“El PP busca rentabilizar políticamente el normal cumplimiento de las obligaciones institucionales”

Irene García censura que el Gobierno provincial “saque pecho” por el desarrollo de cometidos habituales de un Servicio de Recaudación que el Partido Popular “situó al borde del colapso financiero”

El Grupo Socialista exige al presidente Loaiza que explique la supuesta incorporación del ex alcalde de El Puerto como asesor de la institución y alerta del posible “pago por una componenda en el seno del propio PP”   

Cádiz, 1 de marzo de 2014. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado el “nuevo intento del Gobierno provincial del PP de rentabilizar políticamente el normal cumplimiento de las obligaciones institucionales de la Diputación”, materializado en esta ocasión en el “triunfalista” balance de actuaciones del Servicio de Recaudación. “A la luz de las explicaciones del presidente Loaiza, parece que el Servicio Provincial de Recaudación cumple con su cometido y con su razón de ser por un empeño del equipo gestor de la Corporación, cuando en realidad se debe únicamente al desarrollo de sus cometidos de ingresar los tributos y tasas de titularidad municipal y, en consecuencia, de adelantar periódicamente las cantidades a cuenta de esos importes, a tenor de lo pactado con los propios ayuntamientos”, ha explicado.  

“El hecho de que el presidente Loaiza y el diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, saquen pecho y digan que la gestión del PP ha hecho posible que el Servicio Provincial de Recaudación garantice los ingresos de los ayuntamientos y su liquidez mensual supone todo un desprecio al magnífico funcionamiento que ese departamento de la Diputación ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, desde luego ya desde la etapa socialista”, ha dicho Irene García. Así, ha destacado que “más allá incluso, si de algo es responsable realmente el PP es de haber situado al borde del colapso financiero al Servicio Provincial de Recaudación y a las decenas de municipios que han mantenido lealmente sus acuerdos, como consecuencia de su permisividad al consentir que el Ayuntamiento de Jerez rompiese en 2012 el convenio suscrito con él, lo que supuso un quebranto para las arcas de la Diputación de cerca de 30 millones de euros”.

La secretaria general y portavoz ha recordado que “este Gobierno provincial del PP, que ahora pretende sacar rédito político de la actuación institucional del Servicio Provincial de Recaudación después de haberlo situado en grave riesgo para su supervivencia, es el mismo que ha rechazado recientemente que los Presupuestos de la Diputación para 2014 dieran respuesta a dos realidades que sí preocupan a los municipios de la provincia, sin haber explicado siquiera las razones de su negativa”. En este sentido, se ha referido a sendas iniciativas del Grupo Socialista, frustradas por el “rodillo popular” encaminadas a incorporar “una línea económica dotada con un mínimo de dos millones de euros para que los municipios menores de 20.000 habitantes pudieran afrontar sus gastos corrientes”; y a poner en marcha “un Plan Especial de Financiación, con una partida de 10 millones de euros, que atendiera a los graves problemas de liquidez de aquellos consistorios que superan esa población y que fundamentalmente beneficiaría a La Línea, Los Barrios y Barbate”.

Pregunta en el Pleno sobre la incorporación de Moresco como asesor

Por otra parte, Irene García ha anunciado que el Grupo Socialista preguntará al presidente Loaiza en el próximo Pleno de la Diputación por la supuesta incorporación del ex alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, como “asesor y coordinador” en la institución provincial, tal y como se ha recogido en algunas informaciones periodísticas. “Ya que el señor Loaiza no aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado jueves para aclarar a la opinión pública los extremos de la incorporación del exalcalde, vamos a plantear una pregunta al respecto en el Pleno de la Diputación”, ha dicho. Para referirse a continuación a la “aparente casualidad” de que “el mismo jueves, el propio Moresco tampoco arrojó luz alguna sobre las polémicas adjudicaciones de los proyectos de dos aparcamientos subterráneos en El Puerto, producidas durante su etapa en la Alcaldía, y que están siendo objeto de una investigación ciertamente descafeinada en el seno del Ayuntamiento portuense”.

En este sentido, la portavoz y secretaria general ha incidido en que “si ya en una pasada sesión plenaria el propio presidente se lavó las manos ante un eventual nombramiento del exalcalde como gerente del Patronato Provincial de Turismo, ahora no puede hacer lo propio ante unas aparentes manifestaciones del interesado en las que alude a un cargo que desconocemos, que parece circunstancial a la espera de que se produzca esa designación definitiva, y que en modo alguno puede responder al agradecimiento a los servicios prestados en clave partidista”.

Irene García ha concluido exigiendo “máxima transparencia” en torno a este episodio y ha alertado de la “gravedad” de la posibilidad de que “el pago por una componenda en el seno del propio PP para posibilitar una operación política de relevo al frente de la Alcaldía de El Puerto pueda derivar ahora en un sobrecoste económico para las arcas de la Diputación. La oposición y la ciudadanía gaditana merecen contar con toda la información por parte de un Gobierno provincial habitualmente locuaz en sus reiterados ejercicios de autobombo pero que suele dar la callada por respuesta cuando se le exigen explicaciones sobre asuntos que, como este, merecen abordarse con luz y taquígrafos”.

El PSOE plantea en el Pleno de la Diputación el rechazo al “reparto sectario” de fondos de la PAC

Irene García denuncia que el Gobierno del PP ha consumado una injusta distribución de ayudas y que “no vacila en tomar al sector agrario como rehén en su estrategia de confrontación con la Junta de Andalucía”

Cádiz, 18 de febrero de 2014. El Grupo Socialista llevará al Pleno la Diputación de mañana miércoles una propuesta que busca el rechazo institucional a la reducción de fondos para Andalucía provenientes de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Irene García, portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, ha destacado que esa iniciativa “responde a nuestra enorme preocupación, compartida con las organizaciones agrarias, por los perjuicios del inexplicable descenso de la dotación económica para Andalucía, que en esta provincia se traducirá en unas pérdidas de unos 60 millones de euros”.

La portavoz y secretaria general ha recordado que ayer mismo la dirección provincial del PSOE mantuvo un encuentro de trabajo con las organizaciones agrarias y que en el mismo quedaron patentes los “devastadores efectos del sectario reparto de fondos decidido por el Gobierno de Rajoy hasta el horizonte de 2020. Un reparto del que Andalucía es la única comunidad que sale malparada tras una asignación de fondos a España que, según el propio Gobierno, colmaba las expectativas del Ministerio”. Por este motivo, la propuesta al Pleno incluye además la exigencia de una “inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, la comunidad autónoma con mayor superficie y un medio rural más importante de todo el país”.

“Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea”, ha dicho Irene García, quien ha incidido en que, a tenor de la distribución impuesta por el Gobierno de la Nación, la reforma de la PAC va a suponer que nuestra Comunidad Autónoma reciba 418 millones de euros menos que los percibidos entre los años 2007 y 2013. Los grandes números de ese “agravio” indican que “Andalucía perderá 160 millones de euros en pagos directos y 258 millones de euros más en el caso de los fondos de desarrollo rural, básicos para la creación de empresas en zonas rurales y elementos esenciales en la generación de empleo en comarcas especialmente deprimidas de nuestra comunidad”. 

Los recortes a las ayudas directas “se han materializado sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestro sector agrario ni las reclamaciones de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de todo ello, ha quedado excluido de las ayudas acopladas un cultivo esencial en nuestra comarca de la Sierra, como es el olivar en pendiente. Y otro tanto sucede con el trigo duro y la uva pasa, al tiempo que se ofrece un nivel muy bajo de apoyo al caprino y a los frutos de cáscara de secano”. 

En lo que respecta a los fondos para desarrollo rural, Irene García ha señalado que “resulta completamente indignante que, mientras el volumen total con destino a toda España crece en 238 millones de euros, la aportación para Andalucía se reduzca en 211 millones, con lo que se consagra una pérdida del 10 por ciento respecto al anterior período. Andalucía, la única comunidad que ve reducida su aportación en este capítulo, ha pasado de percibir el 26,5 por ciento de los fondos europeos de desarrollo rural, como venía haciendo hasta ahora, para quedarse únicamente con el 23,7 por ciento”. A todo ello hay que añadir que, en virtud del acuerdo tomado en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural según el cual la cuota de cofinanciación que aporta el Ministerio a los programas de desarrollo rural se reducirá del 50 al 30 por ciento, se producirá una merma adicional de otros 47 millones de euros”.

“Nuestra Comunidad Autónoma ha sido la gran perjudicada del reparto de unos fondos de la PAC que en general han respetado los intereses españoles. Dicho de otro modo, esa pérdida de recursos no responde a una decisión de Bruselas sino a un criterio adoptado desde el Gobierno de Mariano Rajoy, en virtud de una intencionalidad política y sectaria que no vacila en tomar al sector agrario como rehén en su estrategia de constante confrontación con la Junta de Andalucía”, ha concluido Irene García.

El PSOE propone que la Diputación se implique en la desinfección de la red de saneamiento de los pequeños municipios

Irene García recuerda que el Gobierno del PSOE colaboraba en la tarea y destaca que el Grupo Socialista plantea ahora una partida mínima de 70.000 euros para las localidades con menos de 20.000 habitantes

Cádiz, 15 de febrero de 2014. El Grupo Socialista solicitará en el Pleno del próximo miércoles que el Gobierno provincial se implique en la desinfección, desinsectación y desratización de la red de saneamiento de los pequeños municipios, una tarea en la que la Diputación ya venía colaborando durante la etapa de gestión del PSOE. 

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que la propuesta plantea “habilitar una partida presupuestaria no inferior a los 70.000 euros, específicamente dirigida a colaborar con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Paralelamente, la iniciativa persigue instar al Gobierno provincial a suscribir convenios con los municipios que así lo deseen, de forma que puedan acogerse a esa línea de financiación para desarrollar estos tratamientos”.

Irene García ha afirmado que este tipo de actuaciones tiene “una gran importancia a la hora de garantizar las deseables condiciones de higiene y salubridad”. Al tiempo, ha incidido en que la prolongada crisis económica, que viene traduciéndose en un importante descenso de los ingresos en la generalidad de las Corporaciones Locales de la provincia y de manera muy especial en los pequeños pueblos, “complica enormemente que esas tareas puedan seguir desarrollándose en solitario desde la iniciativa municipal”.

“La Diputación debe actuar con responsabilidad y cumplir el mandato de atender las necesidades básicas de los pequeños municipios, especialmente en asuntos como este, vinculados a mantener unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y a evitar tanto la propagación de plagas como de hipotéticas enfermedades difundidas por las mismas”, ha señalado.

La portavoz y secretaria general ha defendido la conveniencia de que “en un momento de especial dificultad en las arcas municipales y en el que no cabe recortar en servicios esenciales para la ciudadanía ni en aspectos que tengan que ver con la seguridad y el mantenimiento de las condiciones de salubridad en nuestros pueblos, la Diputación retome la línea de colaboración que ya mantenía con los pequeños municipios en esta materia durante la etapa de gestión socialista”.

Por este motivo, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno provincial “recupere aquellos convenios de colaboración con esas localidades de menor población, en virtud de los cuales financiaba la prestación de estos servicios de desinfección, desinsectación y desratización en sus redes de saneamiento”. “Si aquella línea de cooperación tuvo completo sentido en aquel tiempo, hoy es absolutamente obligado retomarla, dado el angustioso estado de las finanzas de nuestros pequeños municipios y la obligatoriedad de mantener unas tareas imprescindibles para asegurar una mínima calidad de vida a sus vecinos y vecinas; máxime cuando esas tareas se están convirtiendo en una pesada carga para las maltrechas economías de esas localidades y cuando estamos hablando de una cantidad perfectamente asumible por parte de la Diputación”, ha concluido.

El PSOE busca el respaldo de la Diputación para frenar la reforma de la ley del aborto

Irene García recuerda el “ejercicio de censura” protagonizado por el PP al dejar fuera del pasado Pleno una iniciativa de rechazo a “una contrarreforma ideológica y reaccionaria que es fruto de la imposición” 

Cádiz, 14 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta en busca de un acuerdo institucional de rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que impulsa el Gobierno de la Nación. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha explicado que el actual articulado de esa norma “declara el derecho a adoptar libremente decisiones sobre la vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes; y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.

“El Gobierno del PP se ha arrojado en brazos de los sectores más ultraconservadores y ha impulsado una contrarreforma ideológica y reaccionaria que, además, es fruto de la imposición y se traduciría en un extraordinario retroceso que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”, ha explicado. Y ha añadido que “ese intento de cercenar derechos y de inmiscuirse en un ámbito de libertad tan privado merece ser contestado de forma contundente tanto desde la propia ciudadanía como desde las instituciones que la representan”.

Irene García ha recordado que “el pasado Pleno, el presidente Loaiza se negó a incluir en el orden del día una propuesta del propio Grupo Socialista en la que planteábamos la retirada de esa modificación legislativa, que ha despertado una oposición social y política casi unánime frente al afán involucionista de un Gobierno empeñado en laminar cualquier espacio de libertad, incluso la que respecta al derecho a decidir sobre la propia maternidad”. En este sentido, ha confiado en que “en esta ocasión no se repita aquel ejercicio de censura, que ni siquiera fue la primera vez que se producía en torno a un asunto que ha venido estando vetado por el PP en la Diputación. Ahora, una vez dictaminada en comisión informativa, esperamos que la iniciativa sea por fin abordada en el Pleno con toda normalidad”. 

Paralelamente, se ha referido al “bochornoso espectáculo de determinados dirigentes del Partido Popular en distintas partes del país, que no son capaces de hacer una defensa pública del contenido de la reforma que plantea su Gobierno pero votan sumisamente en el Congreso a favor de la misma, nadando y guardando la ropa e intentando contentar a las altas instancias de esa formación aunque sin asumir socialmente las consecuencias de las decisiones que toman en sede parlamentaria”.  

Irene García ha recordado que el Anteproyecto de Ley Orgánica presentado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre “suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas al despenalizarlo solo en los supuestos de grave peligro para la salud o la vida o de violación, lo que se traduce en privarle de su derecho a decidir sobre su maternidad”. Igualmente, ha llamado la atención sobre “la eliminación del supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado y que ahora se pretende eliminar de un plumazo con una norma que nos hace regresar a treinta años atrás, con lo que una de las legislaciones más avanzadas de Europa pasaría a ser un triste recuerdo”. 

La secretaria general ha destacado que “la ley actualmente en vigor sustituyó a una regulación que veinticinco años atrás ya había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Y fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, muy al contrario de lo que ahora se pretende de la mano de una imposición que quiere elevar a rango legal los compromisos ideológicos de los sectores más ultraconservadores del PP”. “Por todo ello –ha concluido Irene García-, vamos a proponer al Pleno la necesidad de instar al Gobierno de la Nación a retirar inmediatamente y a no continuar con la tramitación del referido Anteproyecto de Ley Orgánica”.

“Los datos de ejecución del Plan Reactiva demuestran la capacidad de gestión de los ayuntamientos y la ineficacia de la Diputación”

Irene García exige al Gobierno provincial que “abandone el triunfalismo y pague el dinero que han adelantado los consistorios y aún les adeuda” 

Cádiz, 13 de febrero de 2014. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz ha valorado los datos de ejecución de las inversiones del Plan Reactiva publicados por el Gobierno provincial diciendo que “lejos de la autocomplacencia del PP, lo que ponen de manifiesto es la capacidad de gestión de los ayuntamientos y la ineficacia de la Diputación. De hecho, los consistorios han sido capaces de asumir la ejecución de unas obras que debían llevar a cabo en un tiempo récord, mientras la tónica general en la Diputación es que los programas de actuación se presenten pomposamente y luego no lleguen a materializarse”.

“El hecho de que el Gobierno provincial del PP saque pecho por una alta ejecución del Plan Reactiva debería ser un motivo de sonrojo para sus responsables, porque la diligencia de los municipios para asumir la parte más importante de ese programa contrasta enormemente con la incapacidad de la Diputación para llevar a cabo unas inversiones por valor de casi cuatro millones de euros y que estuvieron a punto de perderse”, ha dicho. Y ha añadido que “el auténtico origen de este programa de inversiones no fue otro que la dejadez del Gobierno provincial, que tuvo durante meses sin usar unos fondos comprometidos para distintas partidas presupuestarias, de forma que después hubo de aplicarlos deprisa y corriendo, con toda la presión para unos ayuntamientos que han demostrado estar a la altura de las circunstancias”.

La secretaria general ha destacado que “para colmo de males, esa supuesta magnífica gestión de la Diputación esconde que los ayuntamientos no han recibido aún la mitad de los 55.000 euros lineales que debían recibir para asumir los proyectos de mejora en equipamientos y vías urbanas, por lo que a día de hoy el plan Reactiva está siendo sostenido con el esfuerzo de los municipios, especialmente de los de menor población y capacidad financiera”. De esta forma, ha exigido al Gobierno provincial del PP que “abandone el triunfalismo y pague el dinero que han adelantado los consistorios y aún les adeuda, porque en muchos casos esa cantidad representa un gran esfuerzo para sus economías”.

Irene García ha asegurado que “el resultado del que ahora se vanagloria el presidente Loaiza es una razón añadida para que tenga en cuenta la reiterada reclamación del Grupo Socialista para que se apruebe un plan de empleo que responda a la realidad que se vive en cada municipio, y que sea gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, el Gobierno provincial preferirá con toda seguridad seguir apuntándose éxitos de otros para tratar de ocultar su nefasta gestión y continuar así con su política de supuestos planes rimbombantes pero vacíos de contenido efectivo”.

La secretaria general ha recordado que “por lo que respecta a la actuación de la Diputación, el Plan Reactiva ha sido un claro ejemplo de sectarismo desde su inicio ya que, en lugar de primar con sus fondos a las localidades de menor población y con menos capacidad de conseguir recursos, estableció un injusto sistema de ‘café para todos’, en virtud del cual el municipio más grande de la provincia recibía la misma cantidad que el más pequeño de todos, exactamente 55.000 euros para esas obras en vías y equipamientos. Y todo ello, además, sin tener en cuenta la exigencia legal de primar la atención a los municipios de menor población y complicando aún más el estado de sus arcas al no abonarles inmediatamente y de forma íntegra esa cantidad, una vez que las obras debían estar ejecutadas antes del 31 de diciembre”.

“Resulta paradójico que, en un momento en que el Gobierno de la Nación quiere imponer una mal llamada reforma de la Administración local que pretende vaciar de competencias a los ayuntamientos para que en buena parte pasen a las corporaciones provinciales, nuestra Diputación dé muestras de una alarmante incapacidad de gestión que debe ser salvada precisamente por el esfuerzo y la responsabilidad de los municipios”, ha señalado Irene García. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista llevará al Pleno del próximo miércoles una propuesta para la adhesión de la Corporación provincial al conflicto en defensa de la autonomía local contra esa reforma de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se pretende plantear ante el Tribunal Constitucional con vistas a su paralización.

El PSOE exige que la Diputación se incorpore a la Mesa Provincial del Aeropuerto

Irene García denuncia el “uso partidista de las instituciones” por parte del PP y lamenta que “el desprecio que se ha querido hacer a la Junta se traduce en desprecio a los agentes sociales y económicos y a la provincia” 

Cádiz, 12 de febrero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno en la que exige que la Corporación supramunicipal se integre en la Mesa Provincial del Aeropuerto. Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha recordado que ese foro impulsado por la Junta de Andalucía “reúne a representantes del sector turístico, de partidos políticos con representación en la Diputación y de instituciones, con la única excepción de aquellas gestionadas por el PP, entre las que destaca con luz propia la Diputación”.

“La ausencia de la Diputación en la reunión constituyente de la Mesa Provincial por el Aeropuerto sigue sin ser explicada por el presidente Loiza, simple y llanamente porque su plantón responde a la utilización partidista de las instituciones que viene caracterizando la gestión del PP, que no repara en cuáles puedan ser las consecuencias de esa actitud para nuestro desarrollo socioeconómico”, ha afirmado. Y ha añadido que “el desprecio que el Gobierno de la Diputación o el Ayuntamiento de Jerez han querido hacer a la Junta de Andalucía con su incomparecencia en ese foro se ha traducido en un desprecio a esta provincia y a sus agentes sociales y económicos, que sí acudieron de buena fe a una convocatoria planteada en positivo y en busca de un impulso para una infraestructura esencial y claramente languideciente ante la falta de iniciativa del Gobierno del PP”.

Por este motivo, la propuesta del Grupo Socialista “no solo exige al Gobierno de la Diputación que se incorpore lealmente al seno de esa Mesa por el Aeropuerto, sino que también persigue que la Corporación inste al Ayuntamiento de Jerez a formar parte del mismo, porque carece completamente de sentido que la institución que debe abanderar los intereses de esta provincia y el municipio que alberga esa instalación se hayan autoexcluido de ese foro que reúne a la iniciativa pública y privada y que plantea lograr una sola voz en beneficio de la gran infraestructura para nuestro desarrollo turístico y empresarial”.

“El Gobierno provincial del PP debe rectificar a la mayor brevedad y reconsiderar su inaceptable plantón a la Mesa por el Aeropuerto, asumiendo además las conclusiones que ese foro ya ha adoptado en su primer encuentro, en especial en lo relativo a la solicitud de que AENA elabore un plan estratégico para impulsar la actividad y la competitividad del aeródromo”, ha asegurado.

La portavoz y secretaria general ha destacado que la propuesta del Grupo Socialista reclama al Gobierno de la Diputación “un posicionamiento inequívoco de respaldo al aeropuerto de Jerez como elemento esencial para nuestro desarrollo socioeconómico, para el sostenimiento del empleo y para la creación de nuevos puestos de trabajo”. A su juicio, esa “declaración de defensa” es “especialmente necesaria en un momento en que la falta de implicación de las instituciones gaditanas gestionadas por el PP contrasta con la apuesta, incluso económica, del Ayuntamiento de Sevilla por ir de la mano de la Diputación de esa provincia y del resto de las Administraciones en torno al aeródromo de San Pablo. En este contexto, consideramos preciso alejar cualquier tentación de que se pueda producir una apuesta por el aeródromo sevillano que vaya en detrimento de los intereses del aeropuerto de Jerez, de nuestro sector turístico, de las empresas gaditanas y del empleo de esta provincia en general”. 

Irene García ha destacado que la iniciativa del Grupo Socialista persigue igualmente “reclamar al Ministerio de Fomento la creación del Comité de Ruta Aérea del aeropuerto de Jerez, un foro de gran importancia para la dinamización de esa infraestructura y que lleva en torno a dos años esperando a ser una realidad mientras las estadísticas de operaciones y de viajeros continúan a la baja”.