada por el alcalde el citado 28 de diciembre”.


En este sentido, José María Román ha recordado que el pasado viernes presentó un escrito en el Registro General de la Diputación para solicitar información acerca de este episodio: el nombre del titular de la cuenta bancaria cuyo número aparece en el escrito de 28 de diciembre en el que el alcalde barreño solicita la cesión de los derechos de cobro municipales; si esa cuenta de destino de los 1,5 millones de euros se mantuvo finalmente para el abono de esa cantidad o si fue cambiada con posteriodad; y, en el caso de haberse transferido el dinero a una cuenta diferente, la identidad de su titular. 

Cádiz, 23 de junio de 2012

El PSOE pregunta al Gobierno provincial del PP por el cambio de la composición de dos órganos de selección legalmente constituidos para sendos procesos de cobertura de plazas de funcionarios

El Grupo Socialista de Diputación ha preguntado al Gobierno provincial acerca de la “sorprendente” modificación de la composición de sendos órganos de selección legalmente constituidos, dentro del proceso para cubrir una serie de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2007-2008 en la modalidad de promoción interna.

El caso responde a los procesos selectivos para proveer 11 plazas de auxiliar de geriatría y 98 plazas más de administrativo, correspondientes a la agrupación de las Ofertas de Empleo Público para los años 2007 y 2008. Una vez cubiertos los sucesivos trámites administrativos y tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en mayo de 2011 que daba oficialidad al inicio del procedimiento selectivo, el 30 de junio de aquel mismo año se aprobó la composición de los citados órganos de selección, que en ambos casos afectaban a funcionarios de carrera.

Sin embargo, ya el 1 de junio del año en curso (B.O.P. número 110, de 12 de junio de 2012), el diputado delegado de Función Pública y Recursos Humanos, Luis Ángel Fernández Rodríguez, dictó una resolución para revocar la resolución antes citada de 30 de junio de 2011. A juicio del Grupo Socialista, “esta decisión debe ser explicada con absoluta transparencia por el Gobierno provincial”, toda vez que se había seguido el procedimiento reglado para la aprobación del procedimiento, incluidas las bases generales que recogen los órganos de selección, que no habían sido objeto de impugnación alguna.

Por este motivo, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno de la Diputación que aclare cuál es el verdadero motivo de esa modificación de la composición de los órganos de selección en ambos procesos, toda vez que la argumentación esgrimida por el diputado delegado de Función Pública y Recursos Humanos en la propia resolución de 1 de junio de 2012 que revoca la de 30 de junio de 2011 lo justifica como una “consecuencia de la reorganización administrativa de la que ha sido objeto esta Corporación Provincial”, en virtud de la cual “procede adoptar medidas para hacer efectiva la nueva organización de los servicios afectados”. Sin embargo, y más allá de la hipotética reorganización administrativa de carácter interno, lo auténticamente cierto es que, si se hubiera dictado en ausencia de procedimiento alguno y sin la base de una motivación legal, se trataría de un acto nulo de pleno derecho.


A juicio del Grupo Socialista, la última resolución de 1 de junio podría colisionar frontalmente con la Constitución y con algunos de los principios que consagra, como son los de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas y de seguridad jurídica, así como de responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. De ahí que haya planteado al Gobierno provincial una pregunta oral en la que se reclama toda la información relativa al cambio de estos dos órganos de selección, decidida cuando ya se había cumplido un año desde que fue aprobada su composición inicial.

Cádiz, 22 de junio de 2012

El PSOE denuncia que los primeros parados acogidos al programa Peces aún no han cobrado, una semana después de terminar sus contratos  

El diputado José María Román lamenta que “tras meses sin poner en marcha una iniciativa que supuestamente atendería a personas en riesgo de exclusión social, ahora tampoco se les pague cuando se debe”  

El Grupo Socialista de Diputación ha trasladado al Gobierno provincial una denuncia de varios alcaldes del PSOE de la provincia referente al inadecuado funcionamiento del programa Peces (Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social), presentado hace meses por el PP como un instrumento básico para atender a personas y familias en una situación de especial vulnerabilidad, dado que iba dirigido a aquellos parados que habían agotado todo tipo de ingreso económico.

El ruego planteado por el Grupo Socialista nace de las quejas de alcaldes de diversas entidades locales del municipio de Jerez, así como de otras localidades como Bornos, dado que los primeros desempleados contratados durante un período de 15 días al amparo del plan Peces han finalizado ya su cometido pero no han podido cobrar aún por su trabajo. El motivo de este desfase, que se está traduciendo además en quejas contra los alcaldes, radica en que la Diputación todavía no ha transferido las oportunas cantidades, a pesar de que el Gobierno provincial del PP se había comprometido a hacerlo antes de que finalizara el período de contratación de estas personas. Sin embargo, los primeros desempleados contratados a cargo del programa Peces entre el 1 y el 15 de junio llevan ya una semana aguardando un pago que sigue sin llegar.

El diputado José María Román, quien ha trasladado la denuncia de los alcaldes socialistas al Gobierno provincial en forma de ruego, ha destacado la “paradoja” de que “el PP presentó el plan Peces, revestido como una iniciativa de urgencia, para atender casi de manera inmediata a estas personas que habían perdido su empleo hace ya mucho tiempo. Después, lo ha tenido casi medio año metido en un cajón, porque no se comenzó a contratar a los primeros desempleados hasta este mismo mes de junio. Y, como remate, se llega al extremo de que estas personas han acabado su contrato de 15 días y se ven obligados a acudir diariamente a su ayuntamiento a preguntar si ya ha llegado el dinero para poder cobrar. Porque lo único que ha llegado por ahora, una semana después de que acabaran sus contratos, es una creciente desesperación”.

Román ha instado al Gobierno provincial a “solucionar cuanto antes esta situación que queremos creer que se deba únicamente a un desajuste técnico, lo que ya sería difícil de entender tratándose de una circunstancia tan extrema como de la que estamos hablando. Pero es que no queremos ni plantearnos que detrás de esto haya otra motivación de otro tipo, porque eso sí sería gravísimo”. En este sentido, ha añadido a continuación que “estas personas que están atravesando por una situación tan extrema merecen la mayor de las diligencias en el cumplimiento de los compromisos con ellas. De nada vale ofrecerles un mínimo asidero al que agarrarse, de apenas 15 días de trabajo, si luego el pago por el mismo no es inmediato, máxime cuando se trata de personas y familias que carecen por completo de ingresos. No responderles de inmediato significa tanto como acrecentar su angustia”.


Paralelamente, el Grupo Socialista se ha hecho eco de otra inquietud planteada por estos alcaldes en relación con el programa Peces, como es el hecho de que “en varias localidades se ha dado el caso de que la lista de beneficiarios incluía a los dos miembros de un mismo matrimonio. Y, mientras, numerosas familias en una situación de similar precariedad económica y social no han conseguido situar a ninguno de sus miembros en esas listas”. A juicio de José María Román, “la coincidencia de dos miembros de una misma familia en la lista de seleccionados cuando otras no consiguen situar a ninguno en esa relación es una circunstancia que llama poderosamente la atención en un programa de emergencia social y que debería ser corregida, con vistas a que no vuelva a repetirse en un futuro”.

Cádiz, 21 de junio de 2012

El Gobierno provincial admite un recorte del 40% en la vigilancia en los centros de drogodependencias pero rechaza recuperar el servicio

Irene García asegura que la reducción “drástica” del servicio es un ejemplo más de la “absoluta deriva antisocial” en la que ha caído el PP

La portavoz del Grupo Socialista censura “el doble discurso sobre los BAM de Loaiza, que quiere aparecer como el poli bueno y ocultar su incapacidad de interlocución con las altas instancias de su partido”


El Grupo Socialista ha lamentado la “absoluta deriva antisocial” en la que definitivamente ha caído el Gobierno provincial, dentro de una espiral que ha vivido uno de sus últimos y preocupantes exponentes en la “drástica reducción del servicio de vigilancia en los centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias,dependientes del Servicio Provincial de Drogodependencias”.

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha destacado la “gravedad” de que “el propio Gobierno provincial haya reconocido en el Pleno, a una propuesta del PSOE, que ha decidido reducir ese servicio nada menos que en un 40 por ciento, al pasar de cinco horas a únicamente tres al día”. A juicio de la también alcaldesa de Sanlúcar, “esta medida no solo es una falta de respeto para los usuarios de ese servicio, sino que lo es también para los profesionales que vienen desarrollando una tarea magnífica”.

Irene García ha recordado que el Comité de Salud Laboral de la Diputación ha denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo y que “los votos negativos del equipo de Gobierno en el Pleno han impedido que prosperase una propuesta del PSOE en la que planteábamos al presidente Loaiza aprobar la modificación presupuestaria necesaria para garantizar la prestación de los servicios de vigilancia a tiempo completo, es decir, como ha venido realizándose hasta ahora”. De hecho, “el rechazo a nuestra propuesta y a nuestro apoyo automático a esa modificación presupuestaria roza lo incomprensible cuando el propio diputado del área había trasladado a los trabajadores que esa era la única posibilidad de recuperar íntegramente el servicio de vigilancia”.

La diputada socialista se ha referido también a otros casos que demuestran esa “obsesión por recortar en el ámbito de lo social, sin importar los perjuicios que se puedan originar a colectivos o personas en situaciones de especial vulnerabilidad” y ha citado expresamente el inminente cierre de la Casa Cuna de Puerto Real o el abandono a su suerte de los jóvenes alumnos vejeriegos y barbateños de la residencia estudiantil Guzmán El Bueno de Tarifa. “Al presidente Loaiza no le tembló el pulso al dejar de asumir de la noche a la mañana el transporte de estos jóvenes de familias en riesgo de exclusión social desde Vejer y Barbate hasta la residencia en Tarifa. De la misma manera, ahora vota en contra de la recuperación de un servicio de vigilancia en los centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias”, ha dicho, para añadir que “este tipo de actitudes ponen de manifiesto una forma de entender la política. Porque medidas como estas no tienen un efecto económico significativo, pero dicen mucho de las prioridades de quien gestiona una institución”.

El doble discurso de Loaiza sobre los BAM

La portavoz del Grupo Socialista se ha referido igualmente al “doble discurso que Loaiza mantiene sobre los Buques de Acción Marítima (BAM): como presidente de Diputación dice que apoya la contratación de su segunda fase y respalda nuestra propuesta en el Pleno para que el Gobierno contrate su ejecución a Navantia de manera urgente; pero como presidente del PP de la provincia consiente que sus diputados en el Congreso antes y sus senadores ayer mismo voten en contra de la enmienda socialista que garantizaba el inicio de los trabajos”.

En este sentido, Irene García ha destacado que “el presidente Loaiza está empeñado en quedar bien con todo el mundo, lo que es imposible. Quiere quedar bien con los trabajadores de Navantia y con los ciudadanos de la Bahía diciendo aquí que apoya que lleguen los BAM; y quiere quedar bien con sus superiores en el partido, sin presionarles ni molestarles, aunque con esa actitud se ponga en evidente peligro un proyecto vital para nuestros astilleros”.

Por todo ello ha señalado que José Loaiza “quiere aparecer como el poli bueno y ocultar su incapacidad de interlocución con las altas instancias de su partido. De hecho, es tan poli bueno que ha convertido en polis malos a Teófila Martínez y José Blas Fernández, dos concejales del PP de Cádiz que han votado en el Congreso y en el Senado contra la enmienda socialista que posibilitaba la contratación de los BAM”.   

El PP apoya los recortes de Rajoy en políticas de empleo que perjudican a los ALPEs y elude exigir su implicación en los Planes Provinciales

Irene García ha calificado de “demencial” que el Gobierno provincial del PP haya rechazado una propuesta socialista que instaba al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía a asegurar la financiación del programa de Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs) y que haya defendido los recortes de Rajoy en materia de políticas activas de empleo, argumentando que ese tijeretazo de 400 millones de euros para Andalucía no afecta a la pervivencia de ese colectivo. “El verdadero recorte lo hace el Ministerio, porque aunque las políticas activas de empleo son competencia exclusiva de la Junta, la financiación de las mismas viene de la mano de los fondos que se transfieren desde Madrid y que han experimentado una disminución sin precedentes”, ha afirmado.

La portavoz ha incidido en la “visión partidista del PP, que ha preferido mantener una propuesta propia que insta a la Junta a asumir en exclusiva una competencia inasumible sin la implicación del Gobierno central”. Por este motivo, ha destacado que “al PP no le interesa tanto el empleo como organizar debates demagógicos y estériles en su estrategia de confrontación con la Junta de Andalucía para tratar de ocultar su incapacidad de gestión. Porque si de verdad le preocupara el empleo, exigiría a cada Administración en virtud de sus auténticas competencias, buscaría el consenso con la oposición para trasladar iniciativas de carácter institucional, pondría en marcha los clubes de empleo, dotaría al plan de empleo con un presupuesto real y no lo subordinaría a la venta de unos inmuebles…”

Irene García ha achacado al Gobierno provincial un comportamiento muy similar en lo relacionado con el Plan Provincial de Obras y Servicios. “El Grupo Socialista ha llevado al Pleno una propuesta que le daba al PP la oportunidad de ser coherente  con lo que decía hace un año y que pedía a la Administración que ha retirado su aportación, es decir, al Gobierno central, que la repusiera. Pero el PP ha preferido no reclamar y ha dejado en la estacada a los pequeños municipios. Porque el Plan Provincial debería ser el instrumento estrella de la Diputación porque puede solucionarles muchos problemas, y sin embargo este año ha perdido una parte muy importante de su presupuesto gracias al silencio cómplice del Gobierno provincial”.


La portavoz socialista ha concluido señalando que “el Gobierno de Rajoy se ha desentendido de la Diputación y de los pequeños municipios. Y el Gobierno de Loaiza se ha desentendido de todo, porque de otra forma no se comprende que desde Madrid se diga que no se envían los 1,2 millones que sí se aportaron el año pasado y no se plantee ninguna acción para reclamarlos. Ese y no otro es el motivo por el cual los Planes Provinciales han pasado de contar con 4,8 millones como se preveía a finales de 2011 a disponer de solo 3,6 millones, es decir, el 25% menos”. 

Cádiz, 19 de junio de 2012

El PSOE insta al Gobierno provincial del PP a oponerse al nuevo modelo municipal que impulsa el Ejecutivo de Rajoy, que “interviene a los ayuntamientos y recorta los servicios públicos”

El diputado José María Román advierte de la “preocupante similitud entre los planteamientos generales de la propuesta y la actuación del presidente Loaiza y su equipo en el día a día en la Diputación”

El Grupo Socialista de Diputación ha exigido al Gobierno provincial que “se oponga al nuevo modelo municipal que está impulsando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se traducirá en la intervención de los ayuntamientos y el recorte de los servicios públicos”. Así se ha manifestado el diputado socialista José María Román, quien ha destacado igualmente que la propuesta planteada por el Gobierno de la Nación “apuesta por un intervencionismo de los ayuntamientos sin precedentes, dado que de la mano de la Ley de Estabilidad Presupuestaria les usurpará incluso su capacidad para decidir sus presupuestos de forma soberana”.

En el otro lado de la balanza, el planteamiento del Ejecutivo central traerá consigo “una grave amenaza para la calidad de los servicios municipales y para esos servicios en sí, fundamentalmente por la apuesta que se propone en favor de la privatización de los mismos”. En este sentido, José María Román ha llamado la atención sobre la “preocupante similitud de esos planteamientos generales del Gobierno de Rajoy con la actuación que el presidente Loaiza y su equipo vienen desarrollando en la Diputación, donde el recorte de servicios, y especialmente de los servicios con un carácter social más marcado, es una realidad diaria”.

De ahí que el Grupo Socialista haya instado al Gobierno provincial a efectuar un posicionamiento público y a oponerse a ese nuevo modelo “enormemente perjudicial para los intereses de los municipios y que, por definición, debe contar con el rechazo del ente que tiene encomendada la representación de los ayuntamientos”. Además de por ese ataque a la autonomía de los municipios y por esa amenaza hacia los servicios que prestan las corporaciones locales, el rechazo a la propuesta del PP encuentra plena justificación porque “no atiende a criterios de modernización y mejora de estos entes, no responde a medidas para que ganen en austeridad y eficacia, no delimita competencias entre administraciones con objeto de evitar duplicidades, y porque ni siquiera contribuye a simplificar la estructura administrativa”.

Frente a ese marco, Román ha destacado que “los planteamientos del PSOE siguen una línea radicalmente distinta, apostando por mejorar tanto el funcionamiento de las corporaciones locales como la manera en la que la ciudadanía recibe de ellos los servicios”. De ahí la importancia de que la propuesta socialista que pretende responder al planteamiento inicial del PP sea estudiada “con seriedad y atendiendo únicamente a su contenido, sin fijarse en el logo que encabezará el documento; porque si se hace de esta manera ya sabremos cuál será la respuesta del PP, que como en tantas otras ocasiones se limitará a aplicar el rodillo, arrancará la apisonadora y dará carpetazo al asunto sin más explicaciones y sin siquiera detenerse a analizar responsablemente nuestra propuesta”.

El diputado socialista ha defendido por tanto “un modelo municipal que apueste por la autonomía de las corporaciones locales, dentro de un contexto de austeridad y de contribución a la estabilidad presupuestaria; que persiga la modernización de los consistorios, elevando sus niveles de eficiencia y austeridad al tiempo que  asegure que su funcionamiento y sus servicios son acordes con las demandas y la realidad de nuestra sociedad; y que aclare el reparto de competencias entre administraciones, de forma que se eviten duplicidades y se gestionen mejor los recursos económicos, con la vista puesta en la mejora de los servicios a los ciudadanos que necesariamente deben mantenerse, y continuar en manos públicas”.


“Además, ha finalizado José María Román, esta reforma de un nuevo modelo municipal debe abordarse paralelamente a la negociación de otra norma que, junto a la Ley de Bases de Régimen Local, da sustento jurídico a la actuación de los ayuntamientos, como es la Ley de Haciendas Locales. Todo lo demás, una vez conocida la propuesta elaborada por el Gobierno, supone tanto como pasar a considerar a los ayuntamientos como simples instrumentos administrativos; y, en consecuencia, convertirlos en meras administraciones de segunda”.

Cádiz, 18 de junio de 2012

El PSOE denuncia que “el Gobierno de Loaiza y del PP lleva un año de vacaciones, sin atender a la gran preocupación ciudadana que es el paro y amenazando los servicios sociales”

El diputado José María Román asegura que “el fantasma del desmantelamiento sobrevuela sobre un servicio que ha sido y es ejemplar, como es el Servicio Provincial de Drogodependencias”

El Grupo socialista presenta varias iniciativas al Pleno para que “la Diputación dé un paso, rompa el silencio cómplice con el Ejecutivo central y busque su implicación con los problemas de la provincia”


El Grupo Socialista ha presentado varias iniciativas al próximo Pleno de la Diputación con las que pretende “responder a las grandes preocupaciones de la ciudadanía de esta provincia, como son el desempleo y los recortes que vienen padeciendo servicios públicos esenciales”. Así lo ha explicado el diputado socialista José María Román, quien ha desgranado algunas de ellas, centradas por ejemplo en el Plan Provincial de Obras y Servicios y en los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs).

Precisamente, el diputado socialista se ha referido al episodio de los ALPEs para denunciar el “silencio cómplice del Gobierno de la Diputación, que prefiere callar ante el Gobierno central, de su mismo partido, antes que reclamar lo que a esta provincia le corresponde para luchar contra su principal problema como es el desempleo. Estamos en un momento extremadamente complicado que obliga a que la Diputación dé un paso, rompa el silencio cómplice con el Ejecutivo central y busque su implicación con los problemas de la provincia”. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, “el Gobierno de Loaiza y del PP lleva un año de vacaciones, con un nulo ritmo de gestión y un bajísimo grado de compromiso con los municipios y con la ciudadanía, una situación que es inadmisible frente a nuestros más de 193.000 parados”.

Los recortes perjudican al Servicio Provincial de Drogodependencias

José María Román ha destacado especialmente una propuesta centrada en el Servicio Provincial de Drogodependencias, “un servicio de esta Diputación que ha sido y es ejemplar, pero sobre el que sobrevuela el fantasma del desmantelamiento”. Así, se ha referido a que “el responsable de esa área lleva ya un tiempo fuera y su puesto no se ha cubierto. De ahí que instemos al Gobierno provincial a que reponga ese puesto de jefe de área”. A esta circunstancia hay que sumar ahora que “los últimos recortes han provocado una drástica disminución del servicio de vigilancia en unos centros que, por su propia naturaleza, requieren de una adecuada seguridad. Porque, ya en este momento, el servicio de vigilancia del Servicio Provincial de Drogodependencias se está desmantelando, dejándolo en un horario mínimo de cobertura”.

Frente a esta situación, el Grupo Socialista de la Diputación considera que ese órgano presta “un servicio magnífico que no se puede dejar languidecer, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer con el Servicio Provincial de Drogodependencias es fortalecerlo a partir de la colaboración de la Diputación con la Junta de Andalucía. Pero, hoy por hoy, asistimos con gran preocupación a lo que sucede en torno a él, en un marco de desmantelamiento de las áreas sociales de la Diputación en el que también se sitúa por ejemplo la amenaza de cierre del hogar infantil de Puerto Real”. Román ha recordado que en la provincia trabajan actualmente 18 centros y ha señalado que la propuesta socialista persigue textualmente que la Diputación “apruebe la modificación presupuestaria necesaria que garantice la prestación de los servicios de vigilancia a tiempo completo en los centros de drogodependencias”.

Los Agentes Locales de Promoción de Empleo, en el aire

José María Román ha destacado la importante labor que vienen desarrollando los Agentes Locales de Promoción de Empleo en una tarea tan sensible como la atención a los emprendedores y su orientación al mundo del empleo, y ha denunciado que ellos han sido “unos de los grandes perjudicados, y con ellos la sociedad y los parados en general, de los recortes del Gobierno central en políticas activas de empleo”. El diputado socialista ha recordado cómo “el Gobierno central ha decidido recortar un 57% las políticas activas de empleo (reduciéndolas de 3.061 a 1.318 millones de euros), repercutiendo además esa disminución sobre las transferencias para las comunidades autónomas.

En el caso de Andalucía, ese tijeretazo ha significado 396 millones de euros menos, lo que ha puesto en grave peligro la propia continuidad de estos agentes al ser la comunidad autónoma más perjudicada por esa situación. De ahí que José María Román haya saludado que la Junta de Andalucía decidiera asumir durante tres meses el mantenimiento económico de los ALPEs, “a la espera de ganar tres meses para el diálogo y la búsqueda de entendimiento con el Gobierno central”. En este mismo sentido, el diputado socialista ha señalado que “el tratamiento otorgado al respecto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y del PP no es similar para todas las comunidades”. Por una parte, porque “es beneficiosa para algunas como Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana”; y por otra porque “en algunas, como  Extremadura, se ha conseguido el mantenimiento de los ALPEs a través de un Plan Integral de Empleo dotado con cuatro millones de años. Nosotros consideramos que es justo que Extremadura consiga que se mantengan los ALPEs, pero creemos igualmente que también es justo que se mantengan en Andalucía. Y eso es lo que reclamamos”.

Por todo ello, José María Román ha asegurado que “no entendemos que el PP, que es plenamente consciente de que los ALPEs se han puesto en riesgo por los recortes del Gobierno central, plantee que sea la Junta quien se implique en su mantenimiento. En todo caso habrá que instar a parte y parte, pero teniendo siempre en cuenta que la mayor cuota de responsabilidad corresponde al Gobierno de Rajoy y del PP”.

La ‘tijera’ de Rajoy reduce un 25% el Plan Provincial de Obras y Servicios

En este mismo contexto es en el que Román ha situado la “ausencia de pelea y de reivindicación de Loaiza y su equipo tras la retirada de fondos del Estado en las inversiones del Plan Provincial de Obras y Servicios. Porque de otra forma no se entiende que el Gobierno provincial no se haya dirigido hacia el Ejecutivo de la nación después de que este haya decidido dejar de aportar los 1,2 millones  que le correspondían de un presupuesto total de 4,8 millones”. Como consecuencia de  esa decisión unilateral del Ejecutivo, “el Plan Provincial de Obras y Servicios reducirá su presupuesto total en un 25% (hasta los 3,6 millones de euros), lo que  se traducirá en una merma importante en las inversiones en los municipios. Concretamente haría peligrar hasta desaparecer 14 actuaciones contempladas como obras complementarias a los planes provinciales”.

José María Román ha llamado la atención sobre “la inoportunidad de no solo no mantener el ritmo de inversión en un momento en que es más necesario que nunca, sino de ir más allá y rebajarla de manera muy importante, con lo que se hace peligrar las actuaciones de mejora en los municipios y de empleo en toda la provincia”. El diputado socialista ha recordado la trascendencia de un Plan Provincial que se ampara “pequeñas obras que se reparten por municipios de toda la provincia” y ha destacado que la propuesta presentada al Pleno pretende “instar al Gobierno de la Nación a que realice una modificación presupuestaria destinada a la financiación del Plan Provincial 2012 de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras con la misma cuantía aprobada en el presupuesto de 2012”. De la misma manera pretende implicar a la Diputación a que “si el Gobierno de España no aporta la financiación requerida, sea esta institución la que financie los 1,2 millones de euros necesarios para acometer las obras aprobadas”, dentro de un programa que ya era “restrictivo”.


“Gracias a estas propuestas del Grupo Socialista, el Gobierno de la Diputación tendrá pasado mañana una magnífica oportunidad de mostrar en el Pleno su supuesto compromiso con el empleo de esta provincia. Un compromiso que hasta el momento solo hemos visto en los anuncios pagados con dinero público en los que se alude a un montón de presuntos planes dotados en algunos casos con cantidades que ni siquiera figuran en los Presupuestos”, ha dicho José María Román, quien ha concluido diciendo que esas mismas propuestas “harán posible ver si ese grado de compromiso es cierto o si, como viene sucediendo este último año, la Diputación tiene un presidente que está permanentemente ausente y un Gobierno con los brazos cruzados, sin el más mínimo interés por luchar por el empleo y por solventar los grandes problemas de esta provincia”. 

Cádiz, 12 de junio de 2012

El PSOE lamenta que “la constante estrategia del PP de confrontación con la Junta pueda llevar al cierre del hogar infantil de Puerto Real”

José María Román se reúne con representantes de UGT y CCOO, a los que traslada la exigencia socialista del mantenimiento de los empleos   


El Grupo Socialista ha lamentado que “la constante estrategia de confrontación con la Junta de Andalucía en la que está instalado el Gobierno provincial del PP pueda llevar al cierre del hogar infantil de Puerto Real, una instalación que viene desarrollando una magnífica labor vinculada históricamente a la Diputación y que da empleo a 27 funcionarios, siete laborales fijos y 15 laborales indefinidos de la bolsa de instructores”.

El diputado socialista José María Román ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes de los sindicatos UGT y CCOO, quienes le han trasladado su preocupación por la situación en la que puede quedar la plantilla del centro, y especialmente la bolsa de laborales indefinidos. Román ha comprometido el apoyo del grupo de diputados socialistas y ha destacado que “este asunto cuenta con dos vertientes igualmente importantes y preocupantes: por un lado, la necesaria atención a los niños y jóvenes usuarios del centro; y por otro, la repercusión que el cierre de las instalaciones podría provocar en el empleo que actualmente mantienen”.

Respecto al apartado de la atención a los menores usuarios del hogar infantil, Román ha anunciado que “esta mañana me he puesto en contacto con la delegada provincial de Salud y Bienestar Social, Manuela Guntiñas, quien ha destacado su plena disposición a abordar el futuro del centro en el momento en que así lo desee el diputado provincial del área”.

Además, José María Román ha trasladado a los representantes sindicales la intención del Grupo Socialista de exigir al Gobierno provincial del PP “el mantenimiento de la totalidad de los empleos que actualmente dependen del hogar infantil. Porque por un lado habrá que estudiar, desde el punto de vista técnico, la garantía de la atención a los menores, y muy especialmente a aquellos de entre 6 y 18 años, cuya acogida por familias no suele resultar automática. Ahí deberán intervenir los expertos de la Diputación y de la Junta de Andalucía. Pero lo que sí depende esclusivamente de la Diputación es asegurar el empleo y las condiciones laborales en las que vienen desarrollando su trabajo las personas que actualmente desempeñan su labor en ese centro. Y en ambos aspectos vamos a estar especialmente vigilantes”.


El diputado socialista ha concluido asegurando que “una vez más, el Gobierno provincial del PP vuelve a mostrar en toda su crudeza su estrategia de constante confrontación con la Junta de Andalucía. Una estrategia a la que no le importa subordinar el interés general ni los legítimos derechos tanto de los menores en situación de especial precariedad que vienen siendo usuarios del hogar infantil de Puerto Real como los de los trabajadores de esas instalaciones, a quienes se les ha generado una innecesaria y caprichosa situación de angustia”.

Cádiz, 12 de junio de 2012

Irene García: “Los pequeños ayuntamientos están financiando a la Diputación

La portavoz socialista denuncia que el Gobierno del PP “ha dejado a los pueblos en la estacada, reduciéndoles servicios y obligándoles a asumir compromisos económicos de la Corporación provincial”

La diputada asegura que “el Gobierno provincial ha perdido todos sus complejos y únicamente se guía por un criterio economicista que impera sobre cualquier consideración social”

La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha lamentado hoy que “los pequeños ayuntamientos de la provincia están financiando a la Diputación”, una administración que ha abandonado por completo su papel de prestadora de servicios a los municipios, especialmente a los de una menor población y, por tanto, de una menor capacidad económico-financiera.

Irene García ha destacado que “la Diputación, de la mano del Gobierno de José Loaiza y del PP, ha abandonado por completo a los pueblos, a los que ha dejado en la estacada”. Como consecuencia de todo ello, los municipios de menor tamaño están sufriendo “una desconocida reducción de los servicios que venían recibiendo históricamente”, al tiempo que se ven “obligados a asumir compromisos económicos que venía afrontando la Corporación provincial y de los que actualmente se ha desentendido”.

“Esta situación –ha añadido la diputada socialista- es mucho más sangrante si se tiene en cuenta la doble vara de medir de la que hace gala el Gobierno de la Diputación, que mientras abandona a los pequeños municipios trata de manera inexplicablemente favorable al Ayuntamiento de Jerez, de su mismo color político y que por su dimensión no figuraría dentro de sus competencias a tenor de la Ley de Bases de Régimen Local”. Irene García se ha referido expresamente al caso concreto de Jerez para ilustrar de esta peculiar forma de actuar del Gobierno de José Loaiza y del PP, porque “mientras prima al Ayuntamiento matriz mucho más allá de lo que debería ser aceptable, sitúa a las pedanías jerezanas al borde mismo de la asfixia”.

La portavoz socialista se ha referido a ejemplos como el Plan Provincial de Obras y Servicios, donde se exige a los municipios “un gran esfuerzo económico en un contexto generalizado de caída de ingresos públicos y en el que el Gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias”. Irene García ha citado de forma expresa los 550.000 euros que el Ejecutivo del PP y de José Loaiza dice que destina específicamente a carreteras. “El vicepresidente Villar dice que se trata de afrontar actuaciones muy básicas. Y, desde luego, con ese presupuesto debe tratarse de eso, de algo tremendamente básico”, ha dicho, para añadir que “las únicas actuaciones de relieve en materia de carreteras que está impulsando la Diputación fuera del Plen Provincial, como la nueva circunvalación de Zahara de los Atunes y la mejora de vías de la Sierra (como la que une Setenil de las Bodegas y Torre Alháquime) ya habían quedado presupuestadas y financiadas con el anterior Gobierno socialista”.

Más allá, la portavoz del PSOE ha destacado que “el Gobierno provincial viene manteniendo una irresponsable política de recorte de gastos y, lo que es más grave aún, de inversiones, lo que está teniendo efectos muy negativos para la ciudadanía y para los municipios. Porque, además de tener que seguir realizando un esfuerzo enorme para sostener el Plan Provincial de Obras y Servicios, los ayuntamientos están debiendo adelantar el coste del mantenimiento de servicios tan básicos como la ayuda a domicilio o el derivado de la contratación de técnicos en materia de juventud y de cultura”.

Irene García se ha referido al reciente caso de “la clausura del hogar infantil de Diputación en Puerto Real, por el simple motivo de que no ha tenido el más mínimo interés de llegar a un concierto con la Junta de Andalucía para su mantenimiento, y sin importarle los perjuicios que puedan provocarse tanto para sus usuarios como para los integrantes de su plantilla”.

“El Gobierno de José Loaiza ha intentado durante unos meses modular su mensaje y disimular sus auténticas intenciones. Pero su estrategia no ha dado resultado y desgraciadamente ha vuelto a lo que ya anunció en su discurso de investidura: el abandono de cualquier actuación que no figurase estrictamente entre las competencias de la Diputación, independientemente de las situaciones de desprotección social o de pérdida de derechos que se generen como consecuencia de esa actitud”, ha señalado Irene García.

La portavoz socialista ha señalado que “lamentablemente, un año después de su toma de posesión, el presidente Loaiza y su Gobierno provincial están haciendo gala de una preocupante estrategia que sigue una doble línea: por una parte, provocar que los pequeños ayuntamientos se vean obligados a financiar a la Diputación, recibiendo cada vez menos y peores servicios, y asumiendo en buena parte de los casos el coste de los mismos; y por otra, utilizando la institución para ejercer una tarea permanente de confrontación con la Junta de Andalucía, lo que se está traduciendo en un alarmante desmantelamiento de derechos y de políticas sociales”. En este sentido, ha puesto como ejemplos tanto la citada clausura del hogar infantil de Puerto Real como “el abandono a su suerte de los alumnos de Vejer y Barbate en la residencia escolar Guzmán El Bueno de Tarifa, de cuyo traslado se desentendió en el Pleno del pasado mes de abril”.


“José Loaiza está dando una lección magistral de cómo gestionar una institución sin atender en absoluto a las necesidades de los administrados, sean los ciudadanos y ciudadanas o los ayuntamientos. Definitivamente, el Gobierno provincial del PP ha perdido todos sus complejos y únicamente se guía por un criterio economicista que impera sobre cualquier consideración social, dejando abandonados a su suerte a la sociedad civil y a los pequeños municipios que siempre habían encontrado en la Diputación a su principal aliada para su desarrollo y para la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”, ha concluido la portavoz del Grupo Socialista.
Jerez, 11 de junio de 2012

Los diputados provinciales del PSOE celebran un encuentro en Jerez

     Irene García preside una reunión de trabajo para preparar los asuntos del próximo pleno de la Diputación de Cádiz

   
   Los diputados del PSOE en la provincia de Cádiz han mantenido hoy en la sede de la Agrupación Local de Jerez un encuentro de trabajo para abordar los asuntos que se debatirán en el próximo pleno de la institución provincial.

   A la reunión han asistido  la presidenta del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Irene García; el portavoz José María Román; el portavoz suplente Diego Sánchez Rull y el resto de diputados y diputadas provinciales. Esta cita se enmarca dentro de las reuniones que periódicamente mantiene el Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz para debatir, analizar y posicionarse sobre las propuestas e iniciativas que se van a tratar en las sesiones plenarias de la institución provincial, donde se abordarán distintos asuntos que afectan en su conjunto a los ciudadanos de la provincia.

   Con esta reunión en Jerez, los diputados del Grupo Socialista inician una ronda de encuentros de trabajo que se van a celebrar también en otras ciudades y localidades de la provincia de Cádiz, con el objetivo de recabar las inquietudes y los problemas que afectan a cada lugar en concreto para trasladarlo posteriormente a la institución provincial.

Cádiz, 11 de junio de 2012

El PSOE exige los escritos que el Ayuntamiento de Los Barrios usó como garantía para obtener un préstamo de un particular al 28% de interés

José María Román insta al Gobierno provincial del PP a “aclarar su papel en un episodio que amenaza con convertirse en un escándalo sin precedentes en la gestión económica de la Diputación” y que ya se ha traducido en la imputación en diligencias previas del alcalde barreño

El Grupo Socialista de Diputación ha presentado en el registro de la Corporación  una solicitud de información por la cual pide al Gobierno provincial del PP copia del escrito de petición de anticipo a cuenta planteada por el Ayuntamiento de Los Barrios así como de la contestación facilitada al Consistorio, todo ello en relación con una operación de factoring realizada por el alcalde barreño con un particular por importe de 1,5 millones de euros y a un tipo de interés del 28 por ciento.

La solicitud de información planteada por el diputado socialista José María Román destaca que esa operación, a resultas de la cual el regidor barreño está imputado en diligencias previas, “se ejecutó como consecuencia de una petición de anticipo a cuenta de la recaudación de tributos que hizo el Ayuntamiento de Los Barrios por un importe de 1,5 millones de euros a esta Diputación Provincial y que firmaron conjuntamente el 28 de diciembre el diputado delegado del Área de Hacienda, Recaudación y Contratación, Juan Antonio Liaño, y el alcalde, Jorge Romero”.

El pasado mes de mayo, y ante la inminencia de las declaraciones ante la autoridad judicial tanto de los testigos como del alcalde imputado como consecuencia de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista de Los Barrios por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y exacciones legales, José María Román ya exigió al responsable de Hacienda que explicara públicamente el papel de la Diputacion en este episodio. Hoy mismo, Román ha incidido en esa “urgente necesidad de que el Gobierno provincial aclare su papel en este episodio que amenaza con convertirse en un escándalo sin precedentes en la gestión económica de la Corporación provincial”.

El diputado socialista ha recordado que “la ausencia de información al respecto por parte del Gobierno provincial del PP es total y absoluta desde que el pasado 7 de marzo el delegado de Hacienda, Recaudación y Contratación se negara en redondo a darnos cualquier tipo de dato o de aclaración al respecto durante una comisión informativa en la que, como ya es habitual en la Diputación, la información brilló por su ausencia”.


José María Román ha señalado la gravedad de que la operación que ha dado origen a la imputación del alcalde de Los Barrios contara con “la participación decisiva de la Diputación, quien hizo posible la formalización de ese préstamo a un tipo de interés a todas luces abusivo, después de que no pasara por el Pleno del Ayuntamiento como era preceptivo y de que contara con informe negativo tanto de la intervención como de la tesorería municipales”. Finalmente, el diputado ha recordado que la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista de Los Barrios recoge que el prestamista compró los derechos de cobro de 1,5 millones de euros que la Diputación adelantó al Ayuntamiento barreño a cambio de un pagaré con fecha de vencimiento 1 de abril de 2012 por el que esta persona obtuvo un beneficio de 103.544 euros en tres meses. El alcalde de Los Barrios prestó declaración en calidad de imputado el pasado jueves.