Cádiz, 10 de abril de 2012
El PSOE propone
exigir al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una
dotación suficiente para Las Aletas y los Buques de Acción Marítima
El Grupo
Socialista lleva al Pleno de Diputación la solicitud de que la Corporación
Provincial retome la gestión de la Villa Turística de Grazalema, la defensa del
PER y el restablecimiento de los derechos de las personas dependientes
El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado
diversas iniciativas ante el próximo pleno de la Corporación Provincial, entre
los que destacan instar al Gobierno a que los Presupuestos Generales del Estado
incluyan una dotación suficiente para contratar a Navantia la segunda fase de
los Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada, así como para pagar las
unidades que integraban la primera fase de ese programa. También en relación
con las cuentas estatales para 2012 destaca una propuesta que persigue un
impulso decidido al Parque de Las Aletas, “el proyecto de la Bahía del siglo
XXI”.
La propuesta de acuerdo planteada por el
Grupo Socialista de Diputación acerca de los Buques de Acción Marítima recoge que
el último Gobierno del PSOE dejó “solo pendiente de la firma de la orden de
ejecución” la contratación de los nuevos BAM “por parte del Ministerio de
Defensa a los astilleros públicos de Navantia”, un encargo que se considera
“esencial para garantizar la carga de trabajo” en las factorías de la Bahía de
Cádiz.
La propuesta recuerda cómo el Pleno de la
Diputación del pasado mes de febrero respaldó de forma unánime una iniciativa
socialista que reclamaba al Ejecutivo de la Nación que aprobara “de manera
inmediata” la orden de ejecución de la segunda fase de los BAM, si bien ahora
“los Presupuestos Generales del Estado aprobados inicialmente por el Gobierno
no recogen ningún tipo de consignación presupuestaria: no lo hacen para
realizar nuevos encargos; ni tampoco para pagar los que formaban parte de la
primera fase del programa y que ya han sido construidos y entregados a la
Armada”.
Apoyo al proyecto del Parque de Las Aletas
Por lo que respecta al Parque de Las
Aletas, el PSOE pretende “instar al Gobierno de la Nación a comprometerse, como
hasta ahora han venido haciendo los anteriores Gobiernos socialistas, para
materializar el desarrollo del futuro del Parque de Las Aletas”. Para ello se
plantea exigir al Ejecutivo que garantice, “a través de las consignaciones
necesarias en los Presupuestos Generales del Estado, la dotación económica
suficiente para permitir al Consorcio de Las Aletas continuar con el desarrollo
del proyecto”.
La propuesta recuerda que todas las
Administraciones Públicas han venido haciendo causa común en defensa del
polígono de Las Aletas “hasta que progresivamente, y coincidiendo con el cambio
de signo político en el Gobierno central, se vienen manifestando por parte de
dirigentes del PP en la provincia serias dudas y giros sobre las posibilidades
de futuro de este proyecto impulsado por los socialistas”; y en este sentido,
reclama que el Pleno de la Diputación “haga público su apoyo a este proyecto”
que se comprende como “una oportunidad única para la generación de empleo en la
Bahía”. “Ahora más que nunca, en estos momentos de crisis, la Bahía de Cádiz
necesita que todos sus interlocutores defiendan con firmeza un proyecto que
significaría un revulsivo económico y social para la zona”, incide la
propuesta.
La Villa Turística de Grazalema
El Grupo Socialista de Diputación llevará
igualmente al próximo Pleno una propuesta en la que se pretende que la
Corporación Provincial reclame para sí, a instancias del Ayuntamiento de
Grazalema, “la remodelación, reapertura y gestión” de la Villa Turística de la
localidad serrana, la que fue primera de Andalucía y auténtico modelo en el
conjunto de la Comunidad Autónoma. La Villa Turística de Grazalema fue
gestionada durante años por Turismo Gaditano (Tugasa) hasta que pasó a depender
de la Junta de Andalucía. Hoy lleva dos años cerrada, a la espera de unas obras
de remodelación de las que aún se desconoce la fecha de inicio. De ahí que esta
misma iniciativa del Grupo Socialista incluya “solicitar a la Consejería de
Turismo de la Junta de Andalucía que firme un convenio de colaboración en
materia económica con el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación Provincial
que logre la remodelación inmediata de la Villa y el reinicio de su actividad”.
La propuesta del PSOE recuerda cómo el Ayuntamiento tramitó “de la manera más ágil posible”
la licencia de obras para el proyecto de remodelación del hotel, que fue
concedida el 16 de septiembre de 2011, tras constatarse el proyecto de
inversión y obras elaborado a tal efecto. La cuantía de la remodelación
asciende a 782.029,14 euros. “A fecha de hoy, se desconoce cuándo comenzarán
las obras, lo que provoca una situación de incertidumbre entre los trabajadores
del hotel, así como de la propia ciudadanía”, asegura la propuesta.
Al hilo de lo anterior, y como consecuencia del apoyo
unánime del pasado mes de marzo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento
de Grazalema (PSOE, PP, PA e IU), el Grupo Socialista traslada el acuerdo promovido
por la Alcaldía-Presidencia de ese Municipio: “Instar a la Diputación de Cádiz a que solicite mediante acuerdo plenario a
la Junta de Andalucía la reversión del Hotel a Turismo Gaditano SA para su
remodelación, reapertura y gestión. Solicitar al Sr. Presidente de la
Diputación de Cádiz que, una vez se haya llevado a cabo el proceso de
reversión, priorice invirtiendo los recursos económicos necesarios para la
remodelación y reapertura del Hotel. Solicitar a la Junta de Andalucía que
tramite con la máxima urgencia y celeridad la solicitud de la Excma. Diputación
de Cádiz, mediante los acuerdos y/o actos jurídicos y administrativos que
procedan”.
Paralelamente, la propuesta
socialista presta atención a la situación de los 25 trabajadores de la Villa
Turística, por lo que se plantea “solicitar a las Consejerías de Empleo y de
Turismo que estudien la posible aprobación de un programa específico de
formación y empleo remunerado durante un año desde la terminación del expediente
de regulación temporal en el que están inmersos, hasta tanto estén concluidas
las obras en las instalaciones del hotel”. De ahí que también se proponga
“solicitar tanto a la Diputación como a la Junta de Andalucía que acuerden la
situación laboral de los trabajadores mientras el Hotel reinicia de nuevo su
actividad, de forma que exista protección económica para las 25 familias que se
han visto inmersas en el proceso acontecido”.
La defensa del antiguo PER, “una herramienta de
primera magnitud”
Otra de las principales iniciativas del Grupo
Socialista de Diputación tiene que ver con el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA), en unos
momentos en que la crisis económica general está provocando unos efectos
especialmente negativos en el medio rural, donde el desempleo en el sector
agrario se suma al que viene registrándose en otros sectores como el de la
construcción. “El PFOEA significa inversiones; pero también significa el pago
directo de salarios a trabajadores desempleados, cualificados y no cualificados.
Con lo cual, si este programa tomase forma de una empresa, podríamos decir que
ésta sería la principal empleadora en la Comunidad Autónoma: anualmente ejecuta
unas 1.500 obras en las ocho provincial andaluzas; y paga salarios por un
importe bruto anual de 142 millones de euros a través de un programa mensual de
contrataciones que genera en torno a 90.000 contrataciones por obras o
servicios determinados”, asegura la propuesta socialista.
“En la actualidad, el PFOEA está en uno de los
momentos de mayor utilidad que se ha conocido para las Entidades Locales, de
forma que ejecuta obras, presta servicios y acumula demandas para atender
muchas necesidades municipales que hacen que, paradójicamente, mantenga o
incremente su interés como programa. El PFOEA es una herramienta de primera
magnitud que permite el desarrollo de actividades complementarias para la
comunidad que no pueden hacerse con los servicios municipales básicos y cuya
utilidad, hoy por hoy, se acrecienta en la medida que otros Planes y Programas
ya ha sido recortados o suprimidos”, mantiene la propuesta socialista, que
incide en que “los beneficios proporcionados por el PFOEA superan a los de un simple Programa de
Obras Públicas, ya de por sí importantes, porque el Programa es mucho más que
eso: es un programa multifuncional que genera efectos multiplicadores en varias
direcciones”.
De ahí que, “más allá de valoraciones ajenas a esta
tierra que no saben o pueden tener en cuenta la auténtica trascendencia social
de este programa”, haya que recordar el reciente acuerdo de UGT, CCOO, COAG y
UPA en torno a un manifiesto conjunto en defensa de este programa, que lleva a
mostrar “preocupación por el silencio que, a día de hoy, mantiene el Gobierno
de la Nación sobre la financiación del PFOEA en el ejercicio 2012”; por lo que
se solicita a la Delegación del Gobierno en Andalucía “la celebración urgente
de la Comisión Regional de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo
Agrario, en el plazo previsto reglamentariamente, para posibilitar el inicio
del Programa en su anualidad 2012 y que los Ayuntamientos andaluces puedan
presentar sus proyectos sobre la base de las cantidades asignadas en el año
anterior más el IPC, según el acuerdo adquirido con los agentes sociales”.
La propuesta socialista incluye igualmente tanto la “gran
preocupación por las grandes pérdidas que está experimentando el sector, tanto
sus empresas como sus trabajadores, fruto por la confluencia de factores
climatológicos adversos (la sucesión de heladas y sequía), que está afectando a
cultivos, campañas y jornales, de una forma que ya es alarmante y que
aconsejaría la aprobación de medidas y fondos extraordinarios”; como “la
necesidad de abordar nuevamente los
estudios necesarios para que esta política activa, y su financiación, sean
transferidas íntegramente a la Comunidad Autónoma de Andalucía”; y “la conveniencia,
mientras continúe la paralización del Programa por parte del Gobierno central,
de articular Mesas Territoriales provinciales para la defensa de este Programa”.
Trescientos
millones en los PGE para los derechos de los dependientes
La atención a las personas dependientes protagoniza
otra de las propuestas del Grupo Socialista de Diputación al próximo Pleno, que
parte de que el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone
que las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a
acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y
servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo
personal y social.
De esta manera, en la anterior sesión plenaria “se
planteó a esta Corporación una propuesta que tenía relación con la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia”. Entonces, el Gobierno del Partido
Popular había aprobado el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público (introduciendo en su disposición final decimocuarta
una grave medida atentatoria contra los derechos de las personas dependientes,
atacando frontalmente al cuarto pilar del Estado del Bienestar, al aplazar
hasta el 1 de enero de 2013 la efectividad del derecho a las prestaciones para
aquellas personas que sean valoradas en el Grado I de dependencia moderada,
Nivel 2).
“La medida tomada por el Gobierno del PP, además de injusta y poco
solidaria, provocó un freno al mantenimiento y a la creación de empleo. Y
ahora, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se elimina
una partida para la Ley de Dependencia de 283 millones de euros dirigida a
cubrir las necesidades de los discapacitados; un dinero, ‘nivel convenido para
la Dependencia’, que era entregado a las comunidades para compensar
circunstancias particulares”, asegura la propuesta socialista al Pleno, que no
obstante continúa mostrando el temor de que “más allá de los efectos
circunstanciales”, este recorte pueda ser “solo el primer paso para
tirar abajo la Ley de Dependencia”. De ahí que el Grupo
Socialista inste al Gobierno de la Nación a que “se haga una modificación de
los Presupuestos Generales del Estado de manera que se restablezcan los 300
millones de euros para la financiación de los derechos adquiridos por las
actuales personas dependientes”.
