Respaldo unánime a la propuesta socialista de que la Junta complemente la aportación del Estado a municipios dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El PSOE logra también que prospere la petición de que el Gobierno autonómico eleve la financiación de los materiales del PFEA y que permita a los municipios la revisión del precio de los proyectos de obra 

Diputados y diputadas socialistas en un momento del Pleno

Cádiz, 21 de septiembre de 2022. El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana sendas propuestas socialistas con un importante calado en materia de lucha contra la violencia de género y de fomento del empleo, esencialmente en los entornos rurales. Concretamente, una de ellas reclama a la Junta de Andalucía que complemente la aportación que el Gobierno de la Nación ha decidido destinar hacia los municipios al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que la otra pide al Ejecutivo andaluz que eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) desde del 45% al 60% del coste de mano de obra que está sustentado por el Ejecutivo central.

Juan Carlos Ruiz Boix presidiendo el Pleno

La vicepresidenta cuarta y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, ha sido la encargada de defender la proposición que solicita a la Junta de Andalucía que complemente la aportación del Gobierno de la Nación a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que ha resultado aprobada por unanimidad. Esta cantidad movilizada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez hacia los ayuntamientos de la provincia se eleva por encima de los 827.000 euros (un 57% más que la cantidad aprobada en 2018) y cuenta con un plazo de ejecución para las actuaciones que puedan ser financiadas por la misma que se extiende hasta el 30 de junio del próximo año. 

Carmen Collado, vicepresidenta tercera y responsable del Área de Igualdad

Esta misma propuesta incluye la petición de la puesta en marcha de un protocolo conjunto de actuación institucional que derive en un Plan de Acción Conjunta “con medidas concretas y financiación suficiente” contra una nueva forma de violencia de género surgida este pasado verano: la sumisión química. Ese protocolo deberá incluir tanto a las diputaciones como a los y habrá de dar participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género. 

“La violencia de género debe ser erradicada en todas sus fórmulas de nuestra sociedad”, ha señalado Carmen Collado, quien ha recordado la importancia de establecer y consolidar “una red de apoyo y de colaboración institucional que, a través de la coordinación de todas las administraciones, permita prevenir la violencia de género y proteger a sus víctimas”. Precisamente por este motivo, ha recordado que la Diputación viene aportando 60.000 euros para reforzar los Centros de Información a la Mujer, con objeto de favorecer que la atención a las mujeres víctimas de violencia de género llegue de manera eficaz a los pequeños municipios. 

Petición a la Junta para que aumente su aportación a materiales del PFEA 

Igualmente aprobada ha resultado la propuesta planteada al Pleno por el vicepresidente cuarto y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, en la que se planteaba que la Junta de Andalucía eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), “un plan que se aplica en el 95% de los municipios de la provincia y tiene una extraordinaria importancia en las zonas rurales”. 

Javier Pizarro interviniendo en presencia de Ana Carrera

El motivo de la solicitud es que el coste máximo actual de los materiales, establecido en un 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, es claramente insuficiente para adquirirlos en la actualidad, como consecuencia del alza de los precios motivado por la disminución de existencias. De ahí que la propuesta plantee un incremento del coste de los materiales hasta un 60% del presupuesto de mano de obra. 

El coste de los materiales está cofinanciado entre Junta de Andalucía (75%) y Diputación (25%). Javier Pizarro ha recordado que “este mismo año ya hubo ciertos problemas, las obras comenzaron tarde porque las empresas tuvieron dificultades para encontrar los materiales”, motivo por el cual se solicitó a la Administración autonómica un aumento de la dotación, “pero solo obtuvimos la callada por respuesta y la Diputación tuvo que aportar 1,5 millones de euros de sus recursos propios para llevar esas obras a buen puerto”. 

De igual manera, el Pleno ha respaldado la petición de que la Junta permita a los ayuntamientos la posibilidad de revisar, de manera excepcional, los precios de los proyectos de obra dentro del ámbito del PFEA. Con este planteamiento se pretende evitar que los consistorios, el único ámbito institucional que carece de obligación legal de aportar fondos para asumir este tipo de obras con eminente repercusión social, se vean forzados a realizar importantes desembolsos para garantizar el desarrollo del programa en sus respectivos ámbitos territoriales.

El Pleno de la Diputación aprueba que la Junta incluya en los próximos Presupuestos de Andalucía la mejora integral de la carretera A-405 entre La Almoraima y San Pablo de Buceite

Javier Pizarro confía en que el apoyo unánime se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno andaluz recogerá la iniciativa en sus previsiones de inversión para 2023 

La portavoz, Ana Carrera, junto al vicepresidente cuarto, Javier Pizarro

Cádiz, 21 de septiembre de 2022. El Pleno de la Diputación ha respaldado hoy por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista que solicitaba al Gobierno de la Junta de Andalucía la inclusión en sus Presupuestos Generales de 2023 de un proyecto integral para la mejora del trazado de la carretera A-405 entre los puntos kilométricos 41 (La Almoraima) y 12 (El Corchado, en San Pablo de Buceite). La iniciativa busca garantizar el desarrollo de la actuación, incluyendo la regulación de los accesos a los núcleos de Marchenilla y El Corchado, así como al cementerio de San Pablo de Buceite, mediante “la aprobación de un programa y un plan de actuaciones, con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle”.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha destacado durante la defensa de la proposición la oportunidad de que el Gobierno de la Junta aproveche el momento e “incluya en el Proyecto de Presupuestos, que actualmente debe estar en fase de elaboración”, el coste del referido proyecto.

Hace más de 12 años ya se acometió la mejora de esta carretera entre Estación de San Roque y La Almoraima, quedando pendiente actuar entre a La Almoraima y Jimena de la Frontera, un trazado que ya cuenta desde 2007 con un proyecto para su mejora del punto kilométrico 41 al 20 (por un montante de 11,3 millones de euros). Por este motivo, ahora se trataría de impulsar esa actuación y de realizar un proyecto nuevo para el tramo de vía que aún no dispone de él, comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 y el núcleo de El Corchado (unos siete kilómetros entre los p.k. 20 y 12), ya que carece de proyecto redactado a pesar de encontrarse en malas condiciones de mantenimiento y de suponer un serio riesgo para el tráfico rodado.

Javier Pizarro ha recordado que la mejora integral de esa carretera es una “demanda histórica de muchos vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar” de la que “se hace eco” esta proposición que pretende mejorar las condiciones de seguridad y las posibilidades de movilidad en una zona que está viendo mermadas incluso su potencialidad de desarrollo socioeconómico. Por ello, ha agradecido el respaldo unánime del Pleno y ha confiado en que ese apoyo sin fisuras se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno de la Junta incluirá la iniciativa en los Presupuestos de Andalucía para 2023.

El PSOE propone la mejora integral de la carretera A-405 en el tramo entre La Almoraima y San Pablo de Buceite

Una iniciativa socialista pretende que los Presupuestos de Andalucía incluyan una actuación que se extienda a los accesos a varios núcleos 

Miembros del Grupo Socialista, durante un pasado Pleno

Cádiz, 19 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista propondrá en el Pleno de la Diputación de pasado mañana miércoles que los Presupuestos Generales para Andalucía de 2023 incluyan un proyecto integral de mejora de la carretera A-405 entre los puntos kilométricos 41 (La Almoraima) y 12 (El Corchado). Esa petición dirigida al Gobierno de la Junta de Andalucía incluye “la aprobación de un programa y un plan de actuaciones, con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle”.

Así lo ha explicado Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, quien ha destacado que ese proyecto integral debe recoger asimismo la mejora de la regulación en los accesos a los núcleos de Marchenilla (en el punto kilométrico 28) y El Corchado de San Pablo de Buceite (p.k. 12), así como al cementerio de esta última localidad (p.k. 18). 

Javier Pizarro ha recordado que la carretera A-405 tiene una gran importancia por su papel como conexión de la comarca del Campo de Gibraltar con la Serranía de Ronda, así como por constituir el principal acceso a Jimena de la Frontera. Por ello, la mejora integral de esa vía es “una reivindicación histórica de los municipios campogibraltareños, y muy especialmente de las zonas rurales de Jimena de la Frontera y de Castellar de la Frontera”. De hecho, hace ya más de 12 años finalizó la actuación en el tramo entre Estación de San Roque y La Almoraima, quedando pendiente hacerlo en el tramo norte entre La Almoraima y el municipio de Jimena de la Frontera.

El tramo en el que no se actuó en aquel momento registra dos situaciones diferentes: por una parte, el trazado entre los puntos kilométricos 41 y 20, que cuenta desde 2007 con un proyecto para la ejecución de las obras con una dotación inicial de 11,3 millones de euros; y por otra, el comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 y el núcleo de El Corchado (aproximadamente siete kilómetros entre los p.k. 20 y 12), que carece de proyecto redactado “a pesar de que se trata precisamente del tramo que se encuentra en peores condiciones, con numerosas ondulaciones, grietas y mal estado general de la capa asfáltica, en la que recientemente se han registrado distintas salidas de la vía”. Esos mismos siete kilómetros de trazado reúnen varios accesos que igualmente precisan incluirse en el proyecto integral de mejora de la vía, una exigencia que se extiende al acondicionamiento del giro y la regulación del cruce de acceso al núcleo de Marchenilla (p.k. 28) ante la peligrosidad y los reiterados accidentes producidos en el mismo.   

El vicepresidente cuarto y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación ha hecho hincapié en la importancia de que los Presupuestos de Andalucía para 2023 incluyan esta actuación integral en esta carretera dados el mal estado general de una parte importante de la misma, el elevado número de usuarios de la misma, el carácter estratégico para el acceso al municipio de Jimena y a otros núcleos del entorno, la elevada densidad de ciclistas que disfrutan de un atractivo carril bici entre Estación de San Roque y La Almoraima... Y a todo ello hay que añadir que ese abandono de la carretera “está actuando como un freno e incidiendo negativamente en el desarrollo socioeconómico de la zona rural de los valles de los ríos Guadiaro y Hozgarganta en el término municipal de Jimena de la Frontera”.

El Grupo Socialista exige que la Junta complemente la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Carmen Collado plantea un protocolo conjunto de actuación institucional contra la sumisión química que integre a diputaciones y ayuntamientos  

Carmen Collado, en una comparecencia ante los medios de comunicación

Cádiz, 16 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista propondrá en el próximo Pleno de la Diputación que la Junta de Andalucía complemente la dotación económica que el Gobierno de la Nación destina al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de manera que “acompañe con suficiente financiación las transferencias que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya viene realizando hacia los municipios”. Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, quien ha destacado el “importante esfuerzo realizado por el Gobierno central, que ha destinado 827.603 euros a los ayuntamientos de la provincia para reforzar las políticas de erradicación de la violencia machista en el ámbito municipal”.

Carmen Collado ha recordado que esa cantidad para el conjunto de los municipios gaditanos supone un aumento del 57% respecto a la cantidad consignada en 2018 y que el plazo de ejecución de las actuaciones correspondientes se prolonga desde el pasado 1 de julio hasta el 30 de junio de 2023. “Se trata de una iniciativa de una gran importancia, ya que esos fondos pretenden contribuir a tejer una red de apoyo y de lucha contra la violencia de género, una estrategia en la que será esencial recabar la máxima implicación de todas las administraciones. Porque ese respaldo institucional multiplicará la protección de las posibles víctimas e incidirá decisivamente en la prevención de esa lacra”, ha afirmado.

Entre las actuaciones que pueden acogerse a esa financiación estatal, que puede complementarse con aportaciones procedentes de otros niveles de la Administración, se encuentra el desarrollo de medidas contempladas en el Pacto de Estado tales como programas y campañas de sensibilización, creación y mejora de mecanismos de apoyo a las víctimas, refuerzo de los servicios municipales, formación especializada, refuerzo de la Policía Local, puesta en marcha e impulso de los puntos de encuentro familiar, gastos de personal… “En definitiva –ha explicado Carmen Collado-, se trata de todo un amplio abanico de iniciativas para erradicar cualquier manifestación o comportamiento de violencia ejercido sobre las mujeres”.

La diputada y vicepresidenta ha llamado la atención también sobre otro punto recogido en la propuesta que se llevará al Pleno del próximo miércoles, como es “la necesidad de que se ponga en marcha un protocolo conjunto de actuación de las instituciones que proteja a las mujeres de una nueva forma de violencia de género aparecida este verano, como es la sumisión química. Este protocolo institucional debe derivar en un Plan de Acción Conjunta con medidas concretas y financiación suficiente”. 

Carmen Collado ha incidido en la importancia de que “ese protocolo de actuación conjunta incluya a las diputaciones y a los ayuntamientos, al tiempo que se dé participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género”. 

Finalmente, y dado el importante papel que juega la prevención y la sensibilización, la propuesta socialista incluye también una solicitud a la Junta de Andalucía para que, en el ámbito de sus competencias, esa institución promueva un programa de educación escolar que incluya esta nueva fórmula de violencia de género.

El PSOE reclama a la Junta un aumento de la aportación para materiales de obras del PFEA

El Grupo Socialista pide que se autorice a los municipios la revisión excepcional de precios en los proyectos del antiguo PER

Diputadas y diputados socialistas durante el Pleno del pasado mes de julio

Cádiz, 14 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación provincial la necesidad de que la Junta de Andalucía eleve el montante económico para la adquisición de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La propuesta socialista se fundamenta en que esa aportación para materiales, actualmente fijada en el 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, ha de aumentarse hasta un 60 por ciento, toda vez que la constante y reiterada inflación de las materias primas amenaza con restar eficiencia al referido programa de impulso del empleo en medios eminentemente rurales.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha explicado que la elevación del porcentaje destinado a la adquisición de materiales “es esencial a la hora de garantizar el fin social que se persigue con el PFEA, un programa que ofrece posibilidades laborales en entornos rurales, mejora infraestructuras y equipamientos, reduce desequilibrios respecto a zonas urbanas y contribuye a asentar a la población en el territorio”.

Pizarro ha destacado el papel que la Diputación viene desempeñando en el desarrollo del PFEA y ha recordado que, en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, la Institución provincial asume una cofinanciación del 25% de ese presupuesto de materiales, con la que se complementa el 75% que corresponde a la Administración autonómica. Y ha defendido que ese volumen global se incremente de manera notable respecto a la cantidad destinada a la contratación de trabadores, “ya que la evolución de los mercados de materias primas, unida a las tensiones generadas por la pandemia de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania está provocando que el peso de los materiales exceda de ese teórico 45% de los costes salariales, lo que está obligando a los ayuntamientos a acudir al rescate del sistema y a afrontar ese sobrecoste cuando ellos carecen de obligación legal de hacerlo”.

“Situaciones extraordinarias obligan a medidas extraordinarias. Así lo entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación, quien ya ha articulado, mediante el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, un sistema de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que posteriormente se ha trasladado a Andalucía mediante el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril”, ha explicado el diputado y vicepresidente cuarto.

En esta misma línea ha enmarcado la segunda parte de la propuesta al Pleno, ya que, “si a día de hoy se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de obra pública no deban soportar una desproporcionada subida de precio de las materias primas que les amenazaba incluso con poner en serio riesgo su propia pervivencia, ahora es preciso que la Junta de Andalucía dé un paso en defensa de los municipios. Porque no puede olvidarse que en la actualidad los ayuntamientos actúan en los mercados de materiales meramente como un agente económico más, sin capacidad alguna de intervenir en los precios y padeciendo con toda la crudeza su desmedido incremento”.

De esta manera, la iniciativa socialista también persigue que la Junta arbitre un sistema de medidas similares a las ya citadas pero centradas exclusivamente en “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar la revisión excepcional de precios en los proyectos de obra por ellos desarrollados dentro del ámbito de actuación del PFEA”. Finalmente, Javier Pizarro ha señalado que “no parece de justicia que la única instancia institucional que carece de obligación legal de aportar recursos económicos para el sostenimiento del programa, la municipal, se vea perjudicada de una doble manera, ya que su esfuerzo inicial por realizar una aportación voluntaria para contar con un mayor volumen de recursos económicos tanto en conceptos extrasalariales como de materiales se traduce en una obligación cada vez más onerosa para la correcta ejecución de las obras adscritas al mismo”.