“El PP niega un plan de inversión a unas carreteras de la Sierra que no están ya mal, están peor”

Alfonso Moscoso lamenta que el Gobierno de la Diputación “abandone sus responsabilidades” y rechace la propuesta socialista de movilizar dos millones de euros para la mejora integral de la red viaria de la comarca

Carretera CA-9111, cortada desde primavera de 2013

Cádiz, 24 de abril de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha lamentado el rechazo del Gobierno provincial del PP a la puesta en marcha de un plan integral de actuación en las carreteras de la Sierra dotado con dos millones de euros, con los que poder actuar en una red viaria esencial para garantizar tanto la movilidad entre núcleos rurales como el desarrollo socioeconómico de la comarca. El viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Moscoso, ha calificado de “absolutamente incomprensible” que el Gobierno del PP en la Diputación “haya negado un plan de inversión a unas carreteras de la Sierra que no están ya mal, están peor”.

Moscoso se ha referido a la ausencia de una adecuada conservación y mantenimiento, “fruto de una raquítica inversión y de un abandono de las responsabilidades de esa institución respecto a la red de titularidad provincial, frente a lo que poco puede hacer la profesionalidad y dedicación de las brigadas de trabajadores de la Diputación”. Al tiempo, ha incidido en la “inadmisible demora en dar respuesta a problemas puntuales registrados en puntos concretos de estas carreteras, algunos de los cuales se prolongan durante meses e incluso durante más de un año sin que se les ponga solución”.

En este último punto, ha destacado lo sucedido con la carretera CA-9101 entre Algodonales y La Muela, que lleva cortada más de un año a la altura del kilómetro seis; o con la CA-9111, por la que es igualmente imposible circular desde la primavera de 2013, cuando sufrió un hundimiento a consecuencia de la lluvia. “De nada nos vale que el señor Bernardo Villar venga a este Pleno a contar las cosas que ha hecho en las carreteras de la provincia, porque en todo caso habrá sido insuficiente. La ciudadanía quiere que se hagan las cosas que están pendientes, y especialmente que se solventen los problemas y que se actúe en aquellos puntos que permanecen cortados”, ha explicado. Alfonso Moscoso ha rechazado la “autocomplacencia del Gobierno provincial del PP, que baraja unos datos de inversión en carreteras que, además de ser claramente insuficientes a tenor de la situación real de la red, no son capaces de dar respuestas inmediatas a los problemas de movilidad y desplazamiento que representan esas vías cortadas”. 

“El señor Villar no puede vender como un éxito de gestión el hecho de haber tardado un año en tener listo el proyecto de arreglo de la carretera CA-9111, cuyo corte complica enormemente los desplazamientos entre Alcalá del Valle o Setenil de las Bodegas y Algodonales, ya que se obliga a los vecinos a realizar un largo rodeo por Torre Alháquime y Olvera”, ha explicado. Y ha destacado el “escándalo” que supone que “a los doce meses necesarios para ultimar ese proyecto habrá que sumar ahora los plazos para la licitación y contratación de la obra y para la realización de las actuaciones en sí mismas, con lo que estaremos hablando de cerca de un año y medio para dar solución a un problema sangrante. ¿Cuánto tiempo cree el señor Villar que es razonable mantener cortada una carretera?”, se ha preguntado.

El viceportavoz del Grupo Socialista ha alertado de que la situación general de las carreteras de la Sierra dependientes de la Diputación “no debe ser ya un motivo de preocupación, sino de auténtica alarma. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad en garantizar el mantenimiento y las condiciones de uso de una red viaria con notable importancia para los desplazamientos de personas y para la generación de movimiento económico, el Gobierno provincial pretende seguir tratando de justificar lo injustificable y se opone a poner en marcha un plan integral de actuaciones que articularía un volumen suficiente de inversión para esa finalidad”.

“El actual estado de la red de carreteras dependientes de la Diputación no contribuye en absoluto a la dinamización de la economía de la comarca ni a la creación de empleo. Es más, se está convirtiendo en un grave inconveniente para ambos objetivos, ya que incide en el aislamiento de los núcleos rurales y complica las posibilidades de transporte de personas y mercancías”, ha asegurado. 

Alfonso Moscoso ha destacado que “el Gobierno provincial mantiene que ha invertido cuatro millones de euros en dos años en las carreteras del conjunto de la provincia, unas carreteras que siguen padeciendo una falta de conservación que salta a la vista y que mantienen cortes completos al tráfico que se prolongan durante meses y meses. Dicho de otro modo, la situación real de la red viaria demuestra que ese esfuerzo es claramente insuficiente”. “Las carreteras de esta provincia están padeciendo un progresivo deterioro, después de que en el último mandato socialista en la Diputación, entre 2007 y 2011, recibieran nada menos que 27.844.000 euros; es decir, prácticamente siete millones de euros al año”, ha afirmado.

“No contento con haber rechazado a finales del año pasado que los Presupuestos para 2014 incluyesen una partida de siete millones para actuar en las carreteras provinciales, lo que significaría un volumen similar al destinado en tiempos del PSOE, el Gobierno del PP se niega ahora a movilizar dos millones para la comarca de la Sierra y trata de vender como un éxito haber destinado apenas cuatro millones durante dos años a las del conjunto de la provincia”, ha asegurado el diputado socialista. Por todo ello, Alfonso Moscoso ha concluido diciendo que “más allá de la propaganda, la realidad no miente. Y el mal estado de las carreteras de la Sierra y del conjunto de la provincia es una lógica consecuencia de esa ridícula inversión, que repercute negativamente en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos”.

El PSOE denuncia la “utilización electoral del desempleo” por parte de un PP empeñado en su “estrategia de confrontación política con la Junta”

Irene García recuerda las “nueve ocasiones” en las que la Diputación ha negado un plan de empleo para la provincia y rechaza que los populares usen una “doble vara de medir” respecto a la ITI para Gobierno y Junta 

Irene García, durante una de sus intervenciones en el Pleno de hoy

Cádiz, 23 de abril de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha lamentado la “utilización del desempleo dentro de la estrategia electoral del PP y como arma de confrontación política con la Junta de Andalucía”. En este sentido, la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz ha denunciado que “después de rechazar durante dos años y medio las hasta nueve propuestas que los socialistas hemos traído al Pleno para que se pusiera en marcha un plan de empleo que diera una respuesta a la provincia con más paro de Europa, el PP ha exigido hoy que la Junta se implique en cofinanciar un instrumento en el que dice que va a participar la Diputación pero sin aclarar en ningún momento su dotación económica, su reparto entre localidades ni las acciones concretas que podrá conllevar”.

“La propia argumentación del diputado de Empleo (Ignacio Romaní) ha puesto de manifiesto que el PP pretende seguir utilizando el paro como un arma arrojadiza, porque de otra manera no se entiende que justifique dos años y medio de gestión en los que no ha hecho nada por generar empleo, que han sido dos años y medio perdidos para los desempleados de esta provincia. Y menos aún se entiende que ahora se descuelgue exigiendo a la Junta que se involucre en una supuesta iniciativa de la que no ha mostrado ni una línea, porque este repentino cambio de actitud pone de manifiesto que el PP solo se acuerda del desempleo a las puertas de unas elecciones y cuando cree que puede sacar un rédito político”, ha dicho.

En esta misma línea, ha señalado que “hasta en nueve ocasiones hemos escuchado al PP escudarse en excusas tan peregrinas como que no había financiación, que no era prioritario o que excedía de las competencias de la Diputación, para intentar justificar su negativa a que esta provincia contara con un plan de generación de puestos de trabajo. Y ahora, de la noche a la mañana, el señor Romaní exige a la Junta una implicación económica en una iniciativa de la que se desconoce absolutamente todo y que sospechamos que no existe más que en el manual de confrontación del PP, sin duda actualizado ante la inminencia de las elecciones europeas”.

La secretaria general y portavoz ha ligado esta estrategia del PP con el anuncio por parte de la Junta de la inminente puesta en marcha de una Iniciativa Territorial de Inversión (ITI), en la que el Gobierno autonómico ha solicitado y espera la participación del Ejecutivo de la Nación, a partir de un diagnóstico de las debilidades y potencialidades del tejido socioeconómico gaditano, mediante el destino de fondos europeos con los que actuar sobre los elevados niveles de desempleo. “El Partido Popular se han quedado fuera de juego y al parecer no puede consentir que la Junta haya dado con una fórmula que puede ser eficaz para contribuir a solventar el primer problema de nuestra provincia, por lo que necesita utilizar el desempleo como elemento de confrontación”, ha dicho.

“El PP ha quedado en evidencia y ha reaccionado de la peor manera posible, utilizando el desempleo como arma arrojadiza después de que la ITI pueda ser una realidad como consecuencia de una petición y de un planteamiento de absoluta seriedad por parte de la Junta, que contrasta con la absoluta falta de iniciativa del Gobierno de la Nación y de la propia Diputación. De ahí que los representantes del Partido Popular quieran incluso silenciar que la mitad de los fondos con los que se dote a esa iniciativa deberán ser aportados desde la propia Junta, lo que habla a las claras tanto del grado de implicación del Ejecutivo de Susana Díaz con esta provincia como del sectarismo de los representantes de la derecha”, ha manifestado.

Diputadas y diputados socialistas, en la sesión plenaria

Irene García ha señalado que “si el PP quiere realmente luchar contra el desempleo y contra sus consecuencias en esta provincia, tiene una ocasión de oro para hacerlo, complementando los fondos que la Junta destine al amparo de la nueva entrega del decreto contra la exclusión social o respaldando las iniciativas que los socialistas planteamos al hilo de los Presupuestos Generales del Estado con esa finalidad, que se traducían en una aportación adicional de 48 millones de euros que fue rechazada en las Cortes por los propios diputados y senadores del Partido Popular”. “Los recortes ideológicos y sectarios del PP han provocado que Andalucía pierda este año 1.200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, lo que se traduce en una merma de unos 215 millones menos para Cádiz. Ahí es donde el PP de la provincia debería incidir, porque su silencio es el peor indicativo mientras la Junta sí ha decidido apostar por esta provincia, destinando a la creación de empleo 300 de los 600 millones dedicados este año a Cádiz, cuando el recorte acumulado de Rajoy sobre las políticas activas se acerca ya al 60 por ciento”. 

En cualquier caso, Irene García ha destacado que los diputados y diputadas socialistas no solo han apoyado esa propuesta del PP encaminada a que la provincia cuente con un plan de empleo cofinanciado por Diputación y Junta, sino que “hemos respaldado que la Diputación pueda incorporarse a la ITI, al lado de los gobiernos central y autonómico, para poder participar tanto en el diagnóstico de la provincia como para aportar en torno a las actuaciones concretas que deben afrontarse para revertir esa situación. En este asunto, la posición del PSOE es monolítica: se trata de sumar voluntades y esfuerzos, porque la lucha contra el desempleo es el objetivo común que debe unirnos a todos. Por eso precisamente hemos apoyado la propuesta del PP, aunque su consciente indefinición casi la convierte en un cheque en blanco”.

Esta reflexión no ha tenido eco en el Pleno. “El PP ha protagonizado hoy un episodio digno de la antología de la demagogia y del doble rasero político, ya que su portavoz de Empleo ha llegado a asegurar que el Gobierno de la Nación ya ha respondido con creces a su responsabilidad con esta provincia mediante su implicación con la ITI, cuando a día de hoy no existe materialización concreta alguna al respecto, ni en forma de actuaciones ni a través de financiación contante y sonante”, ha dicho. Por todo ello, la portavoz y secretaria general ha concluido asegurando que “en el colmo de la desfachatez en una institución, el PP ha llegado a afirmar que la ITI ya salda con creces las obligaciones del Ejecutivo de Rajoy con esta provincia, la que soporta la mayor tasa de paro de toda España, cuando su aportación aún no se ha cerrado y en todo caso correrá a cargo de fondos Feder o del Fondo Social Europeo. Mientras, la doble vara de medir del señor Romaní le ha hecho exigir reiterada y demagógicamente una implicación adicional por parte de la Junta de Andalucía que, como él bien debe saber y ha querido ocultar en el Pleno, tendrá que asumir una parte importante de la financiación de las actuaciones incluidas en esa iniciativa exclusiva para la provincia”.

El PSOE pide un IVA reducido para peluquerías tras un aumento de la fiscalidad que ha destruido más de 1.000 puestos de trabajo en la provincia

Irene García recuerda que la subida de 13 puntos del Impuesto sobre el Valor Añadido de septiembre de 2012 causa ya el cierre de 450 negocios gaditanos, y que las perspectivas apuntan a que desaparecerán otros 250   

Cádiz, 20 de abril de 2014. El Grupo Socialista planteará en el Pleno de la Diputación del próximo miércoles la “necesidad urgente” de poner en marcha el tipo reducido del IVA del 10 por ciento para el sector de las peluquerías y los salones de belleza, después de que en septiembre de 2012 padeciera un aumento del Impuesto del Valor Añadido desde el ocho hasta el 21 por ciento, nivel que se mantiene en la actualidad. Este “desmedido incremento fiscal”, tal como lo ha calificado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, se ha traducido ya en el cierre de 450 establecimientos en la provincia y en la destrucción de más de 1.000 puestos de trabajo directos. Las previsiones del propio sector apuntan a que, de mantenerse esta situación, a lo largo del año en curso desaparecerán otros 250 negocios gaditanos, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo y con las lógicas repercusiones sobre proveedores y empresas que prestan servicios auxiliares.

Irene García ha destacado que “los 13 puntos de incremento del IVA padecido en plena crisis económica han supuesto un auténtico rejonazo para un sector que hasta ese momento venía capeando una crisis económica que ya obligó a importantes ajustes de precios y de beneficios a partir de 2008. Sin embargo, esa modificación fiscal a finales de 2012 ha ennegrecido su presente y su futuro por completo, hasta el punto de que la subida de impuestos en los productos y servicios propios de su negocio, dentro del aumento generalizado del IVA y los sucesivos tarifazos eléctricos, aparecen como simples asuntos menores”.

Esa situación ha dejado al sector “prácticamente al borde del hundimiento, sin apenas capacidad de reacción: aquellos negocios que han trasladado la subida del IVA a sus precios han sufrido una enorme pérdida de clientela; y los que han decidido repercutirlo sobre sus márgenes han arrojado unos resultados tan ruinosos que en la mayoría de los casos les han abocado al cierre o al despido de sus trabajadores”.

“El sector de la peluquería no solo es relevante desde el punto de vista numérico, que lo es y mucho; sino también desde el punto de vista social. Forma parte del tejido empresarial del país, es un sector de pequeños empresarios emprendedores que mantienen, todavía hoy, un número importante de empleos. Y destaca por el importante peso de las mujeres, especialmente porque los negocios regentados por ellas son inmensa mayoría, pero también por la mayor abundancia de trabajadoras”, ha explicado Irene García. Los datos respaldan que la peluquería-tipo es un pequeño negocio formado por un autónomo y uno o dos trabajadores: en el 85 por ciento de los casos están gestionadas por mujeres. La importancia del sector en el tejido productivo del país se pone de manifiesto teniendo en cuenta que en 2011 integraba a 48.000 salones en los que, de forma directa, trabajaban hasta 120.000 personas.

“Tras el aumento del IVA, a lo largo de 2013 se han cerrado más de 8.000 salones en toda España y se han destruido del orden de 20.000 empleos. Los números revelan que estamos ante una verdadera crisis de un sector, generada por una errónea y caprichosa decisión que el Gobierno del PP debe ser capaz de reconsiderar”, ha señalado la secretaria general y portavoz. “La sociedad española y gaditana, los pequeños empresarios y sus trabajadores no pueden entender la tozudez en mantener este aumento de la fiscalidad que, como consecuencia de la crisis en la que ha situado a estos negocios, se ha traducido además en un descenso de la recaudación, con lo que ni siquiera está cumpliendo su más que dudoso objetivo recaudatorio”.

Irene García ha enviado por ello un mensaje tanto a los diputados y diputadas provinciales del PP como a los responsables del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo de la Nación, para que “sean sensibles y escuchen esta legítima reclamación cargada de sentido. Gobernar es decidir, y socialmente es muy complicado entender que sí haya margen para que el Partido Popular anuncie una rebaja impositiva del 21 al 10 por ciento en las transacciones de objetos de arte, argumentándola en su supuesta importancia para la economía española, y que mantenga a decenas de miles de empresarios y de trabajadores con la soga al cuello”.

El PSOE lleva a la Diputación el rechazo a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones

Irene García denuncia que el Gobierno del PP “empuja progresivamente al empobrecimiento” a más de 190.000 gaditanos y gaditanas

Cádiz, 19 de abril de 2014. El Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación del próximo día 23 una propuesta de rechazo a la “supresión unilateral”, por parte del Gobierno de la Nación, de la fórmula de revalorización de las pensiones públicas, que se ha traducido en una importante pérdida de poder adquisitivo de las mismas, y que se irá acentuando a medida que transcurran los años. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha señalado que “la nueva fórmula para calcular la revalorización de las pensiones instaurada a partir de la Ley 23/2013, de 13 de diciembre, no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Muy al contrario, supondrá una pérdida de entre el 14 y el 26 por ciento durante los próximos 15 años, como de hecho ya están notando los más de 190.000 pensionistas de la provincia, que se verán empujados progresivamente al empobrecimiento”.

Por este motivo, los diputados y diputadas socialistas expondrán en el Pleno “nuestro más absoluto desacuerdo con la decisión del Gobierno de eliminar un sistema que venía funcionando y de sustituirlo por una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo”.

“La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25 por ciento, viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no actualizar las pensiones”, ha afirmado Irene García. De hecho, los incrementos realizados en las cuantías en los dos últimos años no han sido suficientes para compensar la evolución de la inflación. Como consecuencia, en estos años las pensiones inferiores a 1.000 euros, (dos tercios del total) han perdido un 0,1 por ciento; y las superiores a esa cantidad (el tercio restante) han reducido su capacidad de gasto el 1,1 por ciento. “Teniendo en cuenta el aumento decidido para 2014 (el 0,25 por ciento) y la previsión de inflación manejada por el propio Gobierno (del 1,5 por ciento), este año todas las pensiones, sin distinción de su cuantía, sufrirán una disminución de su capacidad de gasto del 1,25 por ciento”. 

“La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento de millones de personas, muy especialmente para quienes ya cuentan con una pensión baja. Esta situación afecta a muchísimas personas, porque nada menos que el 54 por ciento de las pensiones tiene una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Además, hay que tener en cuenta los efectos sobre las familias, ya que para el 27 por ciento de los hogares la pensión es su único ingreso o el principal de los que reciben”, ha explicado Irene García. La portavoz ha destacado también los “efectos negativos derivados sobre el empleo y la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y servicios, que lógicamente se resentirán al reducirse el importe de las mismas”.

Este progresivo empobrecimiento de los pensionistas y de las personas de ellos dependientes se agrava aún más si se tienen en cuenta factores como la evolución de los precios de los medicamentos, que han aumentado el 20,9 por ciento desde 2011 como consecuencia de la exclusión de un número importante de ellos de la financiación pública; la elevación del coste del transporte público urbano, con una subida acumulada del 14,6%; y los sucesivos “tarifazos” vividos en los dos últimos años, que han elevado el gasto en luz, agua y calefacción en un 11,4 por ciento.

“Exigimos al Gobierno del PP y de Mariano Rajoy una rectificación inmediata, y que regrese al marco de diálogo y acuerdo que representa el Pacto de Toledo, porque las medidas adoptadas fuera de este no han hecho sino perjudicar a las personas más débiles, sin actuar en ningún caso sobre los verdaderos retos del sistema de pensiones. De hecho, no se ha articulado ninguna medida dirigida a la mejora de ingresos, a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, ni a la necesidad de que aflore la economía sumergida”, ha concluido Irene García.

El PSOE reclama un plan integral de dos millones de euros para las carreteras de la Sierra

Irene García advierte del “progresivo deterioro” de la red provincial en la comarca, que sufre el corte de varias vías y acumula múltiples puntos que padecen los efectos de “una preocupante falta de mantenimiento”

Carretera CA-9101, entre Algodonales y La Muela

Cádiz, 16 de abril de 2014. El Grupo Socialista reclamará en el próximo Pleno de la Diputación “un plan integral de actuación, dotado con dos millones de euros anuales, para las carreteras de titularidad provincial en la comarca de la Sierra”. Esta solicitud se produce como consecuencia del “alarmante estado” en el que se encuentran muchas de esas vías, “vitales para la conexión entre localidades y para la movilidad de personas y mercancías en un territorio que cuenta con un importante volumen de población, muy atomizada en casi una veintena de municipios y en un elevado número de núcleos de menor entidad”.

Así lo ha explicado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha señalado que “las operaciones de propaganda del Gobierno provincial del PP y sus reiterados anuncios sobre actuaciones que nunca acaban de llegar no consiguen ocultar la evidencia de la mala situación que atraviesa la red, una situación que es especialmente grave en la comarca de la Sierra como consecuencia de las varias carreteras cortadas y de la existencia de otros puntos que revelan una preocupante falta de mantenimiento”. Irene García ha destacado que “la gran prioridad de este plan integral de actuación dotado con una inversión de dos millones de euros debe ser dar respuesta inmediata a aquellos casos en los que se registran incidencias más graves, con el objetivo de minimizar cuanto antes los perjuicios que ya vienen causándose a sus usuarios. Y, paralelamente, habrá que disponer toda una batería de actuaciones para retomar la adecuada conservación de ese patrimonio que se ha abandonado a una progresiva decadencia”.  

“En la actualidad hay alguna carretera de la Sierra que lleva cortada más de un año, como es la CA-9101 entre Algodonales y La Muela (a la altura de su kilómetro 6), un tiempo más que suficiente para haber podido solventar ese problema, máxime cuando el propio alcalde ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de su reapertura”, ha señalado la portavoz y secretaria general.

Igualmente, se ha referido a la CA-9111 (entre los kilómetros 0 y 1). La imposibilidad de circular por esta carretera desde hace también en torno a un año “complica enormemente los desplazamientos entre localidades como Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas con Algodonales, porque obliga a un importante rodeo por Torre Alháquime y Olvera, con las consiguientes molestias y los perjuicios económicos resultantes”. Respecto al reciente anuncio de la licitación de la reparación de esta vía, Irene García ha afirmado que “el Gobierno provincial reacciona  una vez más mal y tarde, publicitando a bombo y platillo unas obras que se llevan esperando desde la pasada primavera, cuando se produjo el desprendimiento y la carretera quedó completamente cortada. Por mucho que el PP quiera excusarse en la realización de un estudio geotécnico, la realidad que palpa la ciudadanía es que la imposibilidad de circular por ella se va a prolongar durante más de un año y que, al final, el arreglo de este tramo apenas precisará 79.000 euros”. 

Carretera CA-9111, cortada desde la primavera de 2013

Junto a todo ello, hay otras vías que presentan cortes de un carril, como la CA-9109 entre Olvera y El Gastor (a la altura del kilómetro 14), y “multitud de ejemplos de numerosos daños más, visibles o latentes, a lo largo y ancho de una comarca que registra una importante movilidad de personas, de vehículos pesados y de maquinaria agrícola, y que por tanto merece un adecuado mantenimiento y conservación de sus carreteras”.

Irene García ha recordado que “a finales de 2013, el Gobierno del PP en la Diputación vendió públicamente un plan de carreteras para toda la provincia que llevaba casi un año dormido en un cajón, por valor de 2.838.425 euros. Todas las actuaciones integradas en ese plan presentado públicamente en octubre de 2013 estaban ya recogidas en los Presupuestos de la Diputación para aquel año. Dicho de otra forma, todas ellas habían sido aprobadas diez meses antes, un tiempo en el que no se ejecutó ni un solo euro. Además, en la mayoría de los casos se trataba de actuaciones de muy escasa dotación económica, que apenas se traducían en parcheos de asfaltado”.

“Más recientemente, el propio Gobierno del Partido Popular ha elevado hasta 4,3 millones la cantidad supuestamente invertida en materia de carreteras en toda la provincia en los dos últimos años, un montante que continúa siendo insuficiente para una red que supera los 800 kilómetros y que comenzó a padecer los efectos de los recortes del PP desde el mismo momento en que asumió la gestión de la Diputación”, ha señalado.  

Frente a esta realidad, la portavoz y secretaria general ha destacado que “en el último cuatrienio de gestión socialista al frente de la Diputación (2007-2011), la inversión en la red provincial de carreteras ascendió a 27.844.000 euros; es decir, prácticamente siete millones de euros al año. Mientras, de mantenerse el grado de inversión que el PP está siguiendo desde que accedió al Gobierno provincial a mediados de 2011, al cierre del presente mandato únicamente se habrá dedicado a las carreteras provinciales poco más de la cuarta parte de lo que los socialistas invertimos en los cuatro años precedentes”. 

En este mismo sentido, Irene García ha recordado que “entre las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista a los Presupuestos de la Diputación para 2014 se encontraba la solicitud de incluir en las previsiones económicas para este ejercicio una cantidad que garantizase el nivel de inversión en la red de carreteras que se alcanzó durante la etapa socialista, con una partida anual de 7 millones de euros. Sin embargo, esta posibilidad fue desestimada, de forma incomprensible, por el Gobierno provincial del PP”.

Por todo ello, la portavoz y secretaria general ha recomendado a los gestores de la Diputación que “huyan de la autocomplacencia y dejen de caer en balances triunfalistas en un asunto de esta importancia, cuando la situación de la red de carreteras provinciales continúa siendo muy preocupante, y de manera muy especial en la comarca de la Sierra”. “Mientras estas vías con una importancia capital para la vertebración de nuestra provincia y para la conexión de nuestros pequeños municipios continúan sufriendo la falta de un adecuado mantenimiento, su progresivo deterioro invita a cualquier cosa menos al triunfalismo”, ha concluido.

El PSOE reclama a Diputación que “haga suyas” las alegaciones socialistas al PITVI y que exija al Gobierno “el fin de la marginación a la provincia”

Irene García dice que el documento que fija las prioridades del Ejecutivo “incide en el abandono y en la falta de implicación con Cádiz” que ya adelantaban los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el PP

Cádiz, 15 de abril de 2014. La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha anunciado la presentación de una propuesta al próximo Pleno para que la Diputación “asuma y haga suyas las alegaciones planteadas por el PSOE de Cádiz al Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) elaborado por el Gobierno de la Nación, que incluye imperdonables olvidos e incumplimientos hacia esta provincia”. “Una vez que venció el plazo para la presentación de alegaciones, y en la seguridad de que la Diputación no ha hecho uso de esa potestad para tratar de mejorar un documento que maltrata a esta provincia en la priorización de actuaciones del Ejecutivo hasta el horizonte de 2020, el señor Loaiza tiene la oportunidad de sumarse a las reclamaciones que hemos planteado los socialistas, de forma que sean remitidas al Ministerio de Fomento a través de un acuerdo institucional”, ha dicho.

Irene García ha destacado que “en su actual redacción, el PITVI incide en el abandono y en la falta de implicación con esta provincia que ya se apuntaba en los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Partido Popular”, por lo que es preciso “exigir el fin de la marginación a la que el Gobierno central viene castigando a Cádiz”. La propuesta socialista pretende instar al Ejecutivo a que ese plan “sirva realmente para reactivar la economía, para salir de la crisis, para proyectar actuaciones que den prevalencia a la vertebración y a la cohesión territorial, atendiendo prioritariamente a las zonas más desfavorecidas”, al tiempo que exige un “compromiso real” con infraestructuras concretas en la provincia. 

En ese listado figuran “hasta un total de 29 alegaciones con respecto a olvidos, marginaciones y retrasos sobre infraestructuras que no han sido priorizadas por el Gobierno de la Nación, que no están recogidas en la planificación, o que lo están sin que ello se traduzca en un compromiso firme de su cumplimiento. Por este motivo, los socialistas hemos decidido presentar estas alegaciones, que ahora planteamos que sean asumidas como propias por la Diputación, para trasladarlas institucionalmente al Ministerio de Fomento”.

Las alegaciones relativas a la Bahía de Cádiz suponen casi la mitad del total, y entre ellas destacan las relativas al apartado de carreteras, tales como la autovía Jerez-Dos Hermanas; el nudo de Tres Caminos y la conexión Navantia-Tres Caminos; la mejora de los accesos viarios a las áreas industriales adyacentes al aeropuerto de Jerez, donde también se plantea la ampliación de la pista de vuelo; el segundo puente de acceso a Cádiz; y la necesidad de asegurar la caducidad de la concesión de la autopista y de “despejar toda sombra de duda en torno a una posible prórroga del peaje a partir de 2019”.

También en el entorno de la Bahía, las alegaciones presentadas por el PSOE persiguen salvar ausencias de compromisos reales en materia ferroviaria, como la llegada de la alta velocidad a Cádiz; la integración del tranvía de la Bahía en el sistema de Cercanías; la unión por tren de La Cabezuela con la red general ferroviaria, Las Aletas y la concentración empresarial del Río San Pedro; y la conexión de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz, así como la construcción de la propia terminal en sí misma. Este importante apartado portuario pretende también garantizar el dragado de la canal principal hasta una profundidad que permita la atracción de grandes buques a los muelles de la Bahía gaditana.

Junto a todas estas actuaciones destacan otras vinculadas a la potencialidad logística de la Bahía de Cádiz, como el desarrollo del polígono de Las Aletas, mediante la implicación de la Autoridad Portuaria, el Consorcio de la Zona Franca y la Universidad de Cádiz; la integración del Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez y el llamado Polo Aeronáutico situado junto al aeropuerto; y la inclusión de todas las grandes infraestructuras de transporte y distribución de la provincia en una plataforma común que, a la vez, se integre en el marco de la Red Logística de Andalucía.

Igualmente destacadas aparecen en la propuesta al Pleno las alegaciones que tienen que ver con el Campo de Gibraltar. Entre ellas, “solicitamos que el Ministerio de Fomento priorice y haga un plan urgente para la conexión del Puerto de la Bahía de Algeciras con Bobadilla para brindar una conexión ferroviaria competitiva al primer puerto español por tráfico global”. En este sentido, Irene García ha llamado la atención sobre la necesidad de acabar con “la inexplicable marginación a la que el Ejecutivo de Rajoy y del PP está condenando a la modernización de la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar, la infraestructura básica para enlazar al puerto de Algeciras, el más importante del Mediterráneo, con los grandes ejes de desarrollo continentales, dentro de un proyecto que ha recibido todos los parabienes europeos e incluso la consideración prioritaria a ojos de los Veintiocho”. Por tal motivo, las alegaciones defienden “la inclusión del trazado ferroviario Algeciras-Bobadilla-Córdoba-Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona-frontera francesa entre los tramos ferroviarios pertenecientes al corredor mediterráneo que precisan ancho internacional o UIC”.

Las alegaciones socialistas respecto al Campo de Gibraltar que ahora buscan el apoyo institucional de la Diputación pretenden “la inclusión del ramal ferroviario a Campamento entre los accesos ferroviarios a los Puertos, para resolver paralelamente el acceso a las Grandes Industrias del que nada se dice en el PITVI”; y la incorporación de la reposición de la red convencional del ferrocarril, además de en el tramo Almoraima-Algeciras, en aquellos tramos que el PITVI olvida, San Pablo de Buceite-Almoraima y Antequera-Ronda, así como la electrificación de la línea completa entre Antequera y Algeciras.

En materia de carreteras, las alegaciones referentes al Campo de Gibraltar hacen referencia a la duplicación y conversión en autovía de la N-340 entre Vejer y Algeciras, incluyendo el acceso al Puerto de Tarifa; la necesidad de “especificar claramente que los accesos de carreteras al Puerto Bahía de Algeciras pendientes de acometer son los accesos Norte y Sur a las instalaciones portuarias del término municipal de Algeciras y el acceso a Campamento en el término municipal de San Roque”; y la construcción de la “AP-7, tramo Algeciras, conexión autovía del Higuerón”. Junto a todo ello figura introducir una mención especial a los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF) portuarios a la hora de referirse al funcionamiento de los controles en el paso de las mercancías por la frontera.

El PSOE quiere implicar a la Diputación en un pacto de Estado contra la violencia de género

Irene García recuerda las cuatro muertes violentas en apenas un mes en la provincia, aboga por un “gran acuerdo” político y social, y reclama que las partidas para prevención y asistencia se salven de los recortes 

Cádiz, 13 de abril de 2014. El Grupo Socialista buscará en el próximo Pleno el respaldo de la Diputación para solicitar al Gobierno de la Nación “la firma de un pacto de Estado contra la violencia de género en el que participen la Administración General, autonómica y local; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General del Poder Judicial; los partidos políticos; los interlocutores sociales; las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales especializadas”. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que el objetivo de ese “gran acuerdo” debe ser “promover la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

“En nuestro país, en los últimos diez años ha muerto una mujer cada cinco días a manos de su pareja o ex pareja. En los tres primeros meses de 2014, veintitrés mujeres han sido asesinadas por esta causa. En apenas treinta días durante los meses de marzo y abril, tres mujeres y una niña han fallecido en esta provincia como consecuencia de la violencia machista”, ha desgranado Irene García, quien ha recordado que “entre los méritos fundamentales de la Ley Integral cabe destacar la intensa labor que desplegó la sociedad civil y, en especial, la que desarrollaron en su impulso las organizaciones de mujeres, lo que se materializó en un esfuerzo de consenso plasmado en su unánime aprobación parlamentaria”. 

La propuesta del PSOE plantea “renovar ese gran pacto de Estado contra la violencia de género, tal y como se hizo en el año 2004, ante el convencimiento de que la violencia contra las mujeres, tal y como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Ley Integral, es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y de la libertades fundamentales”. 

La iniciativa del Grupo Socialista persigue también instar al Gobierno de la Nación a “reponer y dotar suficientemente las partidas para la lucha contra la violencia de género, en especial los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos”. Junto a esta respuesta desde el punto de vista presupuestario, Irene García ha defendido otras “a través de la legislación, para lo que será necesario adoptar medidas normativas y punitivas que permitan enviar un mensaje claro a los agresores sobre su implacable persecución y sanción”.

“No cabe apelar a la crisis económica y financiera por la que atravesamos para efectuar recortes presupuestarios que afectan directamente a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y que inciden en sus derechos básicos de ciudadanía”, ha explicado la portavoz y secretaria general. Y ha hecho hincapié en que “la seguridad de las mujeres, el mantenimiento de una red de servicios y de centros de ayuda en todo el país a las víctimas de este delito, la educación en la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales desde la infancia, y los avances en la legislación punitiva para la persecución y sanción de estas agresiones no pueden quedar supeditadas a un supuesto principio de cumplimiento de objetivos de déficit”.

“No es casual que el número de denuncias por violencia de género se venga reduciendo año tras año, produciéndose en 2013 un 2,8 por ciento menos que en el ejercicio anterior, diez menos cada día que en 2012. No es casual, pues, que el porcentaje de mujeres asesinadas por esta violencia machista que no presentó denuncia se haya incrementado desde 2010, pasando de un 70 a un 80 por ciento en 2013. No es casual tampoco que las llamadas al 016 hayan descendido entre 2008, primer año pleno de funcionamiento de este servicio, y 2013 en un 28,6 por ciento. Ni es casual que una de cada tres mujeres asesinadas en lo que llevamos de año llegó a presentar denuncia y posteriormente la retiró”, ha afirmado.

Irene García ha destacado que, “todos estos motivos exigen nuevamente que los partidos políticos de esta Corporación provincial, de la mano de la Administración del Estado, Autonómica y Local, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de los interlocutores sociales, de las organizaciones de mujeres y toda la sociedad nos unamos contra un fenómeno violento que amenaza los pilares fundamentales de nuestra convivencia y que supone además una sangría de vidas y una constante fuente de sufrimiento para una parte importante de nuestra población”.

“Siendo la erradicación de la violencia de género una reivindicación de justicia bajo cualquier circunstancia, entendemos que los últimos y dramáticos acontecimientos vividos en esta provincia, que ha padecido hasta cuatro asesinatos en apenas unos días en Jerez, Chiclana y San Roque, obligan más que nunca a nuestra Diputación a implicarse y a liderar institucionalmente la reclamación de un pacto de Estado contra esta auténtica lacra social”, ha concluido.

“Loaiza debe dejar la bandera del PP y encabezar de una vez por todas la defensa del sector naval”

Irene García censura el “oportunismo” del presidente de Diputación al enviar “un falso mensaje de solidaridad a la plantilla de Navantia” tras “casi tres años sin hacer nada para que llegue carga de trabajo”

El PSOE exige conocer qué “gestiones concretas” ha realizado Loaiza ante el Gobierno de la Nación tras ser “mandatado por el Pleno” para reclamar actividad y la contratación de la segunda fase de los BAM

Concentración institucional de la Diputación en defensa del sector naval de la Bahía, en diciembre de 2013

Cádiz, 10 de abril de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha asegurado que “el presidente Loaiza debe dejar ya la bandera del PP y encabezar de una vez por todas la defensa del sector naval”. Tras las declaraciones del titular de la Corporación provincial en las que enviaba “un falso mensaje de solidaridad a la plantilla de Navantia, que protesta legítimamente contra la falta de actividad a la que le tiene condenada el Gobierno de Mariano Rajoy”, Irene García le ha reclamado que “haga un ejercicio de responsabilidad y enarbole definitivamente la bandera de esta Bahía y de esta provincia, en lugar de seguir manteniendo una inaceptable actitud de sumisión ante los dictados de las altas instancias del PP”.

“El señor Loaiza ha vuelto a hacer gala de un lamentable oportunismo, de la misma forma que lo ha hecho en ocasiones anteriores en las que ha mostrado a los trabajadores una aparente comprensión y solidaridad que no implican compromiso alguno de solución a sus demandas y que, desde luego, no se traduce en carga de trabajo ni en garantía de estabilidad para sus empleos y para los de las empresas auxiliares del sector”, ha señalado. Y ha añadido que “el sector naval gaditano está ya harto de falsos compromisos y de promesas incumplidas por parte del presidente de la Diputación, que en casi tres años de mandato no ha hecho nada para que llegue carga de trabajo, más allá de enviar buenas palabras que no tienen su reflejo en forma de reclamación firme alguna ante el Gobierno central”.

Irene García ha llamado la atención sobre el hecho de que “en reiteradas ocasiones, el Pleno de la Diputación ha aprobado de forma unánime propuestas que los socialistas hemos llevado en defensa de nuestro sector naval, algunas de las cuales fueron incluso modificadas para aceptar enmiendas del PP con objeto de que pudieran tener un carácter institucional. Sin embargo, esas iniciativas no se han traducido en avance alguno para nuestros astilleros, por la falta de implicación del presidente en su traslado a los ámbitos donde deben ser tenidas en cuenta”, ha destacado. 

En este sentido, se ha referido a casos “de una especial gravedad”, como fueron los vividos tras la aprobación unánime de sendas exigencias al Gobierno de la Nación de que aprobara la firma de la orden de ejecución de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM), que estuvieron seguidas del “inmediato rechazo por parte del PP en el Congreso y en el Senado a la introducción de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que hicieran posible la contratación inmediata de ese proyecto que los socialistas dejamos listo antes de dejar el Gobierno de la Nación”.

“El señor Loaiza se ha desentendido de los astilleros de la Bahía como presidente de la Diputación, de la misma forma que lo ha hecho como alcalde de San Fernando”, ha señalado, en referencia a los acuerdos plenarios adoptados por los ayuntamientos de la zona en demanda de la contratación de los BAM, unas declaraciones institucionales “que también han caído en saco roto ante la falta de influencia ante quienes de verdad tienen en su mano el futuro de nuestro sector naval”. En este sentido, ha lamentado que el titular de la Diputación “sea aquí el primero en tomar la pancarta y hacerse la foto, pero después carezca del peso político para trasladar las reivindicaciones y para pelear por ellas en los foros donde hay que hacerlo. Y todo ello, además, mientras dirigentes del PP y representantes institucionales de Galicia no han dudado en alzar la voz frente al Gobierno de Mariano Rajoy”.

Irene García ha destacado que “en el Pleno del pasado noviembre, cuando los trabajadores de Navantia pidieron nuevamente ayuda y reclamaron el respaldo de la Diputación ante la pérdida del contrato de los cuatro gaseros que el PP daba por hecho que llegarían a las factorías de la Bahía, el presidente Loaiza dijo, y así está recogido en el acta de la sesión, que él personalmente ha estado abanderando la lucha por la carga de trabajo en nuestros astilleros. Desgraciadamente, casi tres años después de su toma de posesión, los trabajadores de Navantia en particular y la sociedad gaditana en general tienen muy claro que los hechos demuestran que no ha sabido o no ha querido cumplir ese compromiso”. En este sentido, ha recordado que el presidente de la Diputación “ha sido mandatado por el Pleno para defender al sector naval de la provincia”, y muy especialmente para reclamar la construcción de la segunda fase de los BAM. Por este motivo, ha anunciado que “en la próxima sesión plenaria exigiremos conocer qué gestiones concretas ha realizado, si es que ha efectuado alguna, porque el resultado no puede ser más desalentador”.

Finalmente, la secretaria general ha enviado también un llamamiento al presidente provincial del PP, Antonio Sanz, al que ha reclamado que “en lugar de pasearse como acompañante de Moreno Bonilla en sus viajes por Europa, debería centrarse en solucionar los verdaderos problemas y en hacer que los representantes de ese partido defiendan los intereses de Cádiz. Y, desde luego, la consecución de carga de trabajo para nuestros astilleros es una de las grandes prioridades en este sentido, por mucho que él mismo haya votado en el Senado en contra de una enmienda socialista a los Presupuestos Generales del Estado que permitía el inicio inmediato de la construcción de la segunda fase de los BAM; y, con ello, haya dificultado la solución a la falta de actividad y a la situación de incertidumbre que se vive en nuestros diques”.