Cádiz, 21 de mayo de 2012

El PSOE llevará a la Fiscalía la ruptura del convenio de recaudación suscrito entre la Diputación y el Ayuntamiento de Jerez

El Gobierno provincial del PP rechaza iniciar acciones judiciales en defensa de los intereses de la Corporación y no es capaz de justificar si la actuación mantenida con el Consistorio jerezano puede extenderse a otros municipios en grave situación económica
 
El Grupo Socialista de la Diputación dará traslado a la Fiscalía del expediente relativo a la ruptura del convenio de recaudación suscrito por la Corporación provincial y el Ayuntamiento de Jerez. Este convenio, que fue roto de forma unilateral por el Consistorio jerezano en el pasado mes de febrero, provocó un quebranto para las arcas de la Diputación de 17,3 millones de euros (en forma de dos adelantos a cuenta de 12,15 millones correspondientes al segundo semestre de 2011 y de 5,16 de apenas mes y medio del presente ejercicio).

Esta decisión del Grupo Socialista se produce después de que el Gobierno del PP en la Diputación haya rechazado los dos puntos del orden del día del Pleno extraordinario solicitado hace meses esta agrupación de diputados y que ha tenido lugar esta misma mañana. El primero de los puntos del orden del día consistía en una propuesta de “iniciar acciones judiciales en defensa de los intereses de la Diputación Provincial en relación con la ruptura del convenio de recaudación por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera”. El segundo punto pretendía el “establecimiento de un sistema de ayudas destinado a mitigar los problemas económicos que tienen algunos de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz”.

El diputado socialista y portavoz adjunto del Grupo Socialista, José María Román, se ha preguntado por “qué medidas de control se tomaron desde la Diputación en relación con la salida de fondos hacia el Ayuntamiento de Jerez, máxime cuando el propio Gobierno provincial reconoce que estuvo durante un tiempo negociando para que el Consistorio jerezano no rompiese el convenio. Una decisión de esta envergadura no se toma de la noche a la mañana, y por ello sorprende enormemente que las cantidades abonadas durante 2011 y en los dos primeros meses de 2012 se situaran muy por encima de las previsiones necesarias para cerrar el convenio en equilibrio”.

Román se ha referido al nuevo convenio de recaudación acordado por el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación con el objetivo de saldar la deuda contraida por el Consistorio: los citados 17,3 millones de euros de adelantos, y del orden de 10 millones de euros en concepto de un recargo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que la Corporación jerezana abonaba mediante un plan de pagos a cargo del referido acuerdo. El diputado socialista ha calificado ese nuevo convenio de “chapucero” y ha incidido en que “desde el Gobierno de la Diputación se dice que las situaciones extraordinarias deben responderse con procedimientos extraordinarios. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, siempre que esos procedimientos extraordinarios se puedan aplicar a todos los municipios. Pero solo si eso es así y no responden a un criterio que tiene que ver con el color político de esos municipios”.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista ha señalado que “es necesario hacer las cosas bien en beneficio de todos, y desde el equilibrio administrativo e institucional”, un extremo que no se ha tenido en cuenta en este episodio. “El Grupo Socialista no tiene ningún interés en llevar este asunto a la Justicia o a la Fiscalía. Muy al contrario. No tenemos ningún ánimo de judicializar la vida política e institucional. Lo que queremos es conocer si la actuación de esta Diputación con el Ayuntamiento de Jerez se podía hacer; y, por tanto, si se puede hacer también con otros ayuntamientos, que se haga en todos aquellos casos que lo requieran por su mala situación económica”, ha dicho durante el debate de los puntos y antes de conocer el rechazo expreso de las propuestas socialistas por parte del Gobierno provincial del PP. En este punto, al referirse a los municipios que atraviesan una situación especialmente complicada desde el punto de vista financiero, Román se ha referido expresamente a los casos de La Línea, Barbate y Los Barrios.
  
A lo largo del debate, José María Román ha incidido en una pregunta: “¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Jerez se llevara, en solo ocho meses, 17,3 millones de euros más de los que le correspondían?”. Y ha planteado, en reiteradas ocasiones, una misma tesis. “Si es posible, que ese ejemplo se extienda a otros municipios en especial situación de dificultad. Si no lo es, que se depuren responsabilidades. Porque el diputado de Hacienda (Juan Antonio Liaño, del PP) dice que todos los ayuntamientos de la provincia están mal económicamente; pero el único que se ha llevado más dinero del que le correspondía ha sido el Ayuntamiento de Jerez. Por eso es necesario conocer qué medidas se tomaron para defender los intereses económicos de la Diputación durante el tiempo en el que, según reconoce el propio Liaño, se negoció con ese Ayuntamiento que no saliera del sistema de recaudación municipal”.

Finalmente, José María ha planteado la “duda razonable en torno a si la Diputación, más que como un buen padre de familia que es como dice el Código Civil que hay que comportarse en la gestión económica, ha obrado más bien como un padre de familia que considera que tiene un hijo preferido y otros hijos de segundo nivel. Y, precisamente porque el dinero no es de ninguno de nosotros sino que estamos obligados a gestionarlo porque es de todos, hay que hacerlo con el máximo rigor”. En este sentido ha concluido diciendo que “muy probablemente, se han pasado varios pueblos en el trato con Jerez”, hasta el punto de “haber permitido un volumen de desviación económica tan importante, de más de 17 millones de euros, cuando eran plenamente conscientes de que el convenio se podía romper”.

Cádiz, 19 de mayo de 2012

El PSOE denuncia que Diputación ha tenido “dormido en un cajón durante cinco meses” el plan Peces para atender a colectivos en emergencia social  

El Gobierno provincial responde “a la carrera y por teléfono” a una propuesta socialista al Pleno que le instaba al “comienzo inmediato” de un programa que fue presentado a los medios en enero

El Grupo Socialista de la Diputación ha denunciado que el Gobierno provincial ha tardado nada menos que cinco meses en poner en marcha el Programa de Empleo para Colectivos en Emergencia Social (Peces), presentado a comienzos de enero por el presidente de la Corporación, José Loaiza.

Así, el PSOE de la Diputación ha recordado que “a comienzos de enero, el Gobierno del PP en la Diputación presentó a bombo y platillo un instrumento que se vendió como una herramienta imprescindible para atender a un colectivo especialmente castigado por la crisis económica y por el desempleo”, para añadir a continuación que “no sabemos exactamente cuál es el significado que para el PP tienen conceptos como ‘emergencia social’, pero lo cierto es que ese programa se ha mantenido durante cinco meses dormido en un cajón”.

A tenor de la presentación a los medios a cargo del presidente de la Diputación a comienzos de año, el plan Peces está dirigido a colectivos en emergencia social en los pequeños núcleos de población de la provincia. Este programa, con carácter “urgente” según esa misma presentación, destinaba 800.000 euros en 38 municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, para general 782 contratos de 15 días de duración durante los 45 días en los que se prolongará en cada localidad.

En este sentido, el Grupo Socialista ha recordado que el pasado día 15 de mayo presentó una proposición para su debate en el Pleno del próximo lunes en la que instaba al Gobierno provincial, a “comenzar de manera inmediata la ejecución del programa Peces en todos los municipios con los que se firmó el convenio”. Sin embargo, apenas dos días después, ayer jueves 17, “el Gobierno de la Diputación, a través de una comunicación telefónica, comunicó que el plan Peces echará a andar definitivamente el 1 de junio”.

El Grupo Socialista se ha referido a la “respuesta precipitada, a la carrera y por teléfono, del Gobierno provincial, que solo ha sido capaz de poner en marcha un instrumento que se planteaba como un elemento esencial para personas en riesgo de exclusión social cuando nuestra propuesta iba a dejarle en evidencia”. En este sentido, ha destacado que “no es la primera vez que el Gobierno del PP en la Diputación actúa de la misma manera, activando iniciativas o recuperando compromisos que parecía haber olvidado y de los que solo se ha acordado como consecuencia de nuestras demandas en el Pleno. Ya sucedió algo similar, por ejemplo, en el caso del plan de recogida, transporte y tratamiento de basuras, que únicamente se reactivó gracias a las iniciativas socialistas”.

En cualquier caso, el PSOE de la Diputación ha mostrado su “satisfacción por el hecho de que, aunque sea tarde respecto a su compromiso de enero, el Gobierno provincial se haya dado prisa ahora, y solo dos días después de la presentación de nuestra propuesta al Pleno, haya dado el impulso definitivo a este instrumento que fue calificado de urgente y que parece que va a ver la luz casi medio año después”. 

Cádiz, 18 de mayo de 2012

El PSOE denuncia que Diputación ha tenido “dormido en un cajón durante cinco meses” el plan Peces para atender a colectivos en emergencia social  

El Gobierno provincial responde “a la carrera y por teléfono” a una propuesta socialista al Pleno que le instaba al “comienzo inmediato” de un programa que fue presentado a los medios en enero

El Grupo Socialista de la Diputación ha denunciado que el Gobierno provincial ha tardado nada menos que cinco meses en poner en marcha el Programa de Empleo para Colectivos en Emergencia Social (Peces), presentado a comienzos de enero por el presidente de la Corporación, José Loaiza.

Así, el PSOE de la Diputación ha recordado que “a comienzos de enero, el Gobierno del PP en la Diputación presentó a bombo y platillo un instrumento que se vendió como una herramienta imprescindible para atender a un colectivo especialmente castigado por la crisis económica y por el desempleo”, para añadir a continuación que “no sabemos exactamente cuál es el significado que para el PP tienen conceptos como ‘emergencia social’, pero lo cierto es que ese programa se ha mantenido durante cinco meses dormido en un cajón”.

A tenor de la presentación a los medios a cargo del presidente de la Diputación a comienzos de año, el plan Peces está dirigido a colectivos en emergencia social en los pequeños núcleos de población de la provincia. Este programa, con carácter “urgente” según esa misma presentación, destinaba 800.000 euros en 38 municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, para general 782 contratos de 15 días de duración durante los 45 días en los que se prolongará en cada localidad.

En este sentido, el Grupo Socialista ha recordado que el pasado día 15 de mayo presentó una proposición para su debate en el Pleno del próximo lunes en la que instaba al Gobierno provincial, a “comenzar de manera inmediata la ejecución del programa Peces en todos los municipios con los que se firmó el convenio”. Sin embargo, apenas dos días después, ayer jueves 17, “el Gobierno de la Diputación, a través de una comunicación telefónica, comunicó que el plan Peces echará a andar definitivamente el 1 de junio”.

El Grupo Socialista se ha referido a la “respuesta precipitada, a la carrera y por teléfono, del Gobierno provincial, que solo ha sido capaz de poner en marcha un instrumento que se planteaba como un elemento esencial para personas en riesgo de exclusión social cuando nuestra propuesta iba a dejarle en evidencia”. En este sentido, ha destacado que “no es la primera vez que el Gobierno del PP en la Diputación actúa de la misma manera, activando iniciativas o recuperando compromisos que parecía haber olvidado y de los que solo se ha acordado como consecuencia de nuestras demandas en el Pleno. Ya sucedió algo similar, por ejemplo, en el caso del plan de recogida, transporte y tratamiento de basuras, que únicamente se reactivó gracias a las iniciativas socialistas”.

En cualquier caso, el PSOE de la Diputación ha mostrado su “satisfacción por el hecho de que, aunque sea tarde respecto a su compromiso de enero, el Gobierno provincial se haya dado prisa ahora, y solo dos días después de la presentación de nuestra propuesta al Pleno, haya dado el impulso definitivo a este instrumento que fue calificado de urgente y que parece que va a ver la luz casi medio año después”. 

Cádiz, 21 de abril de 2012

González Cabaña destaca el “importante esfuerzo” del PSOE por intentar atraer al PP hacia el consenso en “asuntos que son del interés general”

El portavoz del Grupo Socialista asegura que, “siempre es positivo que el Gobierno de la Diputación se haya visto obligado a dar algún paso hacia la unanimidad, aunque sea a regañadientes”

El diputado recuerda que “hay asuntos en los que los populares aún se comportan más en clave de oposición que de Gobierno”  

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco González Cabaña, ha destacado el “importante esfuerzo que el PSOE está protagonizando en un intento de normalizar las relaciones con el Gobierno provincial, de suavizar tiranteces y de favorecer el máximo clima de entendimiento, lo que parece estar dando algunos primeros frutos”. González Cabaña ha destacado que “auque no deje de ser a regañadientes, siempre es positivo que el Gobierno de la Diputación se haya visto obligado a dar algún paso para respaldar de forma unánime asuntos que son del interés general y en los que es muy complicado quedarse fuera”, una circunstancia que se está viendo favorecida por “la buena disposición de mi grupo y de otros grupos de la Corporación”.

Francisco González Cabaña se ha referido por ejemplo al “gesto” que tanto PSOE como IU tuvieron con el PP “a la hora de aceptar una enmienda de los populares con objeto de conseguir un respaldo unánime en torno a una iniciativa tan importante para la industria naval en particular y para la Bahía de Cádiz en general como la que instaba al Gobierno a ejecutar la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM)”.

El portavoz socialista ha explicado que ese no fue el único caso de “generosidad” de este grupo, ya que “apoyamos decididamente que el Gobierno provincial haya puesto en marcha un plan de financiación de los servicios municipales de transferencia, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Nosotros lo propusimos en octubre y el PP lo rechazó. Por eso, ahora que han sido ellos quienes lo han planteado hemos actuado de forma coherente y lo hemos apoyado encantados; aunque sinceramente nos hubiera gustado que contase con una dotación económica superior a los 4,2 millones de euros de los que dispondrá hasta 2015”

Una situación similar se produjo en dos propuestas más planteadas por el Gobierno del PP y que igualmente contaron con el respaldo socialista: tanto en relación con el impulso a la creación de empleo y la reindustrialización en la Bahía de Cádiz como para reclamar al Ejecutivo de la Nación y a la Junta de Andalucía un incremento de las inversiones para los Planes Provinciales de Obras y Carreteras.

Sin embargo, esa actitud “distó aun bastante de la mantenida por el Gobierno provincial del PP en otros asuntos abordados durante el debate, porque decidió impedir con sus votos negativos que prosperasen iniciativas de gran trascendencia para la provincia” vinculadas al Gobierno central, como pueden ser su compromiso de impulso al parque de Las Aletas o la consolidación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea, el antiguo PER). La propuesta socialista de instar al Ejecutivo de la Nación a modificar los Presupuestos Generales del Estado en el sentido de restablecer los 300 millones de euros para la financiación de los derechos adquiridos por las actuales personas dependientes corrió igualmente una suerte negativa.

Francisco González Cabaña se ha referido también a dos aspectos en los que el PP “se comportó más en clave de oposición que de Gobierno”, como fueron su decisión de dejar de asumir el traslado de las dos decenas de jóvenes de familias en riesgo de exclusión de Vejer y Barbate que son alumnos de la residencia escolar Guzmán El Bueno de Tarifa; y la negativa a respaldar una propuesta socialista para solicitar a la Junta de Andalucía la reversión de la Villa Turística de Grazalema para que Tugasa se encargase de su rehabilitación, reapertura y posterior gestión, una vez que la Consejería de Turismo se implicara económicamente en esas obras de modernización.

Cádiz, 20 de abril de 2012

Moscoso critica la “cortedad de miras” del PP al oponerse a que Tugasa recupere la gestión de la Villa Turística de Grazalema

El diputado socialista asegura que “es incomprensible que el Gobierno provincial rechace que la Junta ceda las instalaciones y firme un convenio económico para su remodelación inmediata”

El diputado socialista Alfonso Moscoso ha calificado de “incomprensible” que el Gobierno del PP en la Diputación votase el pasado Pleno en contra de una propuesta del PSOE que planteaba que Turismo Gaditano (Tugasa) recuperase la gestión de la Villa Turística de Grazalema, que hace unos años dejó de depender de la Corporación Provincial para hacerlo de la Junta de Andalucía. Esa misma propuesta contemplaba “solicitar a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía que firme un convenio de colaboración en materia económica con el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación Provincial que logre la remodelación inmediata de la Villa y el reinicio de su actividad”.

Alfonso Moscoso ha criticado la “cortedad de miras” del PP al rechazar la citada propuesta, que “haría posible cumplir una importante aspiración como es la reapertura de unas instalaciones que llevan dos años a la espera de afrontar su remodelación y que pueden volver a situarse como uno de los principales motores económicos y del empleo en Grazalema”. El mismo diputado ha incidido en que la propuesta incluía también un importante apartado centrado en los 25 trabajadores que están afectados por un expediente de regulación temporal de empleo que debe finalizar el próximo mes de junio. Para ellos se reclamaba un programa específico de formación y empleo remunerado durante un año desde la terminación del citado expediente, hasta que culminaran las obras en las instalaciones del hotel. Paralelamente, se instaba a la Junta y a la Diputación a dar “protección económica” al colectivo mientras el hotel reinicia su actividad.

“Es incomprensible que el Gobierno provincial rechace que la Junta ceda las instalaciones y firme un convenio económico para su remodelación inmediata”, ha asegurado Alfonso Moscoso, quien ha achacado a la “cortedad de miras” la negativa a que “la Corporación Provincial solicite a la Consejería de Turismo la reversión del hotel a Turismo Gaditano para su remodelación, reapertura y gestión”. “La estrategia del Gobierno de la Diputación de establecer una constante confrontación con la Junta de Andalucía no puede traducirse en este tipo de decisiones que, en definitiva, son perjudiciales para los intereses generales”, ha dicho Alfonso Moscoso, quien ha abogado por una “reconsideración de esa actitud, que está traduciéndose ya en consecuencias muy negativas para la ciudadanía, como ha sucedido en este caso”.

El diputado ha recordado que este establecimiento hotelero ya dependió de Tugasa durante años, a lo largo de los cuales resultó siempre rentable hasta que fue cedido a la Junta de Andalucía para ser objeto de una remodelación e incorporarse a la Red de Villas de Andalucía. Desde enero de 2010, la Villa Turística de Grazalema se encuentra cerrada, a la espera de que se realicen esas obras, a partir de un proyecto con un coste de 782.000 euros. La Villa cuenta con una capacidad de 170 plazas (más las convertibles) y era un importante motor de generación de riqueza y empleo en Grazalema y su área de influencia, no solo por su propia actividad sino también como consecuencia de los flujos de visitantes que provocaba en el entorno.

Cádiz, 19 de abril de 2012

El PSOE lamenta que la Diputación “dé la espalda” a los alumnos de Vejer y Barbate en la residencia  escolar Guzmán El Bueno de Tarifa

La diputada socialista Olga González denuncia que el Gobierno del PP “se desentiende de estos jóvenes en riesgo de exclusión social y deja de asumir sus traslados”

El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha lamentado que el Gobierno provincial “dé la espalda” a los 19 alumnos de Vejer y Barbate en la residencia Guzmán El Bueno de Tarifa, al haberse “desentendido por completo de continuar asumiendo el traslado de estos jóvenes como venía haciendo hasta ahora”. La diputada socialista Olga González ha recordado cómo en el Pleno del pasado miércoles “el PP instó a la Consejería de Educación a hacerse cargo de los traslados de estos alumnos, en un paso más dentro de su estrategia de confrontar con la Junta de Andalucía”.

Olga González ha señalado que “hasta este momento ha venido siendo la Diputación quien ha asumido el desplazamiento de este grupo de jóvenes de familias en riesgo de exclusión desde Vejer y Barbate hasta la residencia de Tarifa; y no entendemos que haya motivo alguno para dejar de hacerlo”. En este mismo sentido, la diputada ha censurado que el Grupo Popular se negara expresamente en el Pleno de la Corporación Provincial a introducir, al menos, una moción socialista en la que, manteniendo la reclamación a la Junta para que pase a sostener económicamente esos traslados, la Diputación continuara afrontándolos de manera temporal hasta que fuese efectiva esa modificación.

La Junta de Andalucía tiene competencias en materia de escolarización, pero no tiene la obligación de asumir los traslados de estos jóvenes que ahora, merced a esta decisión del Gobierno de la Diputación, son situados en una posición de gran indefensión”, ha dicho la diputada, quien se ha referido a este caso como “un magnífico ejemplo de la nula apuesta del PP y del presidente Loaiza por las políticas sociales y por la defensa de quienes más las necesitan”.

“La propuesta que el PP llevó ayer al Pleno y finalmente aprobó es lamentable, porque plantea desentenderse de unos jóvenes a los que se quiere utilizar como un arma de confrontación política con la Junta de Andalucía. Al Gobierno provincial no le importa en absoluto el bienestar de esta veintena de alumnos; porque, si le importara, al menos habría aceptado seguir asumiendo el coste de su traslado hasta Tarifa durante el tiempo que fuera necesario para que la Junta se hiciera cargo del mismo”, ha dicho la diputada socialista.

Olga González ha reiterado que “el PP deberá explicar por qué deja a estos jóvenes a su suerte, porque es de todos conocido que provienen de familias en riesgo de exclusión social y que, precisamente por ello, no pueden hacer frente al desembolso que conllevaría su traslado desde Vejer y Barbate hasta la residencia escolar en Tarifa. Por ese mismo motivo, esta Diputación venía asumiendo ese transporte. No porque se tratara de un capricho de alguien”.

“En este episodio, el Gobierno provincial del PP está cometiendo dos atropellos: por una parte, utiliza a estos jóvenes y a sus familias dentro de su estrategia partidista de confrontar de manera permanente con la Junta de Andalucía; y por otra, demuestra cuál es su orden de prioridades a la hora de decidir a qué finalidad se destinan los recursos públicos”, ha señalado Olga González, quien ha concluido diciendo que “en este caso no vale argumentar una supuesta racionalización del gasto. Porque no es de recibo que no sea prioritario garantizar los traslados de estos jóvenes y que sí lo sea, por ejemplo, subvencionar una pista para carreras de galgos como sí ha tenido a bien el Gobierno del PP en la Diputación”.

Cádiz, 18 de abril de 2012

El PSOE reclama un Pleno Extraordinario de Diputación para abordar la ruptura del convenio de recaudación con el Ayuntamiento de Jerez

El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha presentado esta mañana en el Registro de la Corporación Provincial la solicitud de una convocatoria de un Pleno Extraordinario para abordar de manera monográfica la ruptura del convenio de recaudación con el Ayuntamiento de Jerez. Según ha adelantado hoy el diputado socialista José María Román durante la sesión ordinaria de abril desarrollada por la institución supramunicipal, en esa próxima reunión extraordinaria se deberá “estudiar la resolución del convenio de recaudación, así como la defensa de los intereses legales de esta Diputación”.

José María Román ha recordado que, hasta la fecha, el Gobierno provincial no ha respondido a la “reiterada” solicitud de información acerca de los adelantos efectuados al Ayuntamiento de Jerez a cargo del citado convenio, que fue roto de manera unilateral por el Consistorio jerezano, generando un quebranto para las arcas provinciales que podría ascender a 30 millones de euros.

“El presidente y el Gobierno de esta Diputación están obligados a defender los intereses de esta casa y no se puede estar ausente y no querer decir el dinero que se adelantó al Ayuntamiento de Jerez y, sin embargo, plantear previamente la resolución del convenio”, ha dicho José María Román en relación con uno de los puntos del orden del día introducidos por el PP. Además, ha incidido en la “actitud hierática” y en el “mutismo” al respecto de todo cuanto tiene que ver con este episodio tanto del presidente Loaiza como del diputado del área de Hacienda, Juan Antonio Liaño.

El diputado socialista ha recordado que, apenas dos días antes de que el Ayuntamiento de Jerez aprobase en un Pleno “extraordinario y urgente” el pasado mes de febrero la ruptura unilateral del acuerdo de recaudación (que ha provocado un grave perjuicio económico a la Diputación), “al ser preguntado expresamente por ello, el presidente Loaiza dijo que no sabía nada al respecto”, cuando dos de los diputados del grupo popular son a la vez concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez que, solo unas horas después, votó a favor de la ruptura del convenio.

En este sentido, y haciendo un símil con la reciente nacionalización de YPF por parte del Gobierno argentino, José María Román ha señalado que “aquí no se sienta Cristina Fernández de Kirchner, aquí se sienta Antonio Brufau, el presidente de Repsol. Aquí no se sienta el expropiador, sino el expropiado, que está obligado a defender sus derechos”. De ahí que haya criticado la intención del PP de proponer en el Pleno de hoy la resolución del referido convenio “antes de haber liquidado los derechos y obligaciones de cada parte, que es justamente al revés de como debe hacerse: lo primero es saldar las obligaciones entre ambas partes y ante eventuales terceros; y después, y solo después, decidir la resolución del convenio”.

La deuda de Diputación, saldada en tres meses y medio
Paralelamente, José María Román ha señalado que “espero que el presidente Loaiza y el diputado Liaño estén contentos y satisfechos. Y deben estarlo porque la deuda de la Diputación de 16,9 millones de euros que podrá ser saldada al amparo del Real Decreto Ley 4/2012 en apenas tres meses y medio y sin necesidad de hacer un plan de ajuste previo, con la mitad de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), revela que las arcas de la Diputación no están en la lastimosa situación que han venido denunciando y atribuyendo a la gestión heredada del PSOE”. En este sentido, Román ha dicho, de forma irónica, que “no creo que ni el señor Loaiza ni el señor Liaño fueran capaces de decir que las cuentas de Diputación estaban fatal por culpa de los socialistas sin que lo estuvieran, sabiendo que eso hace mucho daño a esta casa”.

El diputado socialista ha incidido en que “los hechos y los números son tozudos, y se han encargado de desmentir todas esas falsas acusaciones. Esta Diputación firmó 3 millones de euros con el ICO cuando pudo haber llegado a 30 millones. Y ahora, presenta al Gobierno central una relación de facturas que suman solo 16,9 millones de euros y para pagarlas ni siquiera necesita hacer un plan de ajuste porque le basta con destinar la mitad de la PIE durante tres meses”.

José María Román ha incidido en otros datos facilitados en los últimos meses por el Gobierno provincial que hablan a las claras de la buena gestión socialista al frente de la Diputación, como los cerca de 80 millones de euros que la Corporación mantenía en cuentas bancarias al cierre de 2011.  Igualmente, ha señalado “los datos de plazo medio de pago. Porque, cuando aquí hablábamos de tres meses como mucho, hay ayuntamientos que pagan a dos, tres o cuatro años. Y ahora vemos cómo la Diputación no precisa hacer un plan de ajuste para afrontar el pago de una deuda que saldará en tres meses y medio y no en diez años, que son ciento veinte meses”.