El PP se opone a medidas sociales y sigue su empeño en mermar a la administración local

El Pleno de la Diputación de Cádiz, celebrado en Arcos de la Frontera, muestra a un Grupo Popular anquilosado en sus políticas antisociales y demostrando que su gestión fue un lastre para la provincia   

El Grupo Socialista en el Pleno de la Diputación en Arcos de la Frontera 
El Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz del mes de octubre se ha celebrado, excepcionalmente, en el Salón plenario del ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Con este detalle, Irene García, ha querido demostrar la importancia que tienen para ella y su Gobierno los municipios, lejos de la merma a la que el Partido Popular los somete continuamente. Sin ir más lejos, durante este pleno se han opuesto a medida que dan a las haciendas locales margen de actuación. Pues, continuamente están secuestrando la capacidad administrativa de los entes locales y una vez más los populares se han negado a aprobar una moción presentada por el Grupo Socialista y defendida por el vicepresidente, Juan Carlos Ruiz Boix. Queda así de manifiesto la poca o nula importancia que para el PP tienen los Consistorios que son los que soportan y palian las necesidades de muchas familias y los que atienden a la ciudadanía de una manera directa.

Además, dentro de las trabas que ha intentado poner el PP en el Pleno se enredan asuntos que tienen que ver con temas de especial sensibilidad como es la lucha contra la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Para los socialistas es esencial caminar en consonancia con las pautas marcadas desde la UE y conseguir que en 2020 al menos el 70% de las mujeres en edad de trabajar tengan un empleo. Cabe destacar que en los cuatro años de Rajoy nuestro país ha pasado de ocupar el puesto doceavo al veintinueve en lo que se refiere a empleabilidad femenina y brecha salarial, datos que han conseguido, sistemáticamente, los populares con sus medidas de recortes y de abaratamiento del despido y hoy en el Pleno lo han vuelto a dejar claro votando en contra de esta moción defendida por la diputada Isabel Moya. La misma línea que han seguido respecto a la moción socialista que contemplaba que se estableciese una prestación no contributiva para aquellas familias que se encuentran en situación de desempleo de larga duración y aumentarla en aquellas en las que haya hijos menores a cargo. Pero parece que al PP esto le suena lejano y también se han puesto en contra de esta medida de urgencia y de extrema necesidad. Por ese motivo, la diputada Isabel Armario ha lamentado que no se haya llegado a un consenso unánime en este punto de especial atención social.
Aunque parece que los episodios de los diputados del PP no acaban aquí. Pues, a todo lo anterior, añaden al punto en el que la diputada socialista, Isabel Moreno, estaba defendiendo el empleo agrario y la necesidad de bajar el número de peonadas para conseguir el subsidio agrario la siguiente afirmación “los trabajadores deben estar dados de alta en la Seguridad Social y deben cobrar sus sueldos”, en boca de la diputada Muñoz (PP), a lo que la presidenta, Irene García, ha respondido, “me parece absolutamente ridículo que tengan que decir que un trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social y recibir un sueldo por su desempeño laboral”. Dando cuenta, así, de un nuevo despropósito de los populares y de su capacidad para desviar la verdadera intención de la propuesta socialista. En el mismo orden de asuntos, la presidenta se ha jactado frente al PP en el turno de ruegos y preguntas de que sus diputados sí que contestan a la oposición, algo que no ocurría jamás en los plenos de la etapa de Loaiza como presidente. “Parece que la falta de costumbre le hace extrañarse a ustedes de que haya un afán de trabajar de una manera transparente y dando las explicaciones oportunas”, dice García a la bancada popular.
Pero el Grupo Socialista, además de todas las propuestas presentadas como mociones en las que estimaban las necesidades de urgencia social como instar al Gobierno de Rajoy a que atienda a las familias en situación de desempleo de larga duración, que se salve la brecha salarial de géneros, que se beneficie a las haciendas locales, que se gestionen las peonadas agrarias para poder cobrar la ayuda con más facilidad o que se establezcan los criterios para designar que un inmueble está desocupado permanentemente para que el gravamen del IBI repercuta en las haciendas locales, ha atendido a otros proyectos y propuestas necesarias. Así pues, se ha aprobado como moción de urgencia la situación del edificio Valcárcel. De esta manera, se comienza a desbloquear un proyecto que tendrá como finalidad utilizar el edificio como Sede Universitaria. También, se ha aprobado de manera definitiva y tras corroborar con los informes favorables de los Servicios Técnicos de Diputación el Plan de Cooperación Local dotado con más de cuatro millones de euros y que vendrá a paliar la situación de desempleo de los municipios de menos de 20.000 habitantes, además de mejorar sus infraestructuras.
Por último, el Grupo Socialista ha querido destacar que es preciso tener una Diputación cercana a los municipios y a la ciudadanía. Que todos deben sentirse representados por el Ente Provincial y que, para ello, hay que trabajar como lo lleva haciendo este Equipo de Gobierno desde que accedió al mismo tras las elecciones municipales. Irene García dice que “actos como el de hoy demuestran que los socialistas cumplimos con nuestro programa y que a pesar de las vicisitudes aprovechamos los recursos que existen y están a nuestro alcance en beneficio de los municipios y sus ciudadanos”.

“El Gobierno debe aplicar la normativa sobre el IBI y ponerla al servicio de los Ayuntamientos”

Jesús Solís asegura que es necesario que se regule el tipo de gravamen impuesto al IBI de  las  viviendas de uso residencial que están permanentemente desocupadas a favor de las Haciendas Locales  

Jesús Solís junto a otras diputadas Socialistas en la reunión del Grupo
El diputado provincial socialista, Jesús Solís, dice que “hay más de doscientos ayuntamientos de toda España que han tratado de regular mediante ordenanzas municipales el condicionado sobre los inmuebles permanentemente desocupados lo que ha repercutido en pronunciamientos desfavorables por parte de los tribunales”. Todo ellos debido a que estos entienden que las condiciones que se dirimen reglamentariamente se refieren a normas de rango que apruebe el Gobierno Central ya que es un criterio que desarrolla y ejecuta una Ley que emana del mismo. Concretamente Solís se refiere al Real Decreto Legislativo “/2004, de 5 de marzo en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así pues, en el art. 72.4 de dicho Real Decreto se regula el gravamen sobre el IBI y la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de una manera permanente. Pero, para establecer si una vivienda está siendo o no desocupada permanentemente se deben cumplir una serie de condiciones, “es ahí dónde radica el problema”, asevera Solís.
Por todo ello, el empeño de los municipios es regular dichas condiciones y los tribunales no han dado la razón esgrimiendo que los condicionantes emanan de una Ley aprobada por el Gobierno de España y que los requerimientos que deben contemplarse son los que esta tenga establecidos. El socialista considera que “es absolutamente necesario que el Gobierno Central inicie los trámites necesarios para la aplicación de la norma reglamentaria y que se lleve a cabo lo establecido por el art. 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, antes mencionado, en el que se aprueba el Texto Refundido de la regulación de las Haciendas Locales”.
Ante las sentencias que se han dirimido respecto al tema hay que destacar esta del TSJA con nº 2953/2010 de 14 de enero de 2010 que expone lo siguiente:
“La competencia estatal para el desarrollo reglamentario del precepto es más patente si se considera lo sensible que queda por regular: los requisitos para que una vivienda se considere desocupada. Si el supuesto hecho se dejara a la regulación municipal, las diferencias entre municipios que establecieran el recargo necesariamente serían grandes, contradiciendo el principio general de igualdad (art. 31 CE). El Ayuntamiento no puede asumir la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno de la Nación. En otro caso, como acontece aquí, el acto es nulo por vulnerar la Ley (art. 62.2 LRJ-PAC), en este caso la de Haciendas Locales”.
Por último, Solís manifiesta la preocupación que genera esta circunstancia en el Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz. Así pues, adelanta el diputado que éste ha presentado una moción en el Pleno Ordinario de Diputación al respecto para exigir al Gobierno que aplique la Ley. Además, añade que “el Grupo Socialista de Diputación quiere que, tras aprobarse en el Pleno, el acuerdo de esta moción sea trasladado al Gobierno de España, así como a la FEMP, la FAMP y a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz”.  

“El PP causa la pérdida de empleo femenino y abre, aún más, la brecha salarial entre géneros”

Isabel Moya denuncia que es la primera vez en cuarenta años que en España la población activa femenina cae y la tasa de actividad desciende hasta el 53,6% provocando, todo ello, una situación de desigualdad y discriminación laboral hacia las mujeres

Las diputadas Isabel Moya (centro), Isabel Moreno (izq.) y Ana Carrera (dcha.)
La diputada socialista de Diputación, Isabel Moya, realiza un análisis sobre la situación de la mujer en el entorno laboral español. Según las encuestas de estructura salarial las mujeres afrontan una situación de precariedad laboral mucho más acusada que la de los hombres. “Sólo el 54,8% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en 2014 lo que supone estar nueve puntos por debajo de la media europea y lejos del 74% que establece la UE como objetivo para 2020”, señala Moya. Añade que “para que España cumpliese ese objetivo se deberían crear tres millones de empleos femeninos”. Según el FMI la infrautilización de las mujeres, pesa a su formación, ha hecho que España pierda el 27% del PIB per capita.

Así pues, asevera la socialista que “los cuatro años de Gobierno de Rajoy ha provocado que más de 250.000 mujeres hayan perdido su empleo, es la primera vez en cuarenta años que pasa esto”. “todo esto genera una enorme situación de desigualdad y de discriminación labora”, asegura Moya. Pero no son sólo estas las cifras negativas pues “siete de cada diez empleos que se han destruido en nuestro país pertenecían a mujeres, si consideramos que la igualdad de género es un pilar de la democracia se está demostrando que para el PP esto no es así”, arguye la diputada del PSOE.
Por tanto, todas estas políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno de España en manos de Rajoy han provocado que “nuestro país esté en el puesto veintinueve en el último informe de 2014 sobre la brecha global de género, lejos del doceavo puesto que ostentaba en 2011 con el Gobierno socialista de Zapatero”, argumenta Moya. Dice también que “la obligación de los gobiernos es generar las condiciones que sean óptimas para trabajar en la igualdad de género respecto al mundo laboral y tener un acceso y permanencia a la promoción interna y de formación”.

Todas estas razones, han llevado al Grupo Socialista de Diputación a plantear una moción para el próximo Pleno en la que tienen como protagonista la lucha contra la desigualdad entre hombre y mujeres en el entorno laboral y respecto a las diferencias salariales que los separan. Por ello, Moya manifiesta que “se pedirá al Gobierno de España que elabore una Ley de Igualdad Salarial entre personas de diferente sexo, así como que se igualen las retribuciones”. En la misma línea, se solicita a que se trabaje para conseguir que la tasa de empleo de las mujeres esté en consonancia con el 74% en línea con los objetivos de la UE para 2020. Por último, asegura la socialista que “la paridad en el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración consiga que ningún sexo represente menos del 40%”, concluye.

“Las políticas de Rajoy han provocado el desplome de la cobertura por desempleo y más de dos millones de trabajadores son pobres”

Isabel Armario lamenta la situación en la que se encuentran las familias españolas y considera que una de las medidas que se deben tomar es ofrecer un ingreso mínimo a estas para cubrir las necesidades básicas

Las diputadas del PSOE, Isabel Armario, Elena Amaya y Mª Dolores Varo
La diputada provincial del PSOE, Isabel Armario, manifiesta que “la crisis está haciendo crecer el número de parados de larga duración y la pobreza de las familias”. Por esa razón, se preocupa la socialista por los aspectos más acuciantes para los ciudadanos de esta situación. En cuanto a los datos arrojados por la EPA se desgrana que más de dos millones de personas llevan en situación de desempleo dos o más años.

Así pues, ante esta lamentable situación, Armario se ha referido a las cifras que tanto le preocupan ya que “en el último año las cifras del paro han caído, apenas, un 3,2% frente al descenso del paro global de 8,4%”, ha dicho. Añade, “en 2008, cuando comenzó la crisis, apenas había 254.000 parados de larga duración y hoy hay diez veces más”. De estas cifras se pueden esgrimir varias conclusiones, según la diputada del PSOE “una de las consecuencias más graves es el incremento de los hogares sin ingresos debido al agotamiento de las prestaciones por desempleo”.
Actualmente, trece millones de españoles viven en riesgo de exclusión social y pobreza. Según los últimos datos 730.000 hogares no tienen ningún tipo de ingresos “muchos de ellos son gaditanos”, apunta Armario. Apunta también que “la cobertura por desempleo ha descendido en quince puntos con el Gobierno de Rajoy y que 2,5 millones de trabajadores son pobres, a pesar de tener un sueldo”. Toda esta amalgama de datos son óbices suficientes para asegurar que España es uno de los países más desiguales de la UE. “La precariedad laboral en familias con niños ha hecho que se incremente considerablemente el riesgo de pobreza infantil siendo nuestro país el segundo europeo con el mayor índice de ese valor, por detrás de Rumanía”, confirma la socialista. Ha querido reseñar también que “esta situación supone la ausencia de justicia social y pérdida de potencialidad humana y un lastres para la futura competitividad de España en el mercado laboral”.
Por todas estas circunstancias, el Grupo Socialista de la Diputación no quiere ser ajeno y ha considerado de vital importancia trasladar al Pleno de la Diputación gaditana una moción en la que instará al Gobierno del PP a varias cuestiones. Según Armario, “es imprescindible exigir que se proporcione a las familias en situación de exclusión social un ingreso mínimo que garantice la cobertura de sus necesidades básicas y erradicar la pobreza infantil”.

En conclusión, lo que quiere el PSOE desde Diputación es que se extienda la protección por desempleo cuando finalice la prestación contributiva e iniciar un itinerario personalizado de inserción laboral y formación. Por último, Armario dice que es imprescindible que “se ofrezca un ingreso mínimo a las personas y familias que no tengan ningún ingreso y que no perciben tampoco ninguna protección por desempleo, así como una ayuda por hijos a cargo en aquellas familias en las que la renta esté por debajo del umbral de la pobreza”. 

“El empleo generado en las explotaciones agro-ganaderas andaluzas es la principal actividad laboral en muchos municipios”

Isabel Moreno considera que debido a la situación de extrema necesidad laboral de las zonas rurales y de los trabajadores agrarios eventuales la bajada en número de jornales a la que serán sometidos, por culpa del gobierno del PP, será una auténtica losa para ellos

Las diputadas socialistas Isabel Moreno e Isabel Moya
La diputada provincial del PSOE, Isabel Moreno, está convencida de que la creación de empleo ha de ser la actividad principal de cualquier Gobierno, máxime cuando se atraviesan momentos de crisis, como el actual, dónde hay más de cuatro millones de parados en España. “En nuestra tierra los factores socioeconómicos, los costes de las materias primas, la energía y la mecanización de las tareas agrícolas conforman una situación dramática para nuestros pueblos y es por eso que las administraciones tenemos que estar respondiendo e impulsando la solvencia de esta situación”, argumenta la socialista.

Así pues, recientemente se ha llevado a cabo el reparto de los fondos del PFEA “sin que se haya aumentado la partida para la contratación de empleados agrarios ni un ápice por parte del Gobierno popular de Rajoy”, señala Moreno. Hay que tener presente que la finalidad de este programa está enfocada a la empleabilidad de los trabajadores eventuales del campo. De este modo, pueden conseguir los jornales necesarios para poder obtener el derecho a la prestación del subsidio por desempleo y, además, se mejoran las infraestructuras y los servicios de los municipios rurales lo que supone una doble vertiente que beneficia a todos.
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación presentará en el próximo Pleno Ordinario del Ente provincial una moción que va en la línea de reforzar este proyecto y salvaguardar el empleo agrario y sobre todo dar cobertura a esas familias del entorno rural que necesitan de estas peonadas para que subsista la economía familiar. Por esa razón, la diputada del PSOE asegura que “el Gobierno del PP debería plantearse seriamente el eliminar o reducir los jornales necesarios para poder acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria mientras estemos inmersos en esta gran crisis económica”. Asimismo, solicita que “se ponga en marcha un programa extraordinario y especial de fomento del empleo agrario, además de seguir reclamando que se aumente la partida para las convocatorias ordinarias y atender, así, las necesidades que tienen los jornaleros eventuales del campo andaluz”.
Por último, Moreno quiere dejar claro que los Socialistas en todas las administraciones que gobiernan apuestan y apostarán claramente por la sostenibilidad de este sector de la población y del entorno de los pequeños y medianos municipios. Por esa razón, la diputada insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que “de manera extraordinaria y mientras persista esta situación se permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria”. Concluye diciendo Moreno que “del mismo modo que lo anterior, considero que las peonadas del PFEA deben computar como requisito para acceder a la renta agraria y así se lo solicitaremos los socialistas a Empleo y Seguridad Social en el próximo Pleno de Diputación”. 

“Rajoy ha talado la autonomía local y eso ha repercutido en su capacidad recaudatoria”


Ruiz Boix asegura que estas medidas del PP han hecho que se restrinja la capacidad de concertación de operaciones de endeudamiento y la posibilidad de utilizar el superávit para gastos urgentes o necesarios

El vicepresidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, reunido con el Grupo del PSOE
El vicepresidente de la Diputación, el socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, tiene claro que el proyecto político del Gobierno Central y concretamente las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en manos de Cristóbal Montoro “ha significado un agravio materializado en graves recortes que se han articulado a través de las comunidades autónomas y de las entidades locales”, asevera.

Así pues, a los Ayuntamientos se les ha cambiado la normativa reguladora y “se ha hecho que estos dejen de ser el colchón en muchos casos para atender las necesidades de muchas familias y personas que están siendo perjudicadas por diferentes problemas sociales, económicos y personales y que con esta nueva regulación  están atados de pies y manos y difícilmente podrán seguir llevando a cabo esta encomiable labor”, arguye Ruiz Boix. “Mucho menos si estas administraciones están tuteladas”, añade.
Además, a todo lo anterior hay que añadir datos económicos que refuerzan la teoría del socialista. De ese modo, argumenta que las cifras de ajuste en 2011 pasaron por un déficit de las comunidades autónomas, más entidades locales, de 63.344 millones de euros a una previsión para 2015 de 7.868 millones de euros. “Atendiendo a estas cifras el recorte será a finales de este año de 55.476 millones de euros, mientras que lo que corresponde a las competencias más directas del Estado como lo son la Administración Central y la Seguridad Social sólo se le recortará 145 millones de euros, de 37.921 millones de euros pasarán a 37.776”, expone el vicepresidente de la Diputación.
Pero no sólo el problema del déficit es el que acusa a las entidades locales. Además, hay otros asuntos como el recorte en los plazos de devolución de las liquidaciones negativas de la PIE en ejercicios anteriores y la anulación de los aplazamientos solicitados. “Esto imposibilita aún más la capacidad de gestión de los distintos Ayuntamientos con autonomía y es otra muestra más del reclutamiento que el Gobierno de Rajoy ha impuesto a las entidades locales”, dice Ruiz Boix.
Todos estos razonamientos han hecho que el Grupo Socialista de Diputación quiera instar al Gobierno de Rajoy a varios asuntos con el fin de paliar y acabar con esta fagocitación de las entidades locales. “Queremos que se elabore una nueva Ley Reguladora de las Haciendas locales con el objetivo de mejorar el sistema de financiación de los municipios, así como que se derogue la Reforma Local y aprobar una legislación acorde con un marco de competencias suficientes para estas entidades, así como autonomía financiera”, señala el socialista.
En este mismo sentido, Ruiz Boix considera absolutamente necesario  que se flexibilicen las devoluciones de los saldos deudores de los ejercicios anteriores 2013 y 2014 en referencia a la PIE. “Hay que abrir la posibilidad a las entidades locales para que se negocien y flexibilicen las medidas a adoptar contra ellos que por su condición económico-financiera no pueden hacer frente al pago de proveedores en los plazos fijados por el Real Decreto 10/2015”. Así como instar al Gobierno del PP a que siga manteniendo el fondo destinado a municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Por último, el dirigente del PSOE ha querido defender los intereses de las haciendas locales y pide que se regularice en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la obligación del Estado de realizar anticipos a las Tesorerías de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y de la PIE. Asimismo, dice que “hay que compensar los beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales y hacer un fondo de compensación de IVA soportado en sus inversiones”. Concluye diciendo Ruiz Boix “es justo derogar la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre para dar la oportunidad de devolver el régimen de endeudamiento de las Entidades Locales al contenido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales”.