Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz: febrero 2019

El Pleno apoya de forma unánime la propuesta socialista para que la Junta de Andalucía apruebe un plan especial de empleo para la provincia

La iniciativa exige también que se activen de inmediato las políticas activas que dejó aprobadas el Ejecutivo de Susana Díaz

Irene García, presidiendo el Pleno de esta mañana

Cádiz, 20 de febrero de 2019. El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista que reclamaba a la Junta de Andalucía el desbloqueo y la resolución definitiva de los programas de fomento del empleo establecidos para los distintos ayuntamientos de la provincia y que el Gobierno presidido por Susana Díaz dejó aprobados antes de las elecciones del pasado mes de diciembre. Con esta medida se haría posible la inmediata selección del personal que debe ser contratado al amparo de todas estas iniciativas, como la inmensa mayoría de ayuntamientos de la provincia ya vienen demandando. De la misma manera, la iniciativa socialista plantea la “aprobación urgente” de un plan de empleo especial y específico para la provincia de Cádiz, en lógica respuesta a los compromisos hechos públicos en este sentido, de manera reiterada, por dirigentes del Partido Popular antes de las citadas elecciones.

La propuesta del Grupo Socialista recuerda que la Diputación ha situado, junto al reforzamiento de las políticas sociales y la asistencia a los pequeños municipios, al empleo como su principal prioridad. En el apartado específico del fomento del empleo, las sucesivas ediciones del Plan de Cooperación Local y del Plan Invierte han supuesto una inversión global superior a los 56 millones de euros procedentes de recursos propios, una cantidad desconocida y que ilustra de la prioridad que para este Gobierno provincial ha significado el impulso de la generación de puestos de trabajo. Hoy mismo, la sesión ha incluido la aprobación de una nueva edición del Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial, una herramienta con un evidente impacto en esta materia.

La diputada de Empleo, Ana Carrera, ha sido la encargada de defender la propuesta socialista en la Sesión Plenaria de esta mañana y ha recordado la incongruencia de que existan herramientas aprobadas y pendientes solo que los distintos ayuntamientos reciban las correspondientes resoluciones para que puedan efectuarse centenares de contrataciones, mientras la provincia continúa padeciendo unos niveles de paro muy elevados. “No parece de recibo que, cuando esta provincia cuenta con más de 155.000 desempleados, el Gobierno de Moreno Bonilla mantenga paralizados planes de empleo por valor de unos 36 millones de euros que son firmes, están aprobados definitivamente y solo esperan una decisión política para hacerse efectivos”, ha explicado.

Esta propuesta incluía un segundo apartado, igualmente respaldado por unanimidad del Pleno: la reclamación de un plan especial de empleo para la provincia de Cádiz, en respuesta de la promesa electoral realizada de manera reiterada tanto por el hoy presidente de la Junta como por otros candidatos del PP gaditano. “No nos pidan 100 días de cortesía para el Gobierno de la Junta. No al menos en este asunto, porque su promesa fue clara y reiterada: la primera reunión del Consejo de Gobierno iba a incluir un plan especial de empleo para esta provincia”, ha afirmado Ana Carrera, quien ha añadido que “las decenas de miles de desempleados gaditanos no están para esperar 100 días sino para exigir que se cumplan los compromisos con los que se concurren a las elecciones. Hoy no vale escudarse en excusas, porque ustedes no dijeron que iban a aprobar un plan de empleo especial para esta provincia a los 100 días de la toma de posesión, sino en el primer Consejo de Gobierno, algo que no han hecho”.

El PSOE alerta del riesgo de “parálisis” de los pequeños ayuntamientos y pide para ellos “flexibilidad” en la normativa de contratación

Una propuesta al Pleno sugiere “una regulación específica” que asegure la eficacia de la Administración garantizando en todo caso la transparencia en la gestión de los recursos públicos

Irene García vota en un pasado Pleno de Diputación

Cádiz, 18 de febrero de 2019. El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación Provincial que el Gobierno de la Nación modifique la Ley de Contratos del Sector Público, en el sentido de flexibilizar las disposiciones en relación con los pequeños municipios y con las entidades locales autónomas (ELA).

La propuesta socialista pretende que, respetando en todo caso los principios de transparencia, se tengan en cuenta las peculiaridades de esas corporaciones de pequeño tamaño y menor estructura funcional. Más concretamente, se llama la atención sobre las dificultades derivadas de la complejidad administrativa que introducen ciertas novedades incorporadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como son el nuevo régimen de aplicación de los contratos menores o el procedimiento abierto simplificado y las específicas para las entidades locales, y de especial relevancia para los funcionarios de habilitación nacional.

La iniciativa recuerda que la contratación de obras, bienes, servicios y suministros es una herramienta propia de las Administraciones Públicas que representa un importantísimo impacto económico, democrático, social y medioambiental en nuestros pueblos y ciudades. No en vano, la contratación pública representa el 18% del Producto Interior Bruto, genera empleo, oportunidades empresariales y fomenta un nuevo modelo productivo. Además, es pieza clave en la modernización del procedimiento administrativo.

La nueva realidad legal establece que ningún poder público puede adjudicar contratos menores (sin publicidad ni libre concurrencia) a un mismo proveedor por un valor superior a 15.000 euros al año en el caso de suministros y otros servicios, o a 40.000 euros anuales si se trata de contratos de obras.

La legítima búsqueda de transparencia en el uso de recursos públicos que inspira la Ley de Contratos del Sector Público se ha traducido, en el caso específico de estas pequeñas poblaciones, en un obstáculo que complica enormemente su gestión cotidiana, ya que cuestiones de mera operatividad les obligan a que la mayoría de los contratos de obras y suministros se resuelvan por medio de contratos de esta naturaleza. A todo ello hay que añadir que, el propio tejido empresarial de estas localidades implica un número de proveedores más reducido que en el caso de las grandes ciudades.

La tardanza en los procedimientos se pone de manifiesto en la limitación del uso del contrato negociado por criterios de precio, que hasta la fecha permitía a la Administración invitar a tres empresas a un concurso sin publicidad. Con la nueva Ley se apuesta por el contrato abierto simplificado, con una duración del proceso de contratación que rondará el mes, pero con publicación obligatoria, todo ello bajo el paraguas de mejorar la transparencia. Sin embargo, dadas la particularidad del ámbito local y la existencia de numerosos municipios pequeños, la Ley debería haber previsto la continuidad del contrato negociado, siempre con todas las garantías de transparencia.

Así mismo, en virtud de la modificación del texto normativo, las comunicaciones y las notificaciones serán realizadas por medios telemáticos, mediante una dirección electrónica habilitada o comparecencia electrónica. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se realizará, con carácter general, mediante medios electrónicos y todo ello teniendo en cuenta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se trata ésta de una Ley que incorpora numerosas exigencias e informes, lo que requiere de una profesionalización de técnicos a la que difícilmente pueden acceder los ayuntamientos más pequeños. En consecuencia, se consigue justamente lo opuesto al objetivo inicial, provocándose la parálisis de una Administración que llega a vulnerar la prestación de un servicio público ágil y eficaz para los ciudadanos.

Por todo ello, parece evidente que es necesaria una regulación específica en esta materia para la Administración Local, y muy especialmente para los municipios menores de 5.000 habitantes y para las ELA.

El PSOE solicita al Gobierno de la Nación el restablecimiento del transporte ferroviario de pasajeros entre Algeciras y Ronda

La disponibilidad del subtramo permite recuperar el servicio mientras prosiguen las obras de reparación entre la localidad rondeña y Bobadilla

Imagen de un Pleno de Diputación

Cádiz, 17 de febrero de 2019. El Grupo Socialista planteará en el próximo Pleno de la Diputación que la Corporación provincial solicite al Ministerio de Fomento y a sus Entidades Públicas Empresariales ADIF y Renfe el pronto restablecimiento del servicio para pasajeros en la línea ferroviaria entre Algeciras y Ronda. Ese tráfico quedó interrumpido desde el pasado mes de octubre, cuando una tromba de agua de una intensidad poco frecuente provocó importantes daños en el trazado Algeciras-Bobadilla, en el que se integra el anteriormente citado subtramo. Esos daños, los más importantes generados entre los municipios malagueños de Campillos y Almargen, conllevaron el corte total de tráfico entre Algeciras y Bobadilla (y, en buena lógica, en el subtramo entre la localidad campogibraltareña y Ronda).

Habiendo teniendo conocimiento por parte de ADIF de que la línea ferroviaria entre Algeciras y Ronda está en perfecto estado y que permite el tráfico con total normalidad, el Grupo Socialista considera indispensable que, a la mayor brevedad posible y sin que se tenga que esperar a la reparación del tramo indicado entre las estaciones malagueñas de Campillos y Almargen, se debe restablecer adecuadamente el servicio de trenes para pasajeros entre Algeciras y la localidad rondeña.

Desde el momento en que se produjo el corte de la línea, al tiempo que el Ministerio de Fomento desarrolla los trabajos de recuperación y restablecimiento de la infraestructura, Renfe viene prestando el servicio público de transporte de pasajeros a través de medios alternativos al ferrocarril, como son autobuses y taxis que conectan las estaciones de Algeciras-Ronda-Antequera. A pesar del esfuerzo, este servicio transitorio de autobuses y taxis está generando numerosas quejas por el deterioro del servicio público, como se puso de manifiesto especialmente en las pasadas fechas navideñas, días en los que tradicionalmente se registra una punta de usuarios del servicio ferroviario. Esa circunstancia agravó la ya precaria calidad del servicio, con retrasos continuos que incumplían los horarios establecidos, limitación de espacios para el transporte de equipajes, falta de información de los nuevos servicios y horarios… Como consecuencia, el deterioro transitorio de este servicio público está perjudicando la movilidad de numerosas personas, al tiempo que suponiendo un grave perjuicio económico a establecimientos hosteleros tanto del marco del Campo de Gibraltar como de la Serranía de Ronda en Málaga.

El pasado mes de diciembre, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo, informó en un encuentro con representantes sociales y empresariales en Algeciras que las previsiones de ejecución de estas obras para reparar los daños causados por las lluvias eran de cinco o seis meses, por lo que el restablecimiento del tráfico ferroviario entre Algeciras y Bobadilla no se produciría hasta abril o mayo, un período demasiado largo si a ello se une la demora estructural que se arrastra durante los últimos siete años en la ejecución de las actuaciones de modernización de la línea ferroviaria dentro del Corredor Mediterráneo, una mejora de interés general para el Campo de Gibraltar, para Andalucía y para el conjunto de España, al suponer la salida terrestre natural para las mercancías llegadas al puerto de Algeciras.

Por este motivo, dada la plena disponibilidad de la vía entre Algeciras y Ronda ya confirmada por ADIF, es necesario que se recupere el transporte ferroviario entre ambas localidades, independientemente de que la continúen el corte y los trabajos entre la localidad rondeña y Bobadilla.

Paralelamente, la propuesta socialista requiere a la Entidad Pública Empresarial Renfe a que, a la mayor brevedad posible y además de realizarse por los cauces habituales, se refuerce la información tanto a los usuarios de la situación transitoria de horarios, tarifas y conexiones de los servicios de trenes y autobuses en cada una de las estaciones de la línea ferroviaria entre Algeciras y Ronda, como a los ayuntamientos de los municipios afectados.

El PSOE exige el desbloqueo “urgente” de los planes de fomento del empleo impulsados por la Junta para los ayuntamientos

Los socialistas recuerdan la promesa electoral de Moreno Bonilla sobre un plan especial de empleo para la provincia

Cádiz, 16 de febrero de 2019. El Grupo Socialista de la Diputación llevará una propuesta al Pleno del próximo miércoles que reclama a la Junta de Andalucía el desbloqueo “urgente” y la resolución “definitiva” de los programas de fomento del empleo establecidos para los distintos ayuntamientos de la provincia. Con esta medida se haría posible la inmediata selección del personal que debe ser contratado al amparo de todas estas iniciativas.

De la misma manera, la iniciativa socialista plantea la “aprobación urgente” de un plan de empleo especial y específico para la provincia de Cádiz, en lógica respuesta a los compromisos hechos públicos en este sentido, de manera reiterada en época preelectoral y electoral, por el hoy presidente de la Junta de Andalucía.

La iniciativa del PSOE destaca en su exposición de motivos que los indicadores de desempleo en la provincia han ido mejorando a lo largo de los últimos años, una circunstancia favorable que no impide que continúen representando unos volúmenes insoportables. Por este motivo, sigue siendo igualmente necesaria una apuesta decidida de las Administraciones por planes, programas y proyectos que, de una manera sostenida en el tiempo, hagan que nuestra provincia mejore sus datos en materia de empleo.

De forma paralela, la Junta de Andalucía ha venido manteniendo una especial sensibilidad acerca tanto de la situación general del mercado laboral de la provincia como de las especiales dificultades de acceso al empleo por parte de colectivos muy diferentes. Esa receptividad ha permitido que se hayan movilizado distintos programas de empleo: tanto para jóvenes menores de 30 años como para mayores de 30; y, en ésta última edición, incluso para mayores de 45 años.

En este sentido hay que destacar que los planes de empleo contemplados por la Junta de Andalucía para nuestra provincia van a suponer una inversión en contratación de más 36 millones de euros para este año. Sin embargo, esa cantidad aún no puede ser movilizada por los distintos ayuntamientos, ya que siguen aguardando a recibir tanto la resolución definitiva como la asignación –igualmente definitiva- de los recursos destinados a cada uno de ellos por el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. Se da la circunstancia de que, en nuestra provincia, solo una parte de los municipios puede iniciar la contratación del personal. El resto sigue sin recibir de la Junta de Andalucía las resoluciones necesarias para ello.

Con el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, muchos alcaldes y alcaldesas que esperan a poder poner en marcha estos planes ya han hecho pública su preocupación por el retraso de la activación de estas medidas, en un momento del calendario en el que tradicionalmente aumenta el desempleo.

Precisamente por ese motivo, esta propuesta del Grupo Socialista pone el énfasis en que el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía no puede suponer una excusa para retrasar la firma y publicación de las resoluciones definitivas para aquellos ayuntamientos que aún no las han recibido, especialmente en una provincia que viene siendo históricamente la más castigada por el desempleo; y que esa particular atención debe extenderse prácticamente a todos los tramos de edad de nuestros desempleados y desempleadas.

Siendo grave este retraso, hay que señalar además que esta incapacidad de gestión del nuevo Gobierno de la Junta viene ya acompañada de su primer gran incumplimiento respecto a esta provincia, como era poner en marcha un plan de empleo especifico para ella, atendiendo a sus especiales circunstancias.

La propuesta socialista recuerda que, solo unas semanas después de anunciar su voluntad (rectificada apenas 24 horas después) de abandonar sus responsabilidades en el Senado para centrarse en sus responsabilidades a media jornada como alcalde de Vejer, el cabeza de lista del PP al Parlamento de Andalucía volvió a incumplir otra promesa: la de dimitir como representante del PP en la Cámara autonómica si la primera reunión del Consejo de Gobierno no conllevaba la aprobación de un plan de empleo específico para la provincia de Cádiz; una provincia que continúa esperando que se cumplan los compromisos públicos de la anterior campaña y precampaña electoral.

El PSOE reclama a la Junta la mejora de las carreteras de acceso a San Martín del Tesorillo

El Grupo Socialista, en una imagen de archivo de un Pleno

Cádiz, 16 de febrero de 2019. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al Pleno de la próxima semana una propuesta que reclama a la Junta de Andalucía la mejora de las principales vías de acceso a San Martín del Tesorillo. Se trata, concretamente, de la A-2101 (que enlaza el municipio con la A-405 Algeciras-Ronda) y de la A-2102 (que permite la conexión con la autovía A-7 y que es, sin duda, la más utilizada por los vecinos y vecinas de la localidad).

La propuesta insta a la Junta de Andalucía a seguir adelante con la redacción del proyecto de mejora de ambas carreteras, en un doble sentido. Por una parte, para mejorar las condiciones del tráfico y, en consecuencia, aumentar la seguridad vial; y por otra, para evitar que una población que cuenta con más de 4.000 habitantes quede aislada cada vez que se desbordan los cauces que discurren paralelos a ambos trazados.

En el caso de la A-2102, al intenso tráfico que soporta hay que añadir además la ausencia de arcén y la existencia de profundos desagües de los campos adyacentes que se sitúan al mismo filo de la carretera, lo que multiplica la gravedad de eventuales salidas de la vía en un trazado que ya cuenta con un elevado índice de siniestralidad. Además, el hecho de que esta carretera discurra prácticamente en paralelo al río Guadiaro (circunstancia que en la A-2101 se repite respecto al cauce del Hozgarganta) provoca que las inundaciones y los consiguientes cortes de tráfico sean habituales en momentos de crecidas.

Es en esos momentos cuando el núcleo de San Martín del Tesorillo se queda completamente aislado, siendo imposible tanto acceder como salir del mismo por carretera, complicando enormemente tanto el acceso de servicios de emergencia como la evacuación de personas en caso de urgencia. En este sentido, cabe recordar que las fuertes y persistentes lluvias del pasado invierno provocaron anegaciones de ambas carreteras que mantuvieron aislado al núcleo por periodos continuados de más de 24 horas.

En virtud de todo esto, la Junta de Andalucía, como Administración competente, ha iniciado ya los trámites de redacción de proyectos de mejora de estas carreteras. Para ello ha sido necesario redactar previamente un proyecto de estudio de inundabilidad de ambos trazados, que fue concluido y presentado hace unas semanas. Este estudio permitirá a su vez la redacción de un proyecto de mejora de estas dos carreteras que, además de eliminar los elementos de peligro de ambas vías, tenga en cuenta la elevación del terreno en algunos puntos de los trazados para evitar que el desbordamiento de los cauces se traduzca en el aislamiento de la población.