Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

Cádiz, 19 de enero de 2012

El PSOE propone que la Diputación abone directamente a las pedanías de Jerez las transferencias del convenio económico con el Ayuntamiento

Los socialistas reclaman que el plan Peces cuente con un presupuesto mínimo de cinco millones de euros al año y plantean el rechazo a las medidas antisociales de ajuste impulsadas por el Gobierno de Rajoy

La difícil situación económica por la que atraviesan las pedanías de Jerez centra una de las iniciativas que el Grupo Socialista planteará al Pleno de la Corporación provincial, concretamente una propuesta de acuerdo para “solicitar a la alcaldesa de Jerez que autorice a la Diputación, como Administración responsable por delegación de ese Ayuntamiento de la recaudación de los impuestos y tasas del municipio, a que transfiera directa y puntualmente a las ELAs las mensualidades del Convenio Económico firmado entre el Ayuntamiento y sus pedanías”. 

Esta propuesta, que se produce como consecuencia del compromiso adquirido por el secretario general del PSOE y portavoz en Diputación, Francisco González Cabaña, con los alcaldes socialistas de la zona rural, recoge que la situación de las pedanías jerezanas es “especialmente angustiosa” dentro de un contexto de dificultad económica en la generalidad de pueblos y entidades locales de la provincia.

En la misma se plantea igualmente que la Diputación “inste al Ayuntamiento matriz de Jerez al pago de las cantidades aún pendientes del citado acuerdo económico a la mayor brevedad posible, dado que muchos de los servicios básicos que por ley tienen que prestar no pueden realizarse por falta de recursos económicos debido al incumplimiento del referido Consistorio matriz”.

Cinco millones al año para el plan Peces

El Grupo Socialista ha presentado una propuesta de acuerdo que pretende que el Programa de Empleo para Colectivos en Emergencia Social (Peces), presentado recientemente por Diputación y con una dotación claramente insuficiente, “cuente con un presupuesto anual de al menos cinco millones de euros de inversión”; y que sea la propia Corporación provincial la encargada de implicar en su financiación tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación. Junto a ese aumento en su dotación económica, los socialistas pretenden ampliar su ámbito de actuación, de forma que no sólo se aplique en municipios de hasta 20.000 habitantes sino que el límite poblacional se eleve a los 50.000 habitantes.

Esta proposición persigue igualmente que el presidente de la Diputación, José Loaiza, “retire las manifestaciones hechas en rueda de prensa (el pasado 10 de enero, durante la presentación pública del plan Peces) sobre contrataciones a dedo realizadas durante la etapa de gestión socialista de la Corporación”.

Como se recordará, el Grupo Socialista de Diputación había criticado tanto la tardanza en la puesta en marcha del plan Peces como su escasa dotación económica, especialmente dada su finalidad de atender a colectivos en emergencia social.

Rechazo a las medidas “no equitativas” impulsadas por el Gobierno central

Las duras medidas económicas aprobadas por el Gobierno central también son objeto de una proposición del Grupo Socialista, que plantea rechazar la fiscalidad de las rentas del trabajo y a las clases medias, una medida que provocará “una mayor caída en el consumo y una menor actividad empresarial y productiva”. La propuesta socialista se refiere a unas “medidas que no son equitativas” y explica que “no es equitativo congelar el Salario Mínimo Interprofesional y recuperar las deducciones por compra de vivienda. No es equitativo subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todos los tramos y no crear un impuesto a las grandes fortunas. No es equitativo paralizar la aplicación de la Ley de Dependencia o suprimir la Renta Básica de Emancipación a los jóvenes. Y no es equitativo para los pensionistas que se les suba un 1% la pensión pero que al mismo tiempo se les quite un 0,75% de IRPF”.

En este sentido, igualmente se plantea rechazar tanto “los recortes de la inversión pública en infraestructuras y en I+D+i que frenan aún más la actividad económica”, dos medidas planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que se traducirán en un freno al papel de motor del desarrollo económico que viene desarrollando la Administración justo en un momento de menor actividad del sector privado.

Una de las medidas concretas impulsadas por el Gobierno de Rajoy y consideradas especialmente injustas e ineficaces por los socialistas es la supresión de la Renta Básica de Emancipación, lo que supone “un frenazo a las posibilidades de emancipación de más de 250.000 jóvenes de este país, así como la pérdida de un incentivo que permitía sacar al mercado inmobiliario del alquiler numerosas viviendas”. Por ese motivo, una propuesta específica busca el respaldo de los grupos de Diputación para que la Corporación provincial “acuerde instar al Gobierno central para que restituya la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes, prevista en el anterior Real Decreto 1.472/2007, de 2 de noviembre”, derogado por el Ejecutivo de Rajoy el pasado 30 de enero.

Un encuentro de todas las instituciones a favor de Cádiz Electrónica

El Grupo Socialista en Diputación había presentado igualmente el pasado martes una iniciativa que solicitaba la celebración “con toda la celeridad posible” de una reunión de todas las Administraciones Públicas afectadas por el anunciado cierre de la planta de Cádiz Electrónica, con el objetivo de “tratar de conseguir una solución adecuada a la magnitud del problema”. Esta reunión se ha convocado finalmente para pasado mañana sábado en Sevilla.

La propuesta socialista, que recordaba las diferentes reuniones mantenidas por los trabajadores con distintos departamentos de la Junta de Andalucía, respondía a un compromiso personal del secretario general del PSOE de Cadiz y portavoz socialista en Diputación, Francisco González Cabaña, en un encuentro con el comité de empresa a finales de diciembre; y pretendía sentar en torno a la misma mesa a Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Como se recordará, la multinacional Visteon (matriz de Cádiz Electrónica), anunció el pasado junio el cierre de la factoría portuense e incluso ha iniciado los trámites para la liquidación de la sociedad, lo que dejaría sin empleo a los 400 integrantes de su plantilla que llevan meses sin cobrar y sin poder trabajar, con un evidente efecto negativo además sobre los empleos indirectos que dependen de la factoría.