El PP rechaza que el Observatorio Científico de las almadrabas sea financiado con fondos de la UE

El PSOE consigue sacar adelante una propuesta en respaldo a la marroquinería de Ubrique e Irene García exige al Gobierno provincial que ponga en marcha un plan de apoyo al sector 

Diputados y diputadas del Grupo Socialista antes del inicio del Pleno, con Irene García en primer término
Cádiz, 29 de enero de 2014. El Gobierno provincial del PP ha rechazado esta mañana que el Observatorio Científico de las almadrabas, un instrumento esencial para el sostenimiento de esta actividad pesquera tradicional de la provincia y sostén de un buen número de empleos, pueda ser financiado con fondos procedentes de la Unión Europea. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE, Irene García, ha destacado que “no contentos con el que el Gobierno de Rajoy no haya incluido el Observatorio Científico en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, ahora los diputados y diputadas provinciales del PP rechazan instarle a que consiga que se financie a través de la Unión Europea, una exigencia perfectamente razonable dado que el conocimiento de la especie y de sus posibles aprovechamientos pesqueros tienen interés más allá de las fronteras españolas”.

Irene García ha calificado la decisión del Gobierno provincial del PP como “injustificada e injustificable”, y ha lamentado que “una vez más, los cargos electos del Partido Popular actúan en representación de esas siglas en lugar de hacerlo en nombre de los ciudadanos que les han votado”. Así, ha manifestado que “tanto el presidente Loaiza como el resto de los diputados y diputadas del PP deberán explicar al sector almadrabero el porqué de su voto negativo, cuando el mantenimiento del Observatorio Pesquero viene siendo una demanda histórica, así como un factor decisivo para aumentar su número de empleos”. Paralelamente, ha incidido en su “enorme importancia desde el punto de vista del conocimiento del estado del recurso, ya que sus conclusiones son esenciales para el estudio de su evolución y para su posterior aprovechamiento pesquero, empresarial y comercial”.

El Pleno de la Diputación sí ha dado su respaldo a una iniciativa socialista centrada en la marroquinería de Ubrique y que pretendía recabar el apoyo de la Corporación provincial a su consideración como sector preferente de la economía andaluza, lo que acarrearía el acceso a los incentivos habilitados por la Junta en materia de modernización de sus estructuras y de impulso del empleo. Paralelamente, esta iniciativa instaba al Gobierno de la Nación a apoyar la inclusión del sector de la piel en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países, realizando las actuaciones precisas para ello. 

Irene García ha saludado el respaldo del PP a esta propuesta, si bien ha lamentado que se haya votado “a regañadientes, hasta el punto de que los reproches y las críticas que han jalonado la intervención del señor Romaní más bien hacían presagiar un pronunciamiento en contra”. En este sentido, ha reclamado al diputado responsable del área de Empleo “la elaboración de un plan de apoyo a la marroquinería de Ubrique, que incluya actuaciones concretas y que pueda traer a este mismo Pleno, si es posible, ya en la próxima sesión del mes de febrero”.

La portavoz y secretaria general ha destacado la “reiterada apuesta” por el sector de la piel que viene realizando el PSOE en todos los ámbitos de actuación, desde el local al nacional, pasando por el autonómico, con gran protagonismo de los socialistas ubriqueños; y ha recordado que “la presidenta de la Junta va a estar encantada de incluir a nuestra marroquinería entre los sectores preferentes de la economía andaluza, un lugar que debe ocupar por merecimientos propios”. 

La portavoz del Grupo Socialista charla con el secretario de la Diputación, momentos antes del comienzo de la sesión
El Grupo Socialista ha llevado al Pleno de la Diputación un total de cuatro propuestas tras el veto del presidente Loaiza a incluir en el orden del día una iniciativa que reclamaba la retirada de la reforma de la ley del aborto. Las dos restantes se centraban, por una parte, en la petición de un convenio de colaboración con las escuelas taurinas municipales, de forma que estas reciban financiación para el desarrollo de las clases prácticas a sus más de 200 alumnos de toda la provincia; y por otra, en la necesaria implicación de la Corporación provincial en la mejora de las explotaciones agrarias de titularidad municipal, “una medida de gran importancia para nuestros pequeños pueblos, que no pueden hacer frente a los desembolsos necesarios para ello”. La primera de ellas ha sido aprobada, mientras la segunda ha sido rechazada con los votos negativos del PP.

El PSOE denuncia que Loaiza “impone la censura” al dejar fuera del Pleno una propuesta que rechaza la reforma de la ley del aborto

Irene García asegura que el presidente de la Diputación usa “la mordaza como criterio de comportamiento institucional” y alerta de que el PP está en “un viaje sin retorno hacia posiciones de la derecha más rancia” 

Cádiz, 28 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha denunciado que el presidente de la Corporación ha “impuesto la censura” al negarse a incluir en el orden del día del Pleno de mañana una propuesta del PSOE que pretendía instar al Gobierno de la Nación a retirar la reforma de la ley del aborto, presentada en Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre como anteproyecto de Ley Orgánica.

“El Gobierno del PP en la Diputación, con el presidente Loaiza a la cabeza, ha decidido imponer la mordaza como criterio de comportamiento de una institución. Porque eso es justamente lo que ha hecho, en una interpretación escasamente democrática de sus atribuciones como máximo responsable de la Corporación, al no incluir en el Pleno una propuesta planteada en tiempo y forma por el Grupo Socialista, en la que se pretendía buscar un posicionamiento de la Corporación en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la reforma de la ley del aborto”, ha explicado. 

Irene García ha incidido en que el hecho de dejar fuera del orden del día del Pleno un asunto de este calado representa “un ejercicio de auténtica censura por parte del PP, que solo puede explicarse por un alejamiento de la realidad social y por una creciente influencia en sus estructuras de poder de los sectores más ultraconservadores y reaccionarios. De hecho, tanto el PP en general como el PP de Cádiz en particular están inmersos en un viaje sin retorno hacia posiciones de la derecha más rancia”. 

Esta actitud explicaría que “al Partido Popular de esta provincia no le preocupa el salto atrás en el tiempo al que el Gobierno de Rajoy y de Ruiz-Gallardón quiere condenar a las mujeres gaditanas”. En consecuencia, “para ese partido, y para el presidente de la Diputación, muy por encima de los intereses de esas mujeres está su intento de silenciar las voces críticas y de impedir el ejercicio democrático de evidenciar la discrepancia”. 

La portavoz del Grupo Socialista ha señalado que “a los niveles escandalosos de sectarismo político a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno del PP en la Diputación, que le llevan a establecer una doble vara de medir que siempre beneficia a los municipios gestionados por ese partido, y a la alarmante utilización de las instituciones dentro de sus estrategias partidistas, en la que la inminente recolocación del hasta hoy alcalde de El Puerto es uno de sus principales exponentes, hay que añadir ahora un nuevo giro de tuerca como es el veto a iniciativas que pueden resultar incómodas o inconvenientes para esa formación”.

Irene García ha destacado que la propuesta socialista que no podrá debatirse en el Pleno por la decisión unilaterial del presidente Loaiza “buscaba instar al Gobierno de la Nación a que dé marcha atrás a sus planteamientos y a que retire esa modificación legislativa regresiva que sitúa a las mujeres de toda España, y también de esta provincia, en la clandestinidad. Dicho de otra forma, las  mujeres gaditanas se ven ahora abandonadas por el Gobierno del PP en la Diputación a poder ser estigmatizadas y a no decidir libremente en torno a su maternidad”. Por ello, “será el propio presidente Loaiza quien deba aclarar públicamente las razones de este veto, en un asunto que afecta a muchas mujeres de esta provincia e incluso al conjunto de la ciudadanía gaditana, por lo que significa de amenaza de pérdida de unos derechos que contribuyen a crear una sociedad más libre”.

“Desconocemos si la decisión del señor Loaiza es un intento de evitar la fractura de la unidad de voto en el Grupo del PP en la Diputación, ya que a día de hoy no se ha escuchado voz disonante alguna en el seno de sus diputados y diputadas, así como en el conjunto de sus dirigentes provinciales, respecto a los dictados retrógrados del ministro Ruiz-Gallardón”, ha afirmado. “Por tanto –ha continuado-, consideramos que simplemente se trata de un burdo intento de eliminar del orden del día un asunto que está provocando una importante respuesta social, así como una honda preocupación en amplias capas de la ciudadanía; por cierto, entre ellas seguramente de buena parte del electorado del propio Partido Popular”. 

Irene García ha concluido diciendo que “a pesar de este atropello, el PP no va a conseguir su objetivo. El presidente Loaiza no va a poder imponernos esa mordaza. Porque el Grupo Socialista va a llevar al Pleno de mañana nuestra preocupación por una infame reforma de la ley del aborto. No podremos debatir nuestra propuesta, pero se escuchará nuestra voz y él tendrá que argumentar por qué ha decidido hurtar a la ciudadanía de esta provincia la posibilidad de conocer qué posición ocupa cada grupo político en torno a una cuestión de enorme trascendencia social”.

El PSOE centra sus propuestas al Pleno en el empleo y en el impulso a los sectores estratégicos

Irene García destaca la presentación de iniciativas de respaldo a la pesca, la marroquinería y el sector agrario, “actividades esenciales en nuestro tejido productivo y en nuestro mercado de trabajo”

La portavoz y secretaria general afirma que la Diputación “no puede permanecer impasible” ante una provincia que “se aproxima a la fractura social” con 225.100 desempleados y cerca de un 41% de paro

Cádiz, 24 de enero de 2014. El Grupo Socialista ha presentado diversas propuestas al Pleno de la Diputación del próximo miércoles con “el denominador común del fomento del empleo y de la generación de actividad económica en la provincia, de la mano de algunos de sus sectores estratégicos”. Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que las proposiciones planteadas por el PSOE hacen referencia “al impulso de ámbitos de actividad esenciales en el tejido productivo y en el mercado de trabajo gaditanos, tales como la pesca, la marroquinería y el sector agrario. Además, estas iniciativas responden a contactos previos mantenidos con los propios sectores y a nuestro compromiso de servir de altavoz y de canal para que sus reivindicaciones tengan eco en las distintas instituciones”.

“Los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa demuestran que el Gobierno del PP en la Diputación no puede permanecer impasible ni un minuto más, ni seguir oponiéndose a la aprobación de un plan de empleo que atienda a aquellas personas que han perdido su trabajo, cuentan con cargas familiares y se encuentran en una situación de auténtica emergencia”, ha señalado Irene García. Y ha destacado que “los 225.100 desempleados medidos por la EPA al cierre de 2013 y la tasa de paro cercana al 41 por ciento, la más alta del país, nos aproximan a una situación de auténtica fractura social ante la que no valen ya excusas ni fuegos de artificio, que son las dos únicas respuestas que el Partido Popular viene dando en materia de empleo desde que gestiona la Corporación provincial”.  

De esta manera, la propuesta centrada en el sector pesquero, buena parte del mismo aún a la espera de regresar al caladero marroquí tras más de dos años sin poder faenar en esas aguas, pretende instar al Gobierno a que acelere en lo posible esa vuelta a la actividad, al tiempo que “mantenga para Andalucía las cantidades que venían recibiéndose hasta estos momentos de mano de los fondos europeos, que sumaban 216 millones de euros y que se completaban por una aportación de la Junta que los elevaba hasta los 296 millones de euros”.

Paralelamente, se exige al Ejecutivo central a “prestar atención a un sector de una enorme tradición y de una gran importancia económica y social, como son las almadrabas”. Para sus trabajadores se reclama que puedan recibir la consideración de ‘pescador’, lo que abriría la puerta a la recepción de ayudas; y para el sector en general se pide un aumento de la capacidad de capturas de atún rojo que repercuta directamente en las almadrabas, o que en su defecto “se ponga a su disposición parte del fondo de maniobra para paliar la disminución de cuota que han sufrido en los últimos años”. “Una y otra exigencia pueden considerarse claves para garantizar tanto la viabilidad del sector como, especialmente, la estabilidad de sus puestos de trabajo”, ha dicho. También respecto a las almadrabas, se plantea “la necesidad del mantenimiento del Observatorio Científico mediante su financiación a cargo de fondos europeos, toda vez que el ministro Arias Cañete y el presidente Rajoy no ha tenido a bien incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado”.  

El impulso de la marroquinería de Ubrique merece por sí mismo una propuesta al Pleno, en el sentido de “apoyar su consideración como sector preferente de la economía andaluza por parte de la Junta, lo que se traduciría en importantes incentivos para el desarrollo de sus productos y procesos, a la modernización de sus estructuras y a la consolidación del empleo existente, cuando no a la generación de nuevos puestos de trabajo”. 

Irene García ha recordado que “el pasado otoño mantuvimos un importante encuentro sectorial con representantes de nuestro sector de la piel, de la misma forma que hicimos también con nuestros pescadores y nuestro sector almadrabero. En el caso concreto de la marroquinería de Ubrique, se nos trasladó la importancia de que el Gobierno de la Nación se implique decididamente para conseguir su inclusión en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países, y en esa línea buscamos un acuerdo del Pleno de la Diputación”.

La portavoz ha recordado que “tanto esa consideración de sector preferente de la economía andaluza como su inclusión en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países han sido proyectos liderados por los socialistas, primero en el plano local en Ubrique, y después en el ámbito provincial, regional y nacional. Y ahora de lo que se trata es de que la Diputación dé un paso adelante y se signifique como una aliada del mismo”.

La propuesta vinculada al sector agrario se centra en solicitar que la Diputación tome partido en la conservación y mejora de las explotaciones agrícolas y ganaderas de titularidad municipal, buena parte de las cuales adolece de las necesarias condiciones para el desarrollo de la actividad en condiciones idóneas desde un punto de vista de rentabilidad empresarial. “La difícil situación económica que atraviesan los pequeños ayuntamientos rurales provoca que no puedan afrontarse las inversiones necesarias para su adecuado mantenimiento y para la puesta en valor de estas fincas, la mayoría de las cuales están arrendadas o cedidas con carácter gratuito a sus propios vecinos”, ha señalado. 

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha destacado que “esa línea económica que debe poner en marcha la Diputación no solo va a desahogar a los ayuntamientos propietarios de esas fincas, sino que dignificará tanto las condiciones en las que se produce su explotación como la calidad de vida de quienes las trabajan de manera cotidiana”. En concreto, la propuesta socialista plantea que esta línea económica pueda dedicarse a la consolidación y mejora de edificios, cercados, dependencias e instalaciones para el ganado, instalación de básculas, mantenimiento de caminos rurales en las fincas o la mejora de su electrificación… “Se trata de que la Diputación cumpla efectivamente con su papel de ayuda a los pequeños municipios y se convierta en un aliado del sector agrario de la provincia, siquiera a través de estas fincas públicas que no pueden aspirar a otras vías para financiar su mejora”, ha dicho Irene García.

Además, el Grupo Socialista llevará al Pleno del próximo miércoles una cuarta propuesta, que “aúna una indudable dimensión cultural con una importante trascendencia en el mundo del empleo”. Se trata de una iniciativa para que la Diputación suscriba un convenio de colaboración con las escuelas taurinas municipales de la provincia, en virtud del cual ayude a la financiación de las clases prácticas necesarias para la formación de sus alumnos, que en conjunto suman más de 200 jóvenes en toda la provincia. “En contrapartida –ha explicado-, la propia Diputación podría alcanzar acuerdos con los ayuntamientos que así lo deseen, de forma que estos puedan incorporar esas clases prácticas a su oferta de festejos, con acceso gratuito para los aficionados”. 

A juicio de Irene García, “esta actuación, además de satisfacer la necesidad de estos alumnos y de las escuelas en las que se forman, supondría un importante revulsivo para el sector del toro, una actividad que genera un gran número de empleos en esta provincia, que desarrolla una importante tarea ambiental en nuestro campo, y que está padeciendo como pocos los efectos de la crisis económica”. “En el encuentro mantenido con ellos a finales del pasado año, los presidentes de las escuelas taurinas de la provincia nos trasladaron su preocupación por las dificultades que el sector empresarial vinculado al mundo del toro viene padeciendo. Por eso, consideramos que la Diputación debe ser sensible tanto a los problemas económicos de estas entidades y a las necesidades formativas de sus alumnos como al momento extremadamente delicado que atraviesa todo un sector productivo clave para el empleo en nuestro medio rural y para el desarrollo de importantes zonas de esta provincia”.

El PSOE pide la retirada de una reforma de la ley del aborto que “devuelve a las mujeres a la clandestinidad”

Irene García afirma que el Gobierno del PP plantea “un grave retroceso de más de treinta años” que arrebata el derecho a decidir sobre la propia maternidad y “situará a España como una excepción en toda Europa” 

Cádiz, 22 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que pretende que la Corporación provincial inste al Gobierno de la Nación a “retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica, presentado en Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”. 

Así lo ha adelantado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que la reforma impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón y el Gobierno de Mariano Rajoy “volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”.

“El anteproyecto de Ley Orgánica no solo confirma las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres, sino que tristemente las supera”, ha afirmado. Y ha explicado que ese texto aprobado por el Gobierno “suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, despenalizándolo solo en los supuestos de violación y, textualmente, de ‘grave peligro para la vida o la salud’ de la mujer, privándole de su derecho a decidir sobre su maternidad”. Irene García ha llamado también la atención sobre “la supresión del supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado”.

“Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de treinta años en la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa”, ha señalado, para añadir que “en los últimos tiempos ningún país europeo ha legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos”.

Irene García ha destacado el “enorme rechazo social” que esa reforma legislativa ha despertado en la ciudadanía española y europea, asi como entre las organizaciones sociales, profesionales y feministas. Y se ha referido tanto a “la aparición de declaraciones de miembros del propio PP, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, en las que se discrepa de su contenido”, como a “la crítica de representantes políticos y medios de comunicación de otros países, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha”.

Frente a esta grave amenaza, ha defendido la vigencia de la norma actualmente en vigor (la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), que “declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes; y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que no solo implica reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.

La portavoz y secretaria general ha recordado igualmente que aquella ley, impulsada con el anterior Gobierno del PSOE, fue “debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”.

Desde ese planteamiento, aquella ley que hoy continúa vigente consiguió “sustituir una regulación que veinticinco años atrás ya había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. E incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea”.

“Todo lo relacionado con materia de empleo en la Diputación se sitúa en el ojo del huracán”

Irene García asegura que las denuncias de irregularidades en el proceso de selección para cubrir puestos de enfermeria en residencias de ancianos son un nuevo episodio dentro de un “rosario de casos turbios”

Cádiz, 21 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha salido al paso de las denuncias de “graves irregularidades” registradas en torno al proceso de selección para cubrir puestos de enfermería en las residencias de ancianos de la Diputación. Irene García ha destacado que esas quejas provienen tanto de sindicatos como del propio Colegio de Enfermería y ha anunciado que los diputados y diputadas socialistas presentarán “una batería de preguntas en el próximo Pleno” con objeto de que el Gobierno provincial “aclare lo ocurrido con respecto a este proceso de selección para cubrir puestos de vital importancia para atender personas en las distintas residencias de mayores y que necesita de una aclaración por parte del PP”. 

Irene García ha incidido en la necesidad de que el presidente Loaiza dé explicaciones convincentes al respecto y ha señalado que “más allá del manido uso de la palabra transparencia del que hace gala el PP, la gestión de la Diputación en materia de empleo continúa siendo auténticamente oscura y supone un desprecio a los casi 200.000 desempleados de la provincia, que están viendo con estupor lo que el PP está haciendo sin ningún tipo de sensibilidad al frente de la institución”. En relación con este caso y con la intención de nombrar al aún alcalde de El Puerto como gerente del Patronato de Turismo, ha destacado que “esos nuevos escándalos vuelven a situar en el ojo del huracán todo aquello relacionado con materia de empleo en la Diputación”. 

Así, se ha referido a “la obsesión y la cruzada personal de Mercedes Colombo contra el proceso de consolidación de empleos temporales. En su día, se aventuró a decir que el PSOE y el Gobierno socialista pretendíamos utilizarlo para incorporar a lo que ella misma llamó ‘cachorros socialistas’. Y hoy vemos que la Justicia no solo da la razón a aquel Gobierno del PSOE sino que además su propio hacer y deshacer en Diputación ha provocado un rosario de casos turbios que incluyen tanto ese empecinamiento de la señora Colombo y del presidente Loaiza en contra de los intentos de zanjar la inestabilidad laboral como la realización de procesos de selección marcados por la duda”.

En ese “rosario de casos turbios”, la portavoz y secretaria general ha citado ejemplos como “el plan de empleo presupuestado para el ejercicio 2012, del que no invirtió ni un solo euro porque se  hizo depender de la venta de unos solares que se sabía que no iban a venderse” y la “marcha atrás decidida sobre el plan de empleo que existía y se venía aplicando por parte del anterior Gobierno socialista, y que a día de hoy el PP no ha sido capaz de poner nuevamente en marcha”. 

Junto a ellos, ha repasado también “el autobombo en torno a un plan de formación de parados que no lleva consigo contratación alguna y que, más de un año después de anunciarse, ni siquiera ha echado a andar” y la “incapacidad para gestionar los fondos europeos destinados al plan Crece”, así como “las decisiones arbitrarias, con ceses fulminantes de responsables técnicos, como el producido en la Escuela de Hostelería”.

“Los socialistas tenemos una gran preocupación por lo que está pasando en la Diputación con todo lo relacionado con contratación, y vamos a exigir al presidente Loaiza que explique en qué quiere convertir la Diputación y que aclare todas las gestiones que ponen muy en entredicho su actuación en materia de empleo”, ha explicado Irene García, quien ha insistido en la presentación de una “batería de preguntas” que, “de la mano de un PP que no hace gala de transparencia”, probablemente volverán a encontrarse “con lo mismo que nos encontramos en todos los plenos: con el silencio y con la callada por respuesta por parte del presidente de la Diputación”.

Irene García califica de “auténtico escándalo” que el PP vaya a contratar al aún alcalde de El Puerto como gerente del Patronato de Turismo

La portavoz y secretaria general exige a Loaiza que dé marcha atrás a su plan de “agradecer favores prestados desde el punto de vista político” 

Cádiz, 21 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha censurado la intención del PP de nombrar al aún alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, como gerente del Patronato Provincial de Turismo, al tiempo que ha exigido al presidente de la Corporación provincial que “aclare de forma inminente y anuncie de manera inmediata que da marcha atrás y que no va a consumar este disparate político en que iba a sumir a la Diputación”. 

Irene García ha calificado de estos planes del PP, conocidos a través de los medios de comunicación, como “un auténtico escándalo” que confía que no llegue a materializarse una vez que ha trascendido públicamente. “Esperamos que el presidente de la Diputación reconsidere esa decisión y se logre impedir un importante atropello que demuestra cuál es la verdadera concepción que el PP tiene respecto al ejercicio de la política y respecto al uso que concede a los puestos de responsabilidad y de gestión pública”, ha señalado.

“El nombramiento de Enrique Moresco como gerente del Patronato de Turismo supondría una aberración y un insulto a los cerca de 200.000 desempleados de esta provincia, que ven cómo la Diputación gestionada por el PP viene negando la puesta en marcha de un plan de empleo y que ahora reacciona agradeciéndole los favores prestados desde el punto de vista político, sin tener pudor alguno en buscar una ubicación a un alcalde al que han obligado a marcharse, probablemente en virtud de algo que está continuamente en la cabeza del PP como son las encuestas electorales”, ha destacado. 

La portavoz socialista en la Diputación ha concluido señalando que “la ciudadanía puede pensar legítimamente que ese nombramiento pueda considerarse incluso, valga la expresión, como el pago por esa dimisión. Si fuera así, ya sabemos a cuánto se cotiza el precio de la Alcaldía del PP, a razón de más de 55.000 euros anuales”, lo que supondría que “en el colmo del escándalo, el señor Moresco podría pasar a ganar incluso más dinero del que viene percibiendo durante su etapa de alcalde”. El puesto de gerente del Patronato Provincial de Turismo está vacante desde el anterior mandato en la Corporación, cuando el Gobierno socialista en la Diputación decidió no ocuparlo para no generar un gasto añadido a las arcas públicas en un momento de crisis económica.

El Gobierno del PP rechaza las reclamaciones socialistas al Presupuesto y consuma las “graves carencias” en empleo y en asistencia a municipios

José María Román incide en la imposibilidad de atender “obligaciones propias y gastos previstos” y dice que la falta de ejecución de inversiones comprometidas es “un lujo que no se puede permitir esta provincia” 

Diputadas y diputados del Grupo Socialista, antes del inicio del Pleno
 Cádiz, 20 de enero de 2014. Los votos de los diputados y diputadas del PP han impedido hoy que prosperasen las reclamaciones presentadas por el Grupo Socialista a los Presupuestos para 2014, que pretendían “salvar sus graves carencias en cuanto a la apuesta por la generación de empleo y a la asistencia a municipios” y “evitar el incumplimiento de competencias y compromisos de la Diputación”. Así se ha pronunciado el diputado del PSOE José María Román, quien ha incidido en que esas cuentas “carecen del crédito necesario para asumir obligaciones que le son propias y reflejan una manifiesta insuficiencia de gasto para poder hacer frente a actuaciones que, estando previstas, no disponen de la necesaria dotación económica”.

José María Román ha sido el encargado de defender esas alegaciones en el Pleno, a lo largo del cual ha destacado el “bajísimo nivel de ejecución de inversiones recogidas en los capítulos 6 y 7, tanto de la propia Diputación como del IEDT, y todo ello a pesar de los más de 40 programas que el Instituto mantiene en materia de empleo y de la grave situación de paro que castiga a esta provincia”. Así, se ha referido a los datos de la liquidación del Presupuesto de 2012, que demuestran que “la Diputación dejó sin usar 38,9 millones de euros, mientras que el IEDT dejó también sin ejecutar 25,9 millones de euros que habían sido previstos como inversión”. A su juicio, esta falta de movilización de recursos previamente comprometidos y de materialización de inversiones presupuestadas es “un lujo que esta provincia, tan castigada por el desempleo y tan necesitada de creación de puestos de trabajo, no puede permitirse”.

Frente a esta situación, el diputado socialista ha planteado la necesidad de introducir “un nuevo sistema plurianual, en línea con lo establecido por la Ley de Haciendas Locales, que permita adjudicar los compromisos de inversión a iniciativas que puedan considerarse plenamente maduras, de forma que no se vuelva a caer en el mismo error en el que se incurre año tras año y que ha llevado a que únicamente se materialice el 40 por ciento de la cantidad total recogida en los Presupuestos”. El diputado socialista, quien ha lamentado que la respuesta del Gobierno provincial del PP en el Pleno haya sido “hacer oposición a la oposición, en lugar de trasladar confianza sobre los presupuestos y sobre su capacidad ejecutoria real”, ha adelantado que “con toda seguridad, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 traerá consigo un remanente de unos 30 millones de euros, frente a unas alegaciones que hoy traemos al Pleno, que superan ligeramente los 20 millones de euros y que se destinan a generar empleo, a dar asistencia a los municipios y a atender a compromisos y obligaciones esenciales de la Diputación”.

“Esta provincia necesita que las cantidades que aparecen en el Presupuesto de la Diputación se puedan ejecutar realmente, sin que después haya que afrontar modificaciones de crédito ni se registre un superávit importante y haya que incorporar grandes remanentes que no se han utilizado para la que debería ser su auténtica finalidad, como es la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos”, ha añadido.

José María Román, en el centro de la imagen, charla con Diego Sánchez Rull y Federico Pérez Peralta en los prolegómenos de la sesión de esta mañana
Román ha lamentado la actitud del Gobierno provincial del PP a la hora de descalificar y pasar por encima de unas reclamaciones que ponían su acento en la necesidad de movilizar “de forma eficaz y eficiente” inversiones hacia la lucha contra el paro, como la puesta en marcha de un plan de empleo dotado con un mínimo de cuatro millones de euros para la contratación de personas sin trabajo, con cargas familiares y en riesgo de exclusión social, y que hiciera especial hincapié en los jóvenes. “Uno de cada seis desempleados de la provincia no ha trabajado nunca, y ese es un drama que se suma al que ya de por sí representan nuestros 196.777 desempleados”, ha señalado Román. En esta misma línea de fomento del empleo destaca igualmente la alegación que pretendía dar un respiro al pequeño tejido productivo de los pueblos menores de 20.000 habitantes, mediante créditos reembolsables por valor global de dos millones de euros para que atiendan a sus necesidades de tesorería o de liquidez.

Igual suerte han corrido otras reclamaciones que pretendían, por una parte, crear una línea económica de un mínimo de dos millones de euros para que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; y, por otra, impulsar un Plan Especial de Financiación dotado con al menos 10 millones de euros para dar respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este Plan Especial de Financiación, de importancia vital para ayuntamientos como Los Barrios, Barbate y La Línea, también se ha visto frustrado por los votos negativos del PP.

Las reclamaciones del Grupo Socialista, que también se hacían eco de la denuncia sindical de la falta de negociación con vistas al establecimiento de la relación de puestos de trabajo de la Diputación, recogían la necesidad de articular un plan de inversión en la red provincial de carreteras con un mínimo de siete millones de euros, así como el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos con los municipios menores de 20.000 habitantes con una dotación de 1,5 millones de euros. Estas alegaciones han sido igualmente rechazadas por el Gobierno provincial del PP, de la misma manera que lo ha sido la que pretendía que, tras la insuficiencia registrada en el Presupuesto de 2012 que motivó una modificación de crédito para atender las obligaciones de la Corporación respecto al Consorcio Provincial Contra Incendios, la aportación al mismo volviera a elevarse hasta el nivel que alcanzó en la anualidad de 2011, es decir, casi 8,3 millones de euros.

El Pleno de la Diputación debate mañana las reclamaciones socialistas al Presupuesto para 2014

José María Román asegura que “las cuentas elaboradas por el Gobierno del PP no recogen el crédito necesario para obligaciones esenciales y caen en insuficiencia de gasto para hacer frente a actuaciones previstas”

Cádiz, 19 de enero de 2014. El Pleno de la Diputación debatirá mañana lunes, en una sesión extraordinaria, las reclamaciones presentadas por el Grupo Socialista al Presupuesto para 2014 confeccionado por el Gobierno provincial del PP. El diputado socialista José María Román ha adelantado que esas cuentas “no recogen el crédito necesario para poder afrontar obligaciones esenciales de la Diputación, al tiempo que caen en una insuficiencia de gasto para hacer frente a actuaciones previstas y que deberían contar con la consiguiente dotación económica”.

José María Román ha explicado que las reclamaciones socialistas plantean que, dado “el bajo nivel de ejecución presupuestaria en los capítulos VI y VII de gastos tanto de la Diputación como del IEDT”, se realice “un ajuste del mismo que permita atender las obligaciones de asistencia a los municipios que recoge la Ley de Bases de Régimen Local y limitar las previsiones de gasto a lo realmente ejecutado en cada anualidad. Entendemos que, poniendo fin a esa exagerada y conocida de antemano previsión que se sabe no se va a cumplir y que el papel aguanta a duras penas, se conseguiría la financiación oportuna para asumir otras importantes obligaciones hacia los ayuntamientos”. 

“La principal necesidad de esta provincia, de sus pueblos y de su ciudadanía es la creación de empleo. Por ello, las reclamaciones a los Presupuestos incluyen la exigencia de la puesta en marcha de un plan de empleo real y que se traduzca en la contratación de parados con cargas familiares y en riesgo de exclusión social y de tantos jóvenes que siguen esperando una oportunidad laboral, en una provincia en la que uno de cada seis de nuestros 196.777 desempleados no ha trabajado nunca”. La propuesta socialista pasa por que ese plan de empleo, que “vaya más allá de los fuegos de artificio”, cuente con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros.

Román ha enumerado otras obligaciones de la Diputación que merecen “una mayor y mejor atención presupuestaria” por parte del Gobierno provincial del PP, que “de una vez por todas tiene que volver su mirada hacia los ayuntamientos y dar una respuesta a su alarmante situación financiera”. Entre esas demandas destaca la inclusión en los Presupuestos de una línea económica dotada con un mínimo de dos millones de euros y destinada a que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; así como la inclusión de una partida inicial de 10 millones de euros en forma de Plan Especial de Financiación que dé respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este último punto sería de gran interés, especialmente, para consistorios como La Línea, Los Barrios y Barbate.

Paralelamente, y en aras a apuntalar al tejido productivo de los pequeños pueblos, las reclamaciones del Grupo Socialista incluyen la creación de “un plan de ayuda, en forma de créditos reembolsables y dotado con un mínimo de dos millones de euros, que atienda las necesidades de tesorería o de liquidez del tejido empresarial radicado en los municipios menores de 20.000 habitantes”. “Más allá de proyectos grandilocuentes, los pueblos necesitan que la Diputación se implique en su realidad socioeconómica y que apoye a los pequeños empresarios, que son quienes sostienen el empleo en unas localidades a las que difícilmente puede llegar una gran inversión empresarial”, ha señalado.

Junto a estas reclamaciones aparece una más, ligada al mantenimiento y conservación de la red viaria provincial. “Las carreteras dependientes de la Diputación vienen sufriendo una alarmante falta de inversión por parte de un Gobierno que gasta más en anuncios publicitarios que en alquitrán, pintura y señales, que únicamente busca golpes de efecto y que en estos cuatro años de mandato muy probablemente no invertirá siquiera el equivalente a la cantidad que los socialistas invertimos en la red viaria provincial en cualquiera de las anualidades entre 2007 y 2011”, ha destacado José María Román, quien ha justificado la petición de que esa partida cuente con “una dotación mínima de siete millones de euros, la media anual que el Gobierno provincial del PSOE dedicó en el último mandato a las carreteras dependientes de la Diputación”.

Además, el Grupo Socialista plantea que el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos suscrito con los municipios menores de 20.000 habitantes alcance una dotación mínima de 1,5 millones de euros. A juicio de José María Román, esta exigencia es “muy importante para esas pequeñas localidades, en un momento en que los consistorios atraviesan una precaria situación económico-financiera”.

Las aportaciones de la Diputación al Consorcio Provincial Contra Incendios también son objeto de una reclamación. En ella se recuerda que la aportación de la Corporación en el año 2011 ascendió a casi 8,3 millones de euros, una cantidad que para la anualidad 2012 quedó reducida hasta quedar ligeramente por encima de los 6,2 millones. “Esta última cantidad estuvo tan debajo de las obligaciones previstas que, ya a lo largo de 2013, el Gobierno provincial del PP se vio obligado a aprobar una modificación de crédito para cubrir el déficit presupuestario de 2012”, ha explicado el diputado socialista, quien ha añadido que “las previsiones para este ejercicio 2014 vuelven a recoger una aportación inferior a la de 2011, lo que se traducirá nuevamente en una insuficiencia de consignación presupuestaria, por debajo de las previsiones y necesidades del Consorcio”.

Finalmente, la nómina de alegaciones se detiene también en la relación de puestos de trabajo. Respecto a ella, se recuerda que el Tribunal Supremo establece la necesidad de abrir una negociación al respecto con los representantes legales de la plantilla, “sin que pueda admitirse el mero informe o consulta a la parte sindical”. Así, José María Román ha explicado que “a tenor de lo manifestado por los propios sindicatos de la Diputación, en ningún momento se ha producido negociación alguna. A lo más que ha llegado el Gobierno provincial del PP ha sido a informarles de su decisión al respecto, con lo que entendemos que el acuerdo de aprobación es nulo de pleno derecho al no haberse constituido la mesa negociadora y no haberse producido tal negociación”.

Irene García lamenta la “cruzada personal” de Mercedes Colombo contra el proceso de consolidación de plazas en Diputación

El PSOE preguntará en el Pleno por la cobertura sanitaria de los funcionarios de la institución tras su paso al sistema general del SAS

Cádiz, 18 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha salido al paso de las declaraciones de la diputada del PP, Mercedes Colombo, tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz en torno al proceso de consolidación de empleo impulsado por el anterior Gobierno socialista en la Corporación provincial. Así, ha calificado de “inexplicables” las manifestaciones de la portavoz del PP en la Diputación, ya que “continúa intentando descalificar esa consolidación de plazas, a pesar de que el tribunal establece que, tras una modificación de su base séptima, ese proceso puede seguir adelante y que, paradójicamente, va a ser el propio Partido Popular quien la lleve a cabo”.

Irene García ha mostrado su extrañeza por el “empecinamiento” de la portavoz del PP en contra de este procedimiento. Y ha recordado que “en su momento, los dirigentes del Partido Popular con el señor Loaiza a la cabeza llegaron a decir que la consolidación de empleo pretendía servir para amparar a trabajadores que habían entrado ‘a dedo’ en la Diputación, a pesar de que contaba con el aval de los principales sindicatos de la institución. Y ahora, la señora Colombo no solo no retira aquellas palabras y continúa con su cruzada personal, sino que descalifica incluso a representantes legales de los trabajadores”.   

“En todo momento, la señora Colombo ha tratado de tirar por tierra ese proceso que solo pretende poner fin a la temporalidad del empleo en la Diputación, donde algunos trabajadores llevan más de 20 años desarrollando su actividad e incluso han alcanzado la jubilación sin que esas plazas llegaran a consolidarse. Esa es la verdadera realidad acerca de la cual debería pronunciarse, y tendría que aclarar si es partidaria de mantener o no ese nivel de inestabilidad laboral”, ha destacado. 

Irene García ha incidido en que “tratar de achacar a los socialistas un escaso rigor en la gestión del personal de la Diputación es una broma de mal gusto, máxime cuando el Gobierno provincial del PP aún no ha explicado si el cambio de régimen de cobertura sanitaria de los funcionarios de la Diputación para incorporarlos al sistema general del SAS, producida atropelladamente a comienzos de año, se ha producido con total normalidad; o si, al contrario, ha provocado que buena parte de ellos y de sus familiares directos hayan quedado sin cobertura sanitaria, lo que sería de una extrema gravedad”. En este sentido, ha anunciado que “desde el Grupo Socialista le vamos a dar la oportunidad de hacerlo, y para ello preguntaremos al presidente Loaiza en el próximo Pleno acerca de este particular. Y, en su caso, emprenderemos las consiguientes acciones en busca de depurar responsabilidades en el plano político y jurídico”. 

“El PP entiende que la relación con los trabajadores se limita a hacerse una foto mientras se homenajea a los jubilados y a quienes cumplen 20 años de servicio. Pero eso no puede tapar la congelación salarial, la amortización de plazas, el empeoramiento de las condiciones laborales, la pérdida de derechos y el desmantelamiento de un sistema de relaciones laborales fluido y fructífero, todo ello como consecuencia de una errónea concepción de los trabajadores públicos como un mal necesario”, ha señalado. 

La portavoz y secretaria general ha concluido diciendo que “escuchar a la señora Colombo asegurar que el PP jamás ha estado en contra de los trabajadores merece figurar con letras de oro en la antología del disparate. No solo ya por tantos recortes emprendidos en el propio seno de la Diputación, sino por el hecho de que el Partido Popular ya ha pasado a la historia como el autor del principal ataque a los derechos de la clase trabajadora de este país, mediante una reforma laboral que ha desmantelado importantes derechos conseguidos a base de décadas de conquistas sociales”.

El PSOE presenta reclamaciones a unos Presupuestos que no garantizan siquiera el cumplimiento de obligaciones de la Diputación

José María Román lamenta que un Gobierno con mayoría absoluta elabore las cuentas “mas tarde que nunca” y denuncia que el PP ha sido “incapaz” de recoger “compromisos exigibles” a lo largo del ejercicio

Cádiz, 16 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado reclamaciones al Presupuesto elaborado por el Gobierno provincial del PP para 2014, ya que esas previsiones económicas “incumplen lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, porque omiten el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones que le son propias y muestran una insuficiencia de gasto en torno a actuaciones previstas y que forman parte de sus competencias”. Así se ha manifestado el diputado socialista José María Román, quien ha destacado que “además de haber llevado al Pleno más tarde que nunca los Presupuestos para su aprobación inicial, este Gobierno del PP con mayoría absoluta en la Corporación ha sido incapaz de reflejar en ellos las obligaciones que le serán exigibles a lo largo del ejercicio”.

Las reclamaciones planteadas por el Grupo Socialista hacen referencia al “bajo nivel de ejecución presupuestaria que se viene observando en los capítulos VI y VII de gastos de la Diputación, así como a los correspondientes del IEDT”. En este sentido, “planteamos que se realice un ajuste que permita tanto cumplir con las obligaciones de asistencia a los municipios recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local como ajustar las previsiones de gasto a lo realmente ejecutado año tras año”. “Carece de sentido presupuestar anualmente cantidades que se sabe que no se van a gastar. Al contrario, como se recomienda para el mejor gobierno, los gastos deberían plantearse de forma plurianual, lo que además permitiría lograr financiación para afrontar otras obligaciones de asistencia a los municipios”, ha explicado José María Román. 

El diputado socialista ha asegurado que “la principal necesidad de esta provincia, de sus pueblos y de su ciudadanía es la creación de empleo. Por ello, las reclamaciones a los Presupuestos incluyen la exigencia de la puesta en marcha de un plan de empleo real y que se traduzca en la contratación de parados con cargas familiares y en riesgo de exclusión social y de tantos jóvenes que siguen esperando una oportunidad laboral, en una provincia en la que uno de cada seis de nuestros 196.777 desempleados no ha trabajado nunca”. La propuesta socialista pasa por que ese plan de empleo, que “vaya más allá de los fuegos de artificio”, cuente con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros.

Román ha enumerado otras obligaciones de la Diputación que merecen “una mayor y mejor atención presupuestaria” por parte del Gobierno provincial del PP, que “de una vez por todas tiene que volver su mirada hacia los ayuntamientos y dar una respuesta a su alarmante situación financiera”. Entre esas demandas destaca la inclusión en los Presupuestos de una línea económica dotada con un mínimo de dos millones de euros y destinada a que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; así como la inclusión de una partida inicial de 10 millones de euros en forma de Plan Especial de Financiación que dé respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este último punto sería de gran interés, especialmente, para consistorios como La Línea, Los Barrios y Barbate.

Paralelamente, y en aras a apuntalar al tejido productivo de los pequeños pueblos, las reclamaciones del Grupo Socialista incluyen la creación de “un plan de ayuda, en forma de créditos reembolsables y dotado con un mínimo de dos millones de euros, que atienda las necesidades de tesorería o de liquidez del tejido empresarial radicado en los municipios menores de 20.000 habitantes”. “Más allá de proyectos grandilocuentes, los pueblos necesitan que la Diputación se implique en su realidad socioeconómica y que apoye a los pequeños empresarios, que son quienes sostienen el empleo en unas localidades a las que difícilmente puede llegar una gran inversión empresarial”, ha señalado.

Junto a estas reclamaciones aparece una más, ligada al mantenimiento y conservación de la red viaria provincial. “Las carreteras dependientes de la Diputación vienen sufriendo una alarmante falta de inversión por parte de un Gobierno que gasta más en anuncios publicitarios que en alquitrán, pintura y señales, que únicamente busca golpes de efecto y que en estos cuatro años de mandato muy probablemente no invertirá siquiera el equivalente a la cantidad que los socialistas invertimos en la red viaria provincial en cualquiera de las anualidades entre 2007 y 2011”, ha destacado José María Román, quien ha justificado la petición de que esa partida cuente con “una dotación mínima de siete millones de euros, la media anual que el Gobierno provincial del PSOE dedicó en el último mandato a las carreteras dependientes de la Diputación”.
Además, el Grupo Socialista plantea que el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos suscrito con los municipios menores de 20.000 habitantes alcance una dotación mínima de 1,5 millones de euros. A juicio de José María Román, esta exigencia es “muy importante para esas pequeñas localidades, en un momento en que los consistorios atraviesan una precaria situación económico-financiera”.
Las aportaciones de la Diputación al Consorcio Provincial Contra Incendios también son objeto de una reclamación. En ella se recuerda que la aportación de la Corporación en el año 2011 ascendió a casi 8,3 millones de euros, una cantidad que para la anualidad 2012 quedó reducida hasta quedar ligeramente por encima de los 6,2 millones. “Esta última cantidad estuvo tan debajo de las obligaciones previstas que, ya a lo largo de 2013, el Gobierno provincial del PP se vio obligado a aprobar una modificación de crédito para cubrir el déficit presupuestario de 2012”, ha explicado el diputado socialista, quien ha añadido que “las previsiones para este ejercicio 2014 vuelven a recoger una aportación inferior a la de 2011, lo que se traducirá nuevamente en una insuficiencia de consignación presupuestaria, por debajo de las previsiones y necesidades del Consorcio”.

Finalmente, la nómina de alegaciones se detiene también en la relación de puestos de trabajo. Respecto a ella, se recuerda que el Tribunal Supremo establece la necesidad de abrir una negociación al respecto con los representantes legales de la plantilla, “sin que pueda admitirse el mero informe o consulta a la parte sindical”. Así, José María Román ha explicado que “a tenor de lo manifestado por los propios sindicatos de la Diputación, en ningún momento se ha producido negociación alguna. A lo más que ha llegado el Gobierno provincial del PP ha sido a informarles de su decisión al respecto, con lo que entendemos que el acuerdo de aprobación es nulo de pleno derecho al no haberse constituido la mesa negociadora y no haberse producido tal negociación”.

“El Gobierno del PP en Diputación consigue lo imposible y supera día a día sus niveles de sectarismo y deslealtad”

Irene García censura que los populares obvien al Ayuntamiento y “vendan como un éxito de gestión cumplir, menos que a medias y casi tres años después, el compromiso con Benalup y los Sucesos de 1933”

Cádiz, 12 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado que “cada día que pasa, el Gobierno del PP en la Corporación provincial está consiguiendo algo que parecía imposible, como es superar sus alarmantes niveles de sectarismo y de deslealtad hacia otras instituciones que no están gestionadas por ese partido”. Así, ha destacado que “esa absoluta falta de respeto a otras Administraciones no solo se viene demostrando con unas cotas alarmantes de partidismo a la hora de primar a los municipios gobernados por el propio PP, en detrimento de aquellos otros gestionados por socialistas; sino que el espíritu sectario que mueve toda la actividad de la Diputación se extiende incluso a las contadas materializaciones en esos pueblos cuyos alcaldes y alcaldesas no comparten su color político”.

Irene García se ha referido así al anuncio, por parte del Gobierno provincial, de la licitación del proyecto para la puesta en marcha en Benalup del Espacio Conmemorativo de la Fundación Municipal Casas Viejas 1933, “una iniciativa comprometida durante la etapa de gestión del PSOE en la Diputación, reiteradamente exigido por la alcaldesa socialista, Amalia Romero, durante los dos años y medio que el PP lleva al frente de la entidad supramunicipal, y que ahora ha sido publicitada a los cuatro vientos sin siquiera haber hecho partícipe previamente de ello al propio Ayuntamiento, como marcan las más elementales normas de respeto entre instituciones”. 

“La alcaldesa está cargada de razón cuando lamenta una deslealtad institucional tan gratuita como innecesaria en una materia en la que, al menos mientras los socialistas gestionábamos la Diputación, ambas Administraciones fuimos en todo momento de la mano”, ha señalado, para añadir que “muy al contrario de lo que sucedía entonces, ahora el PP ha apostado por una forma ventajista de actuar, tal vez para tratar de acallar el escándalo que suponía que se alcanzara una nueva conmemoración del Aniversario de los Sucesos y que se cumplieran ya casi tres años sin haber sido capaz de materializar los compromisos adquiridos con respecto a esta efemérides”.

La portavoz y secretaria general ha recordado que el compromiso que el anterior Gobierno socialista en la Diputación adoptó en el tramo final del pasado mandato incluía tanto el referido Espacio Conmemorativo de la Fundación Casas Viejas 1933, con un coste que rondaba los 200.000 euros, como un equipamiento cultural que debía radicarse en el Centro 20 de Marzo, cuyo presupuesto rondaba el medio millón de euros y del que aún nada se sabe. “El anuncio precipitado por parte del Gobierno del PP parece más una cortina de humo con la que intentar tapar sus vergüenzas ante la incapacidad de asumir el compromiso íntegro con Benalup y con la memoria de los sucesos de 1933 que un reflejo de su voluntad de involucrarse con este importante episodio de la historia de esa localidad y de esta provincia”, ha señalado Irene García.

“Al Gobierno provincial del PP y al presidente Loaiza les debe parecer un enorme mérito de gestión cumplir, menos que a medias y casi tres años después, un compromiso que han venido eludiendo sistemáticamente pese a las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento”, ha afirmado. Y ha exigido a los actuales rectores de la Diputación que “de una vez por todas, asuman la totalidad de ese compromiso, y que lo hagan además a través del diálogo y de la lealtad institucional”.

En cualquier caso, Irene García ha mostrado “serias dudas” acerca del auténtico grado de compromiso del Gobierno provincial del PP tanto con los Sucesos de 1933 en particular como con la localidad de Benalup en general. Y ha concluido recordando que “la realidad es tozuda y, como ha señalado la propia alcaldesa, la implicación de la Diputación con la conmemoración de 2013 únicamente se tradujo en una colaboración de 2.000 euros, una exigua aportación económica que, además, no se ha materializado hasta hace apenas unas pocas fechas”.

“La grosera puesta en escena del patrocinio de la Vuelta a España es un nuevo síntoma del sectarismo del PP en la Diputación”

Irene García: “La foto bochornosa de cinco alcaldes populares, pagada con dinero de todos los pueblos y toda la ciudadanía de la provincia, revela el uso partidista de una institución que ha perdido su norte”   

Cádiz, 8 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado la “grosera puesta en escena del patrocinio de la Vuelta a España”, un episodio que “supone un síntoma evidente, el enésimo en estos dos años y medio, del sectarismo del PP al frente de la institución”. “La constante utilización de todos los resortes institucionales, puestos al servicio de unas siglas políticas, alcanzó ayer un grado de auténtica astracanada. Porque solo así puede calificarse la comparecencia de hasta cinco alcaldes del PP, cuatro de ellos de grandes ciudades y encabezados por el presidente de la Diputación, en busca de una foto y de obtener rentabilidad partidista”, ha señalado.

Irene García ha destacado que “si bien este episodio solo es uno más en la constante estrategia de primar a los municipios gestionados por el PP y de facilitar a sus alcaldes y alcaldesas todos los mecanismos institucionales que deberían estar al servicio de la totalidad de ellos, la obscena estampa vivida ayer en el salón de plenos supone que se ha alcanzado un nuevo estadio, el de la pérdida absoluta del pudor”.

“Sin entrar a valorar si este es el momento idóneo para que la Diputación destine del orden de 400.000 euros a ese patrocinio o si ese dinero debería destinarse a finalidades con un efecto social más directo como un plan de empleo que traiga consigo la contratación de personas sin empleo y en riesgo de exclusión social, la foto bochornosa de cinco alcaldes del PP pagada con dinero de todos los pueblos y toda la ciudadanía de la provincia revela el uso partidista de una institución que, a fuerza de las constantes contradicciones de su máximo responsable en virtud de las conveniencias de su propio partido, ha perdido su norte”, ha explicado.

La portavoz y secretaria general se ha referido al “constante baile de la yenka al que el presidente Loaiza nos ha acostumbrado durante este tiempo. Porque mientras al inicio del mandato decía que asuntos como la cultura, el turismo y el deporte no eran competencia de la Diputación, ahora se erige como el gran defensor del millonario patrocinio de la Vuelta a España”. De esta manera, “el máximo responsable de la Diputación es presa de sus contradicciones, especialmente porque una cosa es lo que dice y otra muy diferente lo que hace cuando hay por medio ayuntamientos gestionados por el Partido Popular”.

“El PP ha sumido a la Diputación en tal cúmulo de contradicciones y disparates y en un sectarismo tan exagerado que el propio director general de la Vuelta a España llegó incluso a agradecer ayer el papel desempeñado por el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, para que esta iniciativa sufragada con fondos públicos salga adelante”, ha asegurado la portavoz y secretaria general. Así, ha incidido en que “el directivo de la Vuelta ha puesto el dedo en la llaga, porque realmente parece que quien decide qué se hace y qué no se hace en la Diputación no es el presidente Loaiza, sino su jefe en su partido, el señor Sanz”.

“Resulta sumamente extraño que el Gobierno provincial del PP, que desde que tomó posesión hace más de dos años y medio no ha sido capaz de conseguir los dos millones de euros que consignó en los Presupuestos de la Diputación de 2012 para poner en marcha un plan de empleo en el momento en que nuestra provincia ha batido todos los récords de paro, haya podido reservar 400.000 euros sin dificultad aparente para un asunto de menor urgencia social”, ha afirmado. Y ha concluido destacando que “a la luz del grado de saneamiento de las cuentas de la Corporación provincial que demuestra esta decisión, esperamos que los diputados y diputadas del Partido Popular actúen en consecuencia y respalden las alegaciones que el Grupo Socialista va a presentar en los próximos días a unos Presupuestos para 2014 que, una vez más, han olvidado incluir un plan de empleo que lleve consigo la contratación de desempleados de nuestros pueblos”.

“Loaiza envía a algunos municipios una flota de rescate a costa de todos y otros apenas reciben un flotador pagado por los propios consistorios”

Irene García lamenta que “el PP ha descubierto en el Servicio Provincial de Recaudación una herramienta para su uso discrecional, atendiendo exclusivamente a criterios de conveniencia partidista”

Cádiz, 5 de diciembre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha calificado de “frivolidad” las manifestaciones del presidente de la Corporación provincial en las que este aseguraba que el ente supramunicipal está actuando como ‘salvavidas económico’ de los consistorios gaditanos. “El presidente Loaiza no ha podido utilizar un símil más desafortunado, ya que la actuación del Gobierno provincial del PP es lo más alejado de una acción de rescate para los ayuntamientos. Porque, lejos de centrarse en atender de manera prioritaria a aquellos que se encuentran en un mayor peligro, prima sistemáticamente a los que están gobernados por su mismo partido”, ha señalado.

“El Partido Popular ha descubierto en el Servicio Provincial de Recaudación una herramienta para su uso discrecional, atendiendo exclusivamente a criterios de estrategia partidista. Porque, por más que su propaganda quiera hacer ver lo contrario, los impuestos y tasas que la Diputación recauda en virtud de los convenios con los ayuntamientos son derechos de los propios consistorios. De ahí que las transferencias posteriores a las municipios no respondan a la eficacia ni a la magnanimidad del Gobierno del PP sino a una mera cuestión de justicia”, ha dicho. 

Irene García ha afirmado que “a lo largo de estos dos años y medio de mandato, ha habido ayuntamientos gestionados por el PP a los que el presidente Loaiza y el Gobierno provincial del PP han enviado sistemáticamente toda una flota de rescate a costa de todos cada vez que se ha levantado el más mínimo oleaje”. En este sentido, ha destacado lo sucedido con el Ayuntamiento de Jerez, “al que se le consintió romper el convenio de recaudación con la Diputación cuando el saldo de adelantos era enormemente favorable para el Consistorio, permitiéndole además un plazo de devolución que se prolongará durante varias décadas, sin importar que otros municipios pequeños deban padecer las consecuencias de ese quebranto”.

“Por el contrario, los municipios gestionados por el PSOE se las han visto y se las han deseado para conseguir que las cantidades correspondientes al pago de los impuestos y tasas por parte de sus propios ciudadanos lleguen puntualmente a sus arcas para poder atender, por ejemplo, a su obligación de afrontar la nómina de sus trabajadores”, ha afirmado. Siguiendo con la comparación que proponía Loaiza, ha añadido que “a los ayuntamientos socialistas apenas se les ha mandado un flotador para que se agarren a duras penas, un flotador que además ha sido pagado por esos mismos consistorios. Y todo ello cuando deberían disponer de importantes medios de salvamento que la Diputación guarda bajo llave y gestiona con cuentagotas, en virtud de criterios que nada tienen que ver con la lealtad institucional”.

La portavoz y secretaria general ha destacado que “resulta paradójico que el presidente Loaiza admita ahora que el principal problema de los ayuntamientos es su falta de liquidez, después de que hace apenas dos semanas, en el Pleno del 21 de diciembre, votase en contra de dos propuestas del PSOE para que los Presupuestos de la Diputación para 2014 incluyesen sendas iniciativas en este sentido”. De esta manera, se ha referido a la necesidad de articular una línea de ayuda dotada con dos millones de euros para que las localidades menores de 20.000 habitantes atiendan a sus gastos corrientes; y al impulso de un Plan Especial de Financiación, dotado con un mínimo de 10 millones de euros, para que los ayuntamientos de mayor población que registran “especiales problemas de liquidez que les impiden afrontar el día a día de su gestión municipal” (como La Línea, Barbate y Los Barrios), puedan dar respuesta a sus obligaciones económicas.

“Loaiza se ha permitido decir que la Diputación está garantizando que los trabajadores de Barbate, Los Barrios y La Línea puedan cobrar sus nóminas, cuando sabe perfectamente que el dinero con el que se están abonando sus salarios corresponde en justicia a esos ayuntamientos”, ha dicho. Y ha concluido destacado la “desfachatez” que supone “atribuirse como un mérito lo que no es más que el habitual funcionamiento de las instituciones, que deben asentar su actuación en la lealtad en lugar de apoyarse en criterios y estrategias partidistas”.

“Loaiza se permite decir que el paro fue lo peor de 2013 pero lleva más de dos años haciendo el don Tancredo y negando un plan de empleo”

Irene García lamenta la “autocomplacencia” en el “triunfalista balance” de un Gobierno provincial “alejado de la realidad” y que “hace constante dejación de sus responsabilidades” 

La portavoz y secretaria general coincide con el presidente de Diputación en que “nuestro principal problema es el desempleo”, pero denuncia la falta de “una respuesta eficaz en consecuencia”

Cádiz, 2 de enero de 2014. La secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha lamentado el “inaudito tono de autocomplacencia” del balance de 2013 realizado por el presidente de la Corporación provincial, “alejado del más mínimo espíritu crítico hacia su gestión en la institución y hacia las políticas que su partido viene impulsando a todos los niveles, que no solo no están contribuyendo a aminorar los efectos de la crisis económica sino que los están agravando para amplias capas de la sociedad gaditana”.

“El presidente Loaiza se permite decir que lo peor de 2013 fue el desempleo, pero calla que desde esa responsabilidad lleva más de dos años negándose a la aprobación de un plan de empleo que atienda la situación de auténtica alarma social que se vive en nuestros pueblos”, ha asegurado. Y ha añadido que “los aproximadamente 200.000 desempleados de esta provincia, la mitad de los cuáles no percibe ya prestación económica alguna, no pueden compartir con el presidente Loaiza que 2013 ha sido un año esperanzador, entre otras cosas por la incapacidad de un Gobierno de la Diputación alejado de la realidad”.

Irene García ha llamado la atención sobre lo “insólito” de que el titular de la Diputación asegure que lo peor del pasado año ha sido el paro y que, “simultáneamente, lleve dos años y medio negando un plan de empleo y haciendo el don Tancredo ante un problema que exige la máxima implicación de todas las Administraciones y que precisa de la atención preferente de la Diputación hacia los pequeños municipios, que son su auténtica razón de ser. El presidente de la Diputación, instalado en una constante política de fuegos artificiales sin traducción alguna en la atención a los pueblos ni en la calidad de vida de los gaditanos y las gaditanas, lleva más de dos años desoyendo la principal demanda de esta provincia, como es la puesta en marcha de un plan de empleo que se traduzca en contrataciones y que él mismo ha venido negando sistemáticamente”.

“El año recientemente finalizado no solo no ha traido consigo motivo alguno para la esperanza de miles de familias gaditanas y para los pueblos de esta provincia, sino que ni siquiera ha asistido a la puesta en marcha de alguna medida en esa dirección. Lejos de ello, el Gobierno del PP en la Diputación sigue sin poner en marcha un plan de formación de desempleados presentado hace ya 14 meses, ha estado a punto de perder millones de euros en inversiones ya presupuestadas que ha debido reorientar a través de un reparto sectario que perjudica a los pequeñas localidades y mantiene una alarmante dejación de responsabilidades”, ha dicho.  

Irene García ha hecho hincapié en que “lejos de revestirse de su papel institucional en defensa de esta provincia, de sus ciudadanos y de sus municipios, el presidente Loaiza prefiere seguir actuando como portavoz del PP y como defensor del Gobierno de Rajoy. De ahí tanto sus permanentes justificaciones de todo lo que hace su partido y como su preocupante ausencia de liderzgo en materias clave, como la defensa de nuestro sector naval”.

De esta manera, la secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista ha concluido destacando que “a falta de que mañana se conozcan los datos del paro registrado al cierre de 2013, las últimas estadísticas recogen que los casi 200.000 desempleados con los que cuenta esta provincia, y especialmente aquellos que viven en los municipios de menor población, no reciben la más mínima atención por parte de la Diputación. La realidad es tozuda y demuestra que, por mucho que su presidente se muestre satisfecho, esa institución sigue sin dar una respuesta eficaz en consecuencia con la gravedad de nuestro principal problema, que sin duda alguna continúa siendo el desempleo”.