El PSOE censura los “bandazos” y la “errática política” en materia turística del PP

Irene García destaca, en coincidencia del Día Mundial del Turismo, que “los empresarios y los trabajadores son la mejor garantía de calidad de un sector que ha sido dejado de lado por parte de la Diputación” 

Cádiz, 29 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha denunciado la “errática política en materia turística y de promoción de esta provincia” que viene desarrollando el Gobierno del PP en el ente supramunicipal. Tras haberse conmemorado el viernes el Día Mundial del Turismo y en vísperas de que Diputación entregue mañana su premio anual con tal motivo, la portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha destacado que “por fortuna para esta provincia, los empresarios y trabajadores del sector son las principales fortalezas y los mejores embajadores de Cádiz. Su esfuerzo y su apuesta por la calidad son sin duda la mayor de las garantías, aunque desgraciadamente han sido dejados de lado por parte de un Gobierno provincial que sigue sin tener claro su papel como dinamizador de esa actividad que es clave para la economía y el empleo”. 

De esta manera, Irene García ha lamentado que “después de haber anunciado hace dos años la puesta en marcha de un Plan Provincial de Turismo dotado con una inversión superior a los 12 millones de euros y que pretendía crear del orden de 4.000 empleos, el Gobierno del señor Loaiza no solo no ha materializado esa propuesta sino que en el Pleno del pasado mes de julio votó en contra de llevarla a cabo a la mayor brevedad, como le demandábamos desde el Grupo Socialista”. 

“El Gobierno provincial lleva dos años de bandazos en todo lo que tiene que ver con su política turística. El presidente Loaiza dijo en su discurso de investidura que el turismo iba a ser una de las prioridades de su mandato. Poco después, aseguró que el turismo no era competencia de Diputación. Y, por lo que parece, el PP sigue sin aclararse al respecto, lo que se está traduciendo en un importante perjuicio para la provincia como destino turístico de calidad y como motor de nuestro sistema productivo”, ha señalado.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha manifestado que “hace hoy un año, la conmemoración del Día del Turismo fue una clara manifestación del creciente distanciamiento entre el Gobierno provincial y el sector, debido por ejemplo al abandono de la senda de diálogo y colaboración que caracterizó la gestión socialista. Las demoras en la convocatoria de la junta general del Patronato Provincial de Turismo, que han llegado a superar ampliamente el medio año, han obligado incluso a que desde el propio Grupo Socialista debiéramos exigir que se recuperase la normalidad en su funcionamiento”. En este sentido, ha añadido que “el sector empresarial de esta provincia es lo suficientemente maduro como para no tener que admitir los trágalas que plantea de forma constante el Gobierno del PP, más acostumbrado a imponer que a dialogar”.

Además, Irene García ha lamentado que “los recortes económicos impulsados desde la Corporación provincial están teniendo un resultado muy negativo en la promoción del destino”. Y ha recordado que la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos de la Diputación correspondientes a 2012 ha puesto de manifiesto un bajo nivel de ejecución y una “muy escasa gestión en el seno del Patronato Provincial de Turismo, que dejó sin ejecutar hasta 1,1 millones de euros recogidos en sus previsiones de inversión para ese año”. 

“Ya en la aprobación de los Presupuestos para 2012 el Gobierno provincial había rechazado las reclamaciones planteadas por el PSOE, que pretendía evitar el recorte de dos millones de euros en las transferencias a la empresa Tugasa, una herramienta clave en la estrategia turística de la  Diputación y en el modelo de desarrollo rural de muchos de nuestros pueblos”, ha señalado Irene García. A otro nivel pero dentro de una actitud general de desprecio al sector, “el PP también se opuso en el Pleno a nuestra propuesta de que el Centro de Desarrollo Tecnológico del Turismo de Chiclana (Tecnotur) recibiese una aportación de 200.000 euros”.

La portavoz y secretaria general ha señalado que “el papel institucional de la propia Diputación está quedando más que en entredicho bajo la gestión del PP. Porque aún se recuerda el espantoso ridículo protagonizado por el presidente Loaiza cuando, movido por el oportunismo, dio por confirmadas unas conexiones entre el aeropuerto de Jerez y distintos puntos de España y de Europa que no estaban en absoluto cerradas y de las que después no se ha tenido ya más noticias”. 

En referencia al aeródromo jerezano, ha destacado que “por primera vez en los diez últimos años, 2012 se cerró por debajo del millón de pasajeros, una tendencia negativa que se ha acentuado en el primer semestre de 2013. Por desgracia, estos malos datos han sido simultáneos con una absoluta ausencia de iniciativa o de reivindicación hacia el papel que debe desempeñar esta infraestructura, que es la principal puerta de visitantes a nuestra provincia”.

“Mientras los socialistas gobernábamos la Diputación se alzaban voces procedentes del PP que exigían una mayor implicación con nuestro aeropuerto, a pesar de que esta institución era entonces su principal defensora. Curiosamente, esas voces dejaron de escucharse en el mismo momento en que tomó posesión el señor Loaiza. Y, por más negativa que ha sido desde entonces la evolución de los datos del aeropuerto, con el PP también al frente del Gobierno de la Nación, el silencio desde ese partido y desde la propia Diputación ha continuado siendo sepulcral”, ha concluido.

El PSOE logra el apoyo unánime del Pleno a las demandas de carga de trabajo de la plantilla de Navantia

Irene García destaca que los trabajadores de los astilleros “se están convirtiendo en la principal defensa de un sector estratégico para el desarrollo socioeconómico y para el empleo”

Irene García, en la bancada del Grupo Socialista
Cádiz, 25 de septiembre de 2013. El Pleno de la Diputación ha aprobado este mediodía una propuesta del Grupo Socialista presentada por vía de urgencia en respaldo de las peticiones de carga de trabajo que viene realizando la plantilla de los tres astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz. Además, de forma expresa, recoge el apoyo a la movilización convocada para mañana jueves con esta finalidad, e insta a la ciudadanía a secundarla.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado la importancia de “apoyar las legítimas reclamaciones de un colectivo de trabajadores que se está convirtiendo en la principal defensa de un sector estratégico para el desarrollo socioeconómico y para el empleo de esta Bahía y de esta provincia, y que como tal merece el máximo apoyo por parte de las Administraciones Públicas”.

La propuesta socialista insta a la Diputacion a respaldar “la reclamación de carga de trabajo para los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, apoyando pública y expresamente la movilización convocada mañana por los trabajadores del grupo estatal de construcción naval, e instando a la ciudadanía de la comarca y del conjunto de la provincia a participar en la misma”.

Igualmente, recaba la “más firme oposición” de la Corporación provincial a “cualquier intención de los responsables de la empresa pública Navantia de hacer recaer sobre sus trabajadores su incapacidad de conseguir contratos que aseguren la necesaria actividad para la empresa, rechazando en todo caso cualquier repercusión negativa para la plantilla, ya sea en forma de reducción salarial o en pérdida de derechos laborales”.

La nómina de acuerdos incluidos en la propuesta socialista incuye aprovechar tanto los canales comunicativos de la Diputación como los acuerdos publicitarios o de patrocinio con los distintos medios de comunicación para garantizar la máxima difusión de ese respaldo y de esa convocatoria.

Finalmente, se plantea dar traslado de los mismos a los comités de empresa de las tres factorías de Navantia en la Bahía, a la Presidencia de Navantia, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Defensa. Además, se plantea remitir a todas esas entidades “el contenido del acuerdo institucional tomado por este Pleno en su sesión del mes de abril de 2012, en el que se exigía al Ministerio de Defensa que realizara los trámites necesarios para llevar a cabo la ejecución de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM), así como proceder al pago de los buques que ya habían sido entregados en aquel momento”.

El PP rechaza becar a los universitarios que han perdido la ayuda estatal por los recortes de Rajoy

El Gobierno frustra la defensa de La Almoraima como un patrimonio público, impide la condena del franquismo y endosa a los pueblos la responsabilidad de gestionar el plan de formación de desempleados 


Diego Sánchez Rull habla con Irene García durante el Pleno
Cádiz, 25 de septiembre de 2013. El Gobierno provincial del PP ha rechazado la propuesta del Grupo Socialista de que la Corporación provincial becara a aquellos universitarios gaditanos que han perdido las ayudas al estudio como consecuencia de los recortes impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y materializados por el ministro Wert.

Antonio González Carretero, el diputado socialista encargado de la defensa de la propuesta, ha recordado que las nuevas condiciones de acceso a esas becas universitarias, dependientes de la Administración estatal, “provocarán consecuencias muy negativas para miles de estudiantes” y ha recordado que, según datos de la Conferencia de Rectores, la ‘reforma Wert’ acarreará la pérdida de un tercio de las becas existentes. Además, citando a esa misma fuente, ha advertido de que “el 66 por ciento de los alumnos que venían recibiendo esa ayuda económica admiten que, si la pierden, tendrán que abandonar su formación”.

“El desmantelamiento de las becas universitarias no responde a unos simples recortes económicos, sino que es consecuencia del modelo de sociedad y de Estado que tiene el PP, que simplemente no cree en lo público y que no puede tolerar que el hijo de un albañil pueda acudir a la universidad”, ha señalado Antonio González Carretero, quien ha destacado que “el PP está legislando en contra de la universidad pública” y que “la primera suspensión de un acto oficial de inicio del curso en 695 años de historia se ha producido como consecuencia del miedo del ministro Wert, que sabe que está legislando en contra de toda la comunidad universitaria”.

Frente a esta reforma ideológica camuflada bajo falsos criterios económicos, el diputado socialista ha destacado la actuación responsable de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, ya que la puesta en marcha de las becas Adriano hará posible ofrecer una cobertura de 1.500 euros a aquellos estudiantes de enseñanzas medias que pierdan su asignación estatal. “Por desgracia, la Junta carece de competencias para fijar una medida similar en el ámbito universitario, y el PP impide ahora que la Diputación firme un convenio con la Universidad de Cádiz con vistas a poner en marcha un programa de ayudas al estudio para becar a aquellos estudiantes gaditanos que vayan a perder esa ayuda estatal por decisión del Gobierno de la Nación”, ha señalado.

La “especial vigilancia” respecto a la privatización de La Almoraima 

Por otra parte, los votos negativos del PP han impedido también la aprobación de una propuesta socialista que reclamaba el respaldo de la Diputación para que la finca La Almoraima, en Castellar, permanezca en manos públicas, de manera que se evite la intención del ministro Arias Cañete de privatizar ese patrimonio de todos. El diputado Diego Sánchez Rull ha destacado la “enorme importancia de que La Almoraima se mantenga en manos públicas”, ya que sus diferentes aprovechamientos, “compatibles con unos criteros de sostenibilidad”, ofrecen empleo directo a medio centenar de personas y son fuente de desarrollo para la zona.

Diego Sánchez Rull ha lamentado el sentido de voto negativo de los diputados y diputadas del PP, y ha anunciado que los representantes institucionales del PSOE a todos los niveles van a estar “especialmente vigilantes ante los intensos rumores que ya circulan por Castellar en torno a una adjudicación de esa finca a una familia de rancio abolengo”. Paralelamente, ha rechazado que esa privatización impulsada por el Gobierno de la Nación pueda ser compatible con un desarrollo ordenado de los recursos naturales de la misma, ya se ha referido de manera expresa a la existencia de “un proyecto que plantea en ese lugar la puesta en marcha de un helipuerto, de dos campos de golf y más de 4.000 viviendas turísticas, dentro de un modelo que no tiene nada de sostenible”.

Los planes de formación de desempleados, sobre los ayuntamientos

El diputado y viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Moscoso, ha sido el encargado de defender una propuesta que reclamaba al Gobierno provincial que asumiese la gestión directa en los pequeños municipios de las acciones integradas en el plan de formación de desempleados anunciado el pasado mes de noviembre, dotado con una inversión de siete millones de euros para 2013 y que aún no se ha comenzado a ejecutar. “Es de todo punto inadmisible que el PP haya tardado casi un año en firmar 44 convenios con los municipios de la provincia y no haya sido capaz de que este programa, centrado en una materia tan sensible como la mejora de la capacitación y de la empleabilidad de parados, eche a andar hasta el momento, máxime cuando con él se pretendía primar a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social”, ha dicho.

Alfonso Moscoso ha denunciado que la modificación de los criterios inicialmente establecidos para el funcionamiento de este programa “deja toda la responsabilidad de la ejecución del mismo sobre unos ayuntamientos que carecen de los medios y del personal necesario para asumir una gestión tan complicada como la que requieren los fondos europeos con los que se financia”. Finalmente, los diputados y diputadas del PP han votado en contra de esta propuesta que, en consecuencia, ha sido rechazada por el Pleno.

Sin apoyo a la investigación de los crímenes del franquismo

Igual suerte ha corrido la iniciativa del Grupo Socialista que pretendía obtener una condena expresa de los crímenes de la dictadura de Franco por parte de la Diputación, así como la adhesión de la Corporación supramunicipal a que el 18 de julio pase a ser considerado el ‘Día Oficial de Condena al Franquismo’. María Naval, la diputada que ha intervenido para defenderla, ha lamentado la prolongada represión que siguió al “golpe de Estado de Franco y a la Guerra Civil” a partir de “una concepción de exterminio del adversario político”.

A pesar de que la diputada ha recordado durante su discurso que “la Ley 52/2007. de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria histórica, recoge entre sus principios el rechazo y la denuncia de la dictadura por parte de las instituciones”, los votos negativos del Gobierno provincial han impedido que prosperase esta iniciativa, que igualmente planteaba la adhesión de la Diputación a la querella 4591-10 que la magistrada argentina María Serviní de Cubría mantiene por delitos de genocidio y lesa humanidad contra la conculcación de derechos humanos durante esa reciente etapa de nuestra historia.

El PSOE exige a Loaiza que “encabece la defensa de la provincia contra el dragado del Guadalquivir”

Irene García dice que “la voz de Cádiz debe escucharse como se escuchan las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae en el presidente de Diputación” 

Diputados y diputadas socialistas, durante el Pleno
Cádiz, 25 de septiembre de 2013. La única propuesta del Grupo Socialista que ha logrado el respaldo del Pleno de la Diputación en la sesión plenaria de esta mañana ha sido la que planteaba el rechazo del proyecto de dragado del río Guadalquivir, una iniciativa necesaria para aumentar los tráficos del puerto fluvial de Sevilla que acarreará “graves perjuicios ambientales y enormes daños para nuestro tejido económico”. 

La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha sido la encargada de defender esta iniciativa, que ha resultado aprobada por unanimidad, con una intervención en la que ha denunciado que “el dragado del Guadalquivir traerá consigo importantes efectos sobre el delicado equilibrio natural del río y sus inmediaciones, con una evidente repercusión en Doñana”. Paralelamente, “el cambio en esa situación derivará en un cambio en las condiciones del agua y en su salinidad que acarreará consecuencias negativas para la pesca y para el sector agrario a lo largo de su margen izquierda. Sin embargo, para el Gobierno de la Nación y para el ministro Arias Cañete parece que la única preocupación son los arroceros de la provincia de Sevilla”. De ahí que haya reclamado al presidente de la Diputación que asuma el mandato de la Corporación y “encabece la defensa de la provincia contra el dragado del Guadalquivir”.

Irene García ha recordado que el pasado mes de abril el Pleno de la Diputación ya mostró su rechazo a ese posible dragado, pero ha defendido la oportunidad de impulsar este nuevo acuerdo institucional, toda vez que “durante el pasado verano se han producido nuevos e importantes acontecimientos como la aprobación de una nueva Zona Franca en terrenos portuarios de Sevilla, un proyecto para el que es básico que se realice esta actuación sobre el río”. “A lo largo de todo este tiempo no hemos escuchado ni una sola voz procedente del PP de la provincia que se haya manifestado en contra de ese dragado o que haya recordado que existe un acuerdo institucional que lo rechaza de plano”, ha explicado.

“Hace unos meses, esta Diputación mostró su rechazo al dragado del Guadalquivir, pero es evidente que hay que dar un paso más y que el presidente Loaiza debe abanderar la oposición frontal de esta provincia a ese proyecto”, ha dicho la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha incidido en que “a esta provincia, a sus agricultores, a sus pescadores, a la comunidad portuaria que verá reducida su actividad por el desvío de tráficos hacia las dársenas sevillanas y a la riqueza ambiental que representa todo el entorno del cauce del río y de Doñana no le basta con que se levante la mano en el Pleno y se apruebe casi por obligación una propuesta ante la que es imposible quedarse fuera. Lo que esta provincia necesita no es eso, sino que se escuche su voz como se están escuchando las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae sobre el señor Loaiza”.

Finalmente, Irene García ha incidido en la necesidad de que la Diputación lidere esa voz en defensa de los intereses de la provincia de Cádiz porque “de la misma manera que la alcaldesa de Cádiz hizo el ridículo más espantoso cuando admitió que se había enterado por la prensa del acuerdo entre Juan Antonio Zoido y Cristóbal Montoro para poner en marcha la Zona Franca de Sevilla, no nos extrañaría que, más pronto que tarde, asistamos a un nuevo ridículo de los representantes del PP si el ministro Arias Cañete alcanza un acuerdo que salvaguarde los intereses de los arroceros de la provincia de Sevilla y consuma el dragado del río en contra de los derechos y de las demandas de esta provincia”.

Olga González: “El PP se niega a asumir su responsabilidad sobre el Chare de la Janda”

La diputada socialista destaca que el Ayuntamiento sigue teniendo pendiente la depuración de agua, el suministro eléctrico y el acceso de vehículos, sin los que el hospital jamás podrá entrar en servicio

Cádiz, 25 de septiembre de 2013. La diputada socialista Olga González ha asegurado que “el PP se niega a asumir su responsabilidad sobre el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de la Janda, como hoy ha quedado de manifiesto en el Pleno de la Diputación, donde ese partido ha rechazado responsabilizarse de las actuaciones que le corresponden para asegurar la finalización de su construcción y su posterior puesta en marcha”. 

Olga González ha recordado que el diputado y concejal vejeriego del PP, Daniel Sánchez, “ha negado la posibilidad de que el Grupo Socialista introdujese una enmiendia de adición a una propuesta inicial defendida por él mismo, en la que trataba de endosar toda la responsabilidad al respecto, de forma sectaria y torticera, a la Junta de Andalucía. Y esa enmienda que ha sido frustrada por el señor Sánchez lo único que pretendía era exigir que la Diputación y el Ayuntamiento de Vejer cumplan con los compromisos adquiridos y asuman la acometida de luz, el saneamiento y el acceso para el tráfico rodado”.

“El señor Sánchez ha preferido seguir adelante con una propuesta partidista y sectaria que pretendía confrontar con la Junta de Andalucía y tratar de adjudicarle toda la responsabilidad de la imposibilidad material de la puesta en marcha del hospital, por lo que tendrá que dar explicaciones convincentes”, ha señalado Olga González, quien ha destacado que “nuestra enmienda a la propuesta del PP mantenía de hecho la petición de que la Junta finalizara la parte de la obra que le corresponde, que apenas alcanza el cinco por ciento del total, pero cuya finalización no servirá para nada si Ayuntamiento y Diputación no cumplen también su parte”.

La diputada socialista ha llamado la atención sobre la “paradoja” y lo “indefendible” de la actitud del concejal y diputado vejeriego, ya que “en su sectarismo es capaz de exigir únicamente que acabe la obra del edificio, como si un hospital pudiera abrirse al público sin contar con suministro eléctrico, saneamiento o un adecuado acceso para el tráfico, cuestiones todas ellas que corresponden a Administraciones gestionadas por el PP pero ante las cuales adopta una actitud sumisa que en nada beneficia a los potenciales usuarios de este equipamiento sanitario”.

Según ha revelado en el transcurso del debate la propia Olga González, “el Ayuntamiento de Vejer aún debe tramitar los servicios urbanísticos que quedarían pendientes para la puesta en servicio del centro, como el acceso rodado, la acometida eléctrica y el saneamiento, ya que esas actuaciones no solo exceden de la competencia de la Consejería de Salud sino que fueron expresamente asumidas como compromisos del Consistorio por parte del propio señor Sánchez en una reunión con la consejera a la que también asistió el propio alcalde vejeriego”.

“La instalación eléctrica de media tensión hasta la subestación de Vejer no está realizada, y ni siquiera ha sido adjudicada. No existe proyecto de construcción de la depuradora de aguas residuales. Tampoco hay proyecto del acceso rodado al centro. De todas las actuaciones dependientes del Ayuntamiento, únicamente se cuenta con el suministro de agua”, ha señalado la diputada socialista, quien ha concluido diciendo que “a pesar de todo, el diputado y concejal Sánchez prefiere mirar a la parte que depende de la actuación de la Junta, obviando que, por mucho que la Administración autonómica finalice esos trabajos, será materialmente imposible poner en servicio unas dependencias sanitarias que no dispongan de luz ni de saneamiento, y a las que los usuarios y el personal ni siquiera puedan acceder”.

El PSOE denuncia que el PP inicia el curso con “más propaganda y más planes vacíos para disimular su falta de pulso”

Irene García adelanta que el Grupo Socialista estará “especialmente vigilante” para evitar “tentaciones de sectarismo” en el reparto de fondos públicos a las puertas de las municipales

Cádiz, 24 de septiembre de 2013. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha asegurado que “el Gobierno provincial del PP ha comenzado este curso político de la misma forma que finalizó el anterior, limitando su escasa gestión a la mera propaganda y presentando públicamente supuestos planes de actuación vacíos de contenido que no pueden disimular su falta de pulso”.

Irene García ha hecho estas declaraciones al hilo de la presentación de hasta tres iniciativas diferentes con la excusa de impulsar la industria  cultural de esta provincia, cuando ese objetivo estaba “plenamente cubierto con el programa de Cooperación Cultural (más conocido como COCU), una iniciativa puesta en marcha durante la gestión socialista en la Diputación y que fue desmantelada por el simple hecho de que llevaba el sello del PSOE”.

“El COCU era un instrumento extraordinariamente valorado tanto por el sector cultural como por los ayuntamientos de los pequeños municipios, que gracias a él podían disponer de una programación de calidad, ajustada a sus necesidades y distribuida a largo de todo el año”, ha dicho la portavoz, quien ha destacado que “el sectarismo del PP llevó a sustituir este magnífico marco de funcionamiento por una mala copia que no satisface en absoluto las inquietudes de los pueblos ni de la industria cultural”.

Irene García ha señalado que “el anuncio de poner en marcha hasta tres iniciativas diferentes viene a demostrar que el Gobierno provincial del PP es consciente de su error en esta materia, si bien este verdadero parche no bastará para recuperar el grado de colaboración en materia cultural que los pequeños municipios obtenían de la mano del COCU”.

Muy al contrario, la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz ha adelantado que el Grupo Socialista va a estar “especialmente vigilante” sobre la gestión de estos programas, de forma que el reparto de sus fondos se realice en virtud de “criterios objetivos”, sin que el Gobierno provincial del PP pueda “caer en la tentación, prácticamente a las puertas de las próximas elecciones municipales, de hacer una distribución basada en el sectarismo”.

En esta línea, Irene García ha adelantado que aprovechará el Pleno de la Diputación que tendrá lugar mañana para plantear una pregunta al presidente Loaiza acerca de estas iniciativas que, “una vez más, los grupos de la oposición hemos debido conocer a través de los medios de comunicación”. “Queremos que el presidente Loaiza nos explique los detalles de estos programas, así como los criterios que van a regir esta inversión de dos millones de euros en vísperas electorales”, ha asegurado. 

Finalmente, la portavoz y secretaria general ha ironizado diciendo que “con toda seguridad, esa cercanía de las elecciones va a propiciar que por fin el Gobierno provincial del PP se apresure a emprender algún tipo de inversiones. Porque hasta la fecha ese ritmo se acerca bastante a la parálisis absoluta, como demuestra el hecho de que el plan para mejorar la formación de hasta 2.000 parados de toda la provincia, presentado en noviembre del año pasado y dotado en 2013 con un presupuesto inversor de siete millones de euros, a día de hoy no se ha comenzado a ejecutar”.

El PSOE exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados en todos los municipios

Irene García afirma que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos, el falso plan de empleo de la Diputación sigue sin ejecutarse”

Cádiz, 22 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al Pleno del próximo miércoles en la que exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados anunciado por el Gobierno provincial en noviembre del año pasado y que aún no ha comenzado a materializarse. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos por parte del presidente de la Diputación, esa iniciativa sigue sin ejecutarse”.

“Según se planteó entonces, este instrumento iba a suponer un novedoso programa de formación de parados que se aplicaría en los 44 municipios de la provincia. Sin embargo, a lo largo de este año solo hemos asistido a la firma de los convenios con los diferentes municipios, sin que se haya llegado a materializar en nada concreto”, ha afirmado, para añadir que “los datos facilitados por el presidente Loaiza en noviembre de 2012 decían que la inversión global entre 2013 y 2014 ascendería a 14,6 millones de euros. De ellos, 7,3 millones llegarían en este mismo ejercicio”.

Irene García ha censurado que “el Gobierno del PP en la Diputación ha preferido durante todo este tiempo jugar a la propaganda y a una sucesión de fotos de firmas de convenios en lugar de activar cuanto antes una medida que debe venir a mejorar la capacitación de nuestros empleados y que, a tenor de lo manifestado por sus impulsores, pretendía primar a las personas situadas en riesgo de exclusión social”. 

“Esta demora es absolutamente intolerable en una provincia que cuenta, según los últimos datos de paro registrado, con casi 190.000 desempleados”, ha señalado la portavoz y secretaria general, quien ha recordado que “el propio presidente Loaiza anunció que este plan beneficiaría a unas 2.000 personas en el conjunto de la provincia, por lo que se está jugado con las expectativas tanto de muchas personas que atraviesan por una situación personal y familiar angustiosa como de todos aquellos ayuntamientos que contaban con poner en marcha esta actuación desde hace ya meses”. “El compromiso del presidente Loaiza incluía invertir este año hasta cinco millones de euros en los municipios menores de 25.000 habitantes, los más castigados por esta crisis económica, para mejorar la empleabilidad de sus parados. Y, a día de hoy, los pueblos siguen esperando a que llegue esa cantidad”.

Irene García ha lamentado que “siendo importante este retraso, su gravedad se multiplica por el hecho de que el Gobierno provincial del PP haya tratado de hacer creer a la opinión pública que esta iniciativa se trataba de un plan de empleo, cuando únicamente consiste en un plan de formación de desempleados que, siendo positivo desde el punto de vista de que puede mejorar las condiciones para su inserción laboral a medio plazo, no conlleva la contratación de sus beneficiarios, su alta en la Seguridad Social ni la generación del derecho a cobrar posteriormente la prestación por desempleo”. Así, ha recordado que “los desempleados que finalmente puedan acogerse al mismo, recibirán una beca de 420 euros mensuales durante los seis meses de su formación teórica y práctica”.

“El Gobierno provincial ha rechazado en más de media docena de ocasiones nuestra petición de poner en marcha un plan de empleo que garantizara la contratación de personas con una situación familiar especialmente alarmante. En todas las ocasiones ha votado en contra de nuestras propuestas, argumentando que ya había impulsado este falso plan de empleo que aún continúa sin materializarse en ningún municipio de la provincia”, ha manifestado, para señalar que “los hechos demuestran que el PP no solo no tenía un plan de empleo real para esta provincia sino que ni siquiera ha sido capaz de echar a andar este programa de formación de personas sin trabajo”. 

Por todo ello, la portavoz y secretaria general ha hecho hincapié en la necesidad de que este plan de formación de desempleados arranque “de manera inmediata” en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Paralelamente, ha destacado que la propuesta que el Grupo Socialista llevará al Pleno del miércoles también reclama que, de la misma manera que va a suceder en algunos municipios en los que gobierna el PP, todos los ayuntamientos que así lo deseen puedan reclamar que su ejecución sea asumida por la propia Diputación.

El PSOE propone condenar los crímenes del franquismo

Irene García alerta de la “preocupante exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían superados”, y recuerda que la Ley de Memoria Histórica obliga a las instituciones al rechazo de la dictadura  

Cádiz, 21 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista planteará en el próximo Pleno de la Diputación “la condena de los crímenes y la represión franquistas, en un momento en que vienen sucediéndose preocupantes episodios de exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían ya afortunadamente superados después de años de convivencia democrática”. 

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “España sigue pendiente de un debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco. De hecho, aún no se ha llevado a cabo un inventario completo acerca de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante esos casi 40 años”.

“Cada día que pasa conocemos nuevas investigaciones y avances en la materia, y se hace más evidente y necesario que, a pesar de los intentos de algunos por acallar y por enterrar todo lo concerniente a la dictadura franquista y sus consecuencias, esta parte de nuestra historia sigue necesitando de un análisis riguroso y de una serie de medidas que alivien, aunque solo sea en parte, el sufrimiento de tantos españoles que vivieron, de manera directa o indirecta, la brutal represión del régimen de Franco”, ha destacado.

Irene García se ha referido a la reciente decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de aprobar una orden internacional de detención sobre cuatro acusados por torturas del régimen franquista, dentro de una investigación desarrollada en ese país al amparo de la Querella 4591/2010 contra los crímenes de la dictadura. De hecho, la propuesta del Grupo Socialista persigue la adhesión de la Diputación a esas actuaciones judiciales en Argentina por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de derechos humanos, cuando algunas cámaras autonómicas como el Parlamento vasco ya han debatido y aprobado en sus Plenos el respaldo a esa iniciativa.

La portavoz y secretaria general ha recordado que “entre las acciones recogidas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica, se encuentra el rechazo y la denuncia de la dictadura por parte de las instituciones”. Y ha hecho hincapié en que “son muchas las personas que sufrieron la más cruel represión dictatorial durante más de 40 años”. Simultáneamente a la condena de esa realidad, “merece ser destacada la labor sorda realizada por muchas mujeres republicanas en la transmisión de valores democráticos y de igualdad a las personas de menor edad de sus propias familias, en un entorno extremadamente hostil que rechazaba y perseguía esos principios de convivencia”. 

La iniciativa del Grupo Socialista respalda la consideración del 18 de julio, fecha del comienzo de la Guerra Civil y del golpe de Estado de Franco contra el legítimo Gobierno republicano en 1936, como “Día Oficial de Condena al Franquismo”. En este sentido, plantea “instar a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, especialmente a PP y UPyD, que respectivamente votó en contra y se abstuvo en la Cámara Baja en la votación que planteaba establecer esa fecha como ocasión de homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de las posteriores décadas de represión de la dictadura franquista, que se sumen a esta reivindicación que es de justicia”.

La propuesta que el Grupo Socialista quiere también ofrecer un mensaje al conjunto de la ciudadanía para que apoye la querella 4591/2010 contra los crímenes del franquismo, “ya sea mediante la personación como querellantes si se trata de personas directamente represaliadas o de sus familiares, o manifestando su denuncia de la dictadura y su adhesión a esas actuaciones judiciales”. Al tiempo, plantea ofrecer “un reconocimiento público a la labor de todas aquellas mujeres que, durante el franquismo, educaron en unos valores democráticos y de igualdad que sin duda constituyeron el germen de la transición que nos condujo a la democracia que hoy todos disfrutamos”.

El PSOE lleva a Diputación el rechazo a la privatización de La Almoraima

Irene García afirma que la venta “pondría un patrimonio y una riqueza de todos en manos de unos pocos que solo buscan su propio beneficio”

Cádiz, 20 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que quiere arrancar de la Corporación el “rechazo radical” a la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de privatizar la finca pública La Almoraima, radicada en Castellar de la Frontera. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “después de intentarlo sin éxito dentro de la reestructuración del sector público empresarial en marzo del pasado año, el ministro Arias Cañete vuelve ahora a la carga en su intento de vender al mejor postor un patrimonio de todos que es además una importante fuente de riqueza y de empleo para Castellar y todo su entorno”.

“En aquel momento, la primera intentona de privatizar La Almoraima pudo frenarse por la presión social y por la inminencia de las elecciones autonómicas. Sin embargo, el hecho de que el pasado mes de junio el propio ministro incidiera en esa intención obliga a que la Diputación haga un posicionamiento firme en defensa de la continuidad de ese patrimonio en manos públicas”, ha asegurado Irene García, quien ha recordado que “la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía ya ha aprobado solicitar al Gobierno de la Nación la cesión de la finca para que pueda ser gestionada por la Junta. Y nuestra propuesta se suma a esta petición”.

La portavoz y secretaria general ha incidido en que el Grupo Socialista va a defender “con toda la fuerza” su permanencia en manos públicas. “No vamos a consentir que el PP se salga con la suya en su intención de que unos pocos puedan hacer negocio con un patrimonio que es y debe seguir siendo de todos”, ha asegurado, para recordar que La Almoraima recibió un importante volumen de inversiones durante las etapas de Gobierno del PSOE que superó los 10 millones de euros entre los años 2009 y 2010 para mejorar las infraestructuras y la gestión integral de la misma. “Ese importante esfuerzo económico procedente de las arcas públicas no puede ser entregado, con la finca en sí misma, a unas manos privadas que van a moverse siguiendo únicamente su propio beneficio”, ha dicho.

Irene García ha afirmado que la eventual venta o privatización de La Almoraima “pondrá en grave riesgo la continuidad de uno de los pilares más importantes ligados al desarrollo rural en la comarca del Campo de Gibraltar. Porque, además de suponer uno de los parajes medioambientales emblemáticos de Andalucía, esta finca pública mantiene una importante actividad económica que da empleo a una plantilla de 54 trabajadores fijos y otros tantos eventuales”.

“La Almoraima es una de las fincas públicas más importantes de nuestro país –ha explicado-, y ofrece un importante potencial de desarrollo para las poblaciones de Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, en las que genera un buen número de jornales al tiempo que mantiene una calidad medioambiental que podría ponerse en grave riesgo con su privatización”. Sin embargo, “el mantenimiento de La Almoraima en manos públicas mediante su cesión a la Junta de Andalucía garantizaría su continuidad como patrimonio natural y como elemento de desarrollo socioeconómico basado en la producción de corcho, la explotación cinegética, la actividades agrícolas y ganaderas, las actividades de turismo rural vinculado al medio ambiente y otros posibles aprovechamientos que podrían plantearse, siempre dentro de unos criterios de sostenibilidad y respeto al interés público”.

La finca La Almoraima cuenta con una extensión superior a las 14.110 hectáreas, lo que representa casi un 78 por ciento del término  municipal de Castellar de la Frontera. De ellas, un total de 12.760 hectáreas se integran, en su extremo sureste, en el Parque Natural de Los Alcornocales. El resto es suelo no urbanizable en diferentes categorías, según la normativa vigente.

El PSOE denuncia que “la realidad se impone a la ingeniería del PP al elaborar los Presupuestos de Diputación”

José María Román afirma que el Gobierno provincial debe rectificar su “caprichoso tijeretazo” de dos millones de euros al Consorcio de Bomberos y tiene que asumir los salarios de tramitación de los ALPEs

Cádiz, 18 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha destacado hoy que “la realidad y la fuerza de los hechos se han impuesto a la ingeniería del PP a la hora de elaborar los Presupuestos de la Diputación, y ha obligado a realizar diversas modificaciones de crédito para cerrar las cuentas del ejercicio 2012”. Así se ha manifestado el diputado socialista José María Román, quien se ha referido de manera específica a una modificación de crédito por valor de 2.236.860 euros para poder atender obligaciones del Consorcio de Bomberos que no pueden aplazarse a posteriores anualidades. “A finales de 2011, en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos para 2012, ya alertamos de una inexplicable reducción en la dotación para el Consorcio que el papel tal vez podía aguantar pero que en ningún caso era compatible con la realidad”.

“Los socialistas ya denunciamos en su día un caprichoso tijeretazo de dos millones de euros en la aportación de la Diputación al Consorcio Provincial de Bomberos. En aquel momento no existía ninguna razón para reducir en cerca de un 25 por ciento la cantidad respecto al año anterior, cuando las necesidades de medios materiales y personales, así como los cometidos del propio organismo, en ningún caso iban a disminuir en esa proporción”, ha señalado Román.

El diputado socialista ha destacado que “la necesidad de esta modificación presupuestaria, que se financiará con el remanente de tesorería de ejercicios anteriores, es consecuencia de una estrategia del PP de dibujar unas cuentas más virtuales que reales, con un falso criterio de austeridad que se basa en recortes de partidas que son materialmente imposibles de aminorar sin perjudicar la prestación y la calidad de determinados servicios públicos”.

José María Román ha lamentado que “el Gobierno provincial del PP propone ahora una modificación que no sería necesaria si nuestra propuesta de entonces hubiera encontrado una respuesta racional y responsable, en lugar del tradicional rodillo con el que se encuentran todas nuestras iniciativas. Porque ya en el Pleno de Presupuestos de 2012 reclamamos que no se cayese en ese error y que el Consorcio de Bomberos recuperase la aportación que venía recibiendo hasta ese momento, que era absolutamente necesaria para el normal mantenimiento de su actividad”.

“Los propios datos oficiales de la Diputación respaldan otra tesis mantenida desde el PSOE, y en virtud de la cual hemos demandado reiteradamente un cambio en la política económica del Gobierno provincial del PP, como es la posibilidad de recurrir al endeudamiento para financiar iniciativas y programas que apuesten por la generación de empleo y por las políticas sociales”, ha afirmado el diputado socialista. En este sentido, ha añadido que la Corporación provincial “dispone de un margen de casi tres puntos porcentuales para alcanzar su límite máximo de endeudamiento, lo que brinda unas posibilidades de actuación que no se están teniendo en cuenta por el simple hecho de que se prefiere ir saldando deuda bancaria, respondiendo a las obligaciones ante las entidades financieras en lugar de responder a las necesidades de los habitantes y de los municipios de esta provincia”.

Igualmente, José María Román se ha pronunciado acerca de otra modificación de crédito por montante de 386.073 euros para responder a una sentencia judicial que obliga a la Diputación a asumir los salarios de tramitación, seguros sociales y ayudas sociales de los aproximadamente dos centenares de agentes locales de promoción de empleo (ALPEs) que venían siendo contratados por la Corporación provincial y que fueron despedidos. “El presidente Loaiza se equivocó cuando, lejos de plantarse contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy a las transferencias para políticas activas de empleo que debía desarrollar la Junta de Andalucía, consumó el despido de estas personas. Ahora, los tribunales han puesto las cosas en su sitio y obligan a la Diputación a respetar los derechos de esos trabajadores y, en consecuencia, a respetar esos derechos económicos y laborales que legítimamente les corresponden”.