Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

El PSOE solicita la prórroga de la concesión del servicio de Dependencia en Jimena, Tarifa y Castellar

El Grupo Socialista se reúne con las trabajadoras y apoya sus demandas ante el riesgo de que un cambio de empresa derive en una pérdida de calidad para los usuarios o en una merma de derechos para la plantilla

Cádiz, 18 de marzo de 2014. El Grupo Socialista pedirá en el Pleno de la Diputación que tendrá lugar mañana miércoles que la Institución Provincial paralice el expediente de licitación del servicio de la Ley de Dependencia en las localidades campogibraltareñas de Jimena, Tarifa y Castellar, y que prorrogue durante un año la adjudicación a la actual concesionaria, la empresa Adisa. De esta manera, la referida firma mantendría ese servicio durante una anualidad más a partir del próximo 30 de junio, cuando inicialmente debería finalizar el plazo del contrato que hoy permanece en vigor.

La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que Adisa atiende en la actualidad a 145 usuarios y usuarias de este servicio en las tres localidades de la comarca del Campo de Gibraltar, para lo que emplea a un total de 69 trabajadoras auxiliares de la Ley de Dependencia; y ha recordado que “el contrato que actualmente está vigente permite a la Diputación formalizar una prórroga por un año más”.

“La información que nos trasladan tanto los propios usuarios y usuarias como los representantes socialistas en estas tres localidades pone de manifiesto el elevado grado de cumplimiento de los compromisos contractuales, laborales y del servicio por parte de la actual concesionaria, que ha conseguido mantener un alto nivel en la atención a sus beneficiarios y una estabilidad en su plantilla de trabajadoras”, ha señalado Irene García.

En un momento en que los antecedentes de algunas de las últimas adjudicaciones de este servicio en la provincia de Cádiz han sido ciertamente negativos y en el que se han registrado incluso denuncias de incumpliendo las cláusulas del contrato, de los compromisos sociales y de las obligaciones laborales hasta el punto de producirse despidos de trabajadoras, “entendemos que es preciso aprovechar esta oportunidad que se nos ofrece para mantener una fórmula que permite un elevado nivel de satisfacción en la prestación de un servicio que es básico para garantizar la calidad de vida de una parte importante de la población de esas tres localidades”.

En la actualidad, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación ya ha comenzado el trámite administrativo para proceder a una nueva adjudicación del servicio para estos tres municipios campogibraltareños. Por todo ello, y ante la posibilidad de que el cambio de concesionaria pudiera derivar en una precarización del mismo, el Grupo Socialista va a defender en el Pleno de mañana miércoles que se haga efectiva la posibilidad de alcanzar una prórroga con la actual concesionaria.

Reunión con las trabajadoras de Adisa en Jimena

En este sentido, la diputada provincial socialista y secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial, María Naval, ha mantenido en Jimena un encuentro de trabajo con trabajadoras de la empresa Adisa, en el que también ha estado presente el portavoz municipal socialista en la localidad campogibraltareña, Pascual Collado. Al término de la reunión, solicitada por las propias empleadas y a la que han asistido cerca de medio centenar de personas de los tres municipios afectados, María Naval ha destacado que “la plantilla ha insistido especialmente en la necesidad de que la concesión se mantenga durante un año más, porque tanto sus derechos como los de los usuarios de ese servicio están siendo respetados escrupulosamente, y podrían ponerse en riesgo con un cambio que ni siquiera es necesario afrontar en este momento”.

“El Gobierno de la Diputación, que precisamente lleva al Pleno de mañana la primera fase de la licitación del servicio, tiene en su mano la prórroga de la actual concesión durante un año”, ha explicado la diputada socialista, quien se ha referido al “preocupante precedente” que se ha vivido en Algeciras, donde “la empresa que sustituyó a Adisa ha sido objeto de reiteradas críticas por irregularidades y retrasos en el pago de las nóminas”.

“Las trabajadoras del servicio de la Ley de Dependencia en Castellar, Tarifa y Jimena, así como las personas beneficiarias del mismo y sus familiares, no entienden que un sistema que funciona a plena satisfacción y que puede ser prorrogado no vaya a serlo; y menos aún si esa decisión puede derivar en un perjuicio para la plantilla y para los usuarios”, ha destacado la diputada socialista.

María Naval ha concluido señalando que “el Gobierno del PP en la Diputación deberá pronunciarse mañana en torno a las demandas de estas trabajadoras, que no esconden su satisfacción por sus condiciones laborales y salariales, ni por el grado de calidad de servicio que se está prestando a las personas usuarias del servicio. De la misma manera, al día siguiente el alcalde de Jimena, también del Partido Popular, tendrá que decidir en el Pleno del Ayuntamiento si respalda una propuesta similar que impulsa el Grupo Municipal Socialista, o si prefiere sembrar la inquietud en este colectivo tras los negativos precedentes vividos y denunciados en la zona”.

El PSOE pedirá en la Diputación un plan de empleo con cargo al superávit de las cuentas de 2013

El PSOE pedirá en la Diputación un plan de empleo con cargo al superávit de las cuentas de 2013.

El PSOE reclama en Diputación “una estrategia para erradicar la pobreza energética”

Irene García plantea “una tregua” en la escalada del recibo eléctrico y rechaza el endurecimiento de las condiciones para acceder al bono social

Cádiz, 15 de marzo de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado la presentación de una propuesta al Pleno de la Diputación que insta al Gobierno de España a “aprobar con la mayor urgencia una estrategia, en la que se involucre a las empresas del sector, para la erradicación de la pobreza energética”. Entre las “medidas concretas” que esa estrategia debe integrar se encuentran la revisión de una “nociva política energética”, el impulso a las energías renovables, la priorización de la rehabilitación y eficiencia de los hogares, la incorporación de criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de tarifa eléctrica, el mantenimiento y extensión del bono social a todo tipo de energía doméstica, y la articulación de medidas para mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza eléctrica en épocas de frío o calor intensos.

La propuesta socialista plantea reclamar al Gobierno la puesta en marcha de “una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la electricidad, tan perjudicial para la economía doméstica de millones de familias como para la competitividad de miles de empresas”. Esta actuación debe perseguir igualmente “la implantación de un sistema más justo de precios de la energía, así como el impulso de medidas que garanticen al conjunto de la ciudadanía el derecho a suministros mínimos vitales en caso de insolvencia económica”.

Irene García ha incidido en la necesidad de que el Ejecutivo de la Nación realice la transposición “íntegra y adecuada” de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, del mercado interior de electricidad y gas, “incorporando la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española”. Al tiempo, y en lógica consecuencia, ha abogado por “contemplar una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética en España, porque no puede consentirse que la reforma del sector eléctrico solo sirva para que las grandes compañías ganen, a costa de que los consumidores y consumidoras pierdan”.

“La energética es una nueva forma de pobreza que afecta a sociedades desarrolladas y que castiga a aquellas familias que son incapaces de pagar la energía suficiente para garantizar sus necesidades domésticas o que se ven obligadas a destinar a esa finalidad una parte excesiva de sus recursos disponibles”, ha señalado la portavoz y secretaria general. Además, se ha referido a que “diversos estudios señalan que esa pobreza energética afecta a nada menos que el 10 por ciento de la población española, un porcentaje a todas luces inasumible y que en buena parte responde a la inexplicable decisión del Gobierno del PP de abandonar las políticas de eficiencia energética, de aumentar los costes de la energía y de favorecer una devaluación de los salarios y de las pensiones, actuaciones todas ellas que derivan en una creciente dificultad de la ciudadanía para afrontar sus gastos más básicos”.

Irene García ha llamado la atención sobre la “paradoja” de que “los españoles pagamos la luz más cara de Europa, mientras padecemos un Gobierno insensible a este nuevo y preocupante fenómeno de la pobreza energética, y que además está empeñado en endurecer los requisitos de acceso al bono social”. Así, ha recordado cómo “el pasado verano, el Ejecutivo intentó establecer unos mínimos de renta para acogerse a ese mecanismo de protección que fue puesto en marcha por un Gobierno socialista en 2009 y del que se benefician del orden de 480.000 andaluces y andaluzas entre familias numerosas, pensionistas y desempleados”. Irene García ha destacado que esa actitud choca frontalmente con la decisión de la Junta de Andalucía de proteger a las personas más desfavorecidas, “estudiando cómo garantizar esos servicios básicos a los colectivos vulnerables, y más concretamente a aquellos hogares que perciben el salario social”.

“Los socialistas defendemos un marco de cobertura social de suministro de energía que incluya tanto la electricidad como el agua, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”, ha destacado Irene García, quien ha concluido defendiendo la necesidad de “abordar respuestas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva en situaciones de exclusión energética y de suministro de agua potable, especialmente en aquellas situaciones en las que se vean afectadas personas más vulnerables como pueden ser niños, ancianos o enfermos”.

El PSOE exige que se proteja la producción de tomate de la provincia frente a las importaciones descontroladas de Marruecos

Irene García defiende la aplicación de los contingentes fijados en 2012 para un cultivo “de importancia capital para el sector agrario gaditano”

El Grupo Socialista reclamará en el Pleno de la Diputación del miércoles que se ponga fin al ‘tarifazo’ eléctrico sobre los regadíos

Cádiz, 14 de marzo de 2014. El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno de la Diputación una propuesta para que la Comisión Europea controle y aplique los contingentes establecidos en el acuerdo suscrito con Marruecos en la primavera de 2012 para “una serie de producciones consideradas sensibles y que cuentan con una importancia capital para el sector agrario gaditano, entre los que destaca fundamentalmente el tomate pero que también reúne otras como el calabacín, el pepino, la clementina y el ajo, así como el azúcar”.

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha lamentado que el sector hortofrutícola gaditano “viene padeciendo en los últimos meses las consecuencias del incumplimientos de los contingentes establecidos en materia de cupos, precios o aranceles para ese ramillete de productos, dentro de un acuerdo que incidía en el proceso de liberalización total de las exportaciones de frutas y hortalizas de Marruecos hacia los mercados comunitarios, y que establecía unas medidas de protección para aquellas variedades más amenazadas por esa apertura”.

En el caso concreto de la producción gaditana más expuesta a esta indiscriminada apertura de mercados como es el tomate, hay que tener en cuenta que “también se trata de la estrella de las exportaciones de Marruecos”, que puede situarlo a unos precios comparativamente muy bajos respecto a los que se obtienen en la provincia. Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el tomate es el tercer cultivo hortícola en virtud de su superficie en la provincia. Las 1.250 hectáreas dedicadas a él solo son superadas por las 2.422 hectáreas de patata y las 2.326 hectáreas de zanahoria. Por municipios, la extensión dedicada a la producción de tomate es especialmente importante en Sanlúcar de Barrameda (302 hectáreas), Jerez y Conil (ambas con 195 hectáreas), así como en otras localidades como El Puerto, Chipiona y San José del Valle.

“La competencia del tomate procedente de Marruecos, desprovisto de todo mecanismo de control, está repercutiendo gravemente en la provincia, donde ha habido semanas en las que el precio en origen se ha situado en 0,23 euros el kilo, cuando los costes de producción en nuestra zona rondan los 0,40 euros por kilo y los procedentes de Marruecos han llegado a introducirse en Europa a unos 0,46 euros el kilo”, ha añadido. Y ha destacado la necesidad de cumplir esos mecanismos de protección, toda vez que “las propias organizaciones agrarias han denunciado las dificultades de los productores gaditanos y españoles para competir en condiciones de igualdad, dados los menores costes salariales de Marruecos, de 0,6 euros por hora frente a los 5 euros de media en nuestro país, y la utilización allí de productos fitosanitarios no autorizados en el seno de la Unión”.

Por todo ello, ha defendido la conveniencia de instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que “insistan ante la Comisión Europea para que se apliquen y se controlen los contingentes establecidos en el Acuerdo en materia agrícola con Marruecos en todo el territorio Aduanero de la UE”. La iniciativa al Pleno de la Diputación también busca reclamar al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de los correspondientes acuerdos con el Gobierno francés en torno a los mecanismos de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del Protocolo Agrario del Acuerdo de Libre Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, igualmente con el objetivo de salvaguardar los intereses de los productores gaditanos y españoles.

Una propuesta en contra del ‘tarifazo eléctrico’ en los regadíos

Esta iniciativa del Grupo Socialista no es la única centrada en la defensa del sector agrario de la provincia que será abordada en el Pleno de la Diputación del próximo miércoles. Junto a ella, el PSOE también planteará otra que persigue “la modificación de la actual normativa que ha sido impuesta por el Gobierno del PP y que regula el marco eléctrico, de manera que se modulen las tarifas sobre el regadío, para evitar los elevados incrementos en tarifas eléctricas que se aplican desde agosto de 2013 y que afectan al campo gaditano y andaluz”. Para ello, ha explicado Irene García, “es preciso arbitrar modelos de contratación temporal, acordes con las necesidades de potencia demandadas realmente por los agricultores, al tiempo que se pongan en marcha mecanismos para reducir el coste del consumo real de electricidad realizado por todos aquellos agricultores de la provincia que se dedican al regadío”.

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz ha recordado que “esta misma semana se ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de comunidades de regantes de toda la provincia, al que asistió el portavoz del Grupo Parlamentario, Mario Jiménez, y en el que los socialistas nos comprometimos a impulsar diversas iniciativas en defensa de los intereses de estos agricultores, especialmente para acabar con la obligatoriedad de contratar el suministro durante todo el año, independientemente de que se utilice o no, siendo el consumo en regadío estacional. Esta situación, ya de por sí negativa, se agrava por el desproporcionado incremento del término de potencia, aplicándose además a todos los períodos de facturación, exista o no consumo en cada uno de ellos”.

“La nueva estructura de la factura supone disparar el coste del término fijo de la misma y reducir el coste variable ligado al consumo real, con lo que la anunciada subida global media del coste eléctrico del 3,2 por ciento se convierte para el regadío de la provincia y de toda Andalucía en un incremento del coste eléctrico superior al 20 por ciento, llegando en muchos casos a superar el 30 por ciento”, ha dicho Irene García, quien ha destacado que “algunas estimaciones hablan de un sobrecoste anual para las comunidades de regantes andaluzas superior a 25 millones de euros, lo que amenaza gravemente la rentabilidad de muchas explotaciones. En el caso concreto de la provincia, los propios regantes alertan de un sobrecoste de 2,3 millones de euros, lo que sin duda agravará una situación ya de por sí muy complicada tras haberse duplicado el importe de la factura eléctrica a lo largo del último lustro”.

“El PP acoge al ex alcalde Moresco en Diputación después de su salida huyendo de El Puerto”

María del Carmen Matiola afirma que el nombramiento del ex regidor es la “absoluta evidencia” de que el relevo en la Alcaldía se hizo dejando de lado a la ciudad y “siguiendo exclusivamente intereses partidistas”

El Puerto, 13 de marzo de 2014. La diputada provincial y concejala socialista portuense, María del Carmen Matiola, ha denunciado que el PP “ha acogido al ex alcalde Enrique Moresco en la Diputación, después de su salida huyendo de El Puerto, con lo que no solo premia su lamentable gestión al frente del Ayuntamiento sino que agradece los servicios prestados y el espectáculo en torno a su apresurada salida por la puerta falsa del Consistorio”.

“Apenas unas semanas después de que el señor Moresco protagonizara una ‘espantá’ sin precedentes en la historia democrática de El Puerto, la reacción de las altas instancias del PP provincial ha sido encontrarle un rápido acomodo en la Diputación, con lo que se pone de manifiesto que los intereses de los y las portuenses y de esta ciudad han sido utilizados como moneda de cambio”, ha lamentado María del Carmen Matiola. En este contexto, ha incidido en que “tanto el propio señor Moresco como el actual alcalde y el presidente de la Diputación van a tener que dar explicaciones ante la más que absoluta evidencia de que el bochornoso relevo en la Alcaldía se hizo siguiendo única y exclusivamente intereses partidistas, despreciando lo que de verdad importa a esta ciudad y a sus habitantes”.

La diputada y concejala portuense ha asegurado que “la sombra de la duda se ha convertido, apenas unas semanas después, en una completa certeza de que el señor Moresco había pactado una salida personal como compensación tras un relevo en la Alcaldía minuciosamente diseñado y orquestado por Antonio Sanz, que se intentó vender como beneficioso para los intereses de la ciudad y que únicamente perseguía una rentabilidad partidista”.

María del Carmen Matiola ha asegurado que el Grupo Socialista preguntará en el Pleno de la Diputación del próximo miércoles acerca de los detalles de la incorporación del ex regidor como “coordinador técnico” de la Corporación, en un momento en que continúan los trabajos de la comisión informativa especial en el seno del Ayuntamiento con vistas a conocer la realidad en torno a las posibles irregularidades en la adjudicación de dos proyectos de aparcamientos subterráneos por un montante cercano a los 3.000 millones de las ya desaparecidas pesetas. “El mensaje que el PP manda a la sociedad portuense y del conjunto de la provincia es escasamente edificante ya que, mientras ese episodio producido durante la etapa de Moresco al frente de la Alcaldía está siendo objeto de estudio en sede municipal, se han apresurado a este nombramiento, como si tuvieran alguna prisa por pasar página y por no dejar ningún resquicio antes de que finalicen esos trabajos”, ha señalado.

La concejala y diputada socialista ha concluido diciendo que “a la sociedad portuense y al conjunto de la ciudadanía gaditana no les basta con leer en el Boletín Oficial de la Provincia un nombramiento que es potestad del presidente de la Diputación. Merecen que se actúe con absoluta transparencia respecto a un claro ejemplo de la utilización de las instituciones que caracteriza al PP allí donde gobierna y que se rompa el sospechoso silencio que a día de hoy continúan manteniendo tanto el actual alcalde como el presidente de la Corporación provincial”.

La provincia conmemorará el 19 de Marzo con una Diputación "sectaria, descafeinada y sin pulso"

“El PP busca rentabilizar políticamente el normal cumplimiento de las obligaciones institucionales”

Irene García censura que el Gobierno provincial “saque pecho” por el desarrollo de cometidos habituales de un Servicio de Recaudación que el Partido Popular “situó al borde del colapso financiero”

El Grupo Socialista exige al presidente Loaiza que explique la supuesta incorporación del ex alcalde de El Puerto como asesor de la institución y alerta del posible “pago por una componenda en el seno del propio PP”

Cádiz, 1 de marzo de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado el “nuevo intento del Gobierno provincial del PP de rentabilizar políticamente el normal cumplimiento de las obligaciones institucionales de la Diputación”, materializado en esta ocasión en el “triunfalista” balance de actuaciones del Servicio de Recaudación. “A la luz de las explicaciones del presidente Loaiza, parece que el Servicio Provincial de Recaudación cumple con su cometido y con su razón de ser por un empeño del equipo gestor de la Corporación, cuando en realidad se debe únicamente al desarrollo de sus cometidos de ingresar los tributos y tasas de titularidad municipal y, en consecuencia, de adelantar periódicamente las cantidades a cuenta de esos importes, a tenor de lo pactado con los propios ayuntamientos”, ha explicado.

“El hecho de que el presidente Loaiza y el diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, saquen pecho y digan que la gestión del PP ha hecho posible que el Servicio Provincial de Recaudación garantice los ingresos de los ayuntamientos y su liquidez mensual supone todo un desprecio al magnífico funcionamiento que ese departamento de la Diputación ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, desde luego ya desde la etapa socialista”, ha dicho Irene García. Así, ha destacado que “más allá incluso, si de algo es responsable realmente el PP es de haber situado al borde del colapso financiero al Servicio Provincial de Recaudación y a las decenas de municipios que han mantenido lealmente sus acuerdos, como consecuencia de su permisividad al consentir que el Ayuntamiento de Jerez rompiese en 2012 el convenio suscrito con él, lo que supuso un quebranto para las arcas de la Diputación de cerca de 30 millones de euros”.

La secretaria general y portavoz ha recordado que “este Gobierno provincial del PP, que ahora pretende sacar rédito político de la actuación institucional del Servicio Provincial de Recaudación después de haberlo situado en grave riesgo para su supervivencia, es el mismo que ha rechazado recientemente que los Presupuestos de la Diputación para 2014 dieran respuesta a dos realidades que sí preocupan a los municipios de la provincia, sin haber explicado siquiera las razones de su negativa”. En este sentido, se ha referido a sendas iniciativas del Grupo Socialista, frustradas por el “rodillo popular” encaminadas a incorporar “una línea económica dotada con un mínimo de dos millones de euros para que los municipios menores de 20.000 habitantes pudieran afrontar sus gastos corrientes”; y a poner en marcha “un Plan Especial de Financiación, con una partida de 10 millones de euros, que atendiera a los graves problemas de liquidez de aquellos consistorios que superan esa población y que fundamentalmente beneficiaría a La Línea, Los Barrios y Barbate”.

Pregunta en el Pleno sobre la incorporación de Moresco como asesor

Por otra parte, Irene García ha anunciado que el Grupo Socialista preguntará al presidente Loaiza en el próximo Pleno de la Diputación por la supuesta incorporación del ex alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, como “asesor y coordinador” en la institución provincial, tal y como se ha recogido en algunas informaciones periodísticas. “Ya que el señor Loaiza no aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado jueves para aclarar a la opinión pública los extremos de la incorporación del exalcalde, vamos a plantear una pregunta al respecto en el Pleno de la Diputación”, ha dicho. Para referirse a continuación a la “aparente casualidad” de que “el mismo jueves, el propio Moresco tampoco arrojó luz alguna sobre las polémicas adjudicaciones de los proyectos de dos aparcamientos subterráneos en El Puerto, producidas durante su etapa en la Alcaldía, y que están siendo objeto de una investigación ciertamente descafeinada en el seno del Ayuntamiento portuense”.

En este sentido, la portavoz y secretaria general ha incidido en que “si ya en una pasada sesión plenaria el propio presidente se lavó las manos ante un eventual nombramiento del exalcalde como gerente del Patronato Provincial de Turismo, ahora no puede hacer lo propio ante unas aparentes manifestaciones del interesado en las que alude a un cargo que desconocemos, que parece circunstancial a la espera de que se produzca esa designación definitiva, y que en modo alguno puede responder al agradecimiento a los servicios prestados en clave partidista”.

Irene García ha concluido exigiendo “máxima transparencia” en torno a este episodio y ha alertado de la “gravedad” de la posibilidad de que “el pago por una componenda en el seno del propio PP para posibilitar una operación política de relevo al frente de la Alcaldía de El Puerto pueda derivar ahora en un sobrecoste económico para las arcas de la Diputación. La oposición y la ciudadanía gaditana merecen contar con toda la información por parte de un Gobierno provincial habitualmente locuaz en sus reiterados ejercicios de autobombo pero que suele dar la callada por respuesta cuando se le exigen explicaciones sobre asuntos que, como este, merecen abordarse con luz y taquígrafos”.