El PP rechaza que el Observatorio Científico de las almadrabas sea financiado con fondos de la UE

El PSOE consigue sacar adelante una propuesta en respaldo a la marroquinería de Ubrique e Irene García exige al Gobierno provincial que ponga en marcha un plan de apoyo al sector 

Diputados y diputadas del Grupo Socialista antes del inicio del Pleno, con Irene García en primer término

Cádiz, 29 de enero de 2014. El Gobierno provincial del PP ha rechazado esta mañana que el Observatorio Científico de las almadrabas, un instrumento esencial para el sostenimiento de esta actividad pesquera tradicional de la provincia y sostén de un buen número de empleos, pueda ser financiado con fondos procedentes de la Unión Europea. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE, Irene García, ha destacado que “no contentos con el que el Gobierno de Rajoy no haya incluido el Observatorio Científico en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, ahora los diputados y diputadas provinciales del PP rechazan instarle a que consiga que se financie a través de la Unión Europea, una exigencia perfectamente razonable dado que el conocimiento de la especie y de sus posibles aprovechamientos pesqueros tienen interés más allá de las fronteras españolas”.

Irene García ha calificado la decisión del Gobierno provincial del PP como “injustificada e injustificable”, y ha lamentado que “una vez más, los cargos electos del Partido Popular actúan en representación de esas siglas en lugar de hacerlo en nombre de los ciudadanos que les han votado”. Así, ha manifestado que “tanto el presidente Loaiza como el resto de los diputados y diputadas del PP deberán explicar al sector almadrabero el porqué de su voto negativo, cuando el mantenimiento del Observatorio Pesquero viene siendo una demanda histórica, así como un factor decisivo para aumentar su número de empleos”. Paralelamente, ha incidido en su “enorme importancia desde el punto de vista del conocimiento del estado del recurso, ya que sus conclusiones son esenciales para el estudio de su evolución y para su posterior aprovechamiento pesquero, empresarial y comercial”.

El Pleno de la Diputación sí ha dado su respaldo a una iniciativa socialista centrada en la marroquinería de Ubrique y que pretendía recabar el apoyo de la Corporación provincial a su consideración como sector preferente de la economía andaluza, lo que acarrearía el acceso a los incentivos habilitados por la Junta en materia de modernización de sus estructuras y de impulso del empleo. Paralelamente, esta iniciativa instaba al Gobierno de la Nación a apoyar la inclusión del sector de la piel en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países, realizando las actuaciones precisas para ello. 

Irene García ha saludado el respaldo del PP a esta propuesta, si bien ha lamentado que se haya votado “a regañadientes, hasta el punto de que los reproches y las críticas que han jalonado la intervención del señor Romaní más bien hacían presagiar un pronunciamiento en contra”. En este sentido, ha reclamado al diputado responsable del área de Empleo “la elaboración de un plan de apoyo a la marroquinería de Ubrique, que incluya actuaciones concretas y que pueda traer a este mismo Pleno, si es posible, ya en la próxima sesión del mes de febrero”.

La portavoz y secretaria general ha destacado la “reiterada apuesta” por el sector de la piel que viene realizando el PSOE en todos los ámbitos de actuación, desde el local al nacional, pasando por el autonómico, con gran protagonismo de los socialistas ubriqueños; y ha recordado que “la presidenta de la Junta va a estar encantada de incluir a nuestra marroquinería entre los sectores preferentes de la economía andaluza, un lugar que debe ocupar por merecimientos propios”. 

La portavoz del Grupo Socialista charla con el secretario de la Diputación, momentos antes del comienzo de la sesión

El Grupo Socialista ha llevado al Pleno de la Diputación un total de cuatro propuestas tras el veto del presidente Loaiza a incluir en el orden del día una iniciativa que reclamaba la retirada de la reforma de la ley del aborto. Las dos restantes se centraban, por una parte, en la petición de un convenio de colaboración con las escuelas taurinas municipales, de forma que estas reciban financiación para el desarrollo de las clases prácticas a sus más de 200 alumnos de toda la provincia; y por otra, en la necesaria implicación de la Corporación provincial en la mejora de las explotaciones agrarias de titularidad municipal, “una medida de gran importancia para nuestros pequeños pueblos, que no pueden hacer frente a los desembolsos necesarios para ello”. La primera de ellas ha sido aprobada, mientras la segunda ha sido rechazada con los votos negativos del PP.

El PSOE denuncia que Loaiza “impone la censura” al dejar fuera del Pleno una propuesta que rechaza la reforma de la ley del aborto

Irene García asegura que el presidente de la Diputación usa “la mordaza como criterio de comportamiento institucional” y alerta de que el PP está en “un viaje sin retorno hacia posiciones de la derecha más rancia” 

Cádiz, 28 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha denunciado que el presidente de la Corporación ha “impuesto la censura” al negarse a incluir en el orden del día del Pleno de mañana una propuesta del PSOE que pretendía instar al Gobierno de la Nación a retirar la reforma de la ley del aborto, presentada en Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre como anteproyecto de Ley Orgánica.

“El Gobierno del PP en la Diputación, con el presidente Loaiza a la cabeza, ha decidido imponer la mordaza como criterio de comportamiento de una institución. Porque eso es justamente lo que ha hecho, en una interpretación escasamente democrática de sus atribuciones como máximo responsable de la Corporación, al no incluir en el Pleno una propuesta planteada en tiempo y forma por el Grupo Socialista, en la que se pretendía buscar un posicionamiento de la Corporación en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la reforma de la ley del aborto”, ha explicado. 

Irene García ha incidido en que el hecho de dejar fuera del orden del día del Pleno un asunto de este calado representa “un ejercicio de auténtica censura por parte del PP, que solo puede explicarse por un alejamiento de la realidad social y por una creciente influencia en sus estructuras de poder de los sectores más ultraconservadores y reaccionarios. De hecho, tanto el PP en general como el PP de Cádiz en particular están inmersos en un viaje sin retorno hacia posiciones de la derecha más rancia”. 

Esta actitud explicaría que “al Partido Popular de esta provincia no le preocupa el salto atrás en el tiempo al que el Gobierno de Rajoy y de Ruiz-Gallardón quiere condenar a las mujeres gaditanas”. En consecuencia, “para ese partido, y para el presidente de la Diputación, muy por encima de los intereses de esas mujeres está su intento de silenciar las voces críticas y de impedir el ejercicio democrático de evidenciar la discrepancia”. 

La portavoz del Grupo Socialista ha señalado que “a los niveles escandalosos de sectarismo político a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno del PP en la Diputación, que le llevan a establecer una doble vara de medir que siempre beneficia a los municipios gestionados por ese partido, y a la alarmante utilización de las instituciones dentro de sus estrategias partidistas, en la que la inminente recolocación del hasta hoy alcalde de El Puerto es uno de sus principales exponentes, hay que añadir ahora un nuevo giro de tuerca como es el veto a iniciativas que pueden resultar incómodas o inconvenientes para esa formación”.

Irene García ha destacado que la propuesta socialista que no podrá debatirse en el Pleno por la decisión unilaterial del presidente Loaiza “buscaba instar al Gobierno de la Nación a que dé marcha atrás a sus planteamientos y a que retire esa modificación legislativa regresiva que sitúa a las mujeres de toda España, y también de esta provincia, en la clandestinidad. Dicho de otra forma, las  mujeres gaditanas se ven ahora abandonadas por el Gobierno del PP en la Diputación a poder ser estigmatizadas y a no decidir libremente en torno a su maternidad”. Por ello, “será el propio presidente Loaiza quien deba aclarar públicamente las razones de este veto, en un asunto que afecta a muchas mujeres de esta provincia e incluso al conjunto de la ciudadanía gaditana, por lo que significa de amenaza de pérdida de unos derechos que contribuyen a crear una sociedad más libre”.

“Desconocemos si la decisión del señor Loaiza es un intento de evitar la fractura de la unidad de voto en el Grupo del PP en la Diputación, ya que a día de hoy no se ha escuchado voz disonante alguna en el seno de sus diputados y diputadas, así como en el conjunto de sus dirigentes provinciales, respecto a los dictados retrógrados del ministro Ruiz-Gallardón”, ha afirmado. “Por tanto –ha continuado-, consideramos que simplemente se trata de un burdo intento de eliminar del orden del día un asunto que está provocando una importante respuesta social, así como una honda preocupación en amplias capas de la ciudadanía; por cierto, entre ellas seguramente de buena parte del electorado del propio Partido Popular”. 

Irene García ha concluido diciendo que “a pesar de este atropello, el PP no va a conseguir su objetivo. El presidente Loaiza no va a poder imponernos esa mordaza. Porque el Grupo Socialista va a llevar al Pleno de mañana nuestra preocupación por una infame reforma de la ley del aborto. No podremos debatir nuestra propuesta, pero se escuchará nuestra voz y él tendrá que argumentar por qué ha decidido hurtar a la ciudadanía de esta provincia la posibilidad de conocer qué posición ocupa cada grupo político en torno a una cuestión de enorme trascendencia social”.

El PSOE centra sus propuestas al Pleno en el empleo y en el impulso a los sectores estratégicos

Irene García destaca la presentación de iniciativas de respaldo a la pesca, la marroquinería y el sector agrario, “actividades esenciales en nuestro tejido productivo y en nuestro mercado de trabajo”

La portavoz y secretaria general afirma que la Diputación “no puede permanecer impasible” ante una provincia que “se aproxima a la fractura social” con 225.100 desempleados y cerca de un 41% de paro

Cádiz, 24 de enero de 2014. El Grupo Socialista ha presentado diversas propuestas al Pleno de la Diputación del próximo miércoles con “el denominador común del fomento del empleo y de la generación de actividad económica en la provincia, de la mano de algunos de sus sectores estratégicos”. Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que las proposiciones planteadas por el PSOE hacen referencia “al impulso de ámbitos de actividad esenciales en el tejido productivo y en el mercado de trabajo gaditanos, tales como la pesca, la marroquinería y el sector agrario. Además, estas iniciativas responden a contactos previos mantenidos con los propios sectores y a nuestro compromiso de servir de altavoz y de canal para que sus reivindicaciones tengan eco en las distintas instituciones”.

“Los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa demuestran que el Gobierno del PP en la Diputación no puede permanecer impasible ni un minuto más, ni seguir oponiéndose a la aprobación de un plan de empleo que atienda a aquellas personas que han perdido su trabajo, cuentan con cargas familiares y se encuentran en una situación de auténtica emergencia”, ha señalado Irene García. Y ha destacado que “los 225.100 desempleados medidos por la EPA al cierre de 2013 y la tasa de paro cercana al 41 por ciento, la más alta del país, nos aproximan a una situación de auténtica fractura social ante la que no valen ya excusas ni fuegos de artificio, que son las dos únicas respuestas que el Partido Popular viene dando en materia de empleo desde que gestiona la Corporación provincial”.  

De esta manera, la propuesta centrada en el sector pesquero, buena parte del mismo aún a la espera de regresar al caladero marroquí tras más de dos años sin poder faenar en esas aguas, pretende instar al Gobierno a que acelere en lo posible esa vuelta a la actividad, al tiempo que “mantenga para Andalucía las cantidades que venían recibiéndose hasta estos momentos de mano de los fondos europeos, que sumaban 216 millones de euros y que se completaban por una aportación de la Junta que los elevaba hasta los 296 millones de euros”.

Paralelamente, se exige al Ejecutivo central a “prestar atención a un sector de una enorme tradición y de una gran importancia económica y social, como son las almadrabas”. Para sus trabajadores se reclama que puedan recibir la consideración de ‘pescador’, lo que abriría la puerta a la recepción de ayudas; y para el sector en general se pide un aumento de la capacidad de capturas de atún rojo que repercuta directamente en las almadrabas, o que en su defecto “se ponga a su disposición parte del fondo de maniobra para paliar la disminución de cuota que han sufrido en los últimos años”. “Una y otra exigencia pueden considerarse claves para garantizar tanto la viabilidad del sector como, especialmente, la estabilidad de sus puestos de trabajo”, ha dicho. También respecto a las almadrabas, se plantea “la necesidad del mantenimiento del Observatorio Científico mediante su financiación a cargo de fondos europeos, toda vez que el ministro Arias Cañete y el presidente Rajoy no ha tenido a bien incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado”.  

El impulso de la marroquinería de Ubrique merece por sí mismo una propuesta al Pleno, en el sentido de “apoyar su consideración como sector preferente de la economía andaluza por parte de la Junta, lo que se traduciría en importantes incentivos para el desarrollo de sus productos y procesos, a la modernización de sus estructuras y a la consolidación del empleo existente, cuando no a la generación de nuevos puestos de trabajo”. 

Irene García ha recordado que “el pasado otoño mantuvimos un importante encuentro sectorial con representantes de nuestro sector de la piel, de la misma forma que hicimos también con nuestros pescadores y nuestro sector almadrabero. En el caso concreto de la marroquinería de Ubrique, se nos trasladó la importancia de que el Gobierno de la Nación se implique decididamente para conseguir su inclusión en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países, y en esa línea buscamos un acuerdo del Pleno de la Diputación”.

La portavoz ha recordado que “tanto esa consideración de sector preferente de la economía andaluza como su inclusión en el Registro de Indicaciones Geográficas de Productos no Agrícolas de Europa y Terceros Países han sido proyectos liderados por los socialistas, primero en el plano local en Ubrique, y después en el ámbito provincial, regional y nacional. Y ahora de lo que se trata es de que la Diputación dé un paso adelante y se signifique como una aliada del mismo”.

La propuesta vinculada al sector agrario se centra en solicitar que la Diputación tome partido en la conservación y mejora de las explotaciones agrícolas y ganaderas de titularidad municipal, buena parte de las cuales adolece de las necesarias condiciones para el desarrollo de la actividad en condiciones idóneas desde un punto de vista de rentabilidad empresarial. “La difícil situación económica que atraviesan los pequeños ayuntamientos rurales provoca que no puedan afrontarse las inversiones necesarias para su adecuado mantenimiento y para la puesta en valor de estas fincas, la mayoría de las cuales están arrendadas o cedidas con carácter gratuito a sus propios vecinos”, ha señalado. 

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha destacado que “esa línea económica que debe poner en marcha la Diputación no solo va a desahogar a los ayuntamientos propietarios de esas fincas, sino que dignificará tanto las condiciones en las que se produce su explotación como la calidad de vida de quienes las trabajan de manera cotidiana”. En concreto, la propuesta socialista plantea que esta línea económica pueda dedicarse a la consolidación y mejora de edificios, cercados, dependencias e instalaciones para el ganado, instalación de básculas, mantenimiento de caminos rurales en las fincas o la mejora de su electrificación… “Se trata de que la Diputación cumpla efectivamente con su papel de ayuda a los pequeños municipios y se convierta en un aliado del sector agrario de la provincia, siquiera a través de estas fincas públicas que no pueden aspirar a otras vías para financiar su mejora”, ha dicho Irene García.

Además, el Grupo Socialista llevará al Pleno del próximo miércoles una cuarta propuesta, que “aúna una indudable dimensión cultural con una importante trascendencia en el mundo del empleo”. Se trata de una iniciativa para que la Diputación suscriba un convenio de colaboración con las escuelas taurinas municipales de la provincia, en virtud del cual ayude a la financiación de las clases prácticas necesarias para la formación de sus alumnos, que en conjunto suman más de 200 jóvenes en toda la provincia. “En contrapartida –ha explicado-, la propia Diputación podría alcanzar acuerdos con los ayuntamientos que así lo deseen, de forma que estos puedan incorporar esas clases prácticas a su oferta de festejos, con acceso gratuito para los aficionados”. 

A juicio de Irene García, “esta actuación, además de satisfacer la necesidad de estos alumnos y de las escuelas en las que se forman, supondría un importante revulsivo para el sector del toro, una actividad que genera un gran número de empleos en esta provincia, que desarrolla una importante tarea ambiental en nuestro campo, y que está padeciendo como pocos los efectos de la crisis económica”. “En el encuentro mantenido con ellos a finales del pasado año, los presidentes de las escuelas taurinas de la provincia nos trasladaron su preocupación por las dificultades que el sector empresarial vinculado al mundo del toro viene padeciendo. Por eso, consideramos que la Diputación debe ser sensible tanto a los problemas económicos de estas entidades y a las necesidades formativas de sus alumnos como al momento extremadamente delicado que atraviesa todo un sector productivo clave para el empleo en nuestro medio rural y para el desarrollo de importantes zonas de esta provincia”.

El PSOE pide la retirada de una reforma de la ley del aborto que “devuelve a las mujeres a la clandestinidad”

Irene García afirma que el Gobierno del PP plantea “un grave retroceso de más de treinta años” que arrebata el derecho a decidir sobre la propia maternidad y “situará a España como una excepción en toda Europa” 

Cádiz, 22 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que pretende que la Corporación provincial inste al Gobierno de la Nación a “retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica, presentado en Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”. 

Así lo ha adelantado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que la reforma impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón y el Gobierno de Mariano Rajoy “volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”.

“El anteproyecto de Ley Orgánica no solo confirma las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres, sino que tristemente las supera”, ha afirmado. Y ha explicado que ese texto aprobado por el Gobierno “suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, despenalizándolo solo en los supuestos de violación y, textualmente, de ‘grave peligro para la vida o la salud’ de la mujer, privándole de su derecho a decidir sobre su maternidad”. Irene García ha llamado también la atención sobre “la supresión del supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado”.

“Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de treinta años en la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa”, ha señalado, para añadir que “en los últimos tiempos ningún país europeo ha legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos”.

Irene García ha destacado el “enorme rechazo social” que esa reforma legislativa ha despertado en la ciudadanía española y europea, asi como entre las organizaciones sociales, profesionales y feministas. Y se ha referido tanto a “la aparición de declaraciones de miembros del propio PP, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, en las que se discrepa de su contenido”, como a “la crítica de representantes políticos y medios de comunicación de otros países, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha”.

Frente a esta grave amenaza, ha defendido la vigencia de la norma actualmente en vigor (la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), que “declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes; y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que no solo implica reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.

La portavoz y secretaria general ha recordado igualmente que aquella ley, impulsada con el anterior Gobierno del PSOE, fue “debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”.

Desde ese planteamiento, aquella ley que hoy continúa vigente consiguió “sustituir una regulación que veinticinco años atrás ya había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. E incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea”.

“Todo lo relacionado con materia de empleo en la Diputación se sitúa en el ojo del huracán”

Irene García asegura que las denuncias de irregularidades en el proceso de selección para cubrir puestos de enfermeria en residencias de ancianos son un nuevo episodio dentro de un “rosario de casos turbios”

Cádiz, 21 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha salido al paso de las denuncias de “graves irregularidades” registradas en torno al proceso de selección para cubrir puestos de enfermería en las residencias de ancianos de la Diputación. Irene García ha destacado que esas quejas provienen tanto de sindicatos como del propio Colegio de Enfermería y ha anunciado que los diputados y diputadas socialistas presentarán “una batería de preguntas en el próximo Pleno” con objeto de que el Gobierno provincial “aclare lo ocurrido con respecto a este proceso de selección para cubrir puestos de vital importancia para atender personas en las distintas residencias de mayores y que necesita de una aclaración por parte del PP”. 

Irene García ha incidido en la necesidad de que el presidente Loaiza dé explicaciones convincentes al respecto y ha señalado que “más allá del manido uso de la palabra transparencia del que hace gala el PP, la gestión de la Diputación en materia de empleo continúa siendo auténticamente oscura y supone un desprecio a los casi 200.000 desempleados de la provincia, que están viendo con estupor lo que el PP está haciendo sin ningún tipo de sensibilidad al frente de la institución”. En relación con este caso y con la intención de nombrar al aún alcalde de El Puerto como gerente del Patronato de Turismo, ha destacado que “esos nuevos escándalos vuelven a situar en el ojo del huracán todo aquello relacionado con materia de empleo en la Diputación”. 

Así, se ha referido a “la obsesión y la cruzada personal de Mercedes Colombo contra el proceso de consolidación de empleos temporales. En su día, se aventuró a decir que el PSOE y el Gobierno socialista pretendíamos utilizarlo para incorporar a lo que ella misma llamó ‘cachorros socialistas’. Y hoy vemos que la Justicia no solo da la razón a aquel Gobierno del PSOE sino que además su propio hacer y deshacer en Diputación ha provocado un rosario de casos turbios que incluyen tanto ese empecinamiento de la señora Colombo y del presidente Loaiza en contra de los intentos de zanjar la inestabilidad laboral como la realización de procesos de selección marcados por la duda”.

En ese “rosario de casos turbios”, la portavoz y secretaria general ha citado ejemplos como “el plan de empleo presupuestado para el ejercicio 2012, del que no invirtió ni un solo euro porque se  hizo depender de la venta de unos solares que se sabía que no iban a venderse” y la “marcha atrás decidida sobre el plan de empleo que existía y se venía aplicando por parte del anterior Gobierno socialista, y que a día de hoy el PP no ha sido capaz de poner nuevamente en marcha”. 

Junto a ellos, ha repasado también “el autobombo en torno a un plan de formación de parados que no lleva consigo contratación alguna y que, más de un año después de anunciarse, ni siquiera ha echado a andar” y la “incapacidad para gestionar los fondos europeos destinados al plan Crece”, así como “las decisiones arbitrarias, con ceses fulminantes de responsables técnicos, como el producido en la Escuela de Hostelería”.

“Los socialistas tenemos una gran preocupación por lo que está pasando en la Diputación con todo lo relacionado con contratación, y vamos a exigir al presidente Loaiza que explique en qué quiere convertir la Diputación y que aclare todas las gestiones que ponen muy en entredicho su actuación en materia de empleo”, ha explicado Irene García, quien ha insistido en la presentación de una “batería de preguntas” que, “de la mano de un PP que no hace gala de transparencia”, probablemente volverán a encontrarse “con lo mismo que nos encontramos en todos los plenos: con el silencio y con la callada por respuesta por parte del presidente de la Diputación”.

Irene García califica de “auténtico escándalo” que el PP vaya a contratar al aún alcalde de El Puerto como gerente del Patronato de Turismo

La portavoz y secretaria general exige a Loaiza que dé marcha atrás a su plan de “agradecer favores prestados desde el punto de vista político” 

Cádiz, 21 de enero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha censurado la intención del PP de nombrar al aún alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, como gerente del Patronato Provincial de Turismo, al tiempo que ha exigido al presidente de la Corporación provincial que “aclare de forma inminente y anuncie de manera inmediata que da marcha atrás y que no va a consumar este disparate político en que iba a sumir a la Diputación”. 

Irene García ha calificado de estos planes del PP, conocidos a través de los medios de comunicación, como “un auténtico escándalo” que confía que no llegue a materializarse una vez que ha trascendido públicamente. “Esperamos que el presidente de la Diputación reconsidere esa decisión y se logre impedir un importante atropello que demuestra cuál es la verdadera concepción que el PP tiene respecto al ejercicio de la política y respecto al uso que concede a los puestos de responsabilidad y de gestión pública”, ha señalado.

“El nombramiento de Enrique Moresco como gerente del Patronato de Turismo supondría una aberración y un insulto a los cerca de 200.000 desempleados de esta provincia, que ven cómo la Diputación gestionada por el PP viene negando la puesta en marcha de un plan de empleo y que ahora reacciona agradeciéndole los favores prestados desde el punto de vista político, sin tener pudor alguno en buscar una ubicación a un alcalde al que han obligado a marcharse, probablemente en virtud de algo que está continuamente en la cabeza del PP como son las encuestas electorales”, ha destacado. 

La portavoz socialista en la Diputación ha concluido señalando que “la ciudadanía puede pensar legítimamente que ese nombramiento pueda considerarse incluso, valga la expresión, como el pago por esa dimisión. Si fuera así, ya sabemos a cuánto se cotiza el precio de la Alcaldía del PP, a razón de más de 55.000 euros anuales”, lo que supondría que “en el colmo del escándalo, el señor Moresco podría pasar a ganar incluso más dinero del que viene percibiendo durante su etapa de alcalde”. El puesto de gerente del Patronato Provincial de Turismo está vacante desde el anterior mandato en la Corporación, cuando el Gobierno socialista en la Diputación decidió no ocuparlo para no generar un gasto añadido a las arcas públicas en un momento de crisis económica.

El Gobierno del PP rechaza las reclamaciones socialistas al Presupuesto y consuma las “graves carencias” en empleo y en asistencia a municipios

José María Román incide en la imposibilidad de atender “obligaciones propias y gastos previstos” y dice que la falta de ejecución de inversiones comprometidas es “un lujo que no se puede permitir esta provincia” 

Diputadas y diputados del Grupo Socialista, antes del inicio del Pleno

 Cádiz, 20 de enero de 2014. Los votos de los diputados y diputadas del PP han impedido hoy que prosperasen las reclamaciones presentadas por el Grupo Socialista a los Presupuestos para 2014, que pretendían “salvar sus graves carencias en cuanto a la apuesta por la generación de empleo y a la asistencia a municipios” y “evitar el incumplimiento de competencias y compromisos de la Diputación”. Así se ha pronunciado el diputado del PSOE José María Román, quien ha incidido en que esas cuentas “carecen del crédito necesario para asumir obligaciones que le son propias y reflejan una manifiesta insuficiencia de gasto para poder hacer frente a actuaciones que, estando previstas, no disponen de la necesaria dotación económica”.

José María Román ha sido el encargado de defender esas alegaciones en el Pleno, a lo largo del cual ha destacado el “bajísimo nivel de ejecución de inversiones recogidas en los capítulos 6 y 7, tanto de la propia Diputación como del IEDT, y todo ello a pesar de los más de 40 programas que el Instituto mantiene en materia de empleo y de la grave situación de paro que castiga a esta provincia”. Así, se ha referido a los datos de la liquidación del Presupuesto de 2012, que demuestran que “la Diputación dejó sin usar 38,9 millones de euros, mientras que el IEDT dejó también sin ejecutar 25,9 millones de euros que habían sido previstos como inversión”. A su juicio, esta falta de movilización de recursos previamente comprometidos y de materialización de inversiones presupuestadas es “un lujo que esta provincia, tan castigada por el desempleo y tan necesitada de creación de puestos de trabajo, no puede permitirse”.

Frente a esta situación, el diputado socialista ha planteado la necesidad de introducir “un nuevo sistema plurianual, en línea con lo establecido por la Ley de Haciendas Locales, que permita adjudicar los compromisos de inversión a iniciativas que puedan considerarse plenamente maduras, de forma que no se vuelva a caer en el mismo error en el que se incurre año tras año y que ha llevado a que únicamente se materialice el 40 por ciento de la cantidad total recogida en los Presupuestos”. El diputado socialista, quien ha lamentado que la respuesta del Gobierno provincial del PP en el Pleno haya sido “hacer oposición a la oposición, en lugar de trasladar confianza sobre los presupuestos y sobre su capacidad ejecutoria real”, ha adelantado que “con toda seguridad, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 traerá consigo un remanente de unos 30 millones de euros, frente a unas alegaciones que hoy traemos al Pleno, que superan ligeramente los 20 millones de euros y que se destinan a generar empleo, a dar asistencia a los municipios y a atender a compromisos y obligaciones esenciales de la Diputación”.

“Esta provincia necesita que las cantidades que aparecen en el Presupuesto de la Diputación se puedan ejecutar realmente, sin que después haya que afrontar modificaciones de crédito ni se registre un superávit importante y haya que incorporar grandes remanentes que no se han utilizado para la que debería ser su auténtica finalidad, como es la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos”, ha añadido.

José María Román, en el centro de la imagen, charla con Diego Sánchez Rull y Federico Pérez Peralta en los prolegómenos de la sesión de esta mañana

Román ha lamentado la actitud del Gobierno provincial del PP a la hora de descalificar y pasar por encima de unas reclamaciones que ponían su acento en la necesidad de movilizar “de forma eficaz y eficiente” inversiones hacia la lucha contra el paro, como la puesta en marcha de un plan de empleo dotado con un mínimo de cuatro millones de euros para la contratación de personas sin trabajo, con cargas familiares y en riesgo de exclusión social, y que hiciera especial hincapié en los jóvenes. “Uno de cada seis desempleados de la provincia no ha trabajado nunca, y ese es un drama que se suma al que ya de por sí representan nuestros 196.777 desempleados”, ha señalado Román. En esta misma línea de fomento del empleo destaca igualmente la alegación que pretendía dar un respiro al pequeño tejido productivo de los pueblos menores de 20.000 habitantes, mediante créditos reembolsables por valor global de dos millones de euros para que atiendan a sus necesidades de tesorería o de liquidez.

Igual suerte han corrido otras reclamaciones que pretendían, por una parte, crear una línea económica de un mínimo de dos millones de euros para que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; y, por otra, impulsar un Plan Especial de Financiación dotado con al menos 10 millones de euros para dar respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este Plan Especial de Financiación, de importancia vital para ayuntamientos como Los Barrios, Barbate y La Línea, también se ha visto frustrado por los votos negativos del PP.

Las reclamaciones del Grupo Socialista, que también se hacían eco de la denuncia sindical de la falta de negociación con vistas al establecimiento de la relación de puestos de trabajo de la Diputación, recogían la necesidad de articular un plan de inversión en la red provincial de carreteras con un mínimo de siete millones de euros, así como el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos con los municipios menores de 20.000 habitantes con una dotación de 1,5 millones de euros. Estas alegaciones han sido igualmente rechazadas por el Gobierno provincial del PP, de la misma manera que lo ha sido la que pretendía que, tras la insuficiencia registrada en el Presupuesto de 2012 que motivó una modificación de crédito para atender las obligaciones de la Corporación respecto al Consorcio Provincial Contra Incendios, la aportación al mismo volviera a elevarse hasta el nivel que alcanzó en la anualidad de 2011, es decir, casi 8,3 millones de euros.