Cádiz, 19 de enero de 2012
El PSOE reclama
que el plan Peces tenga un presupuesto mínimo de cinco millones al año y que su
aplicación se extienda a municipios de hasta 50.000 habitantes
La difícil
situación económica de las pedanías de Jerez y el rechazo a las medidas
antisociales de ajuste del Gobierno de Rajoy también merecen propuestas del
Grupo Socialista al Pleno
El Grupo Socialista de la Diputación ha
presentado diversas iniciativas para su debate en el Pleno de la próxima
semana. Entre ellas destaca una propuesta de acuerdo que pretende que el
Programa de Empleo para Colectivos en Emergencia Social (Peces), presentado
recientemente por Diputación y con una dotación claramente insuficiente,
“cuente con un presupuesto anual de al menos cinco millones de euros de
inversión”; y que sea la propia Corporación provincial la encargada de implicar
en su financiación tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación.
Junto a ese aumento en su dotación económica, los socialistas pretenden ampliar
su ámbito de actuación, de forma que no sólo se aplique en municipios de hasta
20.000 habitantes sino que el límite poblacional se eleve a los 50.000
habitantes.
Esta proposición persigue igualmente que
el presidente de la Diputación, José Loaiza, “retire las manifestaciones hechas
en rueda de prensa (el pasado 10 de enero, durante la presentación pública del
plan Peces) sobre contrataciones a dedo realizadas durante la etapa de gestión
socialista de la Corporación”.
Como se recordará, el Grupo Socialista de
Diputación había criticado tanto la tardanza en la puesta en marcha del plan
Peces como su escasa dotación económica, especialmente dada su finalidad de
atender a colectivos en emergencia social.
Transferencias directas desde la Diputación a las pedanías de Jerez
La difícil situación económica por la que
atraviesan las pedanías de Jerez centra otra de las iniciativas que el Grupo
Socialista planteará al Pleno, concretamente una propuesta de acuerdo para
“solicitar a la alcaldesa de Jerez que autorice a la Diputación, como
Administración responsable por delegación de ese Ayuntamiento de la recaudación
de los impuestos y tasas del municipio, a que transfiera directa y puntualmente
a las ELAs las mensualidades del Convenio Económico firmado entre el
Ayuntamiento y sus pedanías”.
Esta propuesta, que se produce como
consecuencia del compromiso adquirido por el secretario provincial del PSOE y
portavoz en Diputación, Francisco González Cabaña, con los alcaldes socialistas
de la zona rural, recoge que la situación de las pedanías jerezanas es
“especialmente angustiosa” dentro de un contexto de dificultad económica en la generalidad
de pueblos y entidades locales de la provincia.
En la misma se plantea igualmente que la
Diputación “inste al Ayuntamiento matriz de Jerez al pago de las cantidades aún
pendientes del citado acuerdo económico a la mayor brevedad posible, dado que
muchos de los servicios básicos que por ley tienen que prestar no pueden
realizarse por falta de recursos económicos debido al incumplimiento del
referido Consistorio matriz”.
Rechazo a las medidas “no equitativas” impulsadas por el Gobierno
central
Las duras medidas económicas aprobadas por
el Gobierno central también son objeto de una proposición del Grupo Socialista,
que plantea rechazar la fiscalidad de las rentas del trabajo y a las clases
medias, una medida que provocará “una mayor caída en el consumo y una menor
actividad empresarial y productiva”. La propuesta socialista se refiere a unas
“medidas que no son equitativas” y explica que “no es equitativo congelar el
Salario Mínimo Interprofesional y recuperar las deducciones por compra de
vivienda. No es equitativo subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) en todos los tramos y no crear un impuesto a las grandes fortunas.
No es equitativo paralizar la aplicación de la Ley de Dependencia o suprimir la
Renta Básica de Emancipación a los jóvenes. Y no es equitativo para los
pensionistas que se les suba un 1% la pensión pero que al mismo tiempo se les
quite un 0,75% de IRPF”.
En este sentido, igualmente se plantea
rechazar tanto “los recortes de la inversión pública en infraestructuras y en
I+D+i que frenan aún más la actividad económica”, dos medidas planteadas por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy y que se traducirán en un freno al papel de motor
del desarrollo económico que viene desarrollando la Administración justo en un
momento de menor actividad del sector privado.
Una de las medidas concretas impulsadas
por el Gobierno de Rajoy y consideradas especialmente injustas e ineficaces por
los socialistas es la supresión de la Renta Básica de Emancipación, lo que
supone “un frenazo a las posibilidades de emancipación de más de 250.000
jóvenes de este país, así como la pérdida de un incentivo que permitía sacar al
mercado inmobiliario del alquiler numerosas viviendas”. Por ese motivo, una
propuesta específica busca el respaldo de los grupos de Diputación para que la
Corporación provincial “acuerde instar al Gobierno central para que restituya
la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes, prevista en el anterior Real
Decreto 1.472/2007, de 2 de noviembre”, derogado por el Ejecutivo de Rajoy el
pasado 30 de enero.
Un encuentro de todas las instituciones a favor de Cádiz
Electrónica
El Grupo Socialista en Diputación había
presentado igualmente el pasado martes una iniciativa que solicitaba la
celebración “con toda la celeridad posible” de una reunión de todas las
Administraciones Públicas afectadas por el anunciado cierre de la planta de
Cádiz Electrónica, con el objetivo de “tratar de conseguir una solución
adecuada a la magnitud del problema”. Esta reunión se ha convocado finalmente
para pasado mañana sábado en Sevilla.
La propuesta socialista, que recordaba las
diferentes reuniones mantenidas por los trabajadores con distintos departamentos
de la Junta de Andalucía, respondía a un compromiso personal del secretario
general del PSOE de Cadiz y portavoz socialista en Diputación, Francisco
González Cabaña, en un encuentro con el comité de empresa a finales de
diciembre; y pretendía sentar en torno a la misma mesa a Gobierno de la Nación,
Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María.
Como se recordará, la multinacional Visteon (matriz de
Cádiz Electrónica), anunció el pasado junio el cierre de la factoría portuense
e incluso ha iniciado los trámites para la liquidación de la sociedad, lo que
dejaría sin empleo a los 400 integrantes de su plantilla que llevan meses sin
cobrar y sin poder trabajar, con un evidente efecto negativo además sobre los empleos
indirectos que dependen de la factoría.
