Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

Cádiz, 19 de julio de 2012

El PSOE exige el cese del presidente del Consorcio de Bomberos por “su incapacidad de gestión y la innecesaria tensión generada entre los trabajadores”

El Grupo Socialista plantea que “ya que la gran obsesión del Gobierno provincial es el ahorro, el día a día de la entidad pase a ser asumida por uno de los 16 diputados liberados del Partido Popular”

El Grupo Socialista de la Diputación ha exigido al presidente de la Corporación, José Loaiza, el cese inmediato del máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Fernando García, como consecuencia de “su incapacidad de gestión y la innecesaria tensión generada entre los trabajadores” tras sus contradictorias manifestaciones en torno a la reducción de plantilla en la referida entidad.

El portavoz del Grupo Socialista de Diputación, José María Román, ha asegurado que “a lo largo del período en el que viene asumiendo esa responsabilidad, el presidente del Consorcio ha dado muestras evidentes de esa manifiesta incapacidad para llevarlo adelante, porque ha quedado más que patente que no sabe o no puede gestionarlo”. A título de ejemplo, Román se ha referido al “consentimiento de situaciones extremadamente graves, frente a las que no ha actuado con la debida diligencia”, entre las que ha destacado una “preocupante relajación en lo relativo a la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones económicas al Ayuntamiento de Jerez, que llegó a acumular una deuda de casi 8 millones de euros como consecuencia de año y medio de impago de la cuota; una cantidad que ha podido poner en serio riesgo el equilibrio financiero del Consorcio, dado su presupuesto total de 36 millones y el recorte adicional de dos millones en la aportación de la Diputación establecido en los Presupuestos para 2012”.

Román ha recordado la “extrema gravedad” de las denuncias sindicales ante la Fiscalía, como consecuencia de la negativa del presidente del Consorcio a cubrir las vacaciones de verano del personal así como del supuesto incumplimiento, por parte de la dirección del mismo, de la exigencia de pago a los municipios consorciados. A tenor de los escritos presentados por los representantes de los trabajadores ante la Fiscalía, este útimo punto “pudiera ser constitutivo del tipo penal de prevaricación”; mientras, el no disponer de las plantillas adecuadas para cumplir las obligaciones encomendadas al Consorcio “pudiera ser constitutivo de un delito de riesgo”.

Paralelamente, en lo que respecta a la gestión del personal, “la trayectoria del presidente del Consorcio no puede ser más negativa, ya que en las últimas semanas ha generado una enorme inquietud, aún no resuelta, por sus contradictorias manifestaciones en torno a una posible reducción de puestos de trabajo que podría afectar hasta a 110 empleos para una plantilla de 571 trabajadores”. A juicio del portavoz socialista, esa situación “ha tensionado innecesariamente las relaciones laborales en el seno del Consorcio y ha provocado una enorme inquitud en un colectivo que, por la propia naturaleza de su trabajo, precisa de unas mínimas condiciones de estabilidad laboral y emocional para el desarrollo de su actividad”.

Por todo ello, José María Román ha incidido en la exigencia del cese del presidente del Consorcio de Bomberos. Y ha destacado que, “ya que la gran obsesión del Gobierno provincial parece ser la austeridad, su cese se traduciría en un importante ahorro para la Diputación tanto de manera inmediata como a medio plazo, ya que el día a día de la entidad podría pasar a ser asumido por uno de los 16 diputados liberados del Partido Popular. El Gobierno del PP no se cansa de decir que hay que ajustarse a la nueva situación económica, y ahora tienen una magnífica oportunidad para pregonar con el ejemplo”. Finalmente, el portavoz socialista ha señalado que “somos conscientes de que anteriormente la presidencia del Consorcio no ha sido ocupada por un diputado provincial; pero hoy la situación no es la misma que se vivía hace apenas unos meses. La crisis económica está obligando a las Administraciones a recortar gastos y éste es uno que puede eliminarse fácilmente, con lo que además se evitaría tener que tomar otras medidas traumáticas en otros capítulos de mayor repercusión social”.

Cádiz, 19 de julio de 2012

Román: “El convenio con San Roque desmantela las falsedades del PP y pone de manifiesto la disposición del PSOE a fortalecer el Servicio de Recaudación”

El portavoz del Grupo Socialista dice que es “un instrumento de una extraordinaria importancia y una herramienta muy útil para los municipios cuando se gestiona con objetividad y lealtad institucional”

El Grupo Socialista de la Diputación se ha felicitado por el acuerdo de gestión tributaria alcanzado por el Ayuntamiento de San Roque y la Corporación Provincial, un instrumento que beneficia a ambas partes implicadas en el mismo. El portavoz del Grupo Socialista, José María Román, ha llamado la atención sobre esta circunstancia, y ha señalado que “el Servicio Provincial de Recaudación, y con él la Diputación, gana músculo porque se asegura la permanencia de San Roque en su estructura, al tiempo que aumenta sus competencias delegadas; y el Ayuntamiento gana en tranquilidad desde el punto de vista de la gestión y de la estabilidad financiera, ya que se garantiza el cobro periódico de adelantos a cuenta de los impuestos y tasas objeto de recaudación”.

Román ha destacado que el referido convenio tiene también consecuencias de fondo, ya que “desmantela las falsedades del PP y pone de manifiesto la disposición del PSOE a fortalecer el Servicio de Recaudación. Porque, más allá de los intentos de tergiversación del Gobierno del Partido Popular, los socialistas siempre hemos optado por la consolidación de este servicio a partir de una igualdad de trato para la totalidad de los municipios frente a las prácticas partidistas”.

El portavoz ha señalado cómo “desde las filas socialistas hemos denunciado un tratamiento claramente discriminatorio por parte de la Diputación en materia de gestión tributaria allí donde se ha producido, en virtud de la coincidencia o no con el color político del gobierno local del que se tratase en cada momento”; y ha recordado que “el caso más evidente de esa actitud fue la mantenida con el Ayuntamiento de Jerez, que decidió romper unilateralmente el convenio de recaudación provocando un quebranto para las arcas de la Corporación provincial de casi 30 millones de euros: más de 17 millones de euros percibidos en ocho meses como consecuencia de adelantos a cuenta por unos impuestos y tasas que ya no se recaudarían por parte de la Diputación; y un desfase adicional de 10 millones de euros de una antigua deuda de un recargo del Impuesto de Actividades Económicas IAE que el Consistorio jerezano venía afrontando a través de un plan de pagos vinculado al convenio entonces roto de manera unilateral por ese municipio”.

“El Grupo Socialista denunció entonces esa permisividad hacia el Ayuntamiento de Jerez, del mismo color político que el Gobierno de la Diputación. Pero nuestra denuncia no partía de un interés de atacar o debilitar al Servicio de Recaudación, sino todo lo contrario. Lo hicimos porque entendemos que es un instrumento de una extraordinaria importancia y una herramienta muy útil para los municipios cuando se gestiona desde la objetividad y la lealtad institucional”, ha dicho el portavoz del PSOE.

José María Román ha incidido en que “el nuevo convenio entre el Ayuntamiento de San Roque y la Diputación demuestra precisamente que los socialistas estamos siempre abiertos a buscar acuerdos beneficiosos para las partes implicadas en los mismos. Y pone de manifiesto nuestra disposición a fortalecer el propio Servicio Provincial de Recaudación, justo lo contrario que se nos achacaba desde el Gobierno provincial del PP siguiendo aquella vieja máxima del conmigo o contra mí”. Finalmente, el portavoz socialista ha concluido manifestando que “en esa línea de lealtad y de actuación ajena al color político de las instituciones, el Gobierno de la Diputación nos va a encontrar siempre a los socialistas; sin embargo, continuaremos denunciando cualquier otro intento de utilización partidista de las instituciones y de cometer agravios comparativos en virtud de la existencia o ausencia de sintonía política entre los gestores de las diferentes administraciones”.

Cádiz, 18 de julio de 2012

Comunicado conjunto de PSOE. IU, PA y Foro Ciudadano

Los grupos de la oposición abandonan el Pleno de Diputación ante la negativa del presidente Loaiza a atender a los trabajadores de la institución que protestaban contra los recortes del Gobierno

Los grupos políticos de la oposición en la Diputación Provincial de Cádiz (PSOE, IU, PA y Foro Ciudadano) han decidido esta mañana levantarse del Pleno y abandonar la sesión, tras la reiterada renuncia del presidente, José Loaiza, a mantener un diálogo con los trabajadores de la institución provincial que protestaban por las medidas de recorte económico puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los representantes de los grupos políticos de la oposición han trasladado al presidente Loaiza la conveniencia de que atendiera personalmente al colectivo de trabajadores de la Diputación concentrado a las puertas del pleno y que trasladaba su rechazo, entre otras cosas, a la retirada de la paga de Navidad decidida la pasada semana por el Ejecutivo central. Igualmente, estos trabajadores mostraban de esta manera la inquietud generada en la plantilla por haber tenido conocimiento, al hilo de la liquidación de los presupuestos de la Diputación de 2011, de la necesidad de un plan de ajuste de 10 millones de euros; inquietud que se ha visto agravada por la ausencia de explicación alguna por parte del Gobierno provincial acerca de las posibles consecuencias derivadas en el empleo y en los salarios del referido recorte de gasto.

Así se lo han hecho saber los portavoces de los grupos de la oposición al presidente cuando, hacia las diez y cuarto de la mañana, decidió suspender temporalmente la sesión ante las protestas de los trabajadores en el exterior del Salón Regio. Y así se lo trasladaron nuevamente a las once de la mañana, cuando debía retomarse el orden del día. En ese momento, ante el caso omiso del presidente, los diputados de los cuatro grupos de la oposición han optado por abandonar el Pleno.

Los cuatro grupos de la oposición en la Diputación Provincial han denunciado que, lejos de apostar por la vía del diálogo, en el momento de la reanudación del Pleno el presidente Loaiza ha amenazado a los trabajadores, llegando a decirles que su protesta por el atropello que se está cometiendo contra ellos podría derivar en la comisión de un delito.

Los grupos políticos de la oposición de la Diputación Provincial de Cádiz han lamentado la total ausencia del más mínimo talante dialogante del presidente de la Corporación y han censurado su reiterada negativa a atender personalmente a los empleados de la institución.

Cádiz, 18 de julio de 2012

Irene García: “José Loaiza está haciendo gala de un preocupante talante antidemocrático”

La secretaria general del PSOE de Cádiz censura la negativa del presidente de la Diputación a entrevistarse con trabajadores de la institución que rechazaban los recortes del Gobierno, apenas unos días después de su “insulto” a los desempleados

El titular de la Diputación impide durante más de una hora a los diputados socialistas salir del Palacio Provincial para hablar con los bomberos del Consorcio que protestaban en el exterior

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado esta mañana el “preocupante talante antidemocrático del que está haciendo gala el presidente de la Diputación y del PP provincial, José Loaiza, quien parece hallarse inmerso en una espiral de autoritarismo y de desprecio de cualquier discrepancia política y social”. La también presidenta del Grupo Socialista de Diputación ha desgranado algunos de esos “rechazables comportamientos” de Loaiza, entre los que ha destacado especialmente “el completo desprecio mostrado hacia los trabajadores de la propia Corporación Provincial que esta mañana protestaban durante el Pleno por los graves recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y por la ausencia de información por parte del Gobierno provincial acerca del posible efecto sobre el empleo que puede derivarse del plan de ajuste de 10 millones de euros que la propia Diputación deberá afrontar en los próximos meses”.

Irene García ha destacado igualmente la “actuación solidaria de los grupos políticos de la oposición en la Diputación”, quienes han optado por levantarse del Pleno ante la negativa de Loaiza a recibir a estos trabajadores. “Lo único importante que iba a debatirse hoy en el Pleno eran las propuestas de la oposición encaminadas a la defensa de los intereses económicos y sociales de la ciudadanía, en un contexto de constantes ataques y recortes por parte el Gobierno del PP. En este sentido, los grupos de la oposición hemos mostrado una actitud de responsabilidad absoluta, porque le hemos hecho llegar al presidente la necesidad de que se sentara de forma inmediata con estos trabajadores que reclaman algo justo y que les corresponde”, ha dicho la secretaria general.

Como contrapartida, “el presidente Loaiza no solo ha sido insolidario; sino que una hora después, a la reanudación del Pleno, le hemos vuelto a solicitar que mantuviera ese diálogo necesario con los trabajadores de la Diputación. Y entonces hemos escuchado del presidente no solo una medida de presión sino una amenaza en toda regla a los trabajadores, cuando ha anunciado que aquellos que reclaman lo que es justo y a lo que, por tanto, tienen derecho, pueden verse envueltos en un acto constitutivo de un delito penal”. Por este motivo, la secretaria general ha achacado a José Loaiza no tener “la sensibilidad suficiente para sentarse con los trabajadores que se están viendo agraviados de forma muy considerable”.

Irene García ha situado esta actitud de Loaiza en la misma línea en la que la semana pasada realizó “unas declaraciones en las que insultó e injurió de forma clara a todos los desempleados de esta provincia”, en las que manifestaba que los parados únicamente buscan trabajo cuando se les agota la prestación por desempleo. En este sentido, ha asegurado que “la actuación de hoy de Loaiza, unida a las declaraciones de la semana pasada sobre los parados, se sitúan en el mismo contexto brutal y censurable en el que se produjo el exabrupto de la diputada Andrea Fabra en el Congreso, donde insultó de forma gravísima a todos desempleados, justamente las personas que no tienen ninguna responsabilidad en esta crisis y que están padeciendo sus efectos de manera más grave”.

Esta misma mañana, ese “preocupante talante antidemocrático” ha vivido un nuevo episodio con la “prohibición expresa” del presidente de la Diputación de que los diputados socialistas que acababan de levantarse del Pleno con el resto de los grupos de la oposición pudieran salir del Palacio Provincial para mantener un contacto con los bomberos del Consorcio que en ese momento protestaban frente al edificio contra la amenaza de recortes de sus derechos laborales y económicos.

“Es inconcebible que el presidente de la Diputación haya tomado una decisión tan grave como es impedir la salida de los diputados al exterior del edificio, lo que habla a las claras de su verdadero talante”, ha dicho Irene García, que durante casi una hora ha debido mantener contacto con los representantes de los bomberos a través de las rejas del Palacio. Únicamente pasada esa hora se ha permitido la salida de los diputados, que han mantenido un breve encuentro con los bomberos en la vía pública, para desarrollar después una reunión en la sede del Grupo Socialista de Diputación.

Cádiz, 17 de julio de 2012

El PSOE muestra su “preocupación” por el traslado a Fiscalía de la negativa del presidente del Consorcio a cubrir las vacaciones de los bomberos

El Grupo Socialista se hace eco de una denuncia de la junta de personal por el supuesto incumplimiento de la entidad de la exigencia del pago a los municipios consorciados

El Grupo Socialista de la Diputación ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que la junta de personal del Consorcio de Bomberos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía tanto la negativa del presidente de esa entidad a cubrir las vacaciones de verano del personal como el supuesto incumplimiento, por parte de la dirección del mismo, de la exigencia de pago a los municipios consorciados. A tenor del escrito presentado por la propia junta de personal ante la Fiscalía, esta supuesta relajación en la reclamación del abono de las cuotas “pudiera ser constitutiva del tipo penal de prevaricación”.

El portavoz del Grupo Socialista, José María Román, ha destacado que “es enormemente grave que dos asuntos de esta importancia hayan acabado en la Fiscalía. Y pone de manifiesto tanto la incapacidad del PP para atender las obligaciones que el Consorcio tiene con la seguridad de la ciudadanía de esta provincia como la dudosa imparcialidad de su presidente en la gestión de la propia entidad”.

Román ha señalado que, dejando a un lado las eventuales consecuencias de carácter jurídico que puedan derivarse del traslado a la Fiscalía de tales extremos por parte de la junta de personal, “en el plano de la responsabilidad política, parece evidente que el presidente del Consorcio ha tomado una decisión de gran trascendencia y que puede traer consigo unos efectos enormemente peligrosos como es prescindir de los 50 bomberos que, mensualmente, suplían desde julio hasta septiembre a aquellos que disfrutaban de vacaciones en verano”.

A juicio del portavoz socialista, “esta decisión, tomada unilateralmente por parte del presidente del Consorcio, no puede escudarse en un supuesto criterio de ahorro económico, porque el aseguramiento de todos los medios necesarios para garantizar la seguridad no puede ser objeto de recortes ni de tijeretazos. Y menos aún justo en la temporada estival cuando, por definición, aumentan notablemente tanto el riesgo de que se produzcan incendios como la población de la provincia a la que hay que garantizar la prestación del servicio”. De ahí que el PSOE vaya a solicitar en la próxima junta general del Consorcio que se retome la contratación de estos profesionales; si no ya en el mes de julio, prácticamente vencido, sí con vistas a agosto y septiembre.

De la misma manera, José María Román ha recordado que “desde el Grupo Socialista llevamos meses alertando de la doble vara de medir del presidente del Consorcio en torno al nivel de exigencia respecto a los ayuntamientos consorciados”. El portavoz ha recordado que “el Consorcio ha consentido que el Ayuntamiento de Jerez acumulase una deuda cercana a los 8 millones de euros, tras 18 meses de impago de la cuota. Esta circunstancia, unida a la reducción de dos millones de euros en los Presupuestos de la Diputación en la aportacion de la propia Corporación Provincial, generó un desfase de casi 10 millones para un presupuesto anual de 36 millones. Se trata por tanto de una diferencia de más de la cuarta parte del total del presupuesto, con lo que los efectos negativos de esa actuación son innegables para el conjunto de la entidad”.

La propuesta socialista recoge que “esta batería de reformas –como algunas otras apuntadas el pasado miércoles por el propio presidente del Gobierno antes de su aprobación en Consejo de Ministros- persigue de forma clara negar la autonomía política de los municipios españoles, determinando que el modo de ejercer competencias y prestar servicios locales será decidido directamente por el Gobierno popular”. Se trata en suma de “decisiones tuteladas mediante una norma reglamentaria llevando como consecuencia el traspaso forzoso de dichas competencias a las Diputaciones provinciales, que podrán prestarlas a través del uso de fórmulas de gestión indirectas como la privatización de servicios públicos”.

En ese contexto es en el que alcanza pleno sentido esta propuesta, que pretende tanto rechazar las constantes injerencias del Gobierno de la Nación en la autonomía de la Administración Local como instar a que las actuaciones para su reforma se articulen a través del diálogo con la FEMP y con la totalidad de los partidos políticos.

Cádiz, 15 de julio de 2012

El PSOE lleva al Pleno el rechazo a la injerencia del Gobierno central en la autonomía municipal

El Grupo Socialista presenta una propuesta para que la reforma de la Administración Local se articule a partir del diálogo con la FEMP y con la totalidad de las fuerzas políticas

El Grupo Socialista llevará el próximo Pleno de la Diputación una propuesta de “denuncia de las constantes injerencias que, desde el Gobierno de la Nación, se vienen realizando contra la autonomía” de los Ayuntamientos. Al tiempo, esta proposición plantea la necesidad de un giro radical en el proceso de diseño del nuevo marco jurídico para estas corporaciones, de manera que “la reforma de la Administración Local se desarrolle desde el diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y todas las fuerzas políticas”.

La propuesta socialista parte del convencimiento de “la necesidad de que los ayuntamientos de nuestro país cuenten con una nueva reglamentación en profundidad que aborde la realidad municipal y determine claramente el marco competencial de la Administración Local”, que actualmente tiene su origen en el texto base de régimen local fechado en 1985. De esta manera, la exposición de motivos de la proposición señala que “los socialistas consideramos de vital importancia el dotar a los ayuntamientos de una nueva regulación, una regulación al gobierno y a la administración local adaptada a los tiempos en los que nos encontramos inmersos”.

Es precisamente en este contexto temporal en el que, “tras las elecciones generales del pasado año, el Partido Popular anunció su propósito de afrontar la reforma del marco regulador de las entidades locales; propósito ante el que los socialistas tendimos nuestra clara voluntad de llegar a acuerdo desde el diálogo y el consenso, dada la importancia que para nuestro partido tiene el municipalismo”. Más concretamente, el Gobierno del PP “incluyó en el Plan Nacional de Reformas medidas encaminadas a las reformas de la Administración Local en lo referido a la eliminación de duplicidades y la delimitación de las competencias, con el fin de garantizar la sostenibilidad de su financiación, confirmando que las competencias se estratificarían por tramos de población”.

Sin embargo, estos anuncios realizados “con rotundidad por parte del Gobierno” se han efectuado “sin garantizar el debate de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y sin buscar el consenso con el principal partido de la oposición, despreciando la clara voluntad de acuerdo que le trasladamos los socialistas”. Esta actitud representa, de hecho, una confirmación del “escaso interés del Partido Popular de afrontar con profundidad y seriedad la reforma que merecen y necesitan el gobierno y la administración local; un escaso interés que también es notorio al no existir un profundo debate en el seno del ámbito municipal para conocer y determinar la posición de las corporaciones locales”.

Anuncios más recientes como la supresión de las mancomunidades de municipios, realizado a cargo del secretario de Estado Antonio Beteta “sin acuerdo con las fuerzas políticas ni con las corporaciones locales”, supondrán “una reestructuración competencial de ámbito local hacia las Diputaciones provinciales con el argumento de la estabilidad presupuestaria”.

Cádiz, 12 de julio de 2012

El PSOE busca el rechazo al repago de los medicamentos en el Pleno de la Diputación

El Grupo Socialista alerta del perjuicio para la salud de los pacientes, especialmente para las capas de población con más necesidades, y de la quiebra de “los principios de equidad y solidaridad”

El Grupo Socialista de Diputación ha presentado una propuesta al Pleno para que la Corporación provincial muestre su oposición al repago de medicamentos que entró en vigor el pasado 1 de julio, así como a su anunciada extensión a productos ortoprotésicos, dietas terapéuticas y transporte sanitario no urgente a partir del próximo mes de agosto.

Concretamente, esta propuesta busca el respaldo de los grupos representados en el Palacio Provincial para “volver a las garantías que establecía para todos los ciudadanos, y especialmente para los pensionistas, el Sistema Nacional de Salud, antes de la puesta en marcha del repago sanitario”. La misma proposición plantea el “rechazo a la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública, lo que supondrá la retirada de la cobertura sanitaria de fármacos que son utilizados por pacientes crónicos, pensionistas y población infantil”.

La propuesta de los diputados del PSOE recuerda que, hasta ahora, la ciudadanía venía accediendo a los servicios sanitarios “de manera gratuita porque ya se financiaban a través de los impuestos que pagamos todos en función de nuestra renta”. Ahora, con la modificación de esas reglas del juego, se ha producido “un cambio cualitativo de enorme magnitud” en la relación entre el sistema sanitario público y sus usuarios que puede tener dramáticas consecuencias para estos y para el conjunto de la sociedad. De esta manera, “el repago podría generar un riesgo de perjudicar la salud de los pacientes, afectará especialmente a las capas de población más vulnerables y con más necesidades, y va a penalizar al enfermo, afectando a los principios de equidad y solidaridad”.

“Los socialistas entendemos que la cartera de servicios sanitarios sujeta a copago va a entregar al capital privado la gestión de lo público, abriendo la puerta a la privatización de la sanidad”, asegura la propuesta en su exposición de motivos, que continúa “cuestionando el objetivo del supuesto ahorro” ya que “lo recaudado no se ingresará en los presupuestos sanitarios”.

El planteamiento del Grupo Socialista se basa en que “existen razones para defender el actual Sistema Nacional de Salud, que se encuentra entre los más económicos de la OCDE y entre los más eficientes”. Esta elevada consideración y amplio reconocimiento del que disfruta el sistema tanto dentro como fuera de nuestras fronteras “demuestra que los recortes en materia de sanidad no se realizan por razones económicas sino ideológicas, puesto que la grave crisis económica que estamos atravesando no debería ser, en ningún caso, excusa para desmantelar el Estado del Bienestar”.

En otro plano, e independientemente de lo que el repago farmacéutico significa de ataque a la misma esencia del sistema de protección y de solidaridad social, el Grupo Socialista destaca también la contradicción que supone que en los primeros días de su entrada en vigor “hemos asistido al caos técnico y organizativo, que va a suponer un aumento de los gastos de gestión”. A todo ello hay que añadir que la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta medida se ha traducido en una absoluta falta de información acerca de la posible fórmula en la que se realizarán los reembolsos previstos cuando las cantidades que se abonen en la farmacia superen los límites establecidos en la propia normativa.