Cádiz, 9 de febrero de 2012
El PSOE lleva al Pleno de Diputación la urgencia de
aprobar tanto la segunda fase de los BAM como el Plan de Reindustrialización
El Grupo
Socialista pretende que el tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las
Mercedes’ sea trasladado a Cádiz
Los diputados
del PSOE plantean que el Gobierno dé marcha atrás y restituya los derechos de
las personas dependientes
El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha
presentado varias propuestas de acuerdo al Pleno de la Corporación
provincial, que se desarrollará el próximo miércoles. Las propuestas impulsadas
por el PSOE tienen un marcado acento económico y social, y afectan tanto a la
necesaria urgencia de la puesta en marcha del Plan de Reindustrialización y la
segunda fase de los Buques de Acción Marítima; como a la conveniencia de
radicar en Cádiz el tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’; a la
reconsideración, por parte del Gobierno central, del aplazamiento del derecho a
las prestaciones de personas dependientes, dentro del paquete de medidas de
ajuste aprobadas el pasado 31 de diciembre; y al rechazo de las medidas de
recorte impulsadas por el Gobierno central, que “favorecerán la recesión y el
paro, y que no son equitativas para la totalidad de la sociedad”.
La orden de ejecución de los nuevos Buques de Acción Marítima
Entre las propuestas socialistas destaca
una que pretende “instar al Gobierno central” a que “a la mayor brevedad
posible, apruebe la orden de ejecución de los nuevos Buques de Acción Marítima
(BAM) para la Armada”,
en un momento en que los centros Navantia en la Bahía de Cádiz están
padeciendo ya las consecuencias de la falta de carga de trabajo.
La propuesta recuerda cómo el nuevo
ministro de Defensa no ha realizado ni una sola mención al respecto de un proyecto
tan importante tanto para las necesidades de la Armada como para la
actividad de los astilleros públicos. El silencio del ministro ha sido completo
tanto en su primera comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso (26 de enero) como
en su primera visita a la provincia, precisamente para asistir a la entrega de
la tercera de las cuatro unidades que integran la primera fase del programa (el
6 de febrero).
La exposición de motivos de la propuesta
recuerda cómo esa segunda fase de los BAM ya pasó por el Consejo de Ministros
durante la etapa de Gobierno socialista, y que prácticamente sólo estaba
pendiente de la firma de la orden de ejecución de las siguientes cinco unidades
comprometidas con la Armada,
que los trabajadores del sector naval vienen demandando de manera creciente
como principal fuente para el mantenimiento de la actividad en las
instalaciones públicas de la
Bahía gaditana.
La urgencia del Plan de Reindustrialización
Otra de las propuestas del PSOE recoge que
“la provincia de Cádiz ha disfrutado en los últimos cinco años de los
incentivos derivados del Plan Reindus para fortalecer y desarrollar el tejido
industrial, tanto en la Bahía
de Cádiz como en el Campo de Gibraltar y la Sierra de Cádiz”, y llama la atención de que “a
pesar del anuncio realizado a través de los medios de comunicación, aún no se
ha ratificado cómo y cuándo va a aprobarse por parte del Gobierno central el
paquete de ayudas previstas para la anualidad 2011-2012, en un momento
especialmente delicado por la pérdida de empleos en el sector industrial y por
la dificultad de encontrar posibles alternativas como consecuencia de la crisis
económica”.
Por este motivo, la proposición de
acuerdo concluye buscando el apoyo del resto de grupos a que se inste al
Gobierno central a que, “a la mayor brevedad, apruebe las ayudas para el Plan
de Reindustrialización de la provincia de Cádiz”, dados los positivos efectos
que las anteriores ediciones del programa han generado tanto para la atracción
de inversiones empresariales como para la generación de puestos de trabajo.
El tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, a
Cádiz
La nómina de proposiciones del Grupo
Socialista de Diputación incluye la solicitud al Gobierno de que, en el momento
en que los tribunales estadounidenses dicten una sentencia firme en respaldo de
las tesis del Reino de España en el contencioso sobre el expolio de los restos
de la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes, el patrimonio hallado en el mismo “sea trasladado a Cádiz, donde
el pecio sería custodiado por el Centro de Arqueología Subacuática”.
Precisamente, ese centro dependiente de la Junta de Andalucía ha
desempeñado un importante papel a lo largo de este episodio que lleva años
enfrentando a España con la empresa Odyssey respecto a la titularidad del
tesoro contenido en los restos del naufragio, recuperados por la referida firma
y objeto desde entonces de un largo proceso judicial en el que los tribunales
estadounidenses han respaldado inicialmente las tesis españolas, con el
consiguiente recurso de la parte contraria.
Esta propuesta parte de la importancia
histórica que el puerto y la ciudad de Cádiz tuvieron en el comercio con las
Indias, y viene a reconocer esa relevancia en las relaciones comerciales,
económicas, culturales y sociales con el Nuevo Mundo; así como el hecho de que
la ciudad cuente hoy con un equipamiento de referencia internacional en la
materia, como es el propio Centro de Arqueología Subacuática.
Defensa de los derechos de las personas dependientes
El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Gobierno de
Mariano Rajoy también es objeto de una proposición de acuerdo al Pleno de la Diputación. El
Grupo Socialista plantea en ella la necesidad de instar al Ejecutivo central a
que valore “la posibilidad de mantener el calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, para todas las personas valoradas, incluidas las que cuentan
Grado I Nivel 2”.
Básicamente, esta propuesta pretende que
el Gobierno central dé marcha atrás a una modificación de la referida norma a
través del citado Real Decreto-Ley, en virtud de la cual se aplazaría hasta el
1 de enero de 2013 la efectividad del derecho a las prestaciones para aquellas
personas que sean valoradas en el Grado I de dependencia moderada, Nivel 2.
Esta nueva situación ha derivado en “una grave medida atentatoria contra los
derechos de las personas dependientes, atacando frontalmente el cuarto pilar
del Estado del Bienestar”.
En Andalucía hay nada menos que 43.000
personas dependientes valoradas con un Grado I Nivel 2, las cuales necesitan
ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria o tienen necesidades
de apoyo intermitente para desarrollar su autonomía personal. La Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su Disposición Final Primera, se refiere a la
aplicación progresiva de la ley, dando respuesta en primer lugar a los
dependientes más graves; y con un calendario de implantación progresiva del
sistema, establecido en los años 2011 y 2012 para las personas con valoración
de dependencia Grado I Nivel 2.
Sin embargo, “el Gobierno del Partido
Popular ha interferido gravemente en el ejercicio y disfrute de derechos de las
personas dependientes, y en la posibilidad de que la Administración Autonómica
continúe desarrollando los procedimientos ya iniciados de reconocimiento de
prestaciones a personas que tengan reconocido el citado grado y nivel de
dependencia moderada según el calendario establecido originariamente en la
disposición final primera de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dando carta de legalidad a
la paralización de los expedientes de aquellas personas”. De esta forma, la
modificación legal impulsada desde el Ejecutivo del PP “perjudica de manera
clara y dañina a 43.000 andaluces y andaluzas, que ven mermado su derecho y
diferido el mismo en el tiempo hasta 2013”.
La propuesta socialista hace hincapié
tanto en los efectos negativos que esta modificación normativa tendrá sobre
esas personas dependientes como sobre los puestos de trabajo generados en este
sector, “muchos de los cuales se encuentran concentrados en algunos de los colectivos
más castigados por el desempleo, como los jóvenes y las mujeres”. Así las
cosas, “la medida adoptada por el Gobierno del PP, además de injusta y poco
solidaria, va a provocar un freno al mantenimiento y la creación de empleo (se
estima que la Ley
de Dependencia ha generado un puesto de trabajo por cada cuatro personas
atendidas), al tiempo que perjudica notablemente a Andalucía y a los
andaluces”.
Rechazo al aumento fiscal a las rentas del trabajo y a la subida
del IBI
La contestación a la política
generalizada de recortes económicos y sociales impulsada por el Gobierno del PP
centra otra de las proposiciones de acuerdo del Grupo Socialista, que en
concreto plantea al Pleno de la
Diputación rechazar “la subida de la presión fiscal a las
rentas del trabajo y a las clases medias, lo que provoca una mayor caída en el
consumo y una menor actividad empresarial y productiva”; “los recortes de la
inversión pública en infraestructuras y en I+D+i que frenan aún más la
actividad económica”; “los recortes en empleo público y el cierre de hasta 450
empresas y organismos públicos”; y “la subida del IBI aprobada por el Gobierno
central”.
En definitiva, esta propuesta pretende
mostrar el rechazo de la
Corporación a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno
de Mariano Rajoy que “en lugar de favorecer el crecimiento de la economía,
favorecen la recesión; en vez de fomentar el empleo, hacen que aumente el paro;
medidas que no son equitativas para la totalidad de la sociedad”. Esas medidas
que se pretende rechazar penalizan especialmente a las clases medias, a los
jóvenes o a los pensionistas, al tiempo que tratan de reducir el espacio de lo
público.
En otro ámbito, esas medidas aprobadas por el
Ejecutivo del PP afectan a la autonomía de otras Administraciones, como es el
caso de los municipios con “el aumento de manera unilateral del IBI, una medida
que desde el Gobierno se vende como una forma de hacer llegar más recursos a
los ayuntamientos pero que en realidad supondrá un agravamiento de la situación
de las familias, que tendrán que pagar un aumento del 4, del 6 o del 10%
dependiendo del año en el que cada localidad haya realizado la revisión de los
valores catastrales”.
