Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

El PSOE exige a Loaiza que “encabece la defensa de la provincia contra el dragado del Guadalquivir”

Irene García dice que “la voz de Cádiz debe escucharse como se escuchan las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae en el presidente de Diputación”

Diputados y diputadas socialistas, durante el Pleno

Cádiz, 25 de septiembre de 2013. La única propuesta del Grupo Socialista que ha logrado el respaldo del Pleno de la Diputación en la sesión plenaria de esta mañana ha sido la que planteaba el rechazo del proyecto de dragado del río Guadalquivir, una iniciativa necesaria para aumentar los tráficos del puerto fluvial de Sevilla que acarreará “graves perjuicios ambientales y enormes daños para nuestro tejido económico”.

La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha sido la encargada de defender esta iniciativa, que ha resultado aprobada por unanimidad, con una intervención en la que ha denunciado que “el dragado del Guadalquivir traerá consigo importantes efectos sobre el delicado equilibrio natural del río y sus inmediaciones, con una evidente repercusión en Doñana”. Paralelamente, “el cambio en esa situación derivará en un cambio en las condiciones del agua y en su salinidad que acarreará consecuencias negativas para la pesca y para el sector agrario a lo largo de su margen izquierda. Sin embargo, para el Gobierno de la Nación y para el ministro Arias Cañete parece que la única preocupación son los arroceros de la provincia de Sevilla”. De ahí que haya reclamado al presidente de la Diputación que asuma el mandato de la Corporación y “encabece la defensa de la provincia contra el dragado del Guadalquivir”.

Irene García ha recordado que el pasado mes de abril el Pleno de la Diputación ya mostró su rechazo a ese posible dragado, pero ha defendido la oportunidad de impulsar este nuevo acuerdo institucional, toda vez que “durante el pasado verano se han producido nuevos e importantes acontecimientos como la aprobación de una nueva Zona Franca en terrenos portuarios de Sevilla, un proyecto para el que es básico que se realice esta actuación sobre el río”. “A lo largo de todo este tiempo no hemos escuchado ni una sola voz procedente del PP de la provincia que se haya manifestado en contra de ese dragado o que haya recordado que existe un acuerdo institucional que lo rechaza de plano”, ha explicado.

“Hace unos meses, esta Diputación mostró su rechazo al dragado del Guadalquivir, pero es evidente que hay que dar un paso más y que el presidente Loaiza debe abanderar la oposición frontal de esta provincia a ese proyecto”, ha dicho la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha incidido en que “a esta provincia, a sus agricultores, a sus pescadores, a la comunidad portuaria que verá reducida su actividad por el desvío de tráficos hacia las dársenas sevillanas y a la riqueza ambiental que representa todo el entorno del cauce del río y de Doñana no le basta con que se levante la mano en el Pleno y se apruebe casi por obligación una propuesta ante la que es imposible quedarse fuera. Lo que esta provincia necesita no es eso, sino que se escuche su voz como se están escuchando las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae sobre el señor Loaiza”.

Finalmente, Irene García ha incidido en la necesidad de que la Diputación lidere esa voz en defensa de los intereses de la provincia de Cádiz porque “de la misma manera que la alcaldesa de Cádiz hizo el ridículo más espantoso cuando admitió que se había enterado por la prensa del acuerdo entre Juan Antonio Zoido y Cristóbal Montoro para poner en marcha la Zona Franca de Sevilla, no nos extrañaría que, más pronto que tarde, asistamos a un nuevo ridículo de los representantes del PP si el ministro Arias Cañete alcanza un acuerdo que salvaguarde los intereses de los arroceros de la provincia de Sevilla y consuma el dragado del río en contra de los derechos y de las demandas de esta provincia”.

Olga González: “El PP se niega a asumir su responsabilidad sobre el Chare de la Janda”

La diputada socialista destaca que el Ayuntamiento sigue teniendo pendiente la depuración de agua, el suministro eléctrico y el acceso de vehículos, sin los que el hospital jamás podrá entrar en servicio

Cádiz, 25 de septiembre de 2013. La diputada socialista Olga González ha asegurado que “el PP se niega a asumir su responsabilidad sobre el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de la Janda, como hoy ha quedado de manifiesto en el Pleno de la Diputación, donde ese partido ha rechazado responsabilizarse de las actuaciones que le corresponden para asegurar la finalización de su construcción y su posterior puesta en marcha”.

Olga González ha recordado que el diputado y concejal vejeriego del PP, Daniel Sánchez, “ha negado la posibilidad de que el Grupo Socialista introdujese una enmiendia de adición a una propuesta inicial defendida por él mismo, en la que trataba de endosar toda la responsabilidad al respecto, de forma sectaria y torticera, a la Junta de Andalucía. Y esa enmienda que ha sido frustrada por el señor Sánchez lo único que pretendía era exigir que la Diputación y el Ayuntamiento de Vejer cumplan con los compromisos adquiridos y asuman la acometida de luz, el saneamiento y el acceso para el tráfico rodado”.

“El señor Sánchez ha preferido seguir adelante con una propuesta partidista y sectaria que pretendía confrontar con la Junta de Andalucía y tratar de adjudicarle toda la responsabilidad de la imposibilidad material de la puesta en marcha del hospital, por lo que tendrá que dar explicaciones convincentes”, ha señalado Olga González, quien ha destacado que “nuestra enmienda a la propuesta del PP mantenía de hecho la petición de que la Junta finalizara la parte de la obra que le corresponde, que apenas alcanza el cinco por ciento del total, pero cuya finalización no servirá para nada si Ayuntamiento y Diputación no cumplen también su parte”.

La diputada socialista ha llamado la atención sobre la “paradoja” y lo “indefendible” de la actitud del concejal y diputado vejeriego, ya que “en su sectarismo es capaz de exigir únicamente que acabe la obra del edificio, como si un hospital pudiera abrirse al público sin contar con suministro eléctrico, saneamiento o un adecuado acceso para el tráfico, cuestiones todas ellas que corresponden a Administraciones gestionadas por el PP pero ante las cuales adopta una actitud sumisa que en nada beneficia a los potenciales usuarios de este equipamiento sanitario”.

Según ha revelado en el transcurso del debate la propia Olga González, “el Ayuntamiento de Vejer aún debe tramitar los servicios urbanísticos que quedarían pendientes para la puesta en servicio del centro, como el acceso rodado, la acometida eléctrica y el saneamiento, ya que esas actuaciones no solo exceden de la competencia de la Consejería de Salud sino que fueron expresamente asumidas como compromisos del Consistorio por parte del propio señor Sánchez en una reunión con la consejera a la que también asistió el propio alcalde vejeriego”.

“La instalación eléctrica de media tensión hasta la subestación de Vejer no está realizada, y ni siquiera ha sido adjudicada. No existe proyecto de construcción de la depuradora de aguas residuales. Tampoco hay proyecto del acceso rodado al centro. De todas las actuaciones dependientes del Ayuntamiento, únicamente se cuenta con el suministro de agua”, ha señalado la diputada socialista, quien ha concluido diciendo que “a pesar de todo, el diputado y concejal Sánchez prefiere mirar a la parte que depende de la actuación de la Junta, obviando que, por mucho que la Administración autonómica finalice esos trabajos, será materialmente imposible poner en servicio unas dependencias sanitarias que no dispongan de luz ni de saneamiento, y a las que los usuarios y el personal ni siquiera puedan acceder”.

El PSOE denuncia que el PP inicia el curso con “más propaganda y más planes vacíos para disimular su falta de pulso”

Irene García adelanta que el Grupo Socialista estará “especialmente vigilante” para evitar “tentaciones de sectarismo” en el reparto de fondos públicos a las puertas de las municipales

Cádiz, 24 de septiembre de 2013. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha asegurado que “el Gobierno provincial del PP ha comenzado este curso político de la misma forma que finalizó el anterior, limitando su escasa gestión a la mera propaganda y presentando públicamente supuestos planes de actuación vacíos de contenido que no pueden disimular su falta de pulso”.

Irene García ha hecho estas declaraciones al hilo de la presentación de hasta tres iniciativas diferentes con la excusa de impulsar la industria cultural de esta provincia, cuando ese objetivo estaba “plenamente cubierto con el programa de Cooperación Cultural (más conocido como COCU), una iniciativa puesta en marcha durante la gestión socialista en la Diputación y que fue desmantelada por el simple hecho de que llevaba el sello del PSOE”.

“El COCU era un instrumento extraordinariamente valorado tanto por el sector cultural como por los ayuntamientos de los pequeños municipios, que gracias a él podían disponer de una programación de calidad, ajustada a sus necesidades y distribuida a largo de todo el año”, ha dicho la portavoz, quien ha destacado que “el sectarismo del PP llevó a sustituir este magnífico marco de funcionamiento por una mala copia que no satisface en absoluto las inquietudes de los pueblos ni de la industria cultural”.

Irene García ha señalado que “el anuncio de poner en marcha hasta tres iniciativas diferentes viene a demostrar que el Gobierno provincial del PP es consciente de su error en esta materia, si bien este verdadero parche no bastará para recuperar el grado de colaboración en materia cultural que los pequeños municipios obtenían de la mano del COCU”.

Muy al contrario, la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz ha adelantado que el Grupo Socialista va a estar “especialmente vigilante” sobre la gestión de estos programas, de forma que el reparto de sus fondos se realice en virtud de “criterios objetivos”, sin que el Gobierno provincial del PP pueda “caer en la tentación, prácticamente a las puertas de las próximas elecciones municipales, de hacer una distribución basada en el sectarismo”.

En esta línea, Irene García ha adelantado que aprovechará el Pleno de la Diputación que tendrá lugar mañana para plantear una pregunta al presidente Loaiza acerca de estas iniciativas que, “una vez más, los grupos de la oposición hemos debido conocer a través de los medios de comunicación”. “Queremos que el presidente Loaiza nos explique los detalles de estos programas, así como los criterios que van a regir esta inversión de dos millones de euros en vísperas electorales”, ha asegurado.

Finalmente, la portavoz y secretaria general ha ironizado diciendo que “con toda seguridad, esa cercanía de las elecciones va a propiciar que por fin el Gobierno provincial del PP se apresure a emprender algún tipo de inversiones. Porque hasta la fecha ese ritmo se acerca bastante a la parálisis absoluta, como demuestra el hecho de que el plan para mejorar la formación de hasta 2.000 parados de toda la provincia, presentado en noviembre del año pasado y dotado en 2013 con un presupuesto inversor de siete millones de euros, a día de hoy no se ha comenzado a ejecutar”.

Irene García pide en Diputación un pronunciamiento en contra del dragado del Guadalquivir

El PSOE exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados en todos los municipios

Irene García afirma que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos, el falso plan de empleo de la Diputación sigue sin ejecutarse”

Cádiz, 22 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al Pleno del próximo miércoles en la que exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados anunciado por el Gobierno provincial en noviembre del año pasado y que aún no ha comenzado a materializarse. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos por parte del presidente de la Diputación, esa iniciativa sigue sin ejecutarse”.

“Según se planteó entonces, este instrumento iba a suponer un novedoso programa de formación de parados que se aplicaría en los 44 municipios de la provincia. Sin embargo, a lo largo de este año solo hemos asistido a la firma de los convenios con los diferentes municipios, sin que se haya llegado a materializar en nada concreto”, ha afirmado, para añadir que “los datos facilitados por el presidente Loaiza en noviembre de 2012 decían que la inversión global entre 2013 y 2014 ascendería a 14,6 millones de euros. De ellos, 7,3 millones llegarían en este mismo ejercicio”.

Irene García ha censurado que “el Gobierno del PP en la Diputación ha preferido durante todo este tiempo jugar a la propaganda y a una sucesión de fotos de firmas de convenios en lugar de activar cuanto antes una medida que debe venir a mejorar la capacitación de nuestros empleados y que, a tenor de lo manifestado por sus impulsores, pretendía primar a las personas situadas en riesgo de exclusión social”.

“Esta demora es absolutamente intolerable en una provincia que cuenta, según los últimos datos de paro registrado, con casi 190.000 desempleados”, ha señalado la portavoz y secretaria general, quien ha recordado que “el propio presidente Loaiza anunció que este plan beneficiaría a unas 2.000 personas en el conjunto de la provincia, por lo que se está jugado con las expectativas tanto de muchas personas que atraviesan por una situación personal y familiar angustiosa como de todos aquellos ayuntamientos que contaban con poner en marcha esta actuación desde hace ya meses”. “El compromiso del presidente Loaiza incluía invertir este año hasta cinco millones de euros en los municipios menores de 25.000 habitantes, los más castigados por esta crisis económica, para mejorar la empleabilidad de sus parados. Y, a día de hoy, los pueblos siguen esperando a que llegue esa cantidad”.

Irene García ha lamentado que “siendo importante este retraso, su gravedad se multiplica por el hecho de que el Gobierno provincial del PP haya tratado de hacer creer a la opinión pública que esta iniciativa se trataba de un plan de empleo, cuando únicamente consiste en un plan de formación de desempleados que, siendo positivo desde el punto de vista de que puede mejorar las condiciones para su inserción laboral a medio plazo, no conlleva la contratación de sus beneficiarios, su alta en la Seguridad Social ni la generación del derecho a cobrar posteriormente la prestación por desempleo”. Así, ha recordado que “los desempleados que finalmente puedan acogerse al mismo, recibirán una beca de 420 euros mensuales durante los seis meses de su formación teórica y práctica”.

“El Gobierno provincial ha rechazado en más de media docena de ocasiones nuestra petición de poner en marcha un plan de empleo que garantizara la contratación de personas con una situación familiar especialmente alarmante. En todas las ocasiones ha votado en contra de nuestras propuestas, argumentando que ya había impulsado este falso plan de empleo que aún continúa sin materializarse en ningún municipio de la provincia”, ha manifestado, para señalar que “los hechos demuestran que el PP no solo no tenía un plan de empleo real para esta provincia sino que ni siquiera ha sido capaz de echar a andar este programa de formación de personas sin trabajo”.

Por todo ello, la portavoz y secretaria general ha hecho hincapié en la necesidad de que este plan de formación de desempleados arranque “de manera inmediata” en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Paralelamente, ha destacado que la propuesta que el Grupo Socialista llevará al Pleno del miércoles también reclama que, de la misma manera que va a suceder en algunos municipios en los que gobierna el PP, todos los ayuntamientos que así lo deseen puedan reclamar que su ejecución sea asumida por la propia Diputación.

El PSOE propone condenar los crímenes del franquismo

Irene García alerta de la “preocupante exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían superados”, y recuerda que la Ley de Memoria Histórica obliga a las instituciones al rechazo de la dictadura

Cádiz, 21 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista planteará en el próximo Pleno de la Diputación “la condena de los crímenes y la represión franquistas, en un momento en que vienen sucediéndose preocupantes episodios de exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían ya afortunadamente superados después de años de convivencia democrática”.

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “España sigue pendiente de un debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco. De hecho, aún no se ha llevado a cabo un inventario completo acerca de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante esos casi 40 años”.

“Cada día que pasa conocemos nuevas investigaciones y avances en la materia, y se hace más evidente y necesario que, a pesar de los intentos de algunos por acallar y por enterrar todo lo concerniente a la dictadura franquista y sus consecuencias, esta parte de nuestra historia sigue necesitando de un análisis riguroso y de una serie de medidas que alivien, aunque solo sea en parte, el sufrimiento de tantos españoles que vivieron, de manera directa o indirecta, la brutal represión del régimen de Franco”, ha destacado.

Irene García se ha referido a la reciente decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de aprobar una orden internacional de detención sobre cuatro acusados por torturas del régimen franquista, dentro de una investigación desarrollada en ese país al amparo de la Querella 4591/2010 contra los crímenes de la dictadura. De hecho, la propuesta del Grupo Socialista persigue la adhesión de la Diputación a esas actuaciones judiciales en Argentina por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de derechos humanos, cuando algunas cámaras autonómicas como el Parlamento vasco ya han debatido y aprobado en sus Plenos el respaldo a esa iniciativa.

La portavoz y secretaria general ha recordado que “entre las acciones recogidas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica, se encuentra el rechazo y la denuncia de la dictadura por parte de las instituciones”. Y ha hecho hincapié en que “son muchas las personas que sufrieron la más cruel represión dictatorial durante más de 40 años”. Simultáneamente a la condena de esa realidad, “merece ser destacada la labor sorda realizada por muchas mujeres republicanas en la transmisión de valores democráticos y de igualdad a las personas de menor edad de sus propias familias, en un entorno extremadamente hostil que rechazaba y perseguía esos principios de convivencia”.

La iniciativa del Grupo Socialista respalda la consideración del 18 de julio, fecha del comienzo de la Guerra Civil y del golpe de Estado de Franco contra el legítimo Gobierno republicano en 1936, como “Día Oficial de Condena al Franquismo”. En este sentido, plantea “instar a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, especialmente a PP y UPyD, que respectivamente votó en contra y se abstuvo en la Cámara Baja en la votación que planteaba establecer esa fecha como ocasión de homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de las posteriores décadas de represión de la dictadura franquista, que se sumen a esta reivindicación que es de justicia”.

La propuesta que el Grupo Socialista quiere también ofrecer un mensaje al conjunto de la ciudadanía para que apoye la querella 4591/2010 contra los crímenes del franquismo, “ya sea mediante la personación como querellantes si se trata de personas directamente represaliadas o de sus familiares, o manifestando su denuncia de la dictadura y su adhesión a esas actuaciones judiciales”. Al tiempo, plantea ofrecer “un reconocimiento público a la labor de todas aquellas mujeres que, durante el franquismo, educaron en unos valores democráticos y de igualdad que sin duda constituyeron el germen de la transición que nos condujo a la democracia que hoy todos disfrutamos”.

El PSOE lleva a Diputación el rechazo a la privatización de La Almoraima

Irene García afirma que la venta “pondría un patrimonio y una riqueza de todos en manos de unos pocos que solo buscan su propio beneficio”

Cádiz, 20 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que quiere arrancar de la Corporación el “rechazo radical” a la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de privatizar la finca pública La Almoraima, radicada en Castellar de la Frontera. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “después de intentarlo sin éxito dentro de la reestructuración del sector público empresarial en marzo del pasado año, el ministro Arias Cañete vuelve ahora a la carga en su intento de vender al mejor postor un patrimonio de todos que es además una importante fuente de riqueza y de empleo para Castellar y todo su entorno”.

“En aquel momento, la primera intentona de privatizar La Almoraima pudo frenarse por la presión social y por la inminencia de las elecciones autonómicas. Sin embargo, el hecho de que el pasado mes de junio el propio ministro incidiera en esa intención obliga a que la Diputación haga un posicionamiento firme en defensa de la continuidad de ese patrimonio en manos públicas”, ha asegurado Irene García, quien ha recordado que “la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía ya ha aprobado solicitar al Gobierno de la Nación la cesión de la finca para que pueda ser gestionada por la Junta. Y nuestra propuesta se suma a esta petición”.

La portavoz y secretaria general ha incidido en que el Grupo Socialista va a defender “con toda la fuerza” su permanencia en manos públicas. “No vamos a consentir que el PP se salga con la suya en su intención de que unos pocos puedan hacer negocio con un patrimonio que es y debe seguir siendo de todos”, ha asegurado, para recordar que La Almoraima recibió un importante volumen de inversiones durante las etapas de Gobierno del PSOE que superó los 10 millones de euros entre los años 2009 y 2010 para mejorar las infraestructuras y la gestión integral de la misma. “Ese importante esfuerzo económico procedente de las arcas públicas no puede ser entregado, con la finca en sí misma, a unas manos privadas que van a moverse siguiendo únicamente su propio beneficio”, ha dicho.

Irene García ha afirmado que la eventual venta o privatización de La Almoraima “pondrá en grave riesgo la continuidad de uno de los pilares más importantes ligados al desarrollo rural en la comarca del Campo de Gibraltar. Porque, además de suponer uno de los parajes medioambientales emblemáticos de Andalucía, esta finca pública mantiene una importante actividad económica que da empleo a una plantilla de 54 trabajadores fijos y otros tantos eventuales”.

“La Almoraima es una de las fincas públicas más importantes de nuestro país –ha explicado-, y ofrece un importante potencial de desarrollo para las poblaciones de Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, en las que genera un buen número de jornales al tiempo que mantiene una calidad medioambiental que podría ponerse en grave riesgo con su privatización”. Sin embargo, “el mantenimiento de La Almoraima en manos públicas mediante su cesión a la Junta de Andalucía garantizaría su continuidad como patrimonio natural y como elemento de desarrollo socioeconómico basado en la producción de corcho, la explotación cinegética, la actividades agrícolas y ganaderas, las actividades de turismo rural vinculado al medio ambiente y otros posibles aprovechamientos que podrían plantearse, siempre dentro de unos criterios de sostenibilidad y respeto al interés público”.

La finca La Almoraima cuenta con una extensión superior a las 14.110 hectáreas, lo que representa casi un 78 por ciento del término municipal de Castellar de la Frontera. De ellas, un total de 12.760 hectáreas se integran, en su extremo sureste, en el Parque Natural de Los Alcornocales. El resto es suelo no urbanizable en diferentes categorías, según la normativa vigente.