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El Pleno de la Diputación aprueba que la Junta incluya en los próximos Presupuestos de Andalucía la mejora integral de la carretera A-405 entre La Almoraima y San Pablo de Buceite

Javier Pizarro confía en que el apoyo unánime se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno andaluz recogerá la iniciativa en sus previsiones de inversión para 2023 

La portavoz, Ana Carrera, junto al vicepresidente cuarto, Javier Pizarro

Cádiz, 21 de septiembre de 2022. El Pleno de la Diputación ha respaldado hoy por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista que solicitaba al Gobierno de la Junta de Andalucía la inclusión en sus Presupuestos Generales de 2023 de un proyecto integral para la mejora del trazado de la carretera A-405 entre los puntos kilométricos 41 (La Almoraima) y 12 (El Corchado, en San Pablo de Buceite). La iniciativa busca garantizar el desarrollo de la actuación, incluyendo la regulación de los accesos a los núcleos de Marchenilla y El Corchado, así como al cementerio de San Pablo de Buceite, mediante “la aprobación de un programa y un plan de actuaciones, con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle”.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha destacado durante la defensa de la proposición la oportunidad de que el Gobierno de la Junta aproveche el momento e “incluya en el Proyecto de Presupuestos, que actualmente debe estar en fase de elaboración”, el coste del referido proyecto.

Hace más de 12 años ya se acometió la mejora de esta carretera entre Estación de San Roque y La Almoraima, quedando pendiente actuar entre a La Almoraima y Jimena de la Frontera, un trazado que ya cuenta desde 2007 con un proyecto para su mejora del punto kilométrico 41 al 20 (por un montante de 11,3 millones de euros). Por este motivo, ahora se trataría de impulsar esa actuación y de realizar un proyecto nuevo para el tramo de vía que aún no dispone de él, comprendido entre el cruce con la carretera CA-8201 y el núcleo de El Corchado (unos siete kilómetros entre los p.k. 20 y 12), ya que carece de proyecto redactado a pesar de encontrarse en malas condiciones de mantenimiento y de suponer un serio riesgo para el tráfico rodado.

Javier Pizarro ha recordado que la mejora integral de esa carretera es una “demanda histórica de muchos vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar” de la que “se hace eco” esta proposición que pretende mejorar las condiciones de seguridad y las posibilidades de movilidad en una zona que está viendo mermadas incluso su potencialidad de desarrollo socioeconómico. Por ello, ha agradecido el respaldo unánime del Pleno y ha confiado en que ese apoyo sin fisuras se traduzca en un “compromiso” de que el Gobierno de la Junta incluirá la iniciativa en los Presupuestos de Andalucía para 2023.


El PSOE reclama a la Junta un aumento de la aportación para materiales de obras del PFEA

El Grupo Socialista pide que se autorice a los municipios la revisión excepcional de precios en los proyectos del antiguo PER

Diputadas y diputados socialistas durante el Pleno del pasado mes de julio

Cádiz, 14 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación provincial la necesidad de que la Junta de Andalucía eleve el montante económico para la adquisición de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La propuesta socialista se fundamenta en que esa aportación para materiales, actualmente fijada en el 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, ha de aumentarse hasta un 60 por ciento, toda vez que la constante y reiterada inflación de las materias primas amenaza con restar eficiencia al referido programa de impulso del empleo en medios eminentemente rurales.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha explicado que la elevación del porcentaje destinado a la adquisición de materiales “es esencial a la hora de garantizar el fin social que se persigue con el PFEA, un programa que ofrece posibilidades laborales en entornos rurales, mejora infraestructuras y equipamientos, reduce desequilibrios respecto a zonas urbanas y contribuye a asentar a la población en el territorio”.

Pizarro ha destacado el papel que la Diputación viene desempeñando en el desarrollo del PFEA y ha recordado que, en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, la Institución provincial asume una cofinanciación del 25% de ese presupuesto de materiales, con la que se complementa el 75% que corresponde a la Administración autonómica. Y ha defendido que ese volumen global se incremente de manera notable respecto a la cantidad destinada a la contratación de trabadores, “ya que la evolución de los mercados de materias primas, unida a las tensiones generadas por la pandemia de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania está provocando que el peso de los materiales exceda de ese teórico 45% de los costes salariales, lo que está obligando a los ayuntamientos a acudir al rescate del sistema y a afrontar ese sobrecoste cuando ellos carecen de obligación legal de hacerlo”.

“Situaciones extraordinarias obligan a medidas extraordinarias. Así lo entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación, quien ya ha articulado, mediante el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, un sistema de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que posteriormente se ha trasladado a Andalucía mediante el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril”, ha explicado el diputado y vicepresidente cuarto.

En esta misma línea ha enmarcado la segunda parte de la propuesta al Pleno, ya que, “si a día de hoy se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de obra pública no deban soportar una desproporcionada subida de precio de las materias primas que les amenazaba incluso con poner en serio riesgo su propia pervivencia, ahora es preciso que la Junta de Andalucía dé un paso en defensa de los municipios. Porque no puede olvidarse que en la actualidad los ayuntamientos actúan en los mercados de materiales meramente como un agente económico más, sin capacidad alguna de intervenir en los precios y padeciendo con toda la crudeza su desmedido incremento”.

De esta manera, la iniciativa socialista también persigue que la Junta arbitre un sistema de medidas similares a las ya citadas pero centradas exclusivamente en “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar la revisión excepcional de precios en los proyectos de obra por ellos desarrollados dentro del ámbito de actuación del PFEA”. Finalmente, Javier Pizarro ha señalado que “no parece de justicia que la única instancia institucional que carece de obligación legal de aportar recursos económicos para el sostenimiento del programa, la municipal, se vea perjudicada de una doble manera, ya que su esfuerzo inicial por realizar una aportación voluntaria para contar con un mayor volumen de recursos económicos tanto en conceptos extrasalariales como de materiales se traduce en una obligación cada vez más onerosa para la correcta ejecución de las obras adscritas al mismo”.

El PSOE instará en el pleno de Diputación a que se regularice la seguridad en las gasolineras desatendidas

Pizarro considera necesario que los usuarios tengan igualdad de condiciones “reposten en la gasolinera que reposten”, por esa razón, es primordial que el Gobierno Central establezca una normativa común que estandarice y garantice la protección y la seguridad de los mismos

Javier Pizarro junto a otros compañeros diputados del Grupo Socialista
El diputado provincial socialista Javier Pizarro defenderá en el próximo pleno de la Diputación una moción cuya pretensión es “proponer al Gobierno de España que desarrolle y clarifique de una manera clara y solvente los requisitos básicos para garantizar la seguridad industrial que las gasolineras de autoservicio deben cumplir, ha manifestado. En este sentido, el socialista ha comentado que “debe ser una prioridad el garantizar que los usuarios tengan las condiciones adecuadas y plenas en lo que respecta a cualquier situación fortuita que pueda producirse en el momento del reportaje”. Para ello, ha añadido, “el mencionado desarrollo conllevaría a una seguridad jurídica de todos los agentes del sector y garantizaría una competencia leal respecto a otras estaciones de servicios”.
Así pues y debido a la actual proliferación de gasolineras cuyas modalidades de pago y atención al cliente son diferentes a las tradicionales y dándose el caso de que no hay personal en ellas que pueda atender a las personas consumidoras “desde el PSOE creemos necesario que el régimen de gasolineras desatendidas cumplan con la normativa que al respecto existe y afecta al sector”, ha aseverado Pizarro. Por esa razón, ha dicho el diputado que “la Ley dice que las instalaciones utilizadas para el ejercicio de la actividad de surtir carburantes deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación y sobre todo en la protección de los consumidores y usuarios”. Todo esto, ha llevado al Grupo Socialista de la Institución provincial a tomar la determinación de presentar esta propuesta al pleno. Pizarro ha declarado que “ya que estas gasolineras están prestando un servicio a la ciudadanía creemos necesario que dicha atención se haga en condiciones de seguridad y de igualdad respecto a otras estaciones de servicios con otra política de atención al público”. Pero la cuestión aquí es que, según ha asegurado el diputado, “existe cierta indeterminación en la normativa básica estatal, así como ciertas incongruencias con otras leyes, por no decir la implantación de diferentes criterios  establecidos por las comunidades autónomas y que no representan, en ningún caso, un trato igualitario entre las personas consumidoras”.
Debido a todas estas razones, el Grupo del PSOE pedirá que se garantice la unidad de mercado que se contempla en la normativa vigente al respecto, y sobre todo, como ha dicho Pizarro “que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas”. En esta misma línea, solicitarán que “los técnicos proyectictas e instaladores de las gasolineras desatendidas cumplan con absoluto rigor la normativa de seguridad industrial que estas instalaciones deben cumplir”.

En definitiva, lo que el PSOE de Diputación pretende con esta moción es que “el Gobierno central articule e implante una serie de leyes y normas que tengan como fin aclarar la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantizar, así, la seguridad de estas instalaciones en aras del cumplimiento de los derechos de las personas usuarias”, ha concluido Pizarro. 

“El autoconsumo eléctrico en Andalucía se reduce por culpa de las políticas del PP”



Pizarro dice que “es incomprensible como una comunidad como Andalucía con tantas horas de sol y con una industria fotovoltaica en auge tiene que ver mermada sus expectativas por culpa de las trabas que el PP pone a este tipo de abastecimiento energético”

Javier Pizarro, diputado provincial PSOE
El diputado provincial socialista Javier Pizarro asegura que el real decreto que se publicó en el BOE en octubre del pasado 2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo “ha supuesto una merma para el sector ya que pone trabas al autoabastecimiento de energía con las consiguientes repercusiones económicas y laborales que se generan por culpa de esa decisión de los populares de no proteger la industria del autoconsumo energético”.

Así pues, según se establece en el preámbulo del real decreto lo que se pretende es avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo, pero Pizarro asegura que “es un objetivo que no se corresponde, en ningún caso, con la regulación recogida en el mismo, ya que impone restricciones, técnicas y administrativas a los consumidores que dispongan de instalaciones de autoconsumo y gravámenes sobre la electricidad producida”. El socialista defiende que “los beneficios del autoconsumo son reconocidos por todos y las instalaciones para autoconsumo pro­porcionan una mayor independencia de la red eléctrica y permite, entre otras cosas, un mayor aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, al tiempo que su uso fomenta la economía y contribuye a la generación de empleo”.

Pero “lamentablemente, la ciudadanía no va a poder disfrutar de dichos beneficios, pues, el decreto no contempla el balance neto que es el vertido gratis de energía al sistema como contraprestación a la energía que recibe de éste cuando la necesita y que sí lo regula­n en la mayoría de países con autoconsumo”, asevera Pizarro. A todo ello, habría que añadir que Andalucía posee muchas horas de sol, y es por eso que resulta más ventajoso, muchas veces, generar y autoconsumir electricidad de origen fotovoltaico que comprar la electricidad de la red. Aunque la aprobación del decreto que los populares han llevado a cabo hace que haya dejado de ser rentable. Adelanta el diputado socialista que “esto supondrá una paralización de inversiones y puede ser el germen del desmantelamiento de instalaciones que ya existen, así como la desconexión de la red de los consumido­res que disponen actualmente de dichas instalaciones”. No sólo esta circunstancia es grave para el sector del autoconsumo, sino que, como arguye el diputado “se verá mermada la economía, así como la generación de empleo que posee ese sector y es lamentable que se paralice el impulso de estas empresas, así como el de la administración andaluza que tanto ha apostado por esta materia”.

Según comenta Pizarro “es indudable que Andalucía posee la tecnología, así como la materia prima, luego no se entiende por qué el parque fotovoltaico en nuestra región, es mucho menor que el de otros países con menos horas de sol”. Pero, al mismo tiempo, comenta el socialista que “la explicación es clara y es consecuencia de que no existe en nuestro país un marco regulatorio estable que ofrezca garantías jurídicas para invertir en renovables y, en particular, en autoconsumo”. En su lugar, existen normas, como este real decreto, que “paralizan el desarrollo de las energías renovables y contribuye a mantener el statu quo de un sistema eléctrico cuyo producto es una de las electricidades más cara de Europa”, afirma. Critica Pizarro también que “la regulación que la regulación que aprobó el PP obedece a una visión cortoplacista y desestructurada del sector energético que está abocado a políticas erráticas cuya única conexión es la de recaudar fondos suficientes para el mantenimiento de un sistema estático y obsoleto ignorando las alegaciones de organismos reguladores y del propio sector”. Pues, según confirman las asociaciones de autoconsumo esto es un nuevo ataque a la posibilidad de desarrollar en España un sector energético, democrático, sostenible, de baja huella de carbono, de generación distribuida e independiente de intereses que no se basen exclusivamente en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energé­tica, que sean económicamente sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles, todo esto, “pone en riesgo el cumplimiento de objetivo con la UE respecto a las emisiones de CO2 para el 2010”, recuerda el diputado del PSOE.

A diferencia del Gobierno que ha presidido Rajoy y sus decisiones en materia de autoconsumo eléctrico Andalucía es consciente de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra región el autoconsumo. Por esa razón, en consonancia con la UE ha incluido, entre los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el documento de planifica­ción energética que marcará las directrices a seguir en esta materia para los próximos años, el autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. Dicho objetivo, a pesar de las barreras impuestas por el Gobierno central, que obliga a Andalucía multiplicar los esfuerzos y a duplicar los recursos asignados para dar viabilidad a una masa suficiente de instalaciones de autoconsumo, “demuestra el compromiso andaluz por extender el potencial de la generación distribuida, facilitando el papel activo de sus ciudadanos como posibles generadores de la energía que consumen, así como la defensa de un sistema energético bajo en carbono, que aproveche al máximo las energías renova­bles e incluya el autoconsumo como nuevo modelo de abastecimiento energético”, asevera Pizarro.

El Grupo Socialista es consciente de que el autoconsumo es una de las piezas claves en la Estrategia Energética de Andalucía y de la provincia y que el desarrollo de este tipo de instalaciones supone para Andalucía la reactivación de la actividad económica e industrial andaluza, por eso, como afirma Pizarro “pediremos en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz la derogación del real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, dado que, en lugar de potenciar y apoyar el autoconsumo, esta normativa impone barreras técnicas y económicas que imposibilitan su desarrollo”. Concluye diciendo que “se debería reactivar el diálogo con el propio sector empresarial y las diferentes administraciones públicas, a fin de evitar poner en riesgo el abastecimiento energético con fuentes renovables en nuestra comunidad autónoma debido a la falta de confianza de los inversores”.