El Gobierno provincial niega “la evidencia de irregularidades” en la atención a domicilio en Jimena, Tarifa y Castellar

La diputada socialista María Naval lamenta las “contradicciones” de un Partido Popular que negó la prórroga a la anterior concesionaria y solo unos meses después anuncia un nuevo pliego de condiciones

Cádiz, 19 de febrero de 2015. El Grupo Socialista de la Diputación ha denunciado que el Gobierno del PP “niega la evidencia de irregularidades en la prestación del servicio de atención a domicilio en las localidades de Jimena, Tarifa y Castellar que sí vienen denunciando reiteradamente las propias trabajadoras de empresa concesionaria y que sí han sido detectadas por funcionarios técnicos del Servicio de Asuntos Sociales de la Corporación provincial”. Así se ha pronunciado la diputada socialista María Naval, tras las manifestaciones del responsable de Área de Desarrollo y Bienestar Social, quien rechazó ayer en el Pleno que se esté produciendo efecto negativo alguno sobre las empleadas de esa empresa o sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios.

“El diputado responsable del Área de Desarrollo y Bienestar Social mostró ayer las evidentes contradicciones en las que se mueve el Gobierno provincial en torno a este asunto ya que, mientras negó categóricamente que se esté produciendo incidencia alguna en la prestación del servicio o en la relación laboral con las empleadas de la empresa, anunció que se está ultimando un nuevo pliego de condiciones para volver a sacarlo a concesión”, ha destacado.

La diputada socialista ha rechazado las manifestaciones del miembro del Gobierno provincial en las que acusaba a las trabajadoras de generar “alarma social” al denunciar pérdida de derechos laborales y una evidente repercusión en la calidad de la atención a los usuarios del servicio. Y ha censurado que el máximo responsable de esas políticas en la Diputación “no haya tenido el coraje de reunirse con estas trabajadoras para buscar una solución a su problema. Porque lo más que ha hecho ha sido citarlas a su despacho durante tres minutos un día que se manifestaban ante la Diputación, ya que lo único que le importaba era quitarlas de la puerta y evitar que la ciudadanía conociese su situación”.

María Naval ha recordado que “antes de que la actual concesionaria, la empresa Clece, comenzara con la prestación del servicio el pasado 1 de septiembre, las propias trabajadoras habían solicitado que se aprovechara la posibilidad legal de prorrogar el contrato con la anterior prestataria. Sin embargo, el Gobierno provincial del PP optó, por razones que desconocemos, por sacar el contrato a licitación”. Hoy, esas empleadas se ven sujetas a una serie de “condiciones laborales absolutamente inaceptables, como la prohibición de visitar a los usuarios del servicio fuera de su horario laboral, incluso en los casos de familiares directos”.

La diputada socialista ha lamentado la “rectificación a medias y a regañadientes” del Gobierno provincial del PP, que “necesariamente tiene que ser consciente de que ha cometido un grave error, pero carece del talante necesario para admitirlo. Porque, en lugar de tener que sacar ahora nuevamente el servicio a concurso, apenas unos meses después de que la nueva concesionaria comenzase su actividad, lo más sencillo y lo más operativo habría sido atender entonces la petición razonable de las empleadas y aprovechar la posibilidad de prórroga que permitía el anterior contrato”. 

María Naval ha exigido al Gobierno de la Diputación que “ya que el mal está hecho, con evidentes perjuicios tanto para las trabajadoras como para los usuarios del servicio, no se conforme con preparar un nuevo pliego de condiciones, sino que rescinda el contrato con la actual concesionaria”. Y, finalmente, ha criticado que el responsable del Área de Desarrollo y Bienestar Social “haya ridiculizado las razonables medidas de protesta desarrolladas por estas trabajadoras y haya afirmado que la desconvocatoria de su huelga responde a la inexistencia de problemas, cuando realmente se debe a una encomiable actitud de responsabilidad para no afectar con sus movilizaciones a unos usuarios que son tan perjudicados como ellas por la falta de respuesta de la Diputación”.

El PP rechaza corregir las deficiencias denunciadas por trabajadores y municipios en el Servicio Provincial de Recaudación

El Grupo Socialista saca adelante su propuesta de rechazo a la reforma universitaria y para impulsar becas para prácticas profesionales de alumnos de la UCA

El Gobierno provincial impide debatir una propuesta de urgencia para que se readmita a las empleadas de Recaudación Los Barrios

Irene García habla con José María Román instantes antes del comienzo del Pleno

Cádiz, 18 de febrero de 2015. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado que el Gobierno provincial haya rechazado hoy en el Pleno dar respuesta a la “preocupación” de los trabajadores del Servicio Provincial de Recaudación y a las quejas planteadas por diferentes ayuntamientos en torno a su funcionamiento. De hecho, los votos de los diputados y diputadas del Partido Popular ha impedido que prosperase la propuesta del Grupo Socialista para que se tomen una serie de medidas que mejoren la prestación del servicio y que “garanticen su futura viabilidad”.

Durante su intervención en el Pleno, Irene García ha recordado que el diputado de Hacienda recibió ya en el pasado verano las primeras quejas sobre el funcionamiento del Servicio Provincial de Recaudación y que el Grupo Socialista “ha venido actuando con absoluta lealtad y discreción”, hasta el momento en que la gravedad de la situación y la ausencia de solución por parte del Gobierno provincial han obligado a plantear una iniciativa en el propio Pleno. Desde la recepción de aquellas primeras denuncias, “aunque ha habido tiempo más que suficiente para poner remedio a todas esas cuestiones”, no solo no se ha hecho; sino que han aumentado las quejas por la falta de personal, por los problemas con el aplicativo informático y por la gestión de la  recaudación, hasta el punto de que “la propia Agencia Tributaria de Andalucía se ha visto obligada a dejar de encomendar determinadas gestiones al Servicio Provincial de Recaudación”.

Irene García ha denunciado “el sentido de la propiedad” del PP respecto al Servicio Provincial de Recaudación y a la propia gestión de los tributos, así como la “utilización partidista” de ese departamento por parte de un Gobierno del PP en la Corporación que “juega permanentemente con los impuestos que paga la ciudadanía a pesar de que solo es un instrumento en su tramitación”. En este sentido, la portavoz y secretaria general ha puesto en duda el sentido de la “lealdad” del Gobierno provincial en sus relaciones con los ayuntamientos, como consecuencia de una concepción partidista que subordina la gestión institucional a la coincidencia o no de color político con cada uno de los municipios, lo que deriva en tratamientos radicalmente diferentes en casos como los de Barbate y La Línea, o el de Jerez.

Diputados y diputadas socialistas, en el Salón de Plenos

Aprobadas las becas para alumnos de la UCA y rechazo a la reforma universitaria

Por otra parte, el Pleno de la Diputación ha respaldado la propuesta socialista para que la Diputación ponga en marcha, en colaboración con la Universidad de Cádiz, un programa de becas para el desarrollo de prácticas profesionales por parte de estudiantes de esa entidad que sean originarios de municipios menores de 20.000 habitantes. De la misma forma, ha salido adelante la segunda parte de esta iniciativa, que solicitaba que la Corporación provincial reclamase al Gobierno de la Nación la retirada de la reforma universitaria impuesta por el Ejecutivo de Rajoy. 

El diputado responsable de la defensa de esta propuesta, Antonio González Carretero, ha hecho hicapié en los efectos negativos que esa reforma tendrá sobre amplias capas de la sociedad gaditana, andaluza y española, que no podrán hacer frente al sobrecoste que se derivará del mayor peso de los másteres en la formación universitaria. “En un aspecto tan trascendente como la formación de nuestros jóvenes no cabe la imposición de medidas unilaterales. No es admisible que una reforma de la universidad solo cuente con el apoyo de un partido político, mientras todos los demás y el conjunto de la comunidad educativa están en contra”, ha explicado. 

Y, en este sentido, ha incidido en la necesidad de que la Diputación no solo respalde ese clamor social que se opone a una reforma impuesta por decreto sino que, además, “se implique” de manera decidida en colaborar en la formación de los jóvenes universitarios mediante un programa de becas que favorezca el desarrollo de prácticas profesionales. 

La readmisión de las trabajadoras de Recaudación Los Barrios no es urgente para el PP

Por otra parte, los diputados y diputadas del PP ha impedido que se debatiera una propuesta presentada por la vía de urgencia por el Grupo Socialista para instar al Gobierno provincial a no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que respalda a las trabajadoras de Recaudación Los Barrios, abonarles a la mayor brevedad los tres años de salario que no han percibido y admitirlas como empleadas de la Diputación a todos los efectos. 

Tras el rechazo del Partido Popular a admitir esa proposición para su debate en la sesión plenaria, Irene García ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas para inquirir sobre el particular. El Gobierno provincial ha manifestado oralmente -a través del diputado de Hacienda, Contratación y Recaudación- que no recurrirá la sentencia del TSJA. Pero no ha aclarado aspecto alguno sobre el pago de las nóminas pendientes ni acerca de si las trabajadoras serán incorporadas a la plantilla de la Diputación.

Irene García exige al presidente Loaiza que “ponga fin al calvario” de las trabajadoras de Recaudación Los Barrios

La portavoz y secretaria general aplaude la decisión del TSJA y reclama a la Diputación tanto el pago inmediato de los tres años de salarios adeudados como la renuncia a cualquier posibilidad de recurso judicial 

Irene García y el candidato socialista a la Alcaldía, Salvador Puerto, con las trabajadoras de Recaudación Los Barrios en un encuentro mantenido el pasado mes de diciembre

Cádiz, 17 de febrero de 2015. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha exigido al presidente de la Diputación que “ponga fin al calvario” que vienen viviendo las trabajadoras de la empresa Recaudación Los Barrios, que “por fin han visto cómo impera la razón y cómo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica lo que era evidente: que son empleadas de pleno derecho de la Diputación”.

Irene García ha lamentado la “insensibilidad” del titular de la Corporación provincial, quien “a pesar de contar con una sentencia del Juzgado de lo Social del año 2013, en la que se establecía claramente que se había producido una cesión ilegal de trabajadoras desde Recaudación Los Barrios al Servicio Provincial de Recaudación y que por tanto estas personas debían ser consideradas a todos los efectos como personal de la Diputación, ha preferido generarles una absurda angustia y una alarmante precariedad económica”.

La portavoz y secretaria general, quien durante este tiempo ha mantenido diversos encuentros con estas trabajadoras y ahora las ha telefoneado para felicitarles por la decisión del TSJA, ha recordado que han venido desarrollando sus obligaciones profesionales “día tras día, haciendo gala de una profesionalidad y de un sentido del deber intachables, mientras el presidente de la Diputación optaba por apurar los procedimientos legales para no asumir una obligación evidente, como era el reconocimiento de que se trataba de personal propio de la Corporación provincial y, lo que era más perentorio, el abono de las nóminas pendientes”.

“El hecho de que el presidente de la Diputación haya preferido, desde la comodidad de su despacho, prolongar la angustia de estas trabajadoras y acumular hasta casi tres años de impago de sus nóminas revela el talante antisocial del Gobierno provincial del PP, al que le exigimos que dé por zanjado definitivamente este asunto, que admita como personal propio a estas personas y que abone de inmediato las nóminas pendientes”, ha afirmado. Y ha censurado que “cada vez que desde el Grupo Socialista hemos llevado al Pleno el auténtico drama de estas trabajadoras, el señor Loaiza se ha escudado en todo tipo de excusas y se ha ido por la tangente. Pero ya es hora de que asuma realmente sus responsabilidades y de que rectifique todo un rosario de arbitrariedades”. 

En este sentido, ha reclamado al presidente Loaiza que “dé las instrucciones oportunas para que se ponga fin definitivamente a este lamentable episodio que nunca se debió producir. Hoy ya es imposible dar marcha atrás a lo que ha sucedido, ni se puede remediar la penuria económica y la intranquilidad de unas familias que no cobraban sus salarios desde comienzos de 2012; pero, al menos, se debe evitar producir un mayor daño del ya causado a estas personas”. “Estamos convencidos de que nadie les va a pedir disculpas por el daño caprichoso que se les ha causado. Pero sí exigimos que no se tarde ni un segundo en el reconocimiento de sus derechos en el sentido que han decidido los tribunales y en el rechazo expreso a cualquier posibilidad de recurso ante instancias superiores”, ha añadido.

Igualmente, la portavoz y secretaria general ha censurado la actitud mantenida en todo momento por el alcalde de Los Barrios, quien “en primer lugar, no tuvo empacho alguno en dejar a estas trabajadoras de la antigua empresa municipal a los pies de los caballos, abandonándolas a su suerte”; y “posteriormente, alcanzó un pacto de gobierno con un PP que, desde la Diputación, prolongaba la agonía de estas personas. La pasividad y la indolencia del alcalde, sin que hiciera el mínimo amago de reclamar una solución a este conflicto dentro de ese pacto oculto que únicamente busca el poder por el poder, retrata su auténtico talante y su dudoso orden de prioridades en el ejercicio de la gestión pública”.

El Grupo Socialista plantea un programa de becas para que alumnos de la UCA puedan hacer prácticas en empresas

Antonio González Carretero reclama que la Diputación exija la retirada de la reforma universitaria impuesta por el Gobierno de la Nación

Cádiz, 16 de febrero de 2015. El Grupo Socialista de la Diputación solicitará en el próximo Pleno de la Diputación la puesta en marcha de “un programa de colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), dirigido a que sus alumnos y alumnas puedan realizar prácticas en empresas de la provincia”. Así lo ha explicado el diputado socialista Antonio González Carretero, quien será el encargado de defender esta propuesta en la sesión plenaria del miércoles.

Antonio González Carretero ha detallado que esta iniciativa debe contar con una dotación económica por parte de la Diputación de unos 200.000 euros. Y ha añadido que “los beneficiarios de estas becas extracurriculares serían estudiantes de la UCA de municipios menores de 20.000 habitantes que hayan superado al menos el 50 por ciento de los créditos para su titulación”.

El diputado socialista ha destacado que “en un momento en que el Gobierno de la Nación viene castigando a los más jóvenes mediante el establecimiento de trabas y más trabas tanto para el acceso a una educación pública y de calidad como para su incorporación al mercado laboral, la Diputación debe dar un paso adelante y respaldar a los estudiantes universitarios de la provincia; y especialmente a aquellos que proceden de los pequeños municipios, aquellos que constituyen su auténtica razón de ser como institución”.

Antonio González Carretero ha afirmado que esta misma proposición al Pleno incluye un segundo apartado en forma de propuesta de acuerdo: “un posicionamiento inequívoco de la Diputación de rechazo de la reforma universitaria que pretende imponer el Gobierno de la Nación, de forma que se solicite la retirada de la misma hasta que no se produzca el necesario consenso académico y político”.

“El Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, pone de manifiesto, tanto en su forma como en su fondo, la auténtica cara del Gobierno del PP en esta materia. Por una parte, porque recurre a la imposición del Consejo de Ministros y del Boletín Oficial del Estado para abordar un asunto que merece la búsqueda de puntos de encuentro con la comunidad universitaria y con la mayor parte del arco parlamentario. Y por otra, porque su contenido supone un ataque frontal a la igualdad de oportunidades y al derecho de acceso a una educación superior de calidad, independientemente de la capacidad económica de cada estudiante”, ha dicho.

El diputado socialista ha recordado que la Universidad de Cádiz cuenta con aproximadamente 22.000 alumnos y alumnas que serán “los principales y más directamente perjudicados de ese cambio en la concepción de los estudios universitarios, ya que la nueva fórmula que se pretende imponer de tres años de grado más dos de máster supondrá un aumento notable del coste de su formación; y, en consecuencia, obligará a muchos de ellos a afrontar importantes sacrificios o directamente a tener que abandonar”.

Además, ha incidido en que “la medida que plantea ahora el Gobierno tendría un especial y muy grave efecto en esta provincia, una de las que atraviesa por una situación socioeconómica más complicada y en las que más necesario es seguir manteniendo la igualdad de oportunidades como guía básica de la política educativa a todos los niveles”.  

“La mal llamada reforma universitaria no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia perfectamente premeditada del PP. Porque la derecha tiene una hoja de ruta definida, como es la desestructuración social de este país, favoreciendo a quienes más tienen y condenando progresivamente a cientos de miles de personas al empobrecimiento económico y a la pérdida de derechos. Unos derechos que, por cierto, se subordinan a la fortuna económica y vital de cada uno”, ha explicado. Por ello, ha aplaudido que la presidenta de la Junta “haya decidido situarse, codo con codo con la comunidad universitaria de Andalucía, en el rechazo a este auténtico atropello que no solo provocará importantes perjuicios tanto desde el punto de vista académico como por sus efectos en el plano social”. 

Antonio González Carretero ha concluido diciendo que “con la nueva imposición de Mariano Rajoy y del ministro Wert, lo que el PP pretende en esta ocasión es dinamitar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y de establecer unos ‘números clausus’ que únicamente dependen de la capacidad económica y no del talento ni del esfuerzo. Por este motivo, esperamos que el Gobierno provincial del PP sepa estar a la altura y podamos conseguir que la Diputación alce su voz en contra de esa imposición y a favor del necesario diálogo en torno a un asunto crucial para el futuro de miles de jóvenes y de la sociedad en general”.

Irene García: “El presidente Loaiza pretende instaurar la censura en la Diputación”

La portavoz y secretaria general califica de “nueva cacicada” la retirada de dos propuestas socialistas del orden del día del Pleno 

Irene García, durante un Pleno de la Diputación

Cádiz, 14 de febrero de 2015. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha censurado la “nueva cacicada” del presidente de la Diputación, que ha decidido retirar del orden del día del Pleno del próximo miércoles dos propuestas impulsadas por el PSOE que hacían referencia, además, a “sendos asuntos de suma importancia para la ciudadanía gaditana, y especialmente para los habitantes de algunas de sus localidades”.

“El presidente Loaiza pretende instaurar la censura en la Diputación y vive permanentemente obsesionado con controlar y obstaculizar los debates de todos aquellos asuntos que pueden poner en evidencia la falta de gestión de su Gobierno o el sectarismo que está caracterizando su etapa al frente de la Corporación”, ha afirmado. En este sentido, la portavoz y secretaria general ha explicado que el orden del día del Pleno del próximo miércoles, cuya confección es competencia exclusiva del presidente de la Diputación, “deja fuera dos de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista”, iniciativas ambas “de una gran trascendencia”.

La primera de estas propuestas “cuyo debate en el Pleno ha sido frustrado por una nueva imposición del señor Loaiza” pretendía recabar el acuerdo de la Corporación para instar al presidente de la Diputación a convocar “a la mayor brevedad” al Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia, un órgano que fue creado para servir de foro de debate y de propuesta de soluciones para abordar los principales problemas de la provincia y que “continúa durmiendo el sueño de los justos, sin haberse reunido en los dos últimos años”.

“El señor Loaiza no solo no está a la altura de lo que se espera del presidente de una Diputación y de un Consejo Económico y Social de una provincia que ha aumentado su desempleo en más de un 30 por ciento desde que él mismo accedió a la máxima responsabilidad de la institución gaditana por excelencia. Porque, no contento con no convocar ese órgano que reúne a los agentes sociales y a las instituciones y que debe servir de guía para dar respuesta a los principales problemas socioeconómicos, ahora ni siquiera admite que pueda debatirse en el Pleno sobre ese asunto. Esa es la verdadera medida del respeto que al señor Loaiza y al PP de Cádiz le merecen los 244.300 gaditanos y gaditanas que, según la Encuesta de Población Activa, no tienen empleo”, ha asegurado.

“Como ya ha sucedido en otras ocasiones en las que las propuestas del Grupo Socialista ponían en evidencia las políticas de su partido, el presidente de la Diputación prefiere hacer uso de una potestad legítima, como es establecer el orden del día de las sesiones plenarias, pero que habla a las claras de un escaso talante democrático”, ha destacado la portavoz y secretaria general. En esta misma línea, ha recordado que “en el Pleno del pasado enero, el señor Loaiza ya mostró algún ademán preocupante, cuando obligó a los Grupos de la oposición a compartir el tiempo de defensa de una propuesta conjunta que planteaba la necesidad de que la Diputación pusiera en marcha un plan de empleo financiado con fondos propios, y ello a pesar de que esa era la única iniciativa que no llevaba el sello del Gobierno”. 

“Si el señor Loaiza fue capaz de reducir a cinco minutos el tiempo que cuatro Grupos políticos debieron compartir para defender una iniciativa para actuar sobre el principal problema social y económico de esta provincia, los gaditanos y las gaditanas ya saben a qué atenerse con esta Diputación. Pero la censura institucional a la que se somete ahora a la Institución, con el veto a dos propuestas en un solo Pleno, supone incluso un paso más en esta preocupante deriva antidemocrática. Porque, como insólito intento de amordazar a la oposición que es, roza ya los límites de lo inadmisible”, ha relatado.  

Irene García se ha preguntado por los “motivos ocultos” que el presidente de la Diputación debe tener para “hurtar también el debate de la propuesta socialista que pone el dedo en la llaga sobre la nueva tasa en concepto de tratamiento de residuos, creada a comienzos de este año y que los Ayuntamientos de San Fernando, Chiclana y Puerto Real deben aportar al Consorcio Bahía de Cádiz. “En los últimos días hemos escuchado manifestaciones de los distintos gobiernos locales hablando de la supuesta inaplicación de una tasa que afecta a viviendas, comercios y empresas, y que de forma global debe suponer unos ingresos de unos 10 millones de euros que deben salir de los bolsillos de los ciudadanos de esas localidades. Pero mucho nos tememos que esa inaplicación de una tasa con un único pago anual no sea tal, sino que realmente consista en una moratoria para pasarla al cobro después de las Elecciones Municipales”.

“El señor Loaiza no quiere que el Pleno de la Diputación conozca sobre unos posibles acuerdos entre los citados Ayuntamientos y el Consorcio Bahía de Cádiz. Y tampoco está dispuesto a escuchar en el seno de la Corporación si la decisión de no pasar al cobro una tasa legalmente establecida puede derivar en un ilícito penal por parte de quienes, no contentos con mantenerla oculta a ojos de los contribuyentes, pueden pretender no recaudarla con un mero interés electoralista”, ha señalado.

La secretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación ha continuado afirmando que “si preocupante es la insistencia del señor Loaiza por entorpecer la labor de la oposición, no lo es menos su resistencia a ofrecer explicaciones sobre su ya de por sí exigua gestión”. Irene García ha censurado la “permanente búsqueda de vías de escape para evitar dar la cara y para eludir la dación de cuentas ante la oposición”, tanto del máximo responsable de la Corporación como del conjunto del Gobierno provincial del PP. 

Y, en este sentido, ha finalizado recordando “un caso especialmente sangrante”. “A pesar de todas nuestras solicitudes y de la evidencia de que se trata, al menos, de un completo fracaso, seguimos sin conocer el destino de los 86 millones de euros que teóricamente iban a invertirse por parte de la Diputación entre los años 2012 y 2015 al amparo de un supuesto Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico. A día de hoy, mientras esta provincia continúa batiendo todos los registros conocidos de desempleo, el señor Loaiza y su Gobierno siguen resistiéndose a revelar a dónde han ido a parar esos más de 14.000 millones de las desaparecidas pesetas”, ha concluido.

El PSOE exige “luz y taquígrafos” frente al “apaño electoralista” en torno a la nueva tasa de basura en Chiclana, Puerto Real y San Fernando

José María Román pide que el Pleno conozca el supuesto acuerdo entre regidores y Consorcio Bahía de Cádiz para aplazar la recaudación de hasta 10 millones de euros a después de las Elecciones Municipales

Cádiz, 13 de febrero de 2015. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno en la que plantea que la Corporación provincial sea informada del “supuesto acuerdo” alcanzado entre las Alcaldías de Chiclana, San Fernando y Puerto Real y el Consorcio Bahía de Cádiz para la no aplicación de una nueva tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Se trata de una tasa de carácter anual, que debe emitirse en un único recibo y que ha de aplicarse tanto sobre las viviendas como sobre empresas y establecimientos comerciales.

El diputado socialista José María Román ha afirmado que “en virtud de lo publicado el pasado 26 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia, con fecha 1 de enero se creaba una nueva tasa para esos tres municipios, en virtud de la cual los ciudadanos de esas localidades deberán hacer frente a la prestación de un servicio que se supone que ya iba incluido en el conjunto de otros conceptos como el Impuesto de Bienes Inmuebles y otras tasas de residuos locales”. Las estimaciones apuntan a que el importe global de recaudación previsto con esta nueva tasa rondará los 10 millones de euros.

“En los últimos días, estamos asistiendo a distintas manifestaciones públicas de los regidores de estas localidades, según las cuales se ha alcanzado un hipotético acuerdo con el Consorcio Bahía de Cádiz para no cobrar la referida tasa”, ha explicado. Sin embargo, el diputado socialista considera que esas declaraciones pueden tener como objetivo “confundir a la opinión pública; porque la aplicación de unas tasas legalmente establecidas por la prestación de un determinado servicio no depende en absoluto de la decisión graciosa o voluntarista de un alcalde o una alcaldesa”.

José María Román ha señalado que “como acto administrativo firme, la aplicación de esa tasa es inexcusable. De ahí que estas manifestaciones de los alcaldes y alcaldesa están sin duda vinculadas a esta etapa preelectoral; y, en realidad, lo que esconden es que no va a aplicarse ni cobrarse antes de las Elecciones Municipales, pues el hecho imponible es cierto y no anulable, salvo que así sea decidido expresamente por el propio Consorcio”. Por este motivo, ha incidido en la necesidad de “aplicar luz y taquígrafos” frente a un “supuesto amaño electoralista que pretende ocultar ese pago obligatorio hasta que la ciudadanía haya pasado por las urnas el próximo mes de mayo”.  

Esta actitud “encajaría perfectamente” con la manifestada en materia de fiscalidad por el alcalde de Chiclana, quien “se ha apresurado a anunciar una rebaja del IBI, pero ha escondido deliberadamente la creación de esta nueva tasa”. En el caso concreto de esa localidad, la estimación del volumen de ingresos derivados de esta tasa que deberá ser asumida por la ciudadanía asciende a cuatro millones de euros, “precisamente la misma cantidad que los Presupuestos Municipales para 2015 reducen de la transferencia de fondos del Ayuntamiento a Chiclana Natural, la sociedad municipal encargada de la gestión de los residuos urbanos”. 

Por todo ello, la propuesta del Grupo Socialista también solicita que la Secretaría General y la Intervención de la Diputación informen de las eventuales consecuencias tanto para el Consorcio Bahía de Cádiz como para la propia Corporación provincial -como integrante del mismo-, del cobro o del no cobro de la citada tasa. Además, plantea que “se informe sobre la posible existencia de prevaricación administrativa o delito en el que se incurriría por los responsables administrativos y políticos ante la existencia de una tasa y la manifestación pública de no pasarla al cobro”

Finalmente, José María Román ha destacado que la iniciativa busca asimismo que el Pleno conozca “claramente” si la tasa se encuentra en este momento en vigor y, por tanto, “si es devengable”. Y, en el caso de que no vaya a ser puesta al cobro, que se dé cuenta al Pleno de “los informes técnicos oportunos para que la Diputación, como integrante del Consorcio Bahía de Cádiz, tenga conocimiento de cuáles son los inmediatos pasos administrativos”.

El PSOE lleva al Pleno la “desprotección” de las trabajadoras de atención a domicilio en Jimena, Tarifa y Castellar

María Naval traslada las denuncias de “incumplimientos” de derechos laborales por parte de la empresa concesionaria y el riesgo de pérdida de calidad del servicio para los usuarios

Cádiz, 12 de enero de 2015. El Grupo Socialista llevará al Pleno de la próxima semana la situación de “desprotección” que viven las trabajadoras de la empresa Clece, adjudicataria de la Diputación del servicio de la Ley de Dependencia en las localidades campogibraltareñas de Jimena, Tarifa y Castellar. Así lo ha anunciado hoy la diputada socialista María Naval, quien ha recordado que estas trabajadoras “permanecen en huelga desde finales del pasado mes de enero tras intentar llegar a un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) como consecuencia de las denuncias de reiterados incumplimientos respecto a sus derechos”.

María Naval ha explicado que “esos incumplimientos sobre la subrogación de derechos laborales por parte de la empresa Clece, tal como se incluyen en el pliego de condiciones de la adjudicación realizada por la Diputación Provincial de Cádiz, han sido constatados incluso por los funcionarios técnicos del Servicio de Asuntos Sociales de la institución provincial”.

La diputada socialista ha recordado que, ya en una etapa anterior, cuando la Diputación sacó a licitación el servicio de Ley de Dependencia en 28 municipios menores de 20.000 habitantes a comienzos de 2010, la empresa actualmente concesionaria asumió ese cometido, haciéndose cargo del personal que hasta ese momento trabajaba en dependencia de los Ayuntamientos. “La fórmula de la concesión permitía garantizar la estabilidad de esos empleos, continuar la atención de los beneficiarios por parte del mismo personal y liberar de una importante carga de trabajo a los Servicios Sociales Comunitarios, que de esta forma podrían centrarse en el desarrollo de las labores que tienen encomendadas”, ha explicado. 

Sin embargo, al poco tiempo del inicio del servicio en manos de la concesionaria en estas localidades campogibraltareñas se produjeron una serie de “incumplimientos y despidos” que generaron movilizaciones e incluso un intento de acuerdo en el SERCLA, que no llegó a prosperar. “Como consecuencia, la Diputación optó por rescindir el contrato con Clece y traspasar tanto el servicio como a las propias trabajadoras, incluidas las que habían sido despedidas”.

“En los cuatro años posteriores, el servicio en manos de la concesionaria que sustituyó a Clece vino prestándose a plena satisfacción tanto de las trabajadoras como de los usuarios, incluso a pesar de los importantes recortes en prestaciones decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy”, ha repasado María Naval. “Durante aquella etapa, las empresas concesionarias, Acasa y Adisa, cumplieron con todas sus obligaciones y con la totalidad de los compromisos hacia las trabajadoras. como el pago de nóminas, el reconocimiento de antigüedades o la transformación de contratos temporales en indefinidos. Pero, con el vencimiento de los plazos y la nueva licitación por parte de la Corporación provincial, el servicio volvió a ser adjudicado nuevamente a Clece”.

La diputada socialista ha incidido en que en el breve tiempo transcurrido ahora desde que Clece iniciara el 1 de septiembre de 2014 esta segunda etapa como concesionaria del servicio de atencion a domicilio de la Diputación en las localidades de Jimena, Tarifa y Castellar, “nuevamente se ha generado una importante inquietud entre las trabajadoras y en los usuarios dependientes”. En este caso, las razones “vienen siendo denunciadas por las propias auxiliares: el incumplimiento del contrato de servicios en lo que respecta a la subrogación de derechos laborales a las trabajadoras y la aplicación de nuevas normas de funcionamiento que hacen empeorar el servicio a los usuarios”. 

Todo ello ha dado origen a que el Ayuntamiento de Jimena respaldase una propuesta del Grupo Municipal del PSOE para denunciar ante la Diputación el “incumplimiento del contrato del Contrato de servicios de ayuda a domicilio y de la Ley de Dependencia formalizado con la empresa Clece para los municipios de Jimena de la Frontera, Tarifa y Castellar de la Frontera”. 

Hoy, siguiendo esa misma línea, María Naval ha anunciado que el Grupo Socialista planteará en el Pleno de la Diputación de la próxima semana la gravedad de esta situación como consecuencia de las “reiteradas denuncias de supuestos incumplimientos” por parte de una empresa concesionaria de la propia Corporación provincial, “máxime en un servicio con la trascendencia social como tiene todo lo relacionado con la Ley de Dependencia”. 

La diputada socialista ha defendido también que la Institución provincial solicite la “intervención urgente” de la Inspección de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, “para comprobar el funcionamiento del servicio prestado por esa empresa y para garantizar que se atiene a los requisitos establecidos y que tanto su propio personal como sus usuarios merecen”. Y ha concluido diciendo que “en un momento en que el Gobierno de la Nación ha hecho una alarmante dejación de funciones en su obligación de sostener económicamente unas coberturas de la Ley de Dependencia que están siendo mantenidas gracias al compromiso y al sobreesfuerzo de la Junta de Andalucía, la Diputación debe velar por el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de este servicio público, que en ningún caso puede deteriorarse ni perder calidad tanto en lo que afecta a los usuarios del mismo como en lo que respecta a quienes trabajan en su prestación”.

El PSOE reclama a Loaiza la “convocatoria urgente” del Consejo Económico y Social

Irene García asegura que el presidente de la Diputación “tiene secuestrado al órgano que fue creado para hacer diagnósticos y plantear soluciones en materia de empleo”

Cádiz, 11 de febrero de 2015. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha exigido al presidente de la Diputación la “convocatoria urgente” del Consejo para el Desarrollo Económico y Social, un órgano creado al amparo de la institución supramunicipal como centro de diálogo y análisis en torno a la situación de la provincia. Según la portavoz, “resulta de todo punto inadmisible que, mientras esta provincia continúa encabezando los registros del paro a nivel europeo y mientras el Gobierno de la Diputación sigue empeñado en negarse a destinar fondos propios a poner en marcha un plan de empleo que dé respuesta a esta alarmante situación, el presidente Loaiza mantiene secuestrado al órgano que fue creado para hacer diagnósticos y para plantear soluciones en esa materia”. 

“Los 244.300 desempleados que la última Encuesta de Población Activa atribuye a Cádiz no permiten esperar ni un minuto más para que se reúna un foro de debate de los agentes sociales y económicos, así como de las instituciones de esta provincia, porque debe ser en su seno donde se puedan ofrecer propuestas y soluciones a los problemas que afectan a nuestro ámbito, siempre bajo la coordinación y el liderazgo de la Diputación”, ha explicado. Por este motivo, el Grupo Socialista ha presentado una propuesta al próximo Pleno de la Diputación, con la que pretende aglutinar el respaldo de la Corporación en torno a la urgencia de esa convocatoria. 

Irene García ha lamentado que “ni siquiera el hecho de que el desempleo continúe registrando niveles inasumibles en esta provincia, con 64.000 parados y paradas más que en el momento en que asumió la gestión de la Diputación, ha servido para que el presidente Loaiza decida convocar el Consejo en los términos que establecen sus propios estatutos”. De esta manera, ha detallado que “mientras el reglamento interno de funcionamiento del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Cádiz recoge que deberá mantener reuniones con carácter trimestral, el presidente Loaiza no lo ha convocado desde hace ahora dos años”.

“El Gobierno del señor Loaiza se ha desentendido definitivamente de la realidad de esta provincia. Sin duda, a fuerza de reducir a la Diputación a ser un mero campo de batalla en el que hacer oposición a la Junta de Andalucía, ha olvidado que su principal cometido es la defensa de los intereses de esta tierra. Y eso, a día de hoy, pasa por movilizar todos los recursos económicos e institucionales a favor de la creación de puestos de trabajo, incluida la convocatoria de un Consejo para el Desarrollo Económico y Social que ya llega tarde”, ha relatado. 

Irene García ha instado al presidente de la Diputación a que “aunque sea a regañadientes y arrastrando los pies, reúna por fin al Consejo antes de que finalice el mandato en la Diputación, porque con ello al menos se irán poniendo las bases para poder afrontar de manera decidida el combate del desempleo desde la Institución provincial a partir del mes de mayo, cuando los socialistas volvamos a asumir esa responsabilidad”. “La sociedad gaditana, y especialmente las decenas de miles de desempleados y desempleadas de la provincia, no pueden entender que el foro que surgió de la mano del anterior Gobierno socialista para dar voz al conjunto de esta tierra en materias relacionadas con el desarrollo económico y el empleo permanezca hoy en el olvido del presidente de la Diputación, precisamente en el momento en el que su papel puede ser realmente determinante”, ha afirmado. 

Igualmente, la portavoz y secretaria general ha explicado que la misma propuesta del Grupo Socialista hace referencia a “un supuesto Plan Estratégico para la promoción y el desarrollo de la provincia hasta el horizonte de 2030, cuya elaboración fue acordada en la sesión del Consejo de febrero de 2013 y que el Pleno desconoce por completo. De ahí que solicitamos igualmente que el presidente Loaiza, en su condición de máximo responsable de la Coporación, informe a los Grupos Políticos de las líneas generales de ese documento”.

La iniciativa socialista se completa con un último apartado. “Ya que el presidente Loaiza insiste en negar a esta provincia un plan de empleo financiado con recursos propios de la Diputación, vamos a solicitar el apoyo del Pleno para mandatarle a que recabe la opinión al respecto de los miembros del Consejo para el Desarrollo Económico y Social, de forma que pueda actuar posteriormente en consecuencia”.

Irene García exige a Diputación que zanje los “graves problemas” que “amenazan la viabilidad” del Servicio Provincial de Recaudación

La portavoz y secretaria general alerta de las importantes incidencias detectadas por Ayuntamientos y por trabajadores de un departamento clave para la gestión de los impuestos y tasas de muchos municipios 

Cádiz, 10 de febrero de 2015. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado la presentación de una propuesta al próximo Pleno para que el Gobierno del PP en la Diputación garantice la viabilidad del Servicio Provincial de Recaudación, sumido en “graves problemas que amenazan incluso su propia viabilidad y que podrían derivar tanto en una desbandada de Ayuntamientos que actualmente tienen convenida con él la recaudación de sus impuestos y tasas municipales como en eventuales despidos de trabajadores”.

Irene García ha mostrado la “gran preocupación” del Grupo Socialista en torno a la situación por la que atraviesa un órgano que es “esencial para garantizar la recaudación de los impuestos y tasas de la inmensa mayoría de los municipios gaditanos, así como para facilitar la obtención de unos adelantos a cuenta de esos ingresos que les permiten contar con liquidez para afrontar gastos corrientes a lo largo del ejercicio”.

Sin embargo, esta situación se está viendo “enormemente complicada bajo la gestión del PP en la Diputación”, como se viene evidenciando a través de las “quejas planteadas tanto por los propios Ayuntamientos que han cedido al Servicio Provincial de Recaudación el ingreso de sus impuestos y tasas como por los trabajadores del mismo, que ponen de manifiesto importantes carencias para garantizar el desarrollo de su cometido”.

La portavoz y secretaria general ha explicado que las incidencias detectadas por los Consistorios y trasladadas al Grupo Socialista hacen referencia a “mal funcionamiento del nuevo sistema informático que se está implantando, dificultades para obtener la más mínima información sobre los resultados recaudatorios del ejercicio finalizado, problemas con la distribución extemporánea de los trípticos, e incluso duplicidad de cargos en algunos municipios”. 

“Por si todo ello fuera poco, ciertos Ayuntamientos han alertado de que las bases de datos utilizadas para el reparto de los dípticos son obsoletas y que no se han actualizado en virtud de las altas o modificaciones comunicadas por los propios contribuyentes o por los Departamentos de Rentas”, ha explicado. Y se ha referido también a otras incidencias derivadas de “la carencia de datos fundamentales de los recibos y notificaciones, como es el caso de avisos del Impuesto de Bienes Inmuebles que se han realizado omitiendo cuestiones esenciales como la base imponible o el valor catastral”. 

Irene García ha incidido igualmente en las denuncias de los propios trabajadores del Servicio, canalizadas al Grupo Socialista “tanto a través de escritos desde distintas oficinas de Recaudación de la provincia como mediante información de primera mano de la propia representación social de la institución”. En ambos casos, el diagnóstico es el mismo y “coincide en reflejar un serio malestar y una honda preocupación de los propios trabajadores”. 

“Las denuncias de los trabajadores reflejan graves problemas de funcionamiento del aplicativo informático, lo que ha provocado colas para atender a los contribuyentes; así como importantes incidencias como consecuencia de la carencia de efectivos en unidades con grandes cargas de trabajo, que no solo se producen en momentos de punta de actividad como pueden ser los períodos voluntarios de cobro, sino que llegan a ser la nota habitual en el Servicio, hasta el extremo que complican la cobertura de las necesidades básicas a lo largo del ejercicio”, ha señalado.

Por este motivo, a la exigencia del Grupo Socialista al Gobierno del PP en la Diputación de que “adopte a la mayor brevedad todas las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del Servicio Provincial de Recaudación, eliminando los graves problemas de funcionamiento que padece y que amenazan su propia viabilidad”, se suma la reclamación de que “inicie de inmediato los trámites para cubrir la ingente cantidad de vacantes de personal que actualmente soporta ese departamento”. 

La portavoz y secretaria general ha concluido destacando la “gravedad” de esta situación y poniendo de manifiesto que “si a esta serie de anomalías denunciadas por Ayuntamientos y trabajadores se añaden los enormes recortes presupuestarios a los que este Gobierno del PP en la Diputación ha sometido al Servicio Provincial de Recaudación, no es de extrañar que hoy nos encontremos ante un panorama realmente desolador que puede afectar de forma muy negativa al futuro de dicho departamento”.