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“El PP está dispuesto a enquistar los problemas sociales, tales como el de la vivienda, antes de su defunción en el Gobierno”

González argumenta que “esta manera de proceder del Gobierno del señor Rajoy hace que se frustre de manera flagrante la función social propia de la vivienda y favorece de manera clara la especulación”, añade, “esta situación provoca que haya casas vacías y personas sin vivienda”
Diputado provincial socialista, Fran González
El diputado provincial socialista encargado del área de Vivienda y Ordenación del Territorio, Fran González, lamenta que el Gobierno central, actualmente en funciones, “se desprenda de la responsabilidad social que tiene el Ministerio de Fomento y Vivienda respecto al derecho constitucional de los españoles de tener una vivienda digna”. Concretamente, se refiere al acuerdo plenario que se aprobó en febrero en la Diputación de Cádiz en el que se instaba a varias instituciones a abordar el problema circunscrito en torno a las familias que no pueden pagar una vivienda o han sido desahuciadas. Concretamente, se instaba tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central, así como a la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la propia Diputación a que se facilitase lo máximo posible el acceso a la vivienda a través del alquiler a familias y personas especialmente vulnerables. De este modo, la moción de partida fue propuesta por el PP que pretendía sólo instar a la Junta de Andalucía, pero, posteriormente, se incluyó la enmienda socialista de instar al Estado y además se incluyó una reclamación al Ministerio de Fomento.

“Es preciso que desde el Gobierno central definan cuanto antes y de una manera clara qué es una vivienda desocupada con carácter permanente con el fin de que los Ayuntamientos puedan exigir a los propietarios un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI”, aclara González. Según el socialista, “así se establecen las herramientas que permitirán solventar la situación actual y la dualidad perversa de que haya viviendas vacías y personas sin vivienda”. La respuesta del Ministerio ha sorprendido al diputado ya que dice, literalmente, que “al estar en funciones el Gobierno sólo nos podemos ocupar de la gestión ordinaria de los asuntos públicos, absteniéndonos de adoptar otras medidas, salvo casos excepcionales”. “Se ve que el problema de la vivienda y la situación de muchas familias españolas no es un caso excepcional al que atender por parte de los populares”, asevera González. Añade a lo anterior, “una vez más el PP y el señor Rajoy demuestran la insensibilidad hacia las clases más desfavorecidas de nuestro país y se niegan a ser partícipes de la solución de un grave problema acusado debido a la crisis y sorprende, también, como intentan jugar con esa desgracia a nivel provincial intentando confrontar con la Junta de Andalucía en vez de poner soluciones en las instituciones que gobiernan”.

Debida a esta situación generada, el socialista lamenta que “el Gobierno central se pone de perfil o directamente se esconde ante el problema y se escuda en su condición de estar en funciones para no actuar ni tomar decisiones cuyo fin es solventar de manera positiva el gravamen a las viviendas desocupadas y facilitar, de ese modo, un posible uso social de las mismas”. Lo que sorprende al diputado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio es precisamente que “para unos asuntos están en funciones pero para otros no”. Para ilustrar su afirmación se refiere al “rosario de apariciones públicas y a la gira que están haciendo todos sus ministros para vender la gestión de Rajoy haciendo campaña de una manera descarada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”. Pero no sólo se centran en esa labor, pues “tampoco les importa su condición funcional cuando en ese periplo critican y atacan a otras formaciones políticas en comparecencias institucionales o para confrontar con otras Administraciones, por ejemplo, en torno al gato público, como así lo han hecho con las CC.AA.”, ha señalado.


Por último, González lamenta que “con esta respuesta el Gobierno se desentiende rotundamente y desatiende de una manera clara un problema social de calado enorme y pone, una vez más, de manifiesto un absoluto desinterés por los auténticos problemas que atañen a la ciudadanía”. Por esas razones, el diputado del PSOE afirma que “más que un Gobierno en funciones es un Gobierno en defunción y que no tiene el más mínimo escrúpulo de que antes de que llegue el final enquistar los problemas y poner trabas a las soluciones de los españoles en general y de los gaditanos en particular”. 

“El Gobierno debe aplicar la normativa sobre el IBI y ponerla al servicio de los Ayuntamientos”

Jesús Solís asegura que es necesario que se regule el tipo de gravamen impuesto al IBI de  las  viviendas de uso residencial que están permanentemente desocupadas a favor de las Haciendas Locales  

Jesús Solís junto a otras diputadas Socialistas en la reunión del Grupo
El diputado provincial socialista, Jesús Solís, dice que “hay más de doscientos ayuntamientos de toda España que han tratado de regular mediante ordenanzas municipales el condicionado sobre los inmuebles permanentemente desocupados lo que ha repercutido en pronunciamientos desfavorables por parte de los tribunales”. Todo ellos debido a que estos entienden que las condiciones que se dirimen reglamentariamente se refieren a normas de rango que apruebe el Gobierno Central ya que es un criterio que desarrolla y ejecuta una Ley que emana del mismo. Concretamente Solís se refiere al Real Decreto Legislativo “/2004, de 5 de marzo en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así pues, en el art. 72.4 de dicho Real Decreto se regula el gravamen sobre el IBI y la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de una manera permanente. Pero, para establecer si una vivienda está siendo o no desocupada permanentemente se deben cumplir una serie de condiciones, “es ahí dónde radica el problema”, asevera Solís.
Por todo ello, el empeño de los municipios es regular dichas condiciones y los tribunales no han dado la razón esgrimiendo que los condicionantes emanan de una Ley aprobada por el Gobierno de España y que los requerimientos que deben contemplarse son los que esta tenga establecidos. El socialista considera que “es absolutamente necesario que el Gobierno Central inicie los trámites necesarios para la aplicación de la norma reglamentaria y que se lleve a cabo lo establecido por el art. 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, antes mencionado, en el que se aprueba el Texto Refundido de la regulación de las Haciendas Locales”.
Ante las sentencias que se han dirimido respecto al tema hay que destacar esta del TSJA con nº 2953/2010 de 14 de enero de 2010 que expone lo siguiente:
“La competencia estatal para el desarrollo reglamentario del precepto es más patente si se considera lo sensible que queda por regular: los requisitos para que una vivienda se considere desocupada. Si el supuesto hecho se dejara a la regulación municipal, las diferencias entre municipios que establecieran el recargo necesariamente serían grandes, contradiciendo el principio general de igualdad (art. 31 CE). El Ayuntamiento no puede asumir la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno de la Nación. En otro caso, como acontece aquí, el acto es nulo por vulnerar la Ley (art. 62.2 LRJ-PAC), en este caso la de Haciendas Locales”.
Por último, Solís manifiesta la preocupación que genera esta circunstancia en el Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz. Así pues, adelanta el diputado que éste ha presentado una moción en el Pleno Ordinario de Diputación al respecto para exigir al Gobierno que aplique la Ley. Además, añade que “el Grupo Socialista de Diputación quiere que, tras aprobarse en el Pleno, el acuerdo de esta moción sea trasladado al Gobierno de España, así como a la FEMP, la FAMP y a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz”.