Irene García pide en Diputación un pronunciamiento en contra del dragado del Guadalquivir
El PSOE exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados en todos los municipios
Irene García afirma que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos, el falso plan de empleo de la Diputación sigue sin ejecutarse”
Cádiz, 22 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al Pleno del próximo miércoles en la que exige el “inicio urgente” del plan de formación de desempleados anunciado por el Gobierno provincial en noviembre del año pasado y que aún no ha comenzado a materializarse. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que “casi un año después de su anuncio a los cuatro vientos por parte del presidente de la Diputación, esa iniciativa sigue sin ejecutarse”.
“Según se planteó entonces, este instrumento iba a suponer un novedoso programa de formación de parados que se aplicaría en los 44 municipios de la provincia. Sin embargo, a lo largo de este año solo hemos asistido a la firma de los convenios con los diferentes municipios, sin que se haya llegado a materializar en nada concreto”, ha afirmado, para añadir que “los datos facilitados por el presidente Loaiza en noviembre de 2012 decían que la inversión global entre 2013 y 2014 ascendería a 14,6 millones de euros. De ellos, 7,3 millones llegarían en este mismo ejercicio”.
Irene García ha censurado que “el Gobierno del PP en la Diputación ha preferido durante todo este tiempo jugar a la propaganda y a una sucesión de fotos de firmas de convenios en lugar de activar cuanto antes una medida que debe venir a mejorar la capacitación de nuestros empleados y que, a tenor de lo manifestado por sus impulsores, pretendía primar a las personas situadas en riesgo de exclusión social”.
“Esta demora es absolutamente intolerable en una provincia que cuenta, según los últimos datos de paro registrado, con casi 190.000 desempleados”, ha señalado la portavoz y secretaria general, quien ha recordado que “el propio presidente Loaiza anunció que este plan beneficiaría a unas 2.000 personas en el conjunto de la provincia, por lo que se está jugado con las expectativas tanto de muchas personas que atraviesan por una situación personal y familiar angustiosa como de todos aquellos ayuntamientos que contaban con poner en marcha esta actuación desde hace ya meses”. “El compromiso del presidente Loaiza incluía invertir este año hasta cinco millones de euros en los municipios menores de 25.000 habitantes, los más castigados por esta crisis económica, para mejorar la empleabilidad de sus parados. Y, a día de hoy, los pueblos siguen esperando a que llegue esa cantidad”.
Irene García ha lamentado que “siendo importante este retraso, su gravedad se multiplica por el hecho de que el Gobierno provincial del PP haya tratado de hacer creer a la opinión pública que esta iniciativa se trataba de un plan de empleo, cuando únicamente consiste en un plan de formación de desempleados que, siendo positivo desde el punto de vista de que puede mejorar las condiciones para su inserción laboral a medio plazo, no conlleva la contratación de sus beneficiarios, su alta en la Seguridad Social ni la generación del derecho a cobrar posteriormente la prestación por desempleo”. Así, ha recordado que “los desempleados que finalmente puedan acogerse al mismo, recibirán una beca de 420 euros mensuales durante los seis meses de su formación teórica y práctica”.
“El Gobierno provincial ha rechazado en más de media docena de ocasiones nuestra petición de poner en marcha un plan de empleo que garantizara la contratación de personas con una situación familiar especialmente alarmante. En todas las ocasiones ha votado en contra de nuestras propuestas, argumentando que ya había impulsado este falso plan de empleo que aún continúa sin materializarse en ningún municipio de la provincia”, ha manifestado, para señalar que “los hechos demuestran que el PP no solo no tenía un plan de empleo real para esta provincia sino que ni siquiera ha sido capaz de echar a andar este programa de formación de personas sin trabajo”.
Por todo ello, la portavoz y secretaria general ha hecho hincapié en la necesidad de que este plan de formación de desempleados arranque “de manera inmediata” en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Paralelamente, ha destacado que la propuesta que el Grupo Socialista llevará al Pleno del miércoles también reclama que, de la misma manera que va a suceder en algunos municipios en los que gobierna el PP, todos los ayuntamientos que así lo deseen puedan reclamar que su ejecución sea asumida por la propia Diputación.
El PSOE propone condenar los crímenes del franquismo
Irene García alerta de la “preocupante exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían superados”, y recuerda que la Ley de Memoria Histórica obliga a las instituciones al rechazo de la dictadura
Cádiz, 21 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista planteará en el próximo Pleno de la Diputación “la condena de los crímenes y la represión franquistas, en un momento en que vienen sucediéndose preocupantes episodios de exaltación de símbolos y ademanes fascistas que parecían ya afortunadamente superados después de años de convivencia democrática”.
Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “España sigue pendiente de un debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco. De hecho, aún no se ha llevado a cabo un inventario completo acerca de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante esos casi 40 años”.
“Cada día que pasa conocemos nuevas investigaciones y avances en la materia, y se hace más evidente y necesario que, a pesar de los intentos de algunos por acallar y por enterrar todo lo concerniente a la dictadura franquista y sus consecuencias, esta parte de nuestra historia sigue necesitando de un análisis riguroso y de una serie de medidas que alivien, aunque solo sea en parte, el sufrimiento de tantos españoles que vivieron, de manera directa o indirecta, la brutal represión del régimen de Franco”, ha destacado.
Irene García se ha referido a la reciente decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de aprobar una orden internacional de detención sobre cuatro acusados por torturas del régimen franquista, dentro de una investigación desarrollada en ese país al amparo de la Querella 4591/2010 contra los crímenes de la dictadura. De hecho, la propuesta del Grupo Socialista persigue la adhesión de la Diputación a esas actuaciones judiciales en Argentina por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de derechos humanos, cuando algunas cámaras autonómicas como el Parlamento vasco ya han debatido y aprobado en sus Plenos el respaldo a esa iniciativa.
La portavoz y secretaria general ha recordado que “entre las acciones recogidas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica, se encuentra el rechazo y la denuncia de la dictadura por parte de las instituciones”. Y ha hecho hincapié en que “son muchas las personas que sufrieron la más cruel represión dictatorial durante más de 40 años”. Simultáneamente a la condena de esa realidad, “merece ser destacada la labor sorda realizada por muchas mujeres republicanas en la transmisión de valores democráticos y de igualdad a las personas de menor edad de sus propias familias, en un entorno extremadamente hostil que rechazaba y perseguía esos principios de convivencia”.
La iniciativa del Grupo Socialista respalda la consideración del 18 de julio, fecha del comienzo de la Guerra Civil y del golpe de Estado de Franco contra el legítimo Gobierno republicano en 1936, como “Día Oficial de Condena al Franquismo”. En este sentido, plantea “instar a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, especialmente a PP y UPyD, que respectivamente votó en contra y se abstuvo en la Cámara Baja en la votación que planteaba establecer esa fecha como ocasión de homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de las posteriores décadas de represión de la dictadura franquista, que se sumen a esta reivindicación que es de justicia”.
La propuesta que el Grupo Socialista quiere también ofrecer un mensaje al conjunto de la ciudadanía para que apoye la querella 4591/2010 contra los crímenes del franquismo, “ya sea mediante la personación como querellantes si se trata de personas directamente represaliadas o de sus familiares, o manifestando su denuncia de la dictadura y su adhesión a esas actuaciones judiciales”. Al tiempo, plantea ofrecer “un reconocimiento público a la labor de todas aquellas mujeres que, durante el franquismo, educaron en unos valores democráticos y de igualdad que sin duda constituyeron el germen de la transición que nos condujo a la democracia que hoy todos disfrutamos”.
El PSOE lleva a Diputación el rechazo a la privatización de La Almoraima
Irene García afirma que la venta “pondría un patrimonio y una riqueza de todos en manos de unos pocos que solo buscan su propio beneficio”
Cádiz, 20 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que quiere arrancar de la Corporación el “rechazo radical” a la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de privatizar la finca pública La Almoraima, radicada en Castellar de la Frontera. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que “después de intentarlo sin éxito dentro de la reestructuración del sector público empresarial en marzo del pasado año, el ministro Arias Cañete vuelve ahora a la carga en su intento de vender al mejor postor un patrimonio de todos que es además una importante fuente de riqueza y de empleo para Castellar y todo su entorno”.
“En aquel momento, la primera intentona de privatizar La Almoraima pudo frenarse por la presión social y por la inminencia de las elecciones autonómicas. Sin embargo, el hecho de que el pasado mes de junio el propio ministro incidiera en esa intención obliga a que la Diputación haga un posicionamiento firme en defensa de la continuidad de ese patrimonio en manos públicas”, ha asegurado Irene García, quien ha recordado que “la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía ya ha aprobado solicitar al Gobierno de la Nación la cesión de la finca para que pueda ser gestionada por la Junta. Y nuestra propuesta se suma a esta petición”.
La portavoz y secretaria general ha incidido en que el Grupo Socialista va a defender “con toda la fuerza” su permanencia en manos públicas. “No vamos a consentir que el PP se salga con la suya en su intención de que unos pocos puedan hacer negocio con un patrimonio que es y debe seguir siendo de todos”, ha asegurado, para recordar que La Almoraima recibió un importante volumen de inversiones durante las etapas de Gobierno del PSOE que superó los 10 millones de euros entre los años 2009 y 2010 para mejorar las infraestructuras y la gestión integral de la misma. “Ese importante esfuerzo económico procedente de las arcas públicas no puede ser entregado, con la finca en sí misma, a unas manos privadas que van a moverse siguiendo únicamente su propio beneficio”, ha dicho.
Irene García ha afirmado que la eventual venta o privatización de La Almoraima “pondrá en grave riesgo la continuidad de uno de los pilares más importantes ligados al desarrollo rural en la comarca del Campo de Gibraltar. Porque, además de suponer uno de los parajes medioambientales emblemáticos de Andalucía, esta finca pública mantiene una importante actividad económica que da empleo a una plantilla de 54 trabajadores fijos y otros tantos eventuales”.
“La Almoraima es una de las fincas públicas más importantes de nuestro país –ha explicado-, y ofrece un importante potencial de desarrollo para las poblaciones de Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, en las que genera un buen número de jornales al tiempo que mantiene una calidad medioambiental que podría ponerse en grave riesgo con su privatización”. Sin embargo, “el mantenimiento de La Almoraima en manos públicas mediante su cesión a la Junta de Andalucía garantizaría su continuidad como patrimonio natural y como elemento de desarrollo socioeconómico basado en la producción de corcho, la explotación cinegética, la actividades agrícolas y ganaderas, las actividades de turismo rural vinculado al medio ambiente y otros posibles aprovechamientos que podrían plantearse, siempre dentro de unos criterios de sostenibilidad y respeto al interés público”.
La finca La Almoraima cuenta con una extensión superior a las 14.110 hectáreas, lo que representa casi un 78 por ciento del término municipal de Castellar de la Frontera. De ellas, un total de 12.760 hectáreas se integran, en su extremo sureste, en el Parque Natural de Los Alcornocales. El resto es suelo no urbanizable en diferentes categorías, según la normativa vigente.
El PSOE denuncia que “la realidad se impone a la ingeniería del PP al elaborar los Presupuestos de Diputación”
José María Román afirma que el Gobierno provincial debe rectificar su “caprichoso tijeretazo” de dos millones de euros al Consorcio de Bomberos y tiene que asumir los salarios de tramitación de los ALPEs
Cádiz, 18 de septiembre de 2013. El Grupo Socialista de la Diputación ha destacado hoy que “la realidad y la fuerza de los hechos se han impuesto a la ingeniería del PP a la hora de elaborar los Presupuestos de la Diputación, y ha obligado a realizar diversas modificaciones de crédito para cerrar las cuentas del ejercicio 2012”. Así se ha manifestado el diputado socialista José María Román, quien se ha referido de manera específica a una modificación de crédito por valor de 2.236.860 euros para poder atender obligaciones del Consorcio de Bomberos que no pueden aplazarse a posteriores anualidades. “A finales de 2011, en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos para 2012, ya alertamos de una inexplicable reducción en la dotación para el Consorcio que el papel tal vez podía aguantar pero que en ningún caso era compatible con la realidad”.
“Los socialistas ya denunciamos en su día un caprichoso tijeretazo de dos millones de euros en la aportación de la Diputación al Consorcio Provincial de Bomberos. En aquel momento no existía ninguna razón para reducir en cerca de un 25 por ciento la cantidad respecto al año anterior, cuando las necesidades de medios materiales y personales, así como los cometidos del propio organismo, en ningún caso iban a disminuir en esa proporción”, ha señalado Román.
El diputado socialista ha destacado que “la necesidad de esta modificación presupuestaria, que se financiará con el remanente de tesorería de ejercicios anteriores, es consecuencia de una estrategia del PP de dibujar unas cuentas más virtuales que reales, con un falso criterio de austeridad que se basa en recortes de partidas que son materialmente imposibles de aminorar sin perjudicar la prestación y la calidad de determinados servicios públicos”.
José María Román ha lamentado que “el Gobierno provincial del PP propone ahora una modificación que no sería necesaria si nuestra propuesta de entonces hubiera encontrado una respuesta racional y responsable, en lugar del tradicional rodillo con el que se encuentran todas nuestras iniciativas. Porque ya en el Pleno de Presupuestos de 2012 reclamamos que no se cayese en ese error y que el Consorcio de Bomberos recuperase la aportación que venía recibiendo hasta ese momento, que era absolutamente necesaria para el normal mantenimiento de su actividad”.
“Los propios datos oficiales de la Diputación respaldan otra tesis mantenida desde el PSOE, y en virtud de la cual hemos demandado reiteradamente un cambio en la política económica del Gobierno provincial del PP, como es la posibilidad de recurrir al endeudamiento para financiar iniciativas y programas que apuesten por la generación de empleo y por las políticas sociales”, ha afirmado el diputado socialista. En este sentido, ha añadido que la Corporación provincial “dispone de un margen de casi tres puntos porcentuales para alcanzar su límite máximo de endeudamiento, lo que brinda unas posibilidades de actuación que no se están teniendo en cuenta por el simple hecho de que se prefiere ir saldando deuda bancaria, respondiendo a las obligaciones ante las entidades financieras en lugar de responder a las necesidades de los habitantes y de los municipios de esta provincia”.
Igualmente, José María Román se ha pronunciado acerca de otra modificación de crédito por montante de 386.073 euros para responder a una sentencia judicial que obliga a la Diputación a asumir los salarios de tramitación, seguros sociales y ayudas sociales de los aproximadamente dos centenares de agentes locales de promoción de empleo (ALPEs) que venían siendo contratados por la Corporación provincial y que fueron despedidos. “El presidente Loaiza se equivocó cuando, lejos de plantarse contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy a las transferencias para políticas activas de empleo que debía desarrollar la Junta de Andalucía, consumó el despido de estas personas. Ahora, los tribunales han puesto las cosas en su sitio y obligan a la Diputación a respetar los derechos de esos trabajadores y, en consecuencia, a respetar esos derechos económicos y laborales que legítimamente les corresponden”.
Irene García: “La gestión del PP en la Diputación es tan transparente que no se ve por ningún lado”
La portavoz del Grupo Socialista denuncia el “triunfalismo” popular tras dos años de gobierno marcados por “sectarismo, dejación de responsabilidades y abandono de nuestros pueblos”
Cádiz, 2 de agosto de 2013. La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha salido al paso de las declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación, Mercedes Colombo, en las que esta se refería a la transparencia como una de las señas de identidad de la actuación del PP al frente de esa entidad, y ha destacado que “la gestión del Partido Popular en la Corporación Provincial es tan transparente que después de dos años no se ve por ningún lado”.
Irene García ha calificado de “uso eufemístico” la utilización del concepto transparencia para definir esa actuación del Partido Popular en el ente supramunicipal por parte de su vicepresidenta, ya que la Diputación “suma ya dos años sin pulso. Y, lo que es peor, no presenta signo alguno de que vaya a reactivarse”.
“Hablar de transparencia, contención del gasto y eficacia como ejes de la gestión del PP al frente de la Diputación es un ejercicio de triunfalismo y una broma de mal gusto cuando el día a día de la Corporación provincial se halla sumido en un oscurantismo sin precedentes, en el que los alcaldes y las alcaldesas no son escuchados y no obtienen ninguna respuesta a sus planteamientos y a sus necesidades”, ha dicho Irene García. Así, lejos de compartir el diagnóstico de Mercedes Colombo, ha destacado que la actuación del PP al frente del Palacio Provincial viene estando “marcada por el sectarismo, por la dejación de responsabilidades como institución más cercana a nuestros pueblos y por el abandono a las pequeñas localidades”.
“El PP está siguiendo en la Diputación la misma línea de actuación que lleva a cabo en el Gobierno central y en aquellas localidades de la provincia en las que cuenta con esa responsabilidad, volcándose en una contención del déficit en sus cuentas, primando la obtención de un resultado económico aparentemente saneado sin importar si eso se consigue únicamente a costa de reducir las inversiones, de frenar la generación de empleo y de poner incluso en riesgo el Estado del bienestar”, ha dicho Irene García.
Así, ha recordado las “reiteradas negativas” del Gobierno provincial del PP a poner en marcha “un plan de empleo eficaz que responda a la dramática situación por la que atraviesan miles de familias de nuestros pequeños municipios. Porque, por encima de las interpretaciones triunfalistas del PP, hoy hemos conocido que 190.370 personas continúan sin empleo en la provincia, precisamente en uno de los meses idóneos para la creación de empleo”.
“Junto a un abandono desconocido de nuestra red de carreteras, de la permanente amenaza de desmantelamiento de las políticas sociales y de la desatención de las necesidades de los municipios de menor población, estos dos años han incluido escandalosos casos de favoritismo a ayuntamientos que comparten siglas con el Gobierno provincial, entre los cuales el caso de Jerez es el más llamativo”, ha destacado, para hacer hincapié también en la “ausencia de peso institucional al que el PP ha condenado a la Diputación, que se está viendo incapaz de defender los intereses de la provincia y los acuerdos plenarios en asuntos tan importantes como la necesidad de dotar de carga de trabajo a nuestros astilleros o de paralizar el dragado del Guadalquivir”.
La secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que “tanto en la actividad diaria como a lo largo de los sucesivos plenos de la Corporación, está quedando de manifiesto que el PP entiende la Diputación como un elemento de confrontación con la Junta de Andalucía y como un instrumento para actuar como correa de transmisión de las políticas y los dictados del Gobierno de Mariano Rajoy”. En este sentido, ha añadido que “lejos de primar los intereses de nuestros pueblos y de sus habitantes, la primera prioridad del PP en la Diputación es poner la institución al servicio de sus criterios partidistas en todos los sentidos”.
Finalmente, ha concluido diciendo que el hecho de que la vicepresidenta de la Diputación fije uno de los ejes de la acción del PP en la apuesta por el turismo “es poco menos que una osadía, cuando los agentes del sector aún recuerdan el ridículo protagonizado por el presidente Loaiza al anunciar de forma oportunista y precipitada unas supuestas conexiones aéreas desde el aeropuerto de Jerez que después se revelaron como inexistentes”.
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