Ruiz Boix
asegura que estas medidas del PP han hecho que se restrinja la capacidad de
concertación de operaciones de endeudamiento y la posibilidad de utilizar el
superávit para gastos urgentes o necesarios
| El vicepresidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, reunido con el Grupo del PSOE |
El vicepresidente de la Diputación, el
socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, tiene claro que el proyecto político del
Gobierno Central y concretamente las medidas llevadas a cabo por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en manos de Cristóbal Montoro “ha
significado un agravio materializado en graves recortes que se han articulado a
través de las comunidades autónomas y de las entidades locales”, asevera.
Así pues, a los Ayuntamientos se les ha cambiado la
normativa reguladora y “se ha hecho que estos dejen de ser el colchón en muchos
casos para atender las necesidades de muchas familias y personas que están
siendo perjudicadas por diferentes problemas sociales, económicos y personales
y que con esta nueva regulación están
atados de pies y manos y difícilmente podrán seguir llevando a cabo esta
encomiable labor”, arguye Ruiz Boix. “Mucho menos si estas administraciones
están tuteladas”, añade.
Además, a todo lo anterior hay que añadir datos
económicos que refuerzan la teoría del socialista. De ese modo, argumenta que
las cifras de ajuste en 2011 pasaron por un déficit de las comunidades
autónomas, más entidades locales, de 63.344 millones de euros a una previsión
para 2015 de 7.868 millones de euros. “Atendiendo a estas cifras el recorte
será a finales de este año de 55.476 millones de euros, mientras que lo que
corresponde a las competencias más directas del Estado como lo son la Administración
Central y la Seguridad
Social sólo se le recortará 145 millones de euros, de 37.921
millones de euros pasarán a 37.776”,
expone el vicepresidente de la
Diputación.
Pero no sólo el problema del déficit es el que acusa a
las entidades locales. Además, hay otros asuntos como el recorte en los plazos
de devolución de las liquidaciones negativas de la PIE en ejercicios anteriores y
la anulación de los aplazamientos solicitados. “Esto imposibilita aún más la
capacidad de gestión de los distintos Ayuntamientos con autonomía y es otra
muestra más del reclutamiento que el Gobierno de Rajoy ha impuesto a las
entidades locales”, dice Ruiz Boix.
Todos estos razonamientos han hecho que el Grupo
Socialista de Diputación quiera instar al Gobierno de Rajoy a varios asuntos
con el fin de paliar y acabar con esta fagocitación de las entidades locales.
“Queremos que se elabore una nueva Ley Reguladora de las Haciendas locales con
el objetivo de mejorar el sistema de financiación de los municipios, así como
que se derogue la Reforma Local
y aprobar una legislación acorde con un marco de competencias suficientes para
estas entidades, así como autonomía financiera”, señala el socialista.
En este mismo sentido, Ruiz Boix considera
absolutamente necesario que se
flexibilicen las devoluciones de los saldos deudores de los ejercicios anteriores
2013 y 2014 en referencia a la
PIE. “Hay que abrir la posibilidad a las entidades locales
para que se negocien y flexibilicen las medidas a adoptar contra ellos que por
su condición económico-financiera no pueden hacer frente al pago de proveedores
en los plazos fijados por el Real Decreto 10/2015”. Así como instar al Gobierno
del PP a que siga manteniendo el fondo destinado a municipios con población
inferior a 20.000 habitantes.
Por último, el dirigente del PSOE ha querido defender los intereses de
las haciendas locales y pide que se regularice en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales la obligación del Estado de realizar anticipos a las Tesorerías de la
liquidación definitiva de los tributos cedidos y de la PIE. Asimismo, dice que “hay
que compensar los beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales y
hacer un fondo de compensación de IVA soportado en sus inversiones”. Concluye
diciendo Ruiz Boix “es justo derogar la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre
para dar la oportunidad de devolver el régimen de endeudamiento de las
Entidades Locales al contenido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales”.
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