Cádiz, 15 de julio de 2012
El PSOE
lleva al Pleno el rechazo a la injerencia del Gobierno central en la autonomía
municipal
El Grupo
Socialista presenta una propuesta para que la reforma de la Administración
Local se articule a partir del diálogo con la FEMP y con la totalidad de las
fuerzas políticas
El
Grupo Socialista llevará el próximo Pleno de la Diputación una propuesta de
“denuncia de las constantes injerencias que, desde el Gobierno de la Nación, se
vienen realizando contra la autonomía” de los Ayuntamientos. Al tiempo, esta
proposición plantea la necesidad de un giro radical en el proceso de diseño del
nuevo marco jurídico para estas corporaciones, de manera que “la reforma de la
Administración Local se desarrolle desde el diálogo con la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y todas las fuerzas políticas”.
La
propuesta socialista parte del convencimiento de “la necesidad de que los
ayuntamientos de nuestro país cuenten con una nueva reglamentación en
profundidad que aborde la realidad municipal y determine claramente el marco
competencial de la Administración Local”, que actualmente tiene su origen en el
texto base de régimen local fechado en 1985. De esta manera, la exposición de
motivos de la proposición señala que “los socialistas consideramos de vital importancia
el dotar a los ayuntamientos de una nueva regulación, una regulación al
gobierno y a la administración local adaptada a los tiempos en los que nos
encontramos inmersos”.
Es
precisamente en este contexto temporal en el que, “tras las elecciones generales
del pasado año, el Partido Popular anunció su propósito de afrontar la reforma
del marco regulador de las entidades locales; propósito ante el que los
socialistas tendimos nuestra clara voluntad de llegar a acuerdo desde el
diálogo y el consenso, dada la importancia que para nuestro partido tiene el
municipalismo”. Más concretamente, el Gobierno del PP “incluyó en el Plan
Nacional de Reformas medidas encaminadas a las reformas de la Administración
Local en lo referido a la eliminación de duplicidades y la delimitación de las
competencias, con el fin de garantizar la sostenibilidad de su financiación,
confirmando que las competencias se estratificarían por tramos de población”.
Sin
embargo, estos anuncios realizados “con rotundidad por parte del Gobierno” se
han efectuado “sin garantizar el debate de todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y sin buscar el
consenso con el principal partido de la oposición, despreciando la clara
voluntad de acuerdo que le trasladamos los socialistas”. Esta actitud
representa, de hecho, una confirmación del “escaso interés del Partido Popular
de afrontar con profundidad y seriedad la reforma que merecen y necesitan el
gobierno y la administración local; un escaso interés que también es notorio al
no existir un profundo debate en el seno del ámbito municipal para conocer y
determinar la posición de las corporaciones locales”.
Anuncios
más recientes como la supresión de las mancomunidades de municipios, realizado
a cargo del secretario de Estado Antonio Beteta “sin acuerdo con las fuerzas
políticas ni con las corporaciones locales”, supondrán “una reestructuración
competencial de ámbito local hacia las Diputaciones provinciales con el
argumento de la estabilidad presupuestaria”.
La
propuesta socialista recoge que “esta batería de reformas –como algunas otras
apuntadas el pasado miércoles por el propio presidente del Gobierno antes de su
aprobación en Consejo de Ministros- persigue de forma clara negar la autonomía
política de los municipios españoles, determinando que el modo de ejercer
competencias y prestar servicios locales será decidido directamente por el
Gobierno popular”. Se trata en suma de “decisiones tuteladas mediante una norma
reglamentaria llevando como consecuencia el traspaso forzoso de dichas
competencias a las Diputaciones provinciales, que podrán prestarlas a través
del uso de fórmulas de gestión indirectas como la privatización de servicios
públicos”.
En ese contexto es en el que alcanza pleno sentido esta propuesta, que
pretende tanto rechazar las constantes injerencias del Gobierno de la Nación en
la autonomía de la Administración Local como instar a que las actuaciones para
su reforma se articulen a través del diálogo con la FEMP y con la totalidad de
los partidos políticos.
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