Irene García: “El PP bordea el ridículo al rechazar una propuesta para corregir los PGE mientras anuncia mociones en los ayuntamientos”

La portavoz y secretaria general lamenta que los populares “ni siquiera han sido capaces de obedecer a su presidente provincial y traer alguna iniciativa para corregir el maltrato en las cuentas de Rajoy para 2015”

Irene García, interviniendo en el Pleno de esta mañana
Cádiz, 15 de octubre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado que los votos negativos del PP en el Pleno de esta mañana han rechazado una propuesta que pretendía “poner freno a la nueva discriminación” que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy pretenden cometer con esta provincia. En consecuencia, ha denunciado que el PP gaditano “ha decidido convertirse en cómplice y dar cobertura a los agravios recogidos hacia esta provincia en los Presupuestos para 2015”. En esta línea, Irene García ha señalado que el PP “ha bordeado el ridículo en el Pleno al oponerse a una propuesta que pretendía corregir unos Presupuestos Generales del Estado que son un corta y pega y que solo traen decepción a esta provincia, mientras paralelamente anuncia que presentará mociones en los ayuntamientos para tratar de maquillar el maltrato que a todas luces se deriva de los mismos”.

La portavoz y secretaria general ha puesto de manifiesto que “hoy hemos podido comprobar cómo las contradicciones internas y las luchas de poder intestinas en el seno del PP de esta provincia vuelven a perjudicar a la sociedad gaditana, ya que los diputados y diputadas de la derecha no han querido sumarse a nuestra propuesta, pero ni siquiera han sido capaces de obedecer a su presidente provincial y traer alguna iniciativa para corregir el maltrato en las cuentas de Rajoy para 2015”.

Dentro de esa línea de “constante contradicción y de permanente huída hacia delante del PP a la hora de tapar los incumplimientos del Gobierno de Rajoy con esta provincia, el propio presidente provincial del PP vive en una duda constante porque, mientras firma artículos elogiosos hacia los Presupuestos del Estado de 2015, debe salir ante la opinión pública para anunciar mociones que suavicen su maltrato a Cádiz, especialmente en la inaceptable marginación de la modernización de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla”. “Por si todo ello no fuera bastante –ha continuado-, hoy hemos asistido a una aparente sublevación del grupo de diputados y diputadas provinciales de ese partido, que no solo no han atendido las instrucciones de su presidente provincial sino que además han rechazado la propuesta socialista que pretendía haberse convertido en una demanda institucional liderada por la propia Diputación”.

A lo largo de su intervención en el Pleno, Irene García ha desgranado diversos datos que “desmontan la inexplicable satisfacción del Grupo Popular de la Diputación en torno a los Presupuestos elaborados por Rajoy y por Montoro”, y ha señalado por ejemplo que “la media de inversión anual en esta provincia a lo largo del último mandato del PSOE ascendió a 611 millones de euros; mientras, la media de los Presupuestos elaborados por el Partido Popular apenas alcanza los 330 millones de euros”.

Irene García ha destacado que la iniciativa socialista planteaba “más de una docena de líneas de actuación con vistas a poner fin a marginaciones, olvidos y castigos a esta tierra, algunos de los cuales vienen reiterándose de forma sistemática en todos y cada uno de los Presupuestos preparados por el PP y votados después sumisamente por sus representantes provinciales en el Congreso y en el Senado”. “Lejos de aprovechar la potencialidad de los PGE para luchar contra la crisis económica, para incidir en el compromiso social, para dar respuesta a necesidades sangrantes en materia de infraestructuras y para combatir el problema del paro en la provincia que lidera todos los rankings europeos de desempleo, los Presupuestos elaborados por el Gobierno de la derecha inciden en el abandono a Cádiz y a la sociedad gaditana. Y, ahora, el Gobierno provincial del PP ha decidido dar la espalda a esta provincia y consumar este nuevo atropello a sus intereses”, ha explicado Irene García.

La iniciativa llevada por el Grupo Socialista al Pleno de la Diputación, de forma paralela a la actuación que los representantes del PSOE gaditano desarrollan en las Cortes Generales en busca de la enmienda de los PGE, buscaba un “posicionamiento firme” de la Corporación provincial “en defensa de unas reivindicaciones históricas que nuevamente han caído en el olvido y que necesariamente están encabezadas por la necesidad de la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo que responda a una situación también excepcional. Un plan especial que debe ir acompañado de una suficiente dotación a la Junta de Andalucía para permitir la aplicación de políticas activas de empleo”.

“El hecho de que la última entrega de la Encuesta de Población Activa sitúe a más de un cuarto de millón de gaditanos y gaditanas sin trabajo, unido a que los datos de paro registrado el pasado mes de septiembre arrojan que la provincia aporta la tercera parte de los nuevos desempleados de todo el país, obliga a una reacción firme por parte del Gobierno de la Nación, que no puede dejar abandonada a su suerte a esta tierra, máxime cuando la propia Diputación también ha hecho absoluta dejación de sus responsabilidades en esta materia”, ha explicado. Y ha añadido que “la gravedad de esta situación hace incomprensible que la Junta de Andalucía deba sostener la batalla contra nuestro principal problema económico y social a pulmón y en un contexto de insuficiente disponibilidad económica y de constante amenaza de asfixia financiera. Porque, tristemente, los Presupuestos Generales del Estado recogen cero euros para poner en marcha un plan especial de empleo para esta provincia, cuando es la que lidera todos los registros europeos de paro”.

Diputados y diputadas socialistas, antes del comienzo del Pleno
En esta misma línea de fomento del empleo se sitúa otra de las reivindicaciones socialistas recogidas en la propuesta rechazada por el Gobierno provincial, como es que los Presupuestos Generales del Estado contemplen “una partida presupuestaria suficiente” para “desarrollar con inmediatez” la segunda fase de los Buques de Acción Marítima, uno de los grandes proyectos para garantizar la actividad del motor industrial de la Bahía de Cádiz, como son los astilleros de Navantia.

La proposición incluía también una serie de exigencias para garantizar “una respuesta social a algunos de los colectivos más expuestos a la crisis”, que también han caído en saco roto. Entre ellas se encuentran la “corrección de la devaluación de facto de las pensiones, derivada de su pérdida de poder adquisitivo”; la eliminación de la aplicación del copago farmacéutico a los pensionistas y a los enfermos crónicos; y la reactivación de la Ley de Dependencia y la recuperación de la aportación del 50 por ciento correspondiente al Estado para su sostenimiento. “En el peor momento de la crisis económica y cuando la cruda realidad ha marchitado los brotes brotes vigorosos que únicamente veía el presidente Rajoy, es urgente ofrecer una respuesta adecuada a miles y miles de personas como desempleados, pensionistas, enfermos y dependientes, que no pueden quedar en la estacada”, ha afirmado.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, la iniciativa socialista buscaba “salvar la falta de compromiso real” con actuaciones esenciales para apoyar el despegue económico y la creación de empleo en la provincia. Entre ellas destaca especialmente la necesidad de aumentar la implicación institucional y la dotación presupuestaria en actuaciones como la modernización de la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar con los grandes ejes de desarrollo europeos, “una exigencia social que ya ha obligado al presidente provincial del PP a anunciar una batería de iniciativas en distintas instituciones que a día de hoy se ha traducido en la nada más absoluta en esta Diputación”.

En materia específica de carreteras, se reclamaban partidas adecuadas para impulsar el desdoble del tramo gaditano de la N-IV, la duplicación de la N-340 entre Vejer y Algeciras, la puesta en marcha de la gran circunvalación del Campo de Gibraltar y el inicio inmediato de los trabajos en el Nudo de Tres Caminos, “proyectos todos ellos dejados de lado por el Gobierno del PP con el silencio cómplice de sus responsables provinciales y de sus representantes en el Congreso y en el Senado, lo mismo que sucede respecto a los nuevos accesos al puerto de Tarifa”.

La propuesta del Grupo Socialista también prestaba atención a la necesidad de conservar y mejorar “el principal recurso turístico de esta provincia, como son sus playas”, mediante un aumento de las partidas destinadas a la conservación y regeneración del litoral. También en clave turística destacaba el planteamiento de que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 incluyan una dotación suficiente para hacer posible la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez, la gran puerta de entrada a nuestra provincia.

“El PP no solo ha dicho hoy que no a una propuesta del Grupo Socialista. Ha dicho que no a la defensa de los legítimos intereses de esta provincia, ha bajado nuevamente la cabeza y ha decidido subordinar los derechos de esta tierra a la conveniencia partidista de sus siglas y a la estrategia infame de seguir castigando a la sociedad gaditana. Y, simultáneamente, ha vuelto a bordear el ridículo a ojos de la ciudadanía”, ha concluido la portavoz y secretaria general.

El PSOE reedita su compromiso con los ganaderos y su “apoyo a un sector estratégico para la Sierra”

Alfonso Moscoso se reúne en Benaocaz con representantes de una actividad que mantiene un importante volumen de empleo y es soporte de “una industria artesanal que produce queso de renombre internacional”   

Alfonso Moscoso –segundo por la derecha-, con Manuel Cabrera, portavoz del PSOE en Benaocaz; Cristóbal Yuste, presidente de la Asociación de la Oveja Merina de la Sierra; y el ganadero Antonio Venegas
Benaocaz, 13 de octubre de 2014. El viceportavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Alfonso Moscoso, ha trasladado a representantes del sector ganadero el “pleno apoyo del PSOE a una actividad estratégica para diversas comarcas de esta provincia y muy especialmente para la Sierra de Cádiz, donde a su importante labor de conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales añade su condición de suministradora de materia prima de alta calidad para una industria artesanal que produce variedades de queso de renombre internacional”.

Alfonso Moscoso se ha pronunciado así tras mantener un encuentro con ganaderos de la Sierra en el marco de la III Feria Ganadera de Benaocaz, que ha servido de lugar de encuentro para el sector y de punto desde el cual aumentar el conocimiento de “una actividad íntimamente ligada a nuestras raíces y que ha sabido adaptarse a los tiempos y a las crecientes exigencias de los mercados, hasta el punto de suponer hoy uno de los principales sectores económicos de la comarca”.

“La existencia de un pujante y activo sector ganadero, que es sostén de un importante número de empleos y que da sentido a una floreciente industria de transformación, exige a las Administraciones Públicas el máximo celo en la protección de sus intereses, especialmente si se tiene en cuenta que buena parte de la producción viene ligada a especies autóctonas como la cabra payoya y la oveja merina de Grazalema”, ha destacado Alfonso Moscoso, quien ha visitado la Feria Ganadera acompañado por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benaocaz, Manuel Cabrera.

El viceportavoz del Grupo Socialista ha señalado la importancia que la Diputación ha concedido históricamente a la protección de la actividad ganadera y a la mejora de esas razas autóctonas, tareas en las que pudo considerarse pionera. “Ya durante la etapa de gestión socialista en la Corporación provincial, los profesionales de este sector contaban con dos importantes aliados: por una parte, el Centro Experimental Agrícola Ganadero de Jerez; y por otra, la finca El Imperio, en El Bosque”, ha recordado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los actuales rectores de la Diputación, de forma que “ese esfuerzo realizado a lo largo de tantos años no caiga ahora en saco roto. Nuestro sector ganadero se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo socioeconómico y del empleo en la comarca de la Sierra, y lo ha hecho siguiendo criterios de racionalidad y rentabilidad que merecen ser respaldados en todo momento y muy especialmente en la situación de crisis en la que llevamos unos años inmersos”.

“El sector ganadero y la industria que pivota en torno a él vienen realizando un gran esfuerzo por situar a nuestra Sierra, a sus razas autóctonas y a los productos de ellas derivados en los más altos estándares de calidad. De ahí que la Diputación deba responder al reto de acompañar a sus profesionales y a sus empresas en ese camino, recuperando el tradicional espíritu de colaboración que siempre marcó la actividad de la Corporación provincial y que hoy es más necesaria que nunca”, ha concluido.

“La Diputación debe implicarse en la defensa del CEFOT de San Fernando”

Irene García demandará en el Pleno del miércoles un “pronunciamiento firme” frente a la “dejación de funciones” del alcalde y presidente de la Corporación provincial en la reivindicación del interés de la ciudad

Irene García (d) y Patricia Cavada, tras su encuentro del pasado 25 de septiembre
Cádiz, 12 de octubre de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al Pleno del próximo miércoles una propuesta en defensa del mantenimiento del Centro de Formación de Tropa (CEFOT) de San Fernando, cuya viabilidad está amenazada por la intención del Gobierno de clausurar uno de los dos únicos centros de esas características en España. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que “a esa amenaza de la mano de los recortes del Ministerio de Defensa hay que añadir la dejación de funciones en la protección de los intereses de La Isla por parte del alcalde de la localidad y presidente de la Corporación provincial. Como consecuencia, San Fernando puede quedarse sin unas instalaciones militares que reportan una importante actividad económica”.

Irene García ha recordado que hace unas semanas mantuvo un encuentro de trabajo con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Fernando, Patricia Cavada, en el que quedó patente la “honda preocupación de los socialistas por el incierto futuro del CEFOT, ya que a la falta de defensa de los intereses de la ciudad por parte de su alcalde hay que añadir el liderazgo que la alcaldesa de Cáceres, la otra localidad que cuenta con un centro similar, viene asumiendo en la interlocución con el Gobierno para garantizar la pervivencia de aquellas instalaciones”.

“Los socialistas queremos que la Diputación haga un pronunciamiento firme en defensa de la continuidad del CEFOT de San Fernando, una ciudad que depende en gran medida de su vinculación a la Armada y que cuenta con una importante tradición militar”, ha asegurado Irene García. En este sentido, ha destacado que “cada vez que el PP gobierna en Madrid, San Fernando sufre la pérdida de algún servicio vinculado a Defensa, sin importar los perjuicios socioeconómicos que este tipo de decisiones provocan en la ciudad. Y los isleños y las isleñas se preguntan legítimamente de qué les vale que su alcalde milite en el mismo partido que sistemáticamente castiga sus intereses”.

La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación ha recordado cómo “durante el Gobierno de Aznar, San Fernando perdió entre otras cosas la Escuela de Infantería de Marina. Y lo hizo por un criterio arbitrario y por una decisión exclusivamente caprichosa: porque el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, decidió trasladarla a su Cartagena natal, sin importarle las consecuencias negativas que ese hecho provocaría en La Isla”. “Con ese peligroso precedente, agravado tanto por la férrea defensa de los intereses de Cáceres que está haciendo su alcaldesa ante el Gobierno de su mismo partido como por el hecho de que el número tres del PP, Carlos Floriano, sea originario de esa localidad extremeña, mucho nos tememos que la tibieza y sumisión del señor Loaiza puedan traducirse en un nuevo mercadeo, en una nueva decisión arbitraria y en un nuevo castigo a San Fernando”.

Irene García ha lamentado que “el señor Loaiza ha perdido un tiempo precioso para garantizar que el CEFOT de San Fernando no pueda ser objeto de un juego de influencias políticas en el seno de su propio partido, en el que él va a perder siempre y en el que la gran perjudicada va a ser la ciudad de la que es alcalde. De hecho, acabamos de vivir un caso muy parecido en torno al Hospital San Carlos, cuyo cierre fue decidido unilateralmente por el Ministerio de Defensa y solo la voluntad de la Junta de Andalucía ha impedido que la localidad perdiera para siempre un centro hospitalario largamente demandado y que ya forma parte del sistema público del SAS”.

“La sumisión del alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación a las altas instancias de su partido es la clave para entender que, a pesar de que en 2012 la continuidad del CEFOT de La Isla no corría peligro alguno porque se daba por hecha la clausura del centro de Cáceres, hoy la situación ha dado un giro de 180 grados y la alcaldesa de esa ciudad viene reiterando su absoluta tranquilidad con respecto al futuro de aquellas instalaciones”, ha dicho la portavoz y secretaria general. Además, ha señalado que “la propia alcaldesa de Cáceres ha destacado la tardanza del señor Loaiza en reaccionar y poco menos que se ha asegurado la pervivencia de sus instalaciones, hasta el punto de que el Ayuntamiento cacereño acaba de conceder al CEFOT de esa ciudad su Medalla de Oro”.

Irene García ha confiado en que “por una vez, el Gobierno provincial del PP y el señor Loaiza dejen a un lado el sectarismo y exijan con nosotros y con la ciudadanía de San Fernando el mantenimiento del CEFOT”. Y ha concluido diciendo que “ya no estamos en el tiempo de que el señor Loaiza busque excusas por la incapacidad de defender los intereses de su ciudad. Ya solo queda pelear con uñas y dientes, todos unidos como reclaman los propios vecinos y vecinas, para mantener un centro muy importante para San Fernando, para su desarrollo económico y para su propia identidad. Esa debe ser la primera prioridad de su alcalde, junto a reclamar de una vez por todas la cesión de los suelos ociosos que el Ministerio de Defensa mantiene sin uso en la ciudad, para que sean puestos a disposición de la generación de riqueza y de empleo para La Isla y para esta provincia”.

El PSOE busca el apoyo de la Diputación a los emigrantes retornados frente a la “permanente persecución” del Ministerio de Hacienda

José María Román defiende la devolución de oficio de las cantidades injustamente cobradas al colectivo, así como el establecimiento de las máximas facilidades para regularizar las pensiones de años anteriores 

Cádiz, 9 de octubre de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta con la que quiere recabar el apoyo de la Corporación provincial a los emigrantes retornados gaditanos, que vienen padeciendo una “permanente persecución” por parte del Ministerio de Hacienda. El diputado socialista José María Román ha destacado que este colectivo lleva ya “año y medio exigiendo al ministro Montoro que deje de perseguir, sancionar injustamente y tratar como defraudadores a los retornados perceptores de pensiones extranjeras”. Esta actitud de “hostigamiento” ha provocado incluso que este colectivo de pensionistas que trabajaron en su día en otros países “haya tenido que manifestarse en numerosas ocasiones para reclamar que se les dejara de sancionar y para lograr una rectificación por parte del Gobierno central”.

El diputado socialista ha destacado que la reciente reforma tributaria aprobada por el Ejecutivo posibilitará regularizar las pensiones extranjeras no declaradas, en un período de seis meses a partir del próximo 1 de enero durante el cual no devengarán recargos, intereses, ni sanciones. Además, existe el compromiso de que la Agencia Tributaria procederá a la devolución a estos emigrantes retornados de las cantidades pagadas con anterioridad en virtud de multas, recargos e intereses de demora. “Si bien la medida ha sido acogida con satisfacción por el colectivo, la respuesta del Gobierno solo recoge algunas de sus reivindicaciones”, ha explicado. Y ha añadido que “la apertura de un plazo para la regularización de estas situaciones supone que el Ejecutivo asume que ha existido, al menos, una mala información por parte de la Administración central; y que se ha producido un cambio de interpretación de la ley, que había desembocado en numerosos requerimientos recibidos injustamente”.

José María Román ha destacado que “el anuncio del Gobierno es claramente insuficiente” con respecto a las necesidades de este colectivo, por lo que se exige que “se aplique de oficio la devolución de las cantidades injustamente cobradas a los emigrantes retornados, ya sea en concepto de sanciones, de recargos o de intereses de demora. En caso contrario, se provocaría un importante trastorno a personas que no tienen por qué estar familiarizadas con los procedimientos tributarios ni con la forma de ejercer sus derechos en esta materia”. “Por lo que respecta a las cantidades pendientes de regularizar, es lógico que se conceda el mayor número de plazos posibles para no agravar el día a día de unas personas que en muchos casos atraviesan una situación económica y familiar complicada”, ha incidido.

“Es absolutamente imprescindible que la Agencia Tributaria aclare de una vez el trato fiscal que deben tener estas rentas, para que los emigrantes retornados conozcan con exactitud sus obligaciones. Paralelamente, es preciso que se facilite al máximo la tarea de regularizar esta situación, para lo que sería especialmente útil el envío de borradores donde consten las pensiones no declaradas anteriormente”, ha reclamado el diputado. Además, la propuesta del Grupo Socialista solicita que la Diputación demande al Ministerio de Hacienda que “elimine la  obligación de los emigrantes retornados de declarar sus rentas procedentes del extranjero con efecto retroactivo. La supresión de esa retroactividad debe hacerse extensible a las declaraciones, debiéndose aplicar la norma únicamente a partir de 2013”.

La iniciativa que será defendida en el Pleno por José María Román busca el respaldo de la Diputación a la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, de una campaña informativa sobre la regularización de estas rentas y acerca de la devolución de sanciones, recargos e intereses de demora. “Esta información ha de llegar a la totalidad del colectivo de emigrantes retornados, para que la medida adoptada surta su efecto y se pueda paliar así un daño ocasionado a miles de familias y que corre el peligro de convertirse en irreparable. Además, por encima del plano informativo, es imprescindible que se concedan “facilidades de pago para las liquidaciones resultantes de la regularización de las pensiones no declaradas en los años no prescritos, concediéndose para ello fraccionamientos de pago sin devengo de interés alguno”. Finalmente, la propuesta pretende que el Pleno de la Corporación provincial dé su apoyo a que “se paralicen los requerimientos que el colectivo de pensionistas emigrantes retornados está recibiendo correspondientes al año 2010, y que se suspendan las liquidaciones, sanciones, multas e intereses”.

El PSOE busca el respaldo de la Diputación a la modificación de la LOUA impulsada por la Junta

Irene García destaca la importancia de “regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, siempre y cuando haya prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística” 

Cádiz, 8 de octubre de 2014. El Grupo Socialista llevará el próximo Pleno de la Diputación una iniciativa que busca el respaldo de la Corporación provincial a la modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el objetivo de facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones urbanísticas. Este cambio legislativo fue anunciado por la presidenta de la Junta en el pasado Debate del Estado de la Comunidad y materializado ayer mismo por el Consejo de Gobierno mediante su acuerdo para iniciar la elaboración del correspondiente anteproyecto.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha explicado que la iniciativa que se llevará al Pleno de la próxima semana “pretende recabar el apoyo a la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en el sentido adelantado por la presidenta de la Junta; esto es, para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos”.

Ese cambio en la normativa impulsado por el Gobierno de la Junta significa “un importante paso adelante en el camino iniciado con el Decreto 2/2012, que vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable y, especialmente, a regular la figura del 'asimilado al fuera de ordenación' (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden ser demolidas por haber transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones de protección de la legalidad urbanística, siempre que no se encuentren ubicadas en suelos protegidos o con riesgos”.

Sin embargo, cuando las edificaciones se localizan en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de parcelación y la propia edificación construida sobre ella no prescriben, al no serles de aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas edificaciones está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan, de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas en la misma, a pesar de que existan edificaciones para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es posible concederles el AFO.

“La modificación de la LOUA que ahora se pretende separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la prescripción de los actos de edificación. De esta forma, para la restitución de la parcelación no deberán ser demolidas las edificaciones sobre las que haya transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias”, ha asegurado la portavoz y secretaria general. Esta modificación afectaría fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia.

“Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quiera regularizar deberán contar con más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa”, ha afirmado Irene García. Y ha añadido que esa reforma legal “permitirá que estas construcciones puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo”.

Por todo ello, la propuesta del Grupo Socialista plantea tanto instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que agilice los trámites oportunos para realizar dicha modificación en el plazo más breve posible; como reclamar a los diferentes grupos presentes en el Parlamento de Andalucía que “respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de en torno a 20.000 viviendas en el conjunto de la Comunidad Autónoma”.

El PSOE reclama un aumento de la cuota de atún rojo para las almadrabas y para la flota artesanal

Irene García asegura, ante la reunión del Comité Científico de la ICCAT, que la recuperación de los caladeros “abriría nuevas posibilidades para el aprovechamiento ordenado de ese recurso”  

Irene García, en una visita retrospectiva al puerto de Conil
Cádiz, 6 de octubre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado la presentación de una iniciativa en la Corporación provincial en demanda de “mayores cuotas” de captura de atún rojo y en defensa de las almadrabas, así como de la flota artesanal que opera en el Estrecho, con base en los puertos de Tarifa y Algeciras.

La iniciativa prevé que el Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo (ICCAT) debe reunirse a mediados de noviembre en Génova con el objetivo de hacer una valoración actualizada del stock de la especie. Según Irene García, “en líneas generales, tanto el informe como las valoraciones estadísticas realizadas anteriormente por este organismo apuntan a una mejora de la situación de las existencias de atún rojo con respecto a la última evaluación, realizada en 2010”. Algún informe científico avala, incluso, la recuperación del estado real de los caladeros a niveles de los años 70 del pasado siglo, lo que “abriría nuevas posibilidades para el aprovechamiento ordenado de ese recurso”.

La propuesta del Grupo Socialista recuerda el efecto socioeconómico de las cuatro almadrabas de la provincia y de los 74 barcos andaluces que faenan en esta pesquería, que dan soporte a 600 empleos directos y a cerca de 2.000 indirectos. “Los profesionales andaluces que trabajan en la pesquería artesanal son los principales interesados en la conservación del atún rojo, ya que durante generaciones ha sido su medio de vida. Prueba de su firme compromiso en esta dirección es la progresiva reducción de la capacidad pesquera de nuestra flota, que ha contribuido activamente a la recuperación de la especie”, ha explicado.

Irene García ha recordado que, desde el año 2006, la pesquería del atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo está sometida a un Plan de Recuperación, cuyo objetivo es alcanzar el rendimiento máximo sostenible con una probabilidad del 60% en 2022. Y ha señalado que las restricciones introducidas en los últimos años al amparo de ese plan, así como las decisiones adoptadas en las sucesivas cumbres de la ICCAT, “se han traducido en una significativa reducción de las capturas”. 

“A finales del pasado año, el Comité Científico de la ICCAT ya analizó diversos informes sobre el stock de la especie y abrió la posibilidad de incrementar la cuota de atún rojo hasta en 500 toneladas. Sin embargo, entonces fue la Comisión Europea quien impidió cualquier aumento de las capturas para este último año”, ha dicho la portavoz y secretaria general, quien ha añadido que “hoy, ese aumento de la cuota resulta crucial para el futuro de la flota dedicada a la pesquería del atún rojo. Dentro de ella, la repercusión será especialmente importante para las almadrabas, la flota artesanal del Estrecho y la que tiene su base en el puerto almeriense de Carboneras”. 

Por todo ello, la propuesta socialista persigue reclamar a las autoridades de la UE un aumento de las posibilidades de pesca a tenor de los estudios técnicos realizados en el seno de la ICCAT, de forma que  se establezca “un incremento progresivo del Total Admisible de Capturas (TAC) para los próximos tres años, permitiendo aunar los objetivos de recuperación de la especie y de la rentabilidad y el mantenimiento del empleo del sector pesquero andaluz, que viene desarrollando su actividad de manera sostenible”. Paralelamente, se insta al Gobierno a que “exija a la Unión Europea el mantenimiento del resto de medidas contempladas en el Plan de Recuperación, tendentes a garantizar los objetivos de perviviencia de la especie”.

En el caso concreto de las almadrabas, y con vistas a garantizar la obtención de datos fehacientes de la evolución del recurso, “es necesario mantener su carácter como observatorio científico. Esa labor de investigación científica permite, en su caso, negociar adecuadamente el incremento de cuotas a partir del conocimiento detallado y real del estado de los caladeros. Además, la catalogación de las almadrabas como observatorio científico permite ampliar el período de actividad laboral de sus trabajadores, con los consiguientes efectos positivos”. Finalmente, la iniciativa que el Grupo Socialista lleva al Pleno de la Diputación propone también que el Fondo de Maniobra vuelva a utilizarse de la misma manera que vino empleándose hasta 2012. 

El PSOE da “un sí responsable hacia los municipios” a un Plan Reactiva que “es una auténtica chapuza”

Irene García lamenta que el PP “ha perdido una gran oportunidad para poner en marcha un buen plan de empleo con inversiones razonadas”

La portavoz socialista achaca al Partido Popular exigir a los consistorios que pongan remedio a su “prolongada incapacidad de gestión” 

Irene García, instantes antes del comienzo del Pleno
Cádiz, 1 de octubre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha defendido esta mañana en el Pleno extraordinario de la Corporación la postura del PSOE acerca del Plan Reactiva para 2014, que incluía “nuestro voto favorable, no en forma de un cheque en blanco sino como un sí responsable hacia los municipios que van a poder realizar unas inversiones que de otra parte se perderían irremediablemente”. “Sin embargo, este ejercicio de responsabilidad no puede ocultar que estamos ante una auténtica chapuza en cuanto a su contenido, sus líneas maestras y su propia tramitación. Y es una chapuza además porque obliga a los ayuntamientos a preparar, presentar y ejecutar en apenas un par de meses unos proyectos y una inversión que este Gobierno no ha sabido hacer a lo largo de mucho más tiempo”, ha dicho.

Irene García ha lamentado que la propuesta que el Gobierno provincial ha sometido hoy al Pleno “únicamente incluye actuaciones en 16 municipios, mientras aquí nos dicen que el Plan Reactiva va a recoger posteriormente actuaciones en todas las localidades de la provincia. Y tenemos que creer lo que se nos dice, porque el expediente casi lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que igualmente anticiparon ayer la convocatoria antes de que los propios diputados tuviéramos constancia oficial del orden del día de la misma”.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha llamado la atención sobre las “incoherencias” del Gobierno provincial del PP reflejadas en este instrumento, entre las que destaca sin duda que “después de llevar meses y meses negando que fuera competente para ello y que plantear esa posibilidad se situaba fuera de la legalidad, ahora las bases de ejecución del Plan Reactiva que se traen al Pleno dicen textualmente que la Diputación puede y debe impulsar planes de empleo porque esa tarea forma parte de sus competencias”.

El Grupo Socialista, durante la sesión plenaria
Dentro de ese mismo capítulo, Irene García ha situado también que el PP, “tras rechazar en varias ocasiones propuestas del Grupo Socialista para que se destinara el superávit a realizar inversiones que crearan empleo después de no haber materializado decenas de millones de euros comprometidos en los Presupuestos de 2013, hoy por fin caen en la cuenta y nos traen esta iniciativa, dotada con apenas cinco millones de euros y sin explicar asuntos esenciales como qué pasará con aquellos ayuntamientos que no puedan acceder a esas cantidades por mantener deudas con la Seguridad Social”.

Respecto a la forma de comunicar a los ayuntamientos la posibilidad de presentar a toda prisa proyectos al amparo de este mecanismo, la portavoz y secretaria general ha ironizado diciendo que “los adalides de la transparencia y de la buena gestión han recurrido al envío de un correo electrónico, que en muchos casos ni siquiera se ha recibido, para informar a los ayuntamientos de la apertura de una convocatoria pública que entendemos debía haber seguido otros requisitos de transparencia”. Igualmente, Irene García ha alertado de la posibilidad de que el propio sistema de concesión de los fondos con los que realizar las inversiones en los municipios “pueda incurrir en un fraccionamiento de contrato”, con las consecuencias que de ello podrían derivarse. 

“Este Gobierno provincial no es capaz de gestionar ni de cumplir sus compromisos, pero ahora exige a los ayuntamientos que hagan los deberes que él no ha hecho, y que en apenas unas semanas ejecuten unas cantidades y realicen unas obras que podrían haberse planificado con otro ritmo y con otra perspectiva. Sin embargo, esa no era la prioridad del PP, que se ha limitado a hacer una mala copia del Plan E, que tanto se criticó desde la derecha y que, al contrario que este, sí se tradujo en una importante creación de empleo en nuestros pueblos”, ha señalado. Y ha añadido que “como consecuencia, esta provincia ha perdido una gran oportunidad para poner en marcha un buen plan de empleo con inversiones razonadas”.

La portavoz y secretaria general, con el resto de diputados y diputadas socialistas
La secretaria general de los socialistas gaditanos ha exigido sin éxito que el PP explicara “a qué se debe realmente la premura en traer este asunto a un Pleno extraordinario si, como ha dicho el propio Gobierno provincial, se ha abierto un plazo de subsanación a prácticamente una treintena de ayuntamientos cuyos proyectos de inversión suponemos que también tendrán que venir a una sesión plenaria posterior”.

La portavoz del Grupo Socialista ha destacado que “el grado de cumplimiento de la anterior edición del Plan Reactiva de 2013, fijada por el propio Gobierno provincial por encima del 99 por ciento, es una evidencia de la prolongada incapacidad de gestión del PP en la Diputación. Porque no puede olvidarse que los responsables de que se materializaran aquellas inversiones en apenas dos meses fueron los distintos consistorios de la provincia, después de que el Partido Popular no hubiera sabido, querido o podido cumplir anteriormente sus compromisos presupuestarios a lo largo de todo el ejercicio. Y este año, la historia probablemente se repetirá letra por letra”. 

Finalmente, Irene García ha exigido al diputado responsable de Infraestructuras que informe al Pleno de las repercusiones en forma de contratación de desempleados del Plan Reactiva 2013. “Como mucho nos tememos que sucederá este año, estamos convencidos de que la premura en la petición de los proyectos a los ayuntamientos y la urgencia en la ejecución de las inversiones también complicaron entonces que los consistorios pudieran optar por aquellas iniciativas con una mayor repercusión desde el punto de vista social”, ha concluido.