Irene García
destaca la importancia de “regularizar edificaciones residenciales aisladas en
suelo no urbanizable, siempre y cuando haya prescrito el plazo para la
restitución de la legalidad urbanística”
Cádiz, 8 de octubre de 2014. El Grupo Socialista llevará el
próximo Pleno de la Diputación una iniciativa que busca el respaldo de la
Corporación provincial a la modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) con el objetivo de facilitar la regularización
de edificaciones en parcelaciones urbanísticas. Este cambio legislativo fue
anunciado por la presidenta de la Junta en el pasado Debate del Estado de la
Comunidad y materializado ayer mismo por el Consejo de Gobierno mediante su
acuerdo para iniciar la elaboración del correspondiente anteproyecto.
La portavoz del Grupo Socialista y
secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha explicado que la
iniciativa que se llevará al Pleno de la próxima semana “pretende recabar el
apoyo a la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en el sentido
adelantado por la presidenta de la Junta; esto es, para regularizar las
edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan
prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no
constituyan asentamientos urbanísticos”.
Ese cambio en la normativa impulsado
por el Gobierno de la Junta significa “un importante paso adelante en el camino
iniciado con el Decreto 2/2012, que vino a clarificar las distintas situaciones
en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable y,
especialmente, a regular la figura del 'asimilado al fuera de ordenación'
(AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden ser demolidas
por haber transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones de
protección de la legalidad urbanística, siempre que no se encuentren ubicadas
en suelos protegidos o con riesgos”.
Sin embargo, cuando las edificaciones
se localizan en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, el
problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de parcelación
y la propia edificación construida sobre ella no prescriben, al no serles de
aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas
edificaciones está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se
asientan, de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a
cabo mediante el derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas en la
misma, a pesar de que existan edificaciones para las que haya transcurrido el
referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es posible concederles el
AFO.
“La modificación de la LOUA que ahora
se pretende separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la
prescripción de los actos de edificación. De esta forma, para la restitución de
la parcelación no deberán ser demolidas las edificaciones sobre las que haya
transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias”,
ha asegurado la portavoz y secretaria general. Esta modificación afectaría
fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia.
“Aplicando este cambio legislativo,
las edificaciones que se quiera regularizar deberán contar con más de seis años
de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no
tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa”, ha
afirmado Irene García. Y ha añadido que esa reforma legal “permitirá que estas
construcciones puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al
régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios
básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo”.
Por todo ello, la propuesta del Grupo Socialista
plantea tanto instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía a que agilice los trámites oportunos para
realizar dicha modificación en el plazo más breve posible; como reclamar a los
diferentes grupos presentes en el Parlamento de Andalucía que “respalden
unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de en
torno a 20.000 viviendas en el conjunto de la Comunidad Autónoma”.
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