El PSOE busca el apoyo de la Diputación a los emigrantes retornados frente a la “permanente persecución” del Ministerio de Hacienda

José María Román defiende la devolución de oficio de las cantidades injustamente cobradas al colectivo, así como el establecimiento de las máximas facilidades para regularizar las pensiones de años anteriores 

Cádiz, 9 de octubre de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta con la que quiere recabar el apoyo de la Corporación provincial a los emigrantes retornados gaditanos, que vienen padeciendo una “permanente persecución” por parte del Ministerio de Hacienda. El diputado socialista José María Román ha destacado que este colectivo lleva ya “año y medio exigiendo al ministro Montoro que deje de perseguir, sancionar injustamente y tratar como defraudadores a los retornados perceptores de pensiones extranjeras”. Esta actitud de “hostigamiento” ha provocado incluso que este colectivo de pensionistas que trabajaron en su día en otros países “haya tenido que manifestarse en numerosas ocasiones para reclamar que se les dejara de sancionar y para lograr una rectificación por parte del Gobierno central”.

El diputado socialista ha destacado que la reciente reforma tributaria aprobada por el Ejecutivo posibilitará regularizar las pensiones extranjeras no declaradas, en un período de seis meses a partir del próximo 1 de enero durante el cual no devengarán recargos, intereses, ni sanciones. Además, existe el compromiso de que la Agencia Tributaria procederá a la devolución a estos emigrantes retornados de las cantidades pagadas con anterioridad en virtud de multas, recargos e intereses de demora. “Si bien la medida ha sido acogida con satisfacción por el colectivo, la respuesta del Gobierno solo recoge algunas de sus reivindicaciones”, ha explicado. Y ha añadido que “la apertura de un plazo para la regularización de estas situaciones supone que el Ejecutivo asume que ha existido, al menos, una mala información por parte de la Administración central; y que se ha producido un cambio de interpretación de la ley, que había desembocado en numerosos requerimientos recibidos injustamente”.

José María Román ha destacado que “el anuncio del Gobierno es claramente insuficiente” con respecto a las necesidades de este colectivo, por lo que se exige que “se aplique de oficio la devolución de las cantidades injustamente cobradas a los emigrantes retornados, ya sea en concepto de sanciones, de recargos o de intereses de demora. En caso contrario, se provocaría un importante trastorno a personas que no tienen por qué estar familiarizadas con los procedimientos tributarios ni con la forma de ejercer sus derechos en esta materia”. “Por lo que respecta a las cantidades pendientes de regularizar, es lógico que se conceda el mayor número de plazos posibles para no agravar el día a día de unas personas que en muchos casos atraviesan una situación económica y familiar complicada”, ha incidido.

“Es absolutamente imprescindible que la Agencia Tributaria aclare de una vez el trato fiscal que deben tener estas rentas, para que los emigrantes retornados conozcan con exactitud sus obligaciones. Paralelamente, es preciso que se facilite al máximo la tarea de regularizar esta situación, para lo que sería especialmente útil el envío de borradores donde consten las pensiones no declaradas anteriormente”, ha reclamado el diputado. Además, la propuesta del Grupo Socialista solicita que la Diputación demande al Ministerio de Hacienda que “elimine la  obligación de los emigrantes retornados de declarar sus rentas procedentes del extranjero con efecto retroactivo. La supresión de esa retroactividad debe hacerse extensible a las declaraciones, debiéndose aplicar la norma únicamente a partir de 2013”.

La iniciativa que será defendida en el Pleno por José María Román busca el respaldo de la Diputación a la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, de una campaña informativa sobre la regularización de estas rentas y acerca de la devolución de sanciones, recargos e intereses de demora. “Esta información ha de llegar a la totalidad del colectivo de emigrantes retornados, para que la medida adoptada surta su efecto y se pueda paliar así un daño ocasionado a miles de familias y que corre el peligro de convertirse en irreparable. Además, por encima del plano informativo, es imprescindible que se concedan “facilidades de pago para las liquidaciones resultantes de la regularización de las pensiones no declaradas en los años no prescritos, concediéndose para ello fraccionamientos de pago sin devengo de interés alguno”. Finalmente, la propuesta pretende que el Pleno de la Corporación provincial dé su apoyo a que “se paralicen los requerimientos que el colectivo de pensionistas emigrantes retornados está recibiendo correspondientes al año 2010, y que se suspendan las liquidaciones, sanciones, multas e intereses”.

El PSOE busca el respaldo de la Diputación a la modificación de la LOUA impulsada por la Junta

Irene García destaca la importancia de “regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, siempre y cuando haya prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística” 

Cádiz, 8 de octubre de 2014. El Grupo Socialista llevará el próximo Pleno de la Diputación una iniciativa que busca el respaldo de la Corporación provincial a la modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el objetivo de facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones urbanísticas. Este cambio legislativo fue anunciado por la presidenta de la Junta en el pasado Debate del Estado de la Comunidad y materializado ayer mismo por el Consejo de Gobierno mediante su acuerdo para iniciar la elaboración del correspondiente anteproyecto.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha explicado que la iniciativa que se llevará al Pleno de la próxima semana “pretende recabar el apoyo a la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en el sentido adelantado por la presidenta de la Junta; esto es, para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos”.

Ese cambio en la normativa impulsado por el Gobierno de la Junta significa “un importante paso adelante en el camino iniciado con el Decreto 2/2012, que vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable y, especialmente, a regular la figura del 'asimilado al fuera de ordenación' (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden ser demolidas por haber transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones de protección de la legalidad urbanística, siempre que no se encuentren ubicadas en suelos protegidos o con riesgos”.

Sin embargo, cuando las edificaciones se localizan en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de parcelación y la propia edificación construida sobre ella no prescriben, al no serles de aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas edificaciones está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan, de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas en la misma, a pesar de que existan edificaciones para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es posible concederles el AFO.

“La modificación de la LOUA que ahora se pretende separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la prescripción de los actos de edificación. De esta forma, para la restitución de la parcelación no deberán ser demolidas las edificaciones sobre las que haya transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias”, ha asegurado la portavoz y secretaria general. Esta modificación afectaría fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia.

“Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quiera regularizar deberán contar con más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa”, ha afirmado Irene García. Y ha añadido que esa reforma legal “permitirá que estas construcciones puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo”.

Por todo ello, la propuesta del Grupo Socialista plantea tanto instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que agilice los trámites oportunos para realizar dicha modificación en el plazo más breve posible; como reclamar a los diferentes grupos presentes en el Parlamento de Andalucía que “respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de en torno a 20.000 viviendas en el conjunto de la Comunidad Autónoma”.

El PSOE reclama un aumento de la cuota de atún rojo para las almadrabas y para la flota artesanal

Irene García asegura, ante la reunión del Comité Científico de la ICCAT, que la recuperación de los caladeros “abriría nuevas posibilidades para el aprovechamiento ordenado de ese recurso”  

Irene García, en una visita retrospectiva al puerto de Conil

Cádiz, 6 de octubre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado la presentación de una iniciativa en la Corporación provincial en demanda de “mayores cuotas” de captura de atún rojo y en defensa de las almadrabas, así como de la flota artesanal que opera en el Estrecho, con base en los puertos de Tarifa y Algeciras.

La iniciativa prevé que el Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo (ICCAT) debe reunirse a mediados de noviembre en Génova con el objetivo de hacer una valoración actualizada del stock de la especie. Según Irene García, “en líneas generales, tanto el informe como las valoraciones estadísticas realizadas anteriormente por este organismo apuntan a una mejora de la situación de las existencias de atún rojo con respecto a la última evaluación, realizada en 2010”. Algún informe científico avala, incluso, la recuperación del estado real de los caladeros a niveles de los años 70 del pasado siglo, lo que “abriría nuevas posibilidades para el aprovechamiento ordenado de ese recurso”.

La propuesta del Grupo Socialista recuerda el efecto socioeconómico de las cuatro almadrabas de la provincia y de los 74 barcos andaluces que faenan en esta pesquería, que dan soporte a 600 empleos directos y a cerca de 2.000 indirectos. “Los profesionales andaluces que trabajan en la pesquería artesanal son los principales interesados en la conservación del atún rojo, ya que durante generaciones ha sido su medio de vida. Prueba de su firme compromiso en esta dirección es la progresiva reducción de la capacidad pesquera de nuestra flota, que ha contribuido activamente a la recuperación de la especie”, ha explicado.

Irene García ha recordado que, desde el año 2006, la pesquería del atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo está sometida a un Plan de Recuperación, cuyo objetivo es alcanzar el rendimiento máximo sostenible con una probabilidad del 60% en 2022. Y ha señalado que las restricciones introducidas en los últimos años al amparo de ese plan, así como las decisiones adoptadas en las sucesivas cumbres de la ICCAT, “se han traducido en una significativa reducción de las capturas”. 

“A finales del pasado año, el Comité Científico de la ICCAT ya analizó diversos informes sobre el stock de la especie y abrió la posibilidad de incrementar la cuota de atún rojo hasta en 500 toneladas. Sin embargo, entonces fue la Comisión Europea quien impidió cualquier aumento de las capturas para este último año”, ha dicho la portavoz y secretaria general, quien ha añadido que “hoy, ese aumento de la cuota resulta crucial para el futuro de la flota dedicada a la pesquería del atún rojo. Dentro de ella, la repercusión será especialmente importante para las almadrabas, la flota artesanal del Estrecho y la que tiene su base en el puerto almeriense de Carboneras”. 

Por todo ello, la propuesta socialista persigue reclamar a las autoridades de la UE un aumento de las posibilidades de pesca a tenor de los estudios técnicos realizados en el seno de la ICCAT, de forma que  se establezca “un incremento progresivo del Total Admisible de Capturas (TAC) para los próximos tres años, permitiendo aunar los objetivos de recuperación de la especie y de la rentabilidad y el mantenimiento del empleo del sector pesquero andaluz, que viene desarrollando su actividad de manera sostenible”. Paralelamente, se insta al Gobierno a que “exija a la Unión Europea el mantenimiento del resto de medidas contempladas en el Plan de Recuperación, tendentes a garantizar los objetivos de perviviencia de la especie”.

En el caso concreto de las almadrabas, y con vistas a garantizar la obtención de datos fehacientes de la evolución del recurso, “es necesario mantener su carácter como observatorio científico. Esa labor de investigación científica permite, en su caso, negociar adecuadamente el incremento de cuotas a partir del conocimiento detallado y real del estado de los caladeros. Además, la catalogación de las almadrabas como observatorio científico permite ampliar el período de actividad laboral de sus trabajadores, con los consiguientes efectos positivos”. Finalmente, la iniciativa que el Grupo Socialista lleva al Pleno de la Diputación propone también que el Fondo de Maniobra vuelva a utilizarse de la misma manera que vino empleándose hasta 2012. 

El PSOE da “un sí responsable hacia los municipios” a un Plan Reactiva que “es una auténtica chapuza”

Irene García lamenta que el PP “ha perdido una gran oportunidad para poner en marcha un buen plan de empleo con inversiones razonadas”

La portavoz socialista achaca al Partido Popular exigir a los consistorios que pongan remedio a su “prolongada incapacidad de gestión” 

Irene García, instantes antes del comienzo del Pleno

Cádiz, 1 de octubre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha defendido esta mañana en el Pleno extraordinario de la Corporación la postura del PSOE acerca del Plan Reactiva para 2014, que incluía “nuestro voto favorable, no en forma de un cheque en blanco sino como un sí responsable hacia los municipios que van a poder realizar unas inversiones que de otra parte se perderían irremediablemente”. “Sin embargo, este ejercicio de responsabilidad no puede ocultar que estamos ante una auténtica chapuza en cuanto a su contenido, sus líneas maestras y su propia tramitación. Y es una chapuza además porque obliga a los ayuntamientos a preparar, presentar y ejecutar en apenas un par de meses unos proyectos y una inversión que este Gobierno no ha sabido hacer a lo largo de mucho más tiempo”, ha dicho.

Irene García ha lamentado que la propuesta que el Gobierno provincial ha sometido hoy al Pleno “únicamente incluye actuaciones en 16 municipios, mientras aquí nos dicen que el Plan Reactiva va a recoger posteriormente actuaciones en todas las localidades de la provincia. Y tenemos que creer lo que se nos dice, porque el expediente casi lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que igualmente anticiparon ayer la convocatoria antes de que los propios diputados tuviéramos constancia oficial del orden del día de la misma”.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha llamado la atención sobre las “incoherencias” del Gobierno provincial del PP reflejadas en este instrumento, entre las que destaca sin duda que “después de llevar meses y meses negando que fuera competente para ello y que plantear esa posibilidad se situaba fuera de la legalidad, ahora las bases de ejecución del Plan Reactiva que se traen al Pleno dicen textualmente que la Diputación puede y debe impulsar planes de empleo porque esa tarea forma parte de sus competencias”.

El Grupo Socialista, durante la sesión plenaria

Dentro de ese mismo capítulo, Irene García ha situado también que el PP, “tras rechazar en varias ocasiones propuestas del Grupo Socialista para que se destinara el superávit a realizar inversiones que crearan empleo después de no haber materializado decenas de millones de euros comprometidos en los Presupuestos de 2013, hoy por fin caen en la cuenta y nos traen esta iniciativa, dotada con apenas cinco millones de euros y sin explicar asuntos esenciales como qué pasará con aquellos ayuntamientos que no puedan acceder a esas cantidades por mantener deudas con la Seguridad Social”.

Respecto a la forma de comunicar a los ayuntamientos la posibilidad de presentar a toda prisa proyectos al amparo de este mecanismo, la portavoz y secretaria general ha ironizado diciendo que “los adalides de la transparencia y de la buena gestión han recurrido al envío de un correo electrónico, que en muchos casos ni siquiera se ha recibido, para informar a los ayuntamientos de la apertura de una convocatoria pública que entendemos debía haber seguido otros requisitos de transparencia”. Igualmente, Irene García ha alertado de la posibilidad de que el propio sistema de concesión de los fondos con los que realizar las inversiones en los municipios “pueda incurrir en un fraccionamiento de contrato”, con las consecuencias que de ello podrían derivarse. 

“Este Gobierno provincial no es capaz de gestionar ni de cumplir sus compromisos, pero ahora exige a los ayuntamientos que hagan los deberes que él no ha hecho, y que en apenas unas semanas ejecuten unas cantidades y realicen unas obras que podrían haberse planificado con otro ritmo y con otra perspectiva. Sin embargo, esa no era la prioridad del PP, que se ha limitado a hacer una mala copia del Plan E, que tanto se criticó desde la derecha y que, al contrario que este, sí se tradujo en una importante creación de empleo en nuestros pueblos”, ha señalado. Y ha añadido que “como consecuencia, esta provincia ha perdido una gran oportunidad para poner en marcha un buen plan de empleo con inversiones razonadas”.

La portavoz y secretaria general, con el resto de diputados y diputadas socialistas

La secretaria general de los socialistas gaditanos ha exigido sin éxito que el PP explicara “a qué se debe realmente la premura en traer este asunto a un Pleno extraordinario si, como ha dicho el propio Gobierno provincial, se ha abierto un plazo de subsanación a prácticamente una treintena de ayuntamientos cuyos proyectos de inversión suponemos que también tendrán que venir a una sesión plenaria posterior”.

La portavoz del Grupo Socialista ha destacado que “el grado de cumplimiento de la anterior edición del Plan Reactiva de 2013, fijada por el propio Gobierno provincial por encima del 99 por ciento, es una evidencia de la prolongada incapacidad de gestión del PP en la Diputación. Porque no puede olvidarse que los responsables de que se materializaran aquellas inversiones en apenas dos meses fueron los distintos consistorios de la provincia, después de que el Partido Popular no hubiera sabido, querido o podido cumplir anteriormente sus compromisos presupuestarios a lo largo de todo el ejercicio. Y este año, la historia probablemente se repetirá letra por letra”. 

Finalmente, Irene García ha exigido al diputado responsable de Infraestructuras que informe al Pleno de las repercusiones en forma de contratación de desempleados del Plan Reactiva 2013. “Como mucho nos tememos que sucederá este año, estamos convencidos de que la premura en la petición de los proyectos a los ayuntamientos y la urgencia en la ejecución de las inversiones también complicaron entonces que los consistorios pudieran optar por aquellas iniciativas con una mayor repercusión desde el punto de vista social”, ha concluido.

El PSOE lamenta que la Diputación “convoque los plenos a través de los medios de comunicación”

Irene García califica de “falta de respeto a los diputados y diputadas” que los periodistas tuvieran conocimiento del orden del día de la sesión extraordinaria de mañana antes que los grupos de la oposición

Cádiz, 30 de septiembre de 2012. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado el “enésimo episodio de utilización partidista de la institución por parte del PP”, materializado en la convocatoria de un Pleno extraordinario “por el que los diputados y diputadas han tenido conocimiento prácticamente a la vez que los medios de comunicación”.

“El Gobierno provincial del señor Loaiza no solo ha caído en una alarmante falta de pulso político que le lleva a convocar sesiones plenarias deprisa y corriendo, sino que insiste en preocuparse únicamente por su obsesión por la propaganda, ya que la convocatoria oficial del Pleno no ha llegado a los grupos políticos de la oposición hasta prácticamente el mismo momento en que los medios de comunicación ya tenían cumplida información al respecto”, ha señalado.

Irene García ha denunciado la “falta de respeto a los diputados y diputadas” y la nueva demostración del “nulo talante institucional que marca todas las decisiones del Gobierno provincial del PP, que ha abandonado todo intento de gestión en beneficio de los municipios y de la sociedad gaditana, para limitarse a ser un aparato de propaganda al servicio de sus intereses partidistas”.

“A pesar de que el Gobierno provincial del PP ya nos tiene tristemente acostumbrados a una manipulación partidista de todos los resortes de la Diputación, al menos hasta este momento había mantenido mínimamente las formas del funcionamiento institucional”, ha afirmado. Y ha finalizado diciendo que “sin embargo, con esta novedad que supone que los plenos prácticamente se convoquen a través de los medios de comunicación y del aparato de propaganda de la Diputación, el PP ya ni siquiera mantiene ese mínimo respeto hacia la Corporación y hacia sus integrantes”.

Irene García denuncia que la Diputación “agrava el abandono del Ayuntamiento hacia las pedanías de Jerez”

La portavoz y secretaria general lamenta la “doble marginación” que padecen los habitantes de las entidades locales con alcaldes socialistas

Irene García, con Miguel Morales, alcalde de El Torno

Jerez, 30 de septiembre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha denunciado “el abandono” al que el Gobierno provincial del PP “ha condenado a las entidades locales autónomas de Jerez”. Después de mantener encuentros de trabajo con los alcaldes de El Torno, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla, Irene García ha destacado que “lejos de atender a sus competencias respecto a estas pequeñas localidades, el Gobierno del PP en la Diputación mantiene una permanente discriminación hacia las pedanías de Jerez, al menos hacia aquellas que cuentan con alcaldes socialistas”.

Como consecuencia de esta situación, las entidades locales autónomas jerezanas “se ven sometidas a una doble marginación: la que nace de su desatención por parte del Ayuntamiento matriz, que incumple sus obligaciones hacia ellas; y la que viene de la mano de una Diputación que agrava ese abandono y multiplica sus efectos negativos sobre la ciudadanía”. En este sentido, Irene García ha calificado de “anomalía institucional” que haya alcaldes pedáneos que ni siquiera han sido recibidos por el presidente de la Diputación cuando ya se han cubierto más de tres años de mandato corporativo, lo que supone “todo un síntoma del desprecio que el PP y el señor Loaiza profesan a los habitantes de la zona rural jerezana”.

La portavoz y secretaria general, con Antonio Ramos, alcalde de San Isidro del Guadalete

“El Partido Popular ha dado la espalda definitivamente a las pedanías de Jerez, como ha hecho con los pequeños pueblos a lo largo y ancho de la provincia”, ha asegurado la portavoz y secretaria general. “De hecho –ha añadido-, la única preocupación del Gobierno del PP en la Diputación es atender a los alcaldes y alcaldesas de su partido, porque la preocupación de la derecha no es cumplir con las obligaciones institucionales ni dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sino simplemente dar cobertura a sus representantes, sin importarle si eso perjudica la calidad de vida de los habitantes de cada localidad”.

Tras mantener distintas reuniones con los alcaldes pedáneos de El Torno (Miguel Morales), San Isidro (Antonio Ramos) y Nueva Jarilla (Javier Contreras), Irene García ha asegurado que “junto a la constante desatención institucional y el desprecio más evidente en la atención a los propios regidores, la queja prácticamente unánime es el alarmante abandono al que se somete a estas entidades locales autónomas a la hora de recibir inversiones, fundamentalmente a través de los Planes Provinciales”.

Irene García y Javier Contreras, en Nueva Jarilla

“Los alcaldes socialistas de las pedanías, y con ellos los habitantes de estos núcleos, difícilmente pueden entender que tanto la Diputación como el Ayuntamiento matriz estén permanentemente volcados con otras de estas entidades autónomas, mientras se retrasan o directamente se niegan inversiones de menor cuantía en ellas”, ha explicado. Y ha recordado el reciente anuncio de que el Consistorio de Jerez y la Diputación “van a invertir más de un cuarto de millón de euros en La Barca de la Florida al amparo del Programa de Fomento de Empleo Agrario y del Plan Provincial de Obras y Servicios, cuando hay pedanías que llevan desde 2012 sin que se ejecuten obras al amparo de este último instrumento”.

La portavoz y secretaria general ha llamado la atención sobre el “hecho nada casual” de que esa entidad local autónoma cuente con un alcalde del Partido Popular. “Lejos de atender a las necesidades de la ciudadanía, la única guía de actuación de la Corporación provincial es el interés partidista del PP, primando a sus alcaldes y alcaldesas, y marginando a aquellas localidades que han elegido unos gobiernos locales de otro color político”, ha señalado. Y ha concluido diciendo que “los alcaldes socialistas de las pedanías de Jerez no van a renunciar a defender los intereses de sus vecinos y vecinas. De la misma manera que no van a consentir que el Partido Popular, ya sea desde el Ayuntamiento o desde la Diputación, les considere ciudadanos de segunda”.

“El sectarismo del PP ha contaminado la política turística de la Diputación, que destila partidismo por los cuatro costados”

Irene García lamenta que el turismo no escapa al “color político que tiñe toda la actuación de la Corporación provincial, por encima de los intereses de los municipios y de la sociedad gaditana”

La portavoz y secretaria general lamenta que la máxima responsable de la promoción de la provincia arremeta contra la ciudad de La Línea y “tire por tierra” la imagen de los hoteles de la cadena pública Tugasa   

Cádiz, 26 de septiembre de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha asegurado que “el sectarismo del que el PP está haciendo gala al frente de la Corporación provincial ha contaminado toda la política turística de la institución, que destila partidismo por los cuatro costados”. En vísperas de que mañana se conmemore el Día Mundial del Turismo, Irene García ha lamentado que “después de tres años de gestión del Partido Popular, la Diputación no solo ha perdido su capacidad de aglutinar al sector y de promocionar la provincia como destino sino que ha teñido toda su actuación de un color político, por encima de los intereses de los municipios y de la sociedad gaditana”.

En este sentido, se ha referido a “la puesta en marcha de supuestas iniciativas en las que solo se cuenta con municipios gestionados por el PP”, como es el caso de ‘Turismo todo el año’, que reúne a la Diputación con los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana y El Puerto. “El señor Loaiza, ya en campaña en su doble condición de alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación, ha decidido superar cualquier atisbo de pudor y llevar sin ningún complejo el sectarismo que marca el día a día de la acción del Gobierno provincial a una materia en la que no puede caber el ventajismo partidista, como es el turismo”, ha denunciado. Y ha añadido que “lejos de favorecer la integración y la concepción de la provincia como un todo, la estrategia del PP es clara en este sentido: primar sus grandes feudos, sin duda para primar la foto de sus alcaldes en busca de un claro rendimiento electoralista”.

La propia gestión de la delegada de Turismo ha sido duramente censurada por Irene García. “Es inaudito que el presidente de la Diputación mantenga en su cargo de responsable de la promoción turística de esta provincia a una diputada que ha utilizado su papel institucional para arremeter contra una localidad de la que además es concejala, como es La Línea, aireando a los cuatro vientos supuestas deficiencias de la ciudad para justificar lo injustificable: que se haya quedado fuera de cualquier actuación promocional impulsada desde la Diputación. Lejos de procurar que La Línea reciba un trato similar al que merecen otros municipios, la señora Olivero incide en esa línea de sectarismo y se convierte en la principal difusora de la presunta mala imagen de una ciudad que ‘curiosamente’ está gobernada por una alcaldesa socialista”, ha afirmado.

La portavoz y secretaria general ha destacado el “rosario de despropósitos” que la diputada de Turismo ha protagonizado en los últimos días, y que dan idea de “las manos en las que se confía un asunto tan importante para esta provincia, para nuestro desarrollo socioeconómico y para nuestro empleo”. “Hace solo unas fechas, los medios de comunicación han recogido unas manifestaciones de la señora Olivero sobre los hoteles de la cadena provincial Tugasa, que eran impropias de una representante institucional”, ha señalado. Y ha hecho hincapié en la “irresponsabilidad” de quien tiene en su mano velar por la imagen de esos establecimientos públicos y, sin embargo, “los tira por tierra, llegando a decir que ‘no daban el confort mínimo a los visitantes’, contaban con instalaciones anticuadas, ofrecían un servicio poco adecuado e incluso no cumplían determinados requisitos sanitarios”.

Irene García ha asegurado que esas “críticas irresponsables y sin sentido” de la diputada responden a la “permanente estrategia del PP de tirar por tierra cualquier realización impulsada por los socialistas en la Diputación. Ahora le ha llegado el turno a Tugasa, de la misma manera que le tocó a los planes de empleo que posibilitaban que los ayuntamientos pudieran contratar a parados en riesgo de exclusión social o al programa de Cooperación Cultural (COCU), que tan buenos resultados ofrecían a los pequeños municipios pero que había que desmantelar a cualquier precio”. En este sentido, ha explicado que “en el fondo, esta actitud no es más que una consecuencia lógica del sectarismo que destilan todas las decisiones del Partido Popular al frente de la Diputación”.

“Para la historia ha quedado el histórico ridículo que el presidente Loaiza protagonizó hace un par de años cuando trató de vender en solitario la llegada de una serie de vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez y su precipitación provocó que se frustraran esas negociaciones”, ha dicho la portavoz y secretaria general, quien también ha recordado “el plantón injustificado e injustificable que tanto la Diputación como el resto de instituciones gestionadas por el PP realizaron a la creación de una Mesa por el Aeropuerto impulsada por la Junta y en la que participaban los agentes sociales y económicos en demanda del impulso de nuestro principal recurso turístico, que hoy por hoy continúa languidenciendo y que sigue teniendo sobre sí la espada de Damocles de la privatización de AENA”.

“Todas estas actuaciones no son casuales, sino que responden a una estrategia partidista perfectamente orquestada en la que también se enmarcan episodios como la caprichosa selección de ciudades que se benefician de determinados eventos como la Vuelta Ciclista a España”, ha afirmado. Y ha concluido diciendo que “desgraciadamente, la política turística no es una excepción dentro de la trayectoria del PP en la Diputación; y también en ella todo se subordina al interés de unas siglas políticas, sin importar los efectos perniciosos que pueden provocarse sobre un sector que es la principal industria de esta provincia y que representa nuestra mayor fuente de generación de empleo”.