Cádiz, 21 de junio de 2012

El Gobierno provincial admite un recorte del 40% en la vigilancia en los centros de drogodependencias pero rechaza recuperar el servicio

Irene García asegura que la reducción “drástica” del servicio es un ejemplo más de la “absoluta deriva antisocial” en la que ha caído el PP

La portavoz del Grupo Socialista censura “el doble discurso sobre los BAM de Loaiza, que quiere aparecer como el poli bueno y ocultar su incapacidad de interlocución con las altas instancias de su partido”


El Grupo Socialista ha lamentado la “absoluta deriva antisocial” en la que definitivamente ha caído el Gobierno provincial, dentro de una espiral que ha vivido uno de sus últimos y preocupantes exponentes en la “drástica reducción del servicio de vigilancia en los centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias,dependientes del Servicio Provincial de Drogodependencias”.

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha destacado la “gravedad” de que “el propio Gobierno provincial haya reconocido en el Pleno, a una propuesta del PSOE, que ha decidido reducir ese servicio nada menos que en un 40 por ciento, al pasar de cinco horas a únicamente tres al día”. A juicio de la también alcaldesa de Sanlúcar, “esta medida no solo es una falta de respeto para los usuarios de ese servicio, sino que lo es también para los profesionales que vienen desarrollando una tarea magnífica”.

Irene García ha recordado que el Comité de Salud Laboral de la Diputación ha denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo y que “los votos negativos del equipo de Gobierno en el Pleno han impedido que prosperase una propuesta del PSOE en la que planteábamos al presidente Loaiza aprobar la modificación presupuestaria necesaria para garantizar la prestación de los servicios de vigilancia a tiempo completo, es decir, como ha venido realizándose hasta ahora”. De hecho, “el rechazo a nuestra propuesta y a nuestro apoyo automático a esa modificación presupuestaria roza lo incomprensible cuando el propio diputado del área había trasladado a los trabajadores que esa era la única posibilidad de recuperar íntegramente el servicio de vigilancia”.

La diputada socialista se ha referido también a otros casos que demuestran esa “obsesión por recortar en el ámbito de lo social, sin importar los perjuicios que se puedan originar a colectivos o personas en situaciones de especial vulnerabilidad” y ha citado expresamente el inminente cierre de la Casa Cuna de Puerto Real o el abandono a su suerte de los jóvenes alumnos vejeriegos y barbateños de la residencia estudiantil Guzmán El Bueno de Tarifa. “Al presidente Loaiza no le tembló el pulso al dejar de asumir de la noche a la mañana el transporte de estos jóvenes de familias en riesgo de exclusión social desde Vejer y Barbate hasta la residencia en Tarifa. De la misma manera, ahora vota en contra de la recuperación de un servicio de vigilancia en los centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias”, ha dicho, para añadir que “este tipo de actitudes ponen de manifiesto una forma de entender la política. Porque medidas como estas no tienen un efecto económico significativo, pero dicen mucho de las prioridades de quien gestiona una institución”.

El doble discurso de Loaiza sobre los BAM

La portavoz del Grupo Socialista se ha referido igualmente al “doble discurso que Loaiza mantiene sobre los Buques de Acción Marítima (BAM): como presidente de Diputación dice que apoya la contratación de su segunda fase y respalda nuestra propuesta en el Pleno para que el Gobierno contrate su ejecución a Navantia de manera urgente; pero como presidente del PP de la provincia consiente que sus diputados en el Congreso antes y sus senadores ayer mismo voten en contra de la enmienda socialista que garantizaba el inicio de los trabajos”.

En este sentido, Irene García ha destacado que “el presidente Loaiza está empeñado en quedar bien con todo el mundo, lo que es imposible. Quiere quedar bien con los trabajadores de Navantia y con los ciudadanos de la Bahía diciendo aquí que apoya que lleguen los BAM; y quiere quedar bien con sus superiores en el partido, sin presionarles ni molestarles, aunque con esa actitud se ponga en evidente peligro un proyecto vital para nuestros astilleros”.

Por todo ello ha señalado que José Loaiza “quiere aparecer como el poli bueno y ocultar su incapacidad de interlocución con las altas instancias de su partido. De hecho, es tan poli bueno que ha convertido en polis malos a Teófila Martínez y José Blas Fernández, dos concejales del PP de Cádiz que han votado en el Congreso y en el Senado contra la enmienda socialista que posibilitaba la contratación de los BAM”.   

El PP apoya los recortes de Rajoy en políticas de empleo que perjudican a los ALPEs y elude exigir su implicación en los Planes Provinciales

Irene García ha calificado de “demencial” que el Gobierno provincial del PP haya rechazado una propuesta socialista que instaba al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía a asegurar la financiación del programa de Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs) y que haya defendido los recortes de Rajoy en materia de políticas activas de empleo, argumentando que ese tijeretazo de 400 millones de euros para Andalucía no afecta a la pervivencia de ese colectivo. “El verdadero recorte lo hace el Ministerio, porque aunque las políticas activas de empleo son competencia exclusiva de la Junta, la financiación de las mismas viene de la mano de los fondos que se transfieren desde Madrid y que han experimentado una disminución sin precedentes”, ha afirmado.

La portavoz ha incidido en la “visión partidista del PP, que ha preferido mantener una propuesta propia que insta a la Junta a asumir en exclusiva una competencia inasumible sin la implicación del Gobierno central”. Por este motivo, ha destacado que “al PP no le interesa tanto el empleo como organizar debates demagógicos y estériles en su estrategia de confrontación con la Junta de Andalucía para tratar de ocultar su incapacidad de gestión. Porque si de verdad le preocupara el empleo, exigiría a cada Administración en virtud de sus auténticas competencias, buscaría el consenso con la oposición para trasladar iniciativas de carácter institucional, pondría en marcha los clubes de empleo, dotaría al plan de empleo con un presupuesto real y no lo subordinaría a la venta de unos inmuebles…”

Irene García ha achacado al Gobierno provincial un comportamiento muy similar en lo relacionado con el Plan Provincial de Obras y Servicios. “El Grupo Socialista ha llevado al Pleno una propuesta que le daba al PP la oportunidad de ser coherente  con lo que decía hace un año y que pedía a la Administración que ha retirado su aportación, es decir, al Gobierno central, que la repusiera. Pero el PP ha preferido no reclamar y ha dejado en la estacada a los pequeños municipios. Porque el Plan Provincial debería ser el instrumento estrella de la Diputación porque puede solucionarles muchos problemas, y sin embargo este año ha perdido una parte muy importante de su presupuesto gracias al silencio cómplice del Gobierno provincial”.


La portavoz socialista ha concluido señalando que “el Gobierno de Rajoy se ha desentendido de la Diputación y de los pequeños municipios. Y el Gobierno de Loaiza se ha desentendido de todo, porque de otra forma no se comprende que desde Madrid se diga que no se envían los 1,2 millones que sí se aportaron el año pasado y no se plantee ninguna acción para reclamarlos. Ese y no otro es el motivo por el cual los Planes Provinciales han pasado de contar con 4,8 millones como se preveía a finales de 2011 a disponer de solo 3,6 millones, es decir, el 25% menos”. 

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