El PSOE eleva al Pleno de la Diputación una moción en defensa de los agentes mediambientales

 

Carrera lamenta la situación de abandono del colectivo para el que piden una ampliación de plazas en la OPE así como la dotación de más medios.

14 diciembre, Cádiz. El grupo Socialista de la Diputación ha elevado para su debate en el próximo pleno de la Diputación una moción en defensa de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La portavoz socialista, Ana Carrera, enmarca esta iniciativa “en la situación de abandono que viven por parte de la Administración andaluza”, una situación que ocasiona hechos tan lamentables como la agresión sufrida por dos miembros de la plantilla durante la realización de sus funciones laborales en Benamahoma, quienes además encontraron su vehículo calcinado.

Así, considera que hay que manifestar públicamente el apoyo y reconocimiento a los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía agredidos, así como al resto de la plantilla.

Carrera destaca la importancia de este personal “que es el que conserva y mantiene nuestros parques naturales para el disfrute de todos” y asegura que tienen la consideración de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, entre otras la custodia, protección y vigilancia de bienes e instalaciones de naturaleza ambiental.

“Sus áreas de trabajo son la gestión y desarrollo forestal; prevención, investigación y extinción de incendios forestales; gestión cinegética y de la pesca continental, así como la prevención y calidad ambiental”, precisa.

Por esa importante función considera los socialistas en la Diputación que “requieren de una mayor atención por parte de la Junta de Andalucía ya que realizan su trabajo con graves y deficientes carencias”.

La portavoz recuerda que la OPE para 2022 planteaba solo 10 plazas de agentes de medio ambiente, “de modo que nos encontramos con una plantilla cada vez más mermada y donde no se cubren las pérdidas de efectivos como puede ser en el caso de las jubilaciones”.

Asimismo, Carrera se hace eco de las demandas de los agentes por la falta y deterioro de los materiales, que complica aún más la realización de funciones” y anota  además de la falta de efectivos, “el material defectuoso como puede ser emisoras obsoletas y sin cobertura, tampoco cuentan con medios de protección o defensa, ni dispositivos que permitan la defensa jurídica de sus actuaciones”.

Por todo ello, el Grupo Provincial Socialista a través de su portavoz entiende que “la realidad de este colectivo debe ser visible y tomar conciencia de las dificultades por las que atraviesan y que no pueden ser obviadas como hasta ahora por el Gobierno andaluz”.

Así demandarán al Gobierno de la Junta de Andalucía para que a la mayor brevedad posible elabore una OPE con un número de efectivos suficientes para cubrir todas las pérdidas sufridas, así como que dote de forma inmediata a los agentes de medio ambiente con más medios materiales de comunicación y protección para ejercer una labor digna y segura. Y en la misma línea, instan a la Junta a poner a disposición de dichos agentes de medio ambiente el personal jurídico suficiente y necesario para la defensa de sus actuaciones.

El pleno de la Diputación certifica el fraude de los presupuestos de la Junta para la provincia de Cádiz

 Carrera señala que “el PP se queda solo en su defensa sobre unas cuentas del Gobierno andaluz, con el gaditano Sanz a la cabeza, que son un castigo”

23 noviembre, Cádiz. El Pleno de la Diputación ha certificado hoy- con el voto favorable de  la mayoría de los grupos y la única abstención del PP- el fraude que suponen los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz. De esta manera, el PP se ha quedado solo en su defensa de unas cuentas que no responden a la necesidad ni a los intereses de los gaditanos y gaditanas.

La portavoz socialista, Ana Carrera, ha justificado el debate abierto en torno a las cuentas andaluzas en el hecho de que suponen “un castigo del Gobierno de la Junta, el Gobierno del PP y de Juanma Moreno a la provincia de Cádiz así como en la incapacidad del propio PP gaditano de querer defender la provincia donde vivimos, con el consejero Antonio Sanz a la cabeza”.

Carrera ha advertido de que hay casi 50 nuevas actuaciones que no vienen en el borrador presentado en la cámara autonómica y por eso, piden que se incluyan y se desarrollen en sede parlamentaria al tiempo que ha puesto de manifiesto que no se contemplan medidas para “paliar los datos de desempleo, ningún incentivo para paliar la inflación, ni por supuesto nuevas actuaciones que luche para contrarrestar la subida de los tipos de interés”.

Sin ánimo de usar el pleno como arma arrojadiza, la portavoz socialista ha pedido el apoyo del PP y de todas las fuerzas del arco plenario a sumarse a esta moción y pedirle a la Junta de Andalucía que, aceptando parte de la intervención del Consejero en rueda de prensa: esa que decía que con este presupuesto se lograba un incremento en las partidas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales que recibirán el 60.7% del Presupuesto, con un montante de 27.700 millones que se comprometa a poner en marcha desde el 1 de enero de 2023 todas aquellas situaciones que ha dejado desatendidas con la excusa de la pandemia de la COVID. Eso incluiría a su juicio que se restituya el pediatra en Grazalema, que amplíe la atención sanitaria de Torre Alháquime, Prado del Rey o Benaocaz, que cubra las urgencias de Setenil de las Bodegas, que anuncien ya el mantenimiento de los 12.000 contratos que expiran el 31 de diciembre de sanitarios en nuestros hospitales y centros de salud, o que realicen las infraestructuras necesarias para esta provincia que tanto tiempo se llevan demandando. “Infraestructuras como el Centro de Salud de Vejer que ayer se anunciaban en prensa pero que carecen de partida presupuestaria en el presupuesto de la Junta para 2023”, ha apostillado.

En turno de réplica, la diputada del PSOE ha recordado cuando el PP traía estos debates al Pleno y en ese momento, año 2015, el portavoz del PP, José Loaiza, apelaba al cumplimiento de la Ley que dice que una Ley de Presupuesto y su anexo de inversiones tiene que venir detallado para saber dónde se va a invertir, por transparencia y por el derecho que tienen los grupos de la oposición y los ciudadanos de saber dónde se va a invertir.

Derivada de esos presupuestos andaluces que no atienden a las necesidades de la provincia ha surgido otra moción con sello socialista que reclama una partida para la carretera que une Arcos con Espera, con alto índice de siniestralidad vial. En este caso, ha sido el diputado provincial Javier Pizarro quien ha defendido la necesidad de pedir a la Junta “una reforma integral de los 8 kilómetros de mayor tránsito necesario para la distribución de desplazamientos como pueden ser de trabajadores, estudiantes o simplemente para realizar gestiones de carácter administrativos”. Entienden desde el Grupo Socialista que procede su reparación urgente, como ha reclamado Pizarro, “ya que tan solo se ha actuado puntualmente y a demanda del PSOE, en resolver la situación de inundaciones que ocurre a su paso por el arroyo salado o el muro de contención también realizado para evitar la invasión de barro”. Y ello justifica que los socialistas demanden un programa y plan de actuaciones, con suficiente dotación económica recogida en una partida presupuestaria dentro del plan de inversiones y debidamente calendarizado.

El plenario provincial también ha sido escenario esta mañana de la moción impulsada por el Grupo Socialista y defendida por el diputado algecireño, Daniel Moreno, en la que se insta a que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Junta de Andalucía sean mediadores activos para que Maersk apueste por la idoneidad del Campo de Gibraltar, en concreto en Algeciras, para la instalación de la Planta de Metanol. Con el único voto en contra de Adelante Cádiz, Moreno ha instado a ese grupo a reconsiderar en un futuro su posición para que el proyecto avance con un respaldo unánime.

En su intervención, Moreno destacó que se trata de un proyecto presupuestado en 10.000 millones de euros, que generará 85.000 puestos de trabajo, de ellos 5.000 directos, 40.000 indirectos y otros tantos en la fase de ejecución de las plantas, que no iniciarían sus operaciones hasta 2027. Y al hilo, defendía que “es importante poner de manifiesto la fortaleza y la oportunidad reciproca que supondría para la Empresa y para la Comarca del Campo de Gibraltar contar con estas instalaciones”.

Los socialistas han querido resaltar que “a la potencialidad del Puerto de Algeciras se le suma la fortaleza y la situación geoestratégica de la Comarca del Campo de Gibraltar, que cuenta con excelentes cualidades profesionales, climáticas y geográficas que se suman a los planes ambiciosos en materia de sostenibilidad”. Y ha recordado que “Maersk tiene una fuerte presencia en Andalucía a través de APM Terminals Algeciras, que es la mayor terminal de contenedores de España, líder del Mediterráneo, una de las mayores terminales de Europa y centro de transbordo de carga de y hacia Asia”. Por ello, consideran factible que “la compañía podría generar su combustible verde muy cerca de uno de sus mayores centros de consumo, y a su vez ello posicionaría a los puertos andaluces, en concreto Algeciras, como referentes en sostenibilidad marítima, lo que consolidaría su posición competitiva”.

Con todo, la Diputación con su presidente, Juan Carlos Ruiz Boix a la cabeza, lidera la iniciativa de apoyo a la planta de metanol con el ánimo de que todas las instituciones de la provincia se sumen manifestando su respaldo y la predisposición a agilizar y trabajar unidos por hacer realidad un proyecto que ya viene avalado por el Gobierno de España, como proyecto de Estado.

PSOE pedirá en el Pleno de Diputación a la Junta que incluya las partidas de proyectos para Cádiz en el anexo de inversiones del presupuesto

La portavoz del PSOE, Ana Carrera, presenta la moción con la que los socialistas quieren que Sanz cumpla con los 47 proyectos que anunció     

16 noviembre, Cádiz. La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, ha presentado hoy la moción que los socialistas elevarán al próximo Pleno de la Diputación para generar un debate político público de ánalisis sobre las cuentas andaluzas y su incidencia en la provincia. La iniciativa plantea la necesidad de que se incluyan en el anexo de inversiones de la provincia de Cádiz todas las actuaciones anunciadas por el Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz en la rueda de prensa del pasado 29 de octubre.

Carrera ha enumerado algunos de los 47 proyectos que mencionó el consejero gaditano sin que estas partidas despúes hayan tenido un reflejo en el anexo de inversiones y esto, a juicio de la portavoz socialista, deja en el aire el compromiso real de la Junta. Así, se ha referido a cuestiones como los 47 millones de euros para infraestructuras educativas o los 46,4 millones de euros en infraestructuras hídricas y mejora de cauces, y los 4,8 millones de euros para obras de bioclimatización, además de otras inversiones de menor calado como un millón de euros para las reformas de las oficinas del SAE, los 900.000 euros para las reformas de las oficinas de Chipiona y Algeciras, 2,9 millones de euros para el Centro de Salud de Camposoto, 1,6 millones de euros para un Centro de Salud en Cádiz o los 5,9 millones de euros para un Centro de Salud en Jerez, entre otras.

“Desde el PSOE le hemos tendido la mano, y hemos querido ser propositivos pero el rodillo parlamentario nos hace ver que no están por la labor ni de cooperar ni de escuchar las propuestas de los socialistas y mucho menos de dar explicación a la batería de propuestas que el Consejero Antonio Sanz presentó”, ha explicado para justificar que “los socialistas ahora demandamos al Partido Popular que haga ese ejercicio de transparencia que siempre demandaron y que nos digan dónde están esas partidas presentadas o que sean ellos desde Cádiz los que exijan a sus compañeros que el anexo de inversiones provincializado recoja todas y cada una de las propuestas anunciadas”.

Carrera cree que la Junta debe explicar por qué hay proyectos que luego aparecen con una cuantía inferior como ocurre con las sedes judiciales de Cádiz y Algeciras o como sucede con los Centros Tecnológicos que desaparecen de manera nominal en este presupuesto de 2023, de la misma manera que deben aclarar, en su opinión, por qué introducen partidas de proyectos que están ya en ejecución como la pasarela ciclopeatonal en Tres Caminos, la adquisición de tres nuevos tranvías para el Tranvía de la Bahía o los 5,6 millones de euros para el IES Virgen del Carmen cuyas obras ya se licitaron en verano.

La también secretaria de Organización anuncia que “desde el PSOE en sede parlamentaria además plantearemos una batería de propuestas para seguir mejorando este presupuesto que sigue sin dar respuesta a los principales problemas de los gaditanos como son la inflación, o medidas para afrontar por las familias el pago de las hipotecas”.

Carrera ha insistido en que “Andalucía dispone de más fondos que nunca y por tanto en ese enfoque expansivo las cuentas para el próximo año deberían de crecer en materia de educación, sanidad y política social para dar cobertura a las grandes demandas que con la excusa de la pandemia se dejaron de prestar”.

El PSOE saca delante de forma unánime tres propuestas para mejorar la calidad de vida de diversos colectivos sociales

Trabajadoras de ayuda a domicilio, usuarios de ese servicio, jóvenes en desempleo, pacientes de salud mental y profesionales sanitarios podrán beneficiarse de las iniciativas impulsadas por el Grupo Socialista

Juan Carlos Ruiz Boix, presidiendo el Pleno de hoy

Cádiz, 19 de octubre de 2022. El Grupo Socialista ha conseguido que el Pleno de la Diputación haya aprobado de forma unánime las tres propuestas presentadas en la sesión. Son tres proposiciones políticas con una importante repercusión social y con una incidencia notable en colectivos como las personas mayores o que padecen algún grado de discapacidad, los trabajadores y trabajadoras encargados de su atención, los jóvenes desempleados, los andaluces y andaluzas que sufren problemas de salud mental y determinados colectivos profesionales sanitarios especializados en esa materia.

De esta manera, la acción de los diputados y diputadas socialistas ha conseguido que la Corporación Provincial reclame a la Junta de Andalucía la mejora de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio; que ponga en marcha una iniciativa que impulse un plan de fomento del empleo juvenil en el ámbito local que complemente al actual ‘Joven Ahora’, que apenas cuenta con cofinanciación por parte del Gobierno andaluz; y que tome las medidas necesarias para que el Servicio Andaluz de Salud incorpore profesionales especializados en salud mental en la red de centros de atención primaria.  

En definitiva, se trata por tanto de iniciativas que pretenden fortalecer los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de distintos grupos de población especialmente vulnerables y, por tanto, merecedores de un trato preferente desde la Administración autonómica, que es la que cuenta con las competencias legales para ello.

David de la Encina, durante la sesión

Mejoras laborales y financiación suficiente para el servicio de ayuda a domicilio

El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para que eleve el precio de la hora de servicio de ayuda a domicilio y que contribuya en los términos justos en “la sostenibilidad de una competencia que es estrictamente suya y que está siendo soportada por ayuntamientos y Diputación”. De la Encina no ha dudado en afirmar que “a día de hoy, el sistema autonómico de ayuda a domicilio se cae, porque sin una financiación adecuada cualquier planteamiento estará muy bien pero será simplemente insostenible”. 

Para garantizar la pervivencia del mismo, el responsable de Bienestar Social ha reclamado que se reconsidere el precio de la hora de servicio, y ha llamado la atención sobre que “el actual presidente de la Junta, cuando aún estaba en la oposición, decía que el servicio tenía un coste de 18 euros la hora, y hoy resulta inadmisible que él mismo la esté pagando a 14,60 euros”. Esa situación hace que sea insostenible que los ayuntamientos o la Diputación se planteen el mantenimiento del servicio en estas condiciones, ya sea mediante gestión directa o a través de diferentes entidades gestoras.

Además, De la Encina ha llamado la atención sobre la concurrencia de colectivos con especiales necesidades, como los dependientes y las trabajadoras del servicio. “Hay que garantizar la calidad a sus usuarios, pero también la dignidad, las condiciones laborales y un salario adecuado para sus trabajadoras. Y todo eso es competencia directa de la Junta de Andalucía, que no puede desentenderse de su responsabilidad con los usuarios, las trabajadoras y las corporaciones locales”, ha dicho en torno a una propuesta que ha sido aprobada de forma unánime.  

Ana Carrera, en un momento del Pleno

Un plan para complementar la iniciativa de empleo juvenil Joven Ahora

La portavoz del Grupo Socialista y responsable del Área de Empleo de la Diputación, Ana Carrera, ha defendido una proposición por la que se insta a la Junta de Andalucía a poner en marcha una iniciativa que complemente al Joven Ahora, un programa que pretende promover el empleo juvenil en los entornos locales y que se nutre fundamentalmente de fondos europeos. De esta manera, Joven Ahora canaliza recursos provenientes del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y está dotado de 120 millones de euros, de los cuales la Junta únicamente aporta el 11,4 por ciento.

“No es la primera vez que traemos a este Pleno una iniciativa para que la Junta cumpla con sus competencias en políticas activas y ponga en marcha planes de empleo para jóvenes y para otros colectivos. Una y otra vez nos hemos encontrado sin respuesta, pero no por ello vamos a dejar de plantearlas”, ha explicado. 

Igualmente, la portavoz socialista ha censurado la actitud del Gobierno de la Junta de ir limitando las posibilidades de acceso de diferentes colectivos a cualquier instrumento relacionado con el fomento del empleo: “inicialmente quedaron  fuera los mayores de 55 años, después los mayores de 30 años, y ahora les toca el turno a quienes tienen menos de 30 años pero sí disponen de cualificación o formación profesional”, ha explicado, para argumentar la necesidad de que no exista discriminación en virtud de esa especialización y que el Joven Ahora se abra sin excepción a todas aquellas personas que se incluyan en ese grupo de edad, máxime cuando uno de cada tres jóvenes de nuestra tierra se encuentra en paro. 

Diputadas y diputados del Grupo Socialista

Profesionales especializados en salud mental en los centros de atención primaria 

David de la Encina ha reclamado a la Junta de Andalucía que “no haga simplemente un gesto, sino que responda a su competencia directa”, recogida en el artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía en torno a la salud mental, y que lo haga siguiendo el importante esfuerzo realizado por el Gobierno de la Nación, quien en el Congreso de Ministros del pasado 28 de septiembre aprobó transferir a las comunidades autónomas 175 millones de euros extraordinarios, en cumplimiento del Plan de acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022- 2023. Esto supone 32 millones de euros adicionales para Andalucía, la comunidad autónoma más beneficiada. De esos 32 millones de euros, 16 tienen carácter finalista para fomentar la calidad asistencial, entre otros fines. Por ello, ha defendido que los centros de atención primaria cuenten con profesionales de Psicología y de Enfermería especializados en salud mental, lo que ha recibido el respaldo unánime del Pleno. Al tiempo, la propuesta socialista también plantea el refuerzo de los equipos profesionales de la red de recursos en salud mental; la creación de una comisión que participe en la metodología para implantar estas nuevas figuras profesionales y, en casos graves, el canal de derivación a los servicios especializados; y la inclusión de una partida económica específica en los Presupuestos de Andalucía de 2023 para llevar a cabo todas estas medidas.

El diputado de Bienestar Social ha recordado el trabajo que la Diputación viene desarrollando en este ámbito, ya que, sin contar con competencia directa en la materia, sí mantiene acuerdos con entidades que trabajan en la misma como FAEM. Afemen y Ubuntu, al tiempo que ostenta la presidencia de la Fundación Gaditana de Tutela. Y, para finalizar, ha adelantado que el Grupo Socialista estará “especialmente vigilante” para saber si los Presupuestos de Andalucía para 2023 recogen la creación de nuevas plazas de refuerzo y de consolidación del servicio en atención primaria, toda vez que la propuesta se ha aprobado por acuerdo de la totalidad de los grupos.

El PSOE pide a la Junta un plan para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local que complemente al ‘Joven Ahora’

Ana Carrera aboga por dar respuesta a las “demoledoras tasas de desempleo” y a la elevada precariedad que castiga al “eslabón más débil en el ámbito de las oportunidades laborales” 

Ana Carrera, interviniendo en el Pleno del pasado septiembre

Cádiz, 14 de octubre de 2022. El Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación una propuesta que persigue instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha un plan para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local que complemente a la iniciativa ‘Joven Ahora’ que viene desarrollándose en la actualidad y que está financiada de forma muy predominante con recursos económicos procedentes de la Unión Europea. 

La portavoz del Grupo Socialista y diputada responsable del Área de Empleo de la Diputación, Ana Carrera, ha recordado las “demoledoras tasas de desempleo juvenil” en la provincia y en el conjunto de Andalucía, a lo que hay que añadir una “preocupante precariedad” en aquellos casos en los que sí se consigue el acceso a un trabajo, ya que “es habitual encadenar largos periodos de prácticas no remuneradas en distintas empresas o tener que emigrar de su municipio, su provincia o incluso de nuestra comunidad autónoma”. Se trata por tanto de “un problema estructural” que, a su vez, es una perversa paradoja, ya que “el eslabón más débil en el ámbito de las oportunidades laborales es, al mismo tiempo, el más joven y el más formado, hasta el punto de que una de cada tres personas menores de 25 años está en paro en Andalucía”.

Por ese motivo, el Grupo Socialista considera que la Junta debe asumir su responsabilidad y no conformarse con la aportación realizada para poner en marcha la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), un programa promovido por la UE a través de fondos provenientes del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y que cuenta con un presupuesto de prácticamente 120 millones de euros. La implicación del Gobierno andaluz se reduce a 13.597.756,7 euros, apenas un 11,4% del montante total.

A todo ello hay que añadir, además, que la aportación económica por contrato de trabajo establecida al amparo del plan Joven Ahora “es insuficiente para sufragar los costes salariales actuales, lo que obliga a los diferentes ayuntamientos a financiar la cuantía restante por cada contrato mediante fondos propios de cada municipio”.

Por si todo ello no fuera suficiente, el Joven Ahora ni siquiera cumple su teórico objetivo de mejorar la empleabilidad de personas jóvenes en situación de desempleo en los municipios andaluces y la adquisición de experiencia laboral por parte de las mismas, ya que limita sus beneficiarios a quienes integran los grupos de cotización del 4 al 10, impidiendo la contratación de aquellos jóvenes que se ajustan, por titulación y formación, a los grupos de cotización del 1 al 3. “Se está apartando de esta iniciativa a la juventud andaluza que se ha formado y que igualmente necesita adquirir experiencia, mejorar su empleabilidad y asentarse en sus localidades”, ha explicado Ana Carrera, quien ha añadido que “no tiene ningún sentido que una convocatoria que pretende promocionar el empleo juvenil de manera integradora no acoja a la juventud que ha apostado por cualificarse, en muchos casos, con el anhelo de poder quedarse en su tierra y que ahora ve cómo la Junta de Andalucía le da la espalda”.

Junto a la puesta en marcha de un mecanismo que complemente al Joven Ahora y la ampliación del tiempo de contratación de esas primeras oportunidades laborales que oferta, la propuesta socialista persigue también que se incluya como posibles destinatarios de la subvención a aquellos jóvenes que, por su nivel de cualificación y formación, se encuentren en los grupos de cotización del 1 al 3, además de aquellos que ya son beneficiarios de la convocatoria (del 4 al 10), “dando oportunidades a todos los niveles formativos posibles, sin discriminación alguna por su nivel de estudios”. Igualmente se solicita también que se priorice la contratación de aquellos jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años que carezcan de experiencia laboral, de forma que la Administración Pública les ofrezca su primer empleo.

El PSOE exige a la Junta la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio

David de la Encina destaca que ayuntamientos y Diputación esperan “una financiación justa” para un servicio que garantiza a más de 9.000 gaditanas y gaditanos su calidad de vida en su entorno cotidiano

David de la Encina y Juan Espadas, con trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Parlamento de Andalucía

Cádiz, 11 de octubre de 2022. El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno de la Diputación una propuesta para reclamar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha las medidas necesarias para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con un aumento del precio por hora trabajada hasta alcanzar los 18 euros y que eso repercuta “de forma directa y completa” en el salario de las integrantes de ese colectivo. Así lo ha adelantado el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, quien se ha referido al “momento decisivo que vive el Gobierno de la Junta, ya con mayoría absoluta, para que Juanma Moreno cumpla de una vez la promesa que asumió con estas trabajadoras y también con las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, que a la hora de la verdad somos las que desde hace tiempo le estamos sacando las castañas del fuego y haciendo que todos los días se den en nuestra provincia más de 9.000 servicios de ayuda a domicilio”.

De esta manera, ha destacado que la propuesta socialista pretende que “se garantice a más de 9.000 gaditanas y gaditanos su calidad de vida en su entorno habitual, sin sacarlos de sus domicilios, pero sin que eso sea a costa de unas condiciones laborales deplorables para esas trabajadoras”. En esta misma línea, ha incidido en que “ya es hora de que Juanma Moreno, con todo el dinero extraordinario que está recibiendo como nunca del Gobierno de España, cumpla con las plantillas, cumpla con las familias más vulnerables y ponga a disposición de ayuntamientos y Diputación, que somos los que organizamos los servicios en los 45 pueblos de la provincia, una financiación justa”.

El diputado de Bienestar Social ha señalado que al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía se le han acabado las excusas. “En la legislatura pasada decían que no era el momento, ya fuera por la pandemia o porque aún eran inexpertos. Pero ya tienen un rodaje, una mayoría absoluta y el dinero que le está transfiriendo, más que nunca, el Gobierno de España”, ha afirmado. 

La propuesta presentada al Pleno recoge además diversas mejoras de carácter laboral en materia de horario y jornada, formación y capacitación profesional, entre otras muchas reivindicaciones. Estas demandas parten del propio colectivo y han sido materializadas en esta proposición tras un constante proceso de diálogo con distintas instancias del PSOE, como se ha hecho igualmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza, a donde el propio David de la Encina acompañó a una representación de estas trabajadoras.

Por todo ello, ha concluido diciendo que la propuesta socialista va a ofrecer la posibilidad de que “el PP demuestre, en el Pleno de la Diputación, del lado de quién está: si del lado de la ciudadanía, de las trabajadoras y de los ayuntamientos, o del lado de otros intereses. Porque de lo que se trata es de que se retribuya al menos a 18 euros la hora del servicio de ayuda a domicilio, para garantizar así un servicio de calidad para las personas vulnerables, digno en sus condiciones laborales para las trabajadoras y que no hunda en los ayuntamientos y diputaciones una responsabilidad que debería ser asumida directamente por la Junta de Andalucía”.

El PSOE reclama que la atención primaria incorpore profesionales especializados en salud mental

Los casos de trastornos mentales suponen hasta el 55% de la demanda total de citas de los médicos de los centros de salud

Diputadas y diputados del Grupo Socialista, durante el pasado Pleno

Cádiz, 10 de octubre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta para que la Junta de Andalucía implante en los centros de atención primaria profesionales de Psicología y Enfermería, de forma que los casos de trastornos psicosociales se puedan abordar mediante personal especializado. La misma iniciativa persigue el refuerzo de los equipos profesionales de la red de recursos en salud mental; la creación de una comisión que participe en la metodología para implantar estas nuevas figuras profesionales y, en casos graves, el canal de derivación a los servicios especializados; y la inclusión de una partida económica específica en los Presupuestos de Andalucía para 2023 que haga posible llevar a cabo todas estas medidas.

La propuesta, hecha pública con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Mundial de la Salud Mental, recuerda que el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala la necesidad de prestar una atención sanitaria a las personas afectadas por problemas de salud mental, si bien la sobrecarga de las agendas de los médicos de atención primaria ha complicado el abordaje de todas las patologías y especialmente las relacionadas con el sufrimiento psicosocial, que a su vez se han visto agravadas por los efectos de la pandemia. Además, a este escenario general de la atención primaria hay que sumar que la red de recursos de salud mental no cumple con su vocación comunitaria. La escasez de medios profesionales a los que está sometida se traduce en largas listas de espera y en tiempos de demora que llevan a la ineficacia del sistema y de los posteriores tratamientos. 

Los trastornos emocionales o trastornos mentales comunes como depresión, ansiedad y los denominados trastornos somatomorfos (grupo de enfermedades caracterizadas por molestias diversas, difusas, que aquejan al paciente pero que no pueden ser explicadas por la existencia de una lesión orgánica) son muy prevalentes, implicando un gran impacto personal, familiar y sociolaboral, al tiempo que ocasionan un elevado gasto público. De ahí que la mejor inversión en salud mental sea, precisamente, el aumento de profesionales de la psicología y la enfermería especializada en la atención primaria, de forma que sea posible abordar los problemas desde su inicio, mantener una continuidad y, en los casos más graves, efectuar una adecuada derivación que asegure un seguimiento ágil y eficaz.

Diversos estudios cuantifican los casos de trastornos mentales entre el 20 y el 55% de la demanda total, adulta y pediátrica, de citas recibidas por los médicos de atención primaria tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno, lo que da idea de la necesidad de contar con personal especializado en este ámbito. Además, hay que tener en cuenta que en la última década ha descendido la ratio de psicólogas y psicólogos por cada 100.000 habitantes, situándose en apenas cuatro, cuando las recomendaciones y los estándares internacionales de calidad la elevan a once. 

En los últimos años, junto al aumento del número de trastornos de ansiedad y depresión, así como de suicidios, se ha producido también un incremento del consumo de fármacos relacionados con la ansiedad, la depresión y el insomnio. Y el número de casos de personas que padecen problemas de salud mental ha ascendido por el impacto de la Covid-19, agravado por la crisis económica, el desempleo, el estrés, el nuevo entorno de incertidumbre, los cambios en la forma de vida… En España, la preocupación por la salud mental ha aumentado en 16 puntos respecto al año pasado y se sitúa en el 51%, por encima del cáncer, que con el 49% es la segunda cuestión que más preocupa a los españoles. Según el mismo estudio, en 2018 en España la salud mental solo era importante para un 23% de las personas.

La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud propone líneas maestras en este sentido, reconociendo y enfatizando el papel protagonista de las intervenciones en esta materia desde el ámbito de la atención primaria. El Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y COVID-19, dotado con 100 millones de euros, recoge la mejora de la atención a la salud mental en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, tanto en atención hospitalaria como primaria. Finalmente, el 28 de septiembre, en cumplimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, el Consejo de Ministros acordó transferir a las comunidades autónomas 175 millones de euros adicionales. Andalucía ha resultado la más beneficiada, con 32 millones de euros, 16 de los cuales tienen carácter finalista para, entre otras cosas, mejorar la calidad asistencial. Por ello, la Junta debe hacer buen uso de los fondos ya transferidos y los que se transferirán para fortalecer la salud mental, e impulsar la implantación de la figura del psicólogo y la psicóloga en la atención primaria.

Respaldo unánime a la propuesta socialista de que la Junta complemente la aportación del Estado a municipios dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El PSOE logra también que prospere la petición de que el Gobierno autonómico eleve la financiación de los materiales del PFEA y que permita a los municipios la revisión del precio de los proyectos de obra 

Diputados y diputadas socialistas en un momento del Pleno

Cádiz, 21 de septiembre de 2022. El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana sendas propuestas socialistas con un importante calado en materia de lucha contra la violencia de género y de fomento del empleo, esencialmente en los entornos rurales. Concretamente, una de ellas reclama a la Junta de Andalucía que complemente la aportación que el Gobierno de la Nación ha decidido destinar hacia los municipios al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que la otra pide al Ejecutivo andaluz que eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) desde del 45% al 60% del coste de mano de obra que está sustentado por el Ejecutivo central.

Juan Carlos Ruiz Boix presidiendo el Pleno

La vicepresidenta cuarta y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, ha sido la encargada de defender la proposición que solicita a la Junta de Andalucía que complemente la aportación del Gobierno de la Nación a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que ha resultado aprobada por unanimidad. Esta cantidad movilizada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez hacia los ayuntamientos de la provincia se eleva por encima de los 827.000 euros (un 57% más que la cantidad aprobada en 2018) y cuenta con un plazo de ejecución para las actuaciones que puedan ser financiadas por la misma que se extiende hasta el 30 de junio del próximo año. 

Carmen Collado, vicepresidenta tercera y responsable del Área de Igualdad

Esta misma propuesta incluye la petición de la puesta en marcha de un protocolo conjunto de actuación institucional que derive en un Plan de Acción Conjunta “con medidas concretas y financiación suficiente” contra una nueva forma de violencia de género surgida este pasado verano: la sumisión química. Ese protocolo deberá incluir tanto a las diputaciones como a los y habrá de dar participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género. 

“La violencia de género debe ser erradicada en todas sus fórmulas de nuestra sociedad”, ha señalado Carmen Collado, quien ha recordado la importancia de establecer y consolidar “una red de apoyo y de colaboración institucional que, a través de la coordinación de todas las administraciones, permita prevenir la violencia de género y proteger a sus víctimas”. Precisamente por este motivo, ha recordado que la Diputación viene aportando 60.000 euros para reforzar los Centros de Información a la Mujer, con objeto de favorecer que la atención a las mujeres víctimas de violencia de género llegue de manera eficaz a los pequeños municipios. 

Petición a la Junta para que aumente su aportación a materiales del PFEA 

Igualmente aprobada ha resultado la propuesta planteada al Pleno por el vicepresidente cuarto y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, en la que se planteaba que la Junta de Andalucía eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), “un plan que se aplica en el 95% de los municipios de la provincia y tiene una extraordinaria importancia en las zonas rurales”. 

Javier Pizarro interviniendo en presencia de Ana Carrera

El motivo de la solicitud es que el coste máximo actual de los materiales, establecido en un 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, es claramente insuficiente para adquirirlos en la actualidad, como consecuencia del alza de los precios motivado por la disminución de existencias. De ahí que la propuesta plantee un incremento del coste de los materiales hasta un 60% del presupuesto de mano de obra. 

El coste de los materiales está cofinanciado entre Junta de Andalucía (75%) y Diputación (25%). Javier Pizarro ha recordado que “este mismo año ya hubo ciertos problemas, las obras comenzaron tarde porque las empresas tuvieron dificultades para encontrar los materiales”, motivo por el cual se solicitó a la Administración autonómica un aumento de la dotación, “pero solo obtuvimos la callada por respuesta y la Diputación tuvo que aportar 1,5 millones de euros de sus recursos propios para llevar esas obras a buen puerto”. 

De igual manera, el Pleno ha respaldado la petición de que la Junta permita a los ayuntamientos la posibilidad de revisar, de manera excepcional, los precios de los proyectos de obra dentro del ámbito del PFEA. Con este planteamiento se pretende evitar que los consistorios, el único ámbito institucional que carece de obligación legal de aportar fondos para asumir este tipo de obras con eminente repercusión social, se vean forzados a realizar importantes desembolsos para garantizar el desarrollo del programa en sus respectivos ámbitos territoriales.

El Pleno de la Diputación aprueba que la Junta incluya en los próximos Presupuestos de Andalucía la mejora integral de la carretera A-405 entre La Almoraima y San Pablo de Buceite

Javier Pizarro confía en que el apoyo unánime se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno andaluz recogerá la iniciativa en sus previsiones de inversión para 2023 

La portavoz, Ana Carrera, junto al vicepresidente cuarto, Javier Pizarro

Cádiz, 21 de septiembre de 2022. El Pleno de la Diputación ha respaldado hoy por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista que solicitaba al Gobierno de la Junta de Andalucía la inclusión en sus Presupuestos Generales de 2023 de un proyecto integral para la mejora del trazado de la carretera A-405 entre los puntos kilométricos 41 (La Almoraima) y 12 (El Corchado, en San Pablo de Buceite). La iniciativa busca garantizar el desarrollo de la actuación, incluyendo la regulación de los accesos a los núcleos de Marchenilla y El Corchado, así como al cementerio de San Pablo de Buceite, mediante “la aprobación de un programa y un plan de actuaciones, con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle”.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha destacado durante la defensa de la proposición la oportunidad de que el Gobierno de la Junta aproveche el momento e “incluya en el Proyecto de Presupuestos, que actualmente debe estar en fase de elaboración”, el coste del referido proyecto.

Hace más de 12 años ya se acometió la mejora de esta carretera entre Estación de San Roque y La Almoraima, quedando pendiente actuar entre a La Almoraima y Jimena de la Frontera, un trazado que ya cuenta desde 2007 con un proyecto para su mejora del punto kilométrico 41 al 20 (por un montante de 11,3 millones de euros). Por este motivo, ahora se trataría de impulsar esa actuación y de realizar un proyecto nuevo para el tramo de vía que aún no dispone de él, comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 y el núcleo de El Corchado (unos siete kilómetros entre los p.k. 20 y 12), ya que carece de proyecto redactado a pesar de encontrarse en malas condiciones de mantenimiento y de suponer un serio riesgo para el tráfico rodado.

Javier Pizarro ha recordado que la mejora integral de esa carretera es una “demanda histórica de muchos vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar” de la que “se hace eco” esta proposición que pretende mejorar las condiciones de seguridad y las posibilidades de movilidad en una zona que está viendo mermadas incluso su potencialidad de desarrollo socioeconómico. Por ello, ha agradecido el respaldo unánime del Pleno y ha confiado en que ese apoyo sin fisuras se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno de la Junta incluirá la iniciativa en los Presupuestos de Andalucía para 2023.

El PSOE propone la mejora integral de la carretera A-405 en el tramo entre La Almoraima y San Pablo de Buceite

Una iniciativa socialista pretende que los Presupuestos de Andalucía incluyan una actuación que se extienda a los accesos a varios núcleos 

Miembros del Grupo Socialista, durante un pasado Pleno

Cádiz, 19 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista propondrá en el Pleno de la Diputación de pasado mañana miércoles que los Presupuestos Generales para Andalucía de 2023 incluyan un proyecto integral de mejora de la carretera A-405 entre los puntos kilométricos 41 (La Almoraima) y 12 (El Corchado). Esa petición dirigida al Gobierno de la Junta de Andalucía incluye “la aprobación de un programa y un plan de actuaciones, con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle”.

Así lo ha explicado Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, quien ha destacado que ese proyecto integral debe recoger asimismo la mejora de la regulación en los accesos a los núcleos de Marchenilla (en el punto kilométrico 28) y El Corchado de San Pablo de Buceite (p.k. 12), así como al cementerio de esta última localidad (p.k. 18). 

Javier Pizarro ha recordado que la carretera A-405 tiene una gran importancia por su papel como conexión de la comarca del Campo de Gibraltar con la Serranía de Ronda, así como por constituir el principal acceso a Jimena de la Frontera. Por ello, la mejora integral de esa vía es “una reivindicación histórica de los municipios campogibraltareños, y muy especialmente de las zonas rurales de Jimena de la Frontera y de Castellar de la Frontera”. De hecho, hace ya más de 12 años finalizó la actuación en el tramo entre Estación de San Roque y La Almoraima, quedando pendiente hacerlo en el tramo norte entre La Almoraima y el municipio de Jimena de la Frontera.

El tramo en el que no se actuó en aquel momento registra dos situaciones diferentes: por una parte, el trazado entre los puntos kilométricos 41 y 20, que cuenta desde 2007 con un proyecto para la ejecución de las obras con una dotación inicial de 11,3 millones de euros; y por otra, el comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 y el núcleo de El Corchado (aproximadamente siete kilómetros entre los p.k. 20 y 12), que carece de proyecto redactado “a pesar de que se trata precisamente del tramo que se encuentra en peores condiciones, con numerosas ondulaciones, grietas y mal estado general de la capa asfáltica, en la que recientemente se han registrado distintas salidas de la vía”. Esos mismos siete kilómetros de trazado reúnen varios accesos que igualmente precisan incluirse en el proyecto integral de mejora de la vía, una exigencia que se extiende al acondicionamiento del giro y la regulación del cruce de acceso al núcleo de Marchenilla (p.k. 28) ante la peligrosidad y los reiterados accidentes producidos en el mismo.   

El vicepresidente cuarto y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación ha hecho hincapié en la importancia de que los Presupuestos de Andalucía para 2023 incluyan esta actuación integral en esta carretera dados el mal estado general de una parte importante de la misma, el elevado número de usuarios de la misma, el carácter estratégico para el acceso al municipio de Jimena y a otros núcleos del entorno, la elevada densidad de ciclistas que disfrutan de un atractivo carril bici entre Estación de San Roque y La Almoraima... Y a todo ello hay que añadir que ese abandono de la carretera “está actuando como un freno e incidiendo negativamente en el desarrollo socioeconómico de la zona rural de los valles de los ríos Guadiaro y Hozgarganta en el término municipal de Jimena de la Frontera”.

El Grupo Socialista exige que la Junta complemente la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Carmen Collado plantea un protocolo conjunto de actuación institucional contra la sumisión química que integre a diputaciones y ayuntamientos  

Carmen Collado, en una comparecencia ante los medios de comunicación

Cádiz, 16 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista propondrá en el próximo Pleno de la Diputación que la Junta de Andalucía complemente la dotación económica que el Gobierno de la Nación destina al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de manera que “acompañe con suficiente financiación las transferencias que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya viene realizando hacia los municipios”. Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, quien ha destacado el “importante esfuerzo realizado por el Gobierno central, que ha destinado 827.603 euros a los ayuntamientos de la provincia para reforzar las políticas de erradicación de la violencia machista en el ámbito municipal”.

Carmen Collado ha recordado que esa cantidad para el conjunto de los municipios gaditanos supone un aumento del 57% respecto a la cantidad consignada en 2018 y que el plazo de ejecución de las actuaciones correspondientes se prolonga desde el pasado 1 de julio hasta el 30 de junio de 2023. “Se trata de una iniciativa de una gran importancia, ya que esos fondos pretenden contribuir a tejer una red de apoyo y de lucha contra la violencia de género, una estrategia en la que será esencial recabar la máxima implicación de todas las administraciones. Porque ese respaldo institucional multiplicará la protección de las posibles víctimas e incidirá decisivamente en la prevención de esa lacra”, ha afirmado.

Entre las actuaciones que pueden acogerse a esa financiación estatal, que puede complementarse con aportaciones procedentes de otros niveles de la Administración, se encuentra el desarrollo de medidas contempladas en el Pacto de Estado tales como programas y campañas de sensibilización, creación y mejora de mecanismos de apoyo a las víctimas, refuerzo de los servicios municipales, formación especializada, refuerzo de la Policía Local, puesta en marcha e impulso de los puntos de encuentro familiar, gastos de personal… “En definitiva –ha explicado Carmen Collado-, se trata de todo un amplio abanico de iniciativas para erradicar cualquier manifestación o comportamiento de violencia ejercido sobre las mujeres”.

La diputada y vicepresidenta ha llamado la atención también sobre otro punto recogido en la propuesta que se llevará al Pleno del próximo miércoles, como es “la necesidad de que se ponga en marcha un protocolo conjunto de actuación de las instituciones que proteja a las mujeres de una nueva forma de violencia de género aparecida este verano, como es la sumisión química. Este protocolo institucional debe derivar en un Plan de Acción Conjunta con medidas concretas y financiación suficiente”. 

Carmen Collado ha incidido en la importancia de que “ese protocolo de actuación conjunta incluya a las diputaciones y a los ayuntamientos, al tiempo que se dé participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género”. 

Finalmente, y dado el importante papel que juega la prevención y la sensibilización, la propuesta socialista incluye también una solicitud a la Junta de Andalucía para que, en el ámbito de sus competencias, esa institución promueva un programa de educación escolar que incluya esta nueva fórmula de violencia de género.

El PSOE reclama a la Junta un aumento de la aportación para materiales de obras del PFEA

El Grupo Socialista pide que se autorice a los municipios la revisión excepcional de precios en los proyectos del antiguo PER

Diputadas y diputados socialistas durante el Pleno del pasado mes de julio

Cádiz, 14 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación provincial la necesidad de que la Junta de Andalucía eleve el montante económico para la adquisición de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La propuesta socialista se fundamenta en que esa aportación para materiales, actualmente fijada en el 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, ha de aumentarse hasta un 60 por ciento, toda vez que la constante y reiterada inflación de las materias primas amenaza con restar eficiencia al referido programa de impulso del empleo en medios eminentemente rurales.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha explicado que la elevación del porcentaje destinado a la adquisición de materiales “es esencial a la hora de garantizar el fin social que se persigue con el PFEA, un programa que ofrece posibilidades laborales en entornos rurales, mejora infraestructuras y equipamientos, reduce desequilibrios respecto a zonas urbanas y contribuye a asentar a la población en el territorio”.

Pizarro ha destacado el papel que la Diputación viene desempeñando en el desarrollo del PFEA y ha recordado que, en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, la Institución provincial asume una cofinanciación del 25% de ese presupuesto de materiales, con la que se complementa el 75% que corresponde a la Administración autonómica. Y ha defendido que ese volumen global se incremente de manera notable respecto a la cantidad destinada a la contratación de trabadores, “ya que la evolución de los mercados de materias primas, unida a las tensiones generadas por la pandemia de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania está provocando que el peso de los materiales exceda de ese teórico 45% de los costes salariales, lo que está obligando a los ayuntamientos a acudir al rescate del sistema y a afrontar ese sobrecoste cuando ellos carecen de obligación legal de hacerlo”.

“Situaciones extraordinarias obligan a medidas extraordinarias. Así lo entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación, quien ya ha articulado, mediante el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, un sistema de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que posteriormente se ha trasladado a Andalucía mediante el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril”, ha explicado el diputado y vicepresidente cuarto.

En esta misma línea ha enmarcado la segunda parte de la propuesta al Pleno, ya que, “si a día de hoy se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de obra pública no deban soportar una desproporcionada subida de precio de las materias primas que les amenazaba incluso con poner en serio riesgo su propia pervivencia, ahora es preciso que la Junta de Andalucía dé un paso en defensa de los municipios. Porque no puede olvidarse que en la actualidad los ayuntamientos actúan en los mercados de materiales meramente como un agente económico más, sin capacidad alguna de intervenir en los precios y padeciendo con toda la crudeza su desmedido incremento”.

De esta manera, la iniciativa socialista también persigue que la Junta arbitre un sistema de medidas similares a las ya citadas pero centradas exclusivamente en “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar la revisión excepcional de precios en los proyectos de obra por ellos desarrollados dentro del ámbito de actuación del PFEA”. Finalmente, Javier Pizarro ha señalado que “no parece de justicia que la única instancia institucional que carece de obligación legal de aportar recursos económicos para el sostenimiento del programa, la municipal, se vea perjudicada de una doble manera, ya que su esfuerzo inicial por realizar una aportación voluntaria para contar con un mayor volumen de recursos económicos tanto en conceptos extrasalariales como de materiales se traduce en una obligación cada vez más onerosa para la correcta ejecución de las obras adscritas al mismo”.

El Grupo Socialista impulsa tres acuerdos de calado social en defensa de jóvenes, profesionales sanitarios y abogados

Víctor Mora toma posesión como nuevo diputado en un Pleno que conoce que Ana Carrera asume la portavocía del Grupo Socialista y que Encarnación Niño continúa como portavoz suplente 

Juan Carlos Ruiz Boix presidiendo el Pleno

Cádiz, 26 de julio de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación ha conseguido que las tres propuestas presentadas al Pleno Ordinario de julio celebrado esta mañana en el Palacio Provincial hayan salido adelante. Estas tres iniciativas políticas pretendían reclamar a la Junta de Andalucía una respuesta decidida a tres colectivos que precisan del máximo respaldo institucional en estos momentos de especial dificultad socioeconómica: los jóvenes, mediante la puesta en marcha de mecanismos ágiles que permitan optimizar un mecanismo de gran trascendencia para su emancipación, como es el Bono Alquiler Joven impulsado por el Gobierno de la Nación (que ha resultado aprobada por unanimidad); los abogados y abogadas que forman parte del turno de oficio, que desarrollan una actividad esencial a la hora de garantizar en los procesos judiciales tanto los derechos como la seguridad jurídica de aquellos que menos tienen y que difícilmente podrían acceder a una representación de pago (igualmente aprobada de manera unánime); y los profesionales sanitarios de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que se están constituyendo en un pilar básico del sistema público de salud tras la pandemia. 

Diputadas y diputados socialistas, en un momento del Pleno

La diputada Ana Carrera ha lamentado que, seis meses después de que el Gobierno de la Nación aprobara el Bono Alquiler Joven, la Junta de Andalucía no haya puesto el mismo a disposición de sus potenciales beneficiarios. Este incentivo consiste en una ayuda mensual de 250 euros para personas de entre 18 y 35 años que acrediten unas rentas del trabajo que, con carácter general, no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). La cuantía global de la ayuda asciende a 6.000 euros (a razón de 24 mensualidades durante dos ejercicios). 

Cabe recordar que ese Bono Alquiler Joven fue aprobado por el Ejecutivo central el pasado 18 de enero junto al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, un instrumento que incluye hasta 13 programas de ayuda (compatibles con el citado Bono) y que es urgente que pueda estar disponible por parte de los jóvenes, ya que “primero la pandemia y después la guerra de Ucrania han golpeado de manera muy especial a quienes tienen unas rentas más bajas”. 

Ana Carrera (en primer término)

Además, Ana Carrera ha destacado la importancia de acelerar la entrada en vigor de este tipo de instrumentos, máxime cuando “la inversión de la Junta de Andalucía en materia de vivienda en los últimos años ha sido muy poca, por no decir directamente que ha sido cero” y cuando “en otras comunidades autónomas ya ha echado a andar sin problemas”. 

La diputada Isabel Gallardo ha defendido la necesidad de que la Junta de Andalucía satisfaga las reivindicaciones que los colegios de abogados vienen planteando para mejorar las condiciones en las que se presta la justicia gratuita mediante lo que se conoce popularmente como el turno de oficio. “El desarrollo de la justicia gratuita garantiza el cumplimiento de dos principios esenciales, como son el de igualdad y el de tutela judicial efectiva”, ha afirmado. 

Isabel Gallardo

Isabel Gallardo ha recordado las demandas de los dos colegios de abogados de la provincia –los de Cádiz y Jerez, que suman 1.457 colegiados-, que fundamentalmente se basan en el aumento de los baremos que se aplican a los abogados del turno de oficio, en la actualización anual de los módulos y en la inclusión en el referido baremo de la totalidad de actuaciones procesales. Y ha hecho hincapié en que la Junta de Andalucía tiene la “competencia exclusiva de la financiación del servicio de Justicia, por lo que también es la única institución en cuya mano está satisfacer estar demandas que no solo son de justicia para estos profesionales sino porque el propio sistema de justicia gratuita debe contar con una mínima dignidad en su aplicación”. 

David de la Encina

David de la Encina ha sido el encargado de elevar al plano institucional las reivindicaciones de hasta cinco sindicatos representativos de los profesionales sanitarios de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que llevan años reclamando a la Junta de Andalucía la consideración de sus particulares condiciones laborales y el reconocimiento de compensaciones en conceptos como la nocturnidad, la turnicidad y el trabajo tanto en festivos como en festivos especiales. 

De la Encina ha recordado que la Junta de Andalucía “lleva cuatro años ninguneando a este colectivo de médicos y enfermeros de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que a día de hoy continúan sin recibir una respuesta” a pesar de las reiteradas solicitudes de establecer una mesa de diálogo al respecto. 

Víctor Mora, nuevo diputado; y Ana Carrera, nueva portavoz 

El protagonismo del Grupo Socialista a lo largo del Pleno no solo ha tenido que ver con sus resultados sino que se ha extendido a su mismo desarrollo. Por una parte, por la toma de posesión como diputado de Víctor Mora, alcalde y secretario general del PSOE de Sanlúcar de Barrameda. El nuevo diputado provincial sustituye a Irene García, quien a comienzos de este mismo mes dimitió de su condición de presidenta de la Diputación y posteriormente como diputada provincial, antes de tomar su acta como diputada en el Parlamento de Andalucía. 

Víctor Mora, tomando posesión

Víctor Mora Escobar (Sanlúcar de Barrameda, 9 de febrero de 1977) es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Afiliado al PSOE desde el año 2001, fue secretario general de Juventudes Socialistas de Sanlúcar y desde 2012 es secretario general del PSOE local. Es concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda desde 2003 y alcalde de la localidad sanluqueña desde 2013. Según ha anunciado el presidente de la Diputación, el ya nuevo diputado provincial asumirá el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación de la Corporación provincial. 

En primer plano, Encarnación Niño y Ana Carrera

El Pleno también ha conocido la nueva portavocía del Grupo Socialista, responsabilidad que recae en Ana Carrera como portavoz titular (en sustitución del actual presidente, Juan Carlos Ruiz Boix) y en Encarnación Niño, que continúa como portavoz suplente. Ambas mantienen, además, los cometidos que venían desarrollando en el seno del Gobierno provincial desde el comienzo del mandato.