Solís considera “un atropello”
que el Gobierno central haya tratado a los españoles que marcharon del país en
las décadas de los 50, 60 y 70, después retornados, como si fuesen
defraudadores de la Hacienda Pública
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| Jesús Solís junto a Ruiz Boix en una reunión |
El diputado provincial socialista
Jesús Solís defenderá en el próximo pleno ordinario de la Diputación de Cádiz
una moción que tiene como finalidad instar al Gobierno de España a que
reconsidere la situación en la que han inmiscuido a los emigrantes retornados.
“Tras la comunicación que recibieron éstos en 2013, a través de la
Agencia Tributaria, informándoles de la apertura de expediente relacionado con
las pensiones que perciben del extranjero y se les reclamaba información, así
como una posible sanción por no haberlas declarado el PSOE no ha cejado en su
empeño de paliar esta desagradable situación”, asevera el diputado. Por esa
razón, el Grupo Socialista llevará una moción para “establecer un tratamiento
fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero y que los
beneficiarios españoles retornados tengan una aplicación directa por parte de
la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación
evitando, así, regularizaciones posteriores”, comenta Solís.
Así pues, el socialista
manifiesta que “no es comprensible el perjuicio que se les ha provocado a estas
personas debido a la regularización de los años no prescritos, además no se
puede consentir que se les atribuyan prácticas de fraude ya que jamás han
tenido voluntad de hacer las cosas de manera incorrecta, sin contar, el escaso
o nulo conocimiento fiscal que tienen estos emigrantes retornados”. Añade, “es,
además, un despropósito que esto se haya reclamado hasta a familiares de
emigrantes ya fallecidos”. No existe pues fraude alguno, ya que la
Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas
pensiones. En este sentido, dice el diputado del PSOE que “mientras que a los
beneficiarios de la amnistía fiscal tuvieron asesoramiento del Gobierno y
regularizaron su fiscalidad con un gravamen escaso y sin sanciones, ni
intereses, a los emigrantes retornados les ha sucedido todo lo contrario;
personas que no quisieron defraudar y que reciben poca o escasa información y
que se han visto obligados a pagar gravamen”.
Por todo ello, es preciso regular
esta situación que se ha generado por no tener en cuenta las circunstancias de
estas personas que un día abandonaron su país con escasos recursos económicos y
que han vuelto siendo pensionistas y ayudando con sus divisas a la propia
economía española. Ese motivo hace que Solís considere que “se debe proceder a
la devolución inmediata de los importes cobrados a los pensionistas retornados
de Alemania con el objeto de obedecer las sentencias judiciales dictadas a
tales efectos”. Sigue diciendo que “la AEAT deberá asumir las sentencias que
dan por exentas las rentas alemanas para respetar, de ese modo, los convenios
bilaterales entre ambos países y que se procede a la devolución de oficio de
las cantidades recaudadas por este concepto entre el año 2010 y 2013” .
Pero toda esta situación “podría
haberse evitado”, dice Solís, si se hubiese escuchado al colectivo afectado.
“El Ministerio de Haciendo hizo oídos sordos y se negó a buscar un acuerdo para
anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable para actualizar
sus declaraciones, sin que ellos supusiera multas, ni intereses de demora”.
Aunque la lucha de los emigrantes retornados hizo que la Administración
Tributaria accediese a corregir su forma de proceder anulando las sanciones y
dejando de aplicar intereses de demora, ese plazo se estableció por seis meses,
los primeros de 2015, pero pasado ese tiempo la Agencia Tributaria continuó
exigiéndoles que tributasen con carácter retroactivo aquellos ejercicios no
prescritos cuando se iniciaron los trámites, concretamente, el periodo
comprendido entre 2008 y 2012” .
Según Solís “la regularización tributaria de los emigrantes retornados en
España se debería hacer de oficio y no a instancias de esas personas ya que
muchas no pueden acceder al trámite, ni han podido hacerlo, por diferentes
razones, entre ellas reducción de movilidad, recursos, etc.”. Hay que tener muy
en cuenta a esos afectados que tiene reconocida una incapacidad en los países
dónde consiguieron sus pensiones, pero no las tienen en España, algo que les
lleva a no disfrutar de ciertas exenciones de la Haciendo Pública, “este asunto
también debe ser tenido en cuenta para exista igualdad de derechos entre los
ciudadanos españoles, algo que supone un derecho constitucional”, arguye el
diputado.
Por último, Solís instará al Gobierno central en el
pleno del ente provincial a que “los pensionistas retornados reciban un borrador
de la renta con todos los ingresos a declarar con el objeto de facilitarles el
trabajo, así como la no aplicación de sanciones, ni recargos a posteriores
requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización”.
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