El PSOE pide a la Junta un plan para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local que complemente al ‘Joven Ahora’

Ana Carrera aboga por dar respuesta a las “demoledoras tasas de desempleo” y a la elevada precariedad que castiga al “eslabón más débil en el ámbito de las oportunidades laborales” 

Ana Carrera, interviniendo en el Pleno del pasado septiembre

Cádiz, 14 de octubre de 2022. El Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación una propuesta que persigue instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha un plan para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local que complemente a la iniciativa ‘Joven Ahora’ que viene desarrollándose en la actualidad y que está financiada de forma muy predominante con recursos económicos procedentes de la Unión Europea. 

La portavoz del Grupo Socialista y diputada responsable del Área de Empleo de la Diputación, Ana Carrera, ha recordado las “demoledoras tasas de desempleo juvenil” en la provincia y en el conjunto de Andalucía, a lo que hay que añadir una “preocupante precariedad” en aquellos casos en los que sí se consigue el acceso a un trabajo, ya que “es habitual encadenar largos periodos de prácticas no remuneradas en distintas empresas o tener que emigrar de su municipio, su provincia o incluso de nuestra comunidad autónoma”. Se trata por tanto de “un problema estructural” que, a su vez, es una perversa paradoja, ya que “el eslabón más débil en el ámbito de las oportunidades laborales es, al mismo tiempo, el más joven y el más formado, hasta el punto de que una de cada tres personas menores de 25 años está en paro en Andalucía”.

Por ese motivo, el Grupo Socialista considera que la Junta debe asumir su responsabilidad y no conformarse con la aportación realizada para poner en marcha la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), un programa promovido por la UE a través de fondos provenientes del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y que cuenta con un presupuesto de prácticamente 120 millones de euros. La implicación del Gobierno andaluz se reduce a 13.597.756,7 euros, apenas un 11,4% del montante total.

A todo ello hay que añadir, además, que la aportación económica por contrato de trabajo establecida al amparo del plan Joven Ahora “es insuficiente para sufragar los costes salariales actuales, lo que obliga a los diferentes ayuntamientos a financiar la cuantía restante por cada contrato mediante fondos propios de cada municipio”.

Por si todo ello no fuera suficiente, el Joven Ahora ni siquiera cumple su teórico objetivo de mejorar la empleabilidad de personas jóvenes en situación de desempleo en los municipios andaluces y la adquisición de experiencia laboral por parte de las mismas, ya que limita sus beneficiarios a quienes integran los grupos de cotización del 4 al 10, impidiendo la contratación de aquellos jóvenes que se ajustan, por titulación y formación, a los grupos de cotización del 1 al 3. “Se está apartando de esta iniciativa a la juventud andaluza que se ha formado y que igualmente necesita adquirir experiencia, mejorar su empleabilidad y asentarse en sus localidades”, ha explicado Ana Carrera, quien ha añadido que “no tiene ningún sentido que una convocatoria que pretende promocionar el empleo juvenil de manera integradora no acoja a la juventud que ha apostado por cualificarse, en muchos casos, con el anhelo de poder quedarse en su tierra y que ahora ve cómo la Junta de Andalucía le da la espalda”.

Junto a la puesta en marcha de un mecanismo que complemente al Joven Ahora y la ampliación del tiempo de contratación de esas primeras oportunidades laborales que oferta, la propuesta socialista persigue también que se incluya como posibles destinatarios de la subvención a aquellos jóvenes que, por su nivel de cualificación y formación, se encuentren en los grupos de cotización del 1 al 3, además de aquellos que ya son beneficiarios de la convocatoria (del 4 al 10), “dando oportunidades a todos los niveles formativos posibles, sin discriminación alguna por su nivel de estudios”. Igualmente se solicita también que se priorice la contratación de aquellos jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años que carezcan de experiencia laboral, de forma que la Administración Pública les ofrezca su primer empleo.

El PSOE exige a la Junta la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio

David de la Encina destaca que ayuntamientos y Diputación esperan “una financiación justa” para un servicio que garantiza a más de 9.000 gaditanas y gaditanos su calidad de vida en su entorno cotidiano

David de la Encina y Juan Espadas, con trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Parlamento de Andalucía

Cádiz, 11 de octubre de 2022. El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno de la Diputación una propuesta para reclamar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha las medidas necesarias para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con un aumento del precio por hora trabajada hasta alcanzar los 18 euros y que eso repercuta “de forma directa y completa” en el salario de las integrantes de ese colectivo. Así lo ha adelantado el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, quien se ha referido al “momento decisivo que vive el Gobierno de la Junta, ya con mayoría absoluta, para que Juanma Moreno cumpla de una vez la promesa que asumió con estas trabajadoras y también con las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, que a la hora de la verdad somos las que desde hace tiempo le estamos sacando las castañas del fuego y haciendo que todos los días se den en nuestra provincia más de 9.000 servicios de ayuda a domicilio”.

De esta manera, ha destacado que la propuesta socialista pretende que “se garantice a más de 9.000 gaditanas y gaditanos su calidad de vida en su entorno habitual, sin sacarlos de sus domicilios, pero sin que eso sea a costa de unas condiciones laborales deplorables para esas trabajadoras”. En esta misma línea, ha incidido en que “ya es hora de que Juanma Moreno, con todo el dinero extraordinario que está recibiendo como nunca del Gobierno de España, cumpla con las plantillas, cumpla con las familias más vulnerables y ponga a disposición de ayuntamientos y Diputación, que somos los que organizamos los servicios en los 45 pueblos de la provincia, una financiación justa”.

El diputado de Bienestar Social ha señalado que al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía se le han acabado las excusas. “En la legislatura pasada decían que no era el momento, ya fuera por la pandemia o porque aún eran inexpertos. Pero ya tienen un rodaje, una mayoría absoluta y el dinero que le está transfiriendo, más que nunca, el Gobierno de España”, ha afirmado. 

La propuesta presentada al Pleno recoge además diversas mejoras de carácter laboral en materia de horario y jornada, formación y capacitación profesional, entre otras muchas reivindicaciones. Estas demandas parten del propio colectivo y han sido materializadas en esta proposición tras un constante proceso de diálogo con distintas instancias del PSOE, como se ha hecho igualmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza, a donde el propio David de la Encina acompañó a una representación de estas trabajadoras.

Por todo ello, ha concluido diciendo que la propuesta socialista va a ofrecer la posibilidad de que “el PP demuestre, en el Pleno de la Diputación, del lado de quién está: si del lado de la ciudadanía, de las trabajadoras y de los ayuntamientos, o del lado de otros intereses. Porque de lo que se trata es de que se retribuya al menos a 18 euros la hora del servicio de ayuda a domicilio, para garantizar así un servicio de calidad para las personas vulnerables, digno en sus condiciones laborales para las trabajadoras y que no hunda en los ayuntamientos y diputaciones una responsabilidad que debería ser asumida directamente por la Junta de Andalucía”.

El PSOE reclama que la atención primaria incorpore profesionales especializados en salud mental

Los casos de trastornos mentales suponen hasta el 55% de la demanda total de citas de los médicos de los centros de salud

Diputadas y diputados del Grupo Socialista, durante el pasado Pleno

Cádiz, 10 de octubre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta para que la Junta de Andalucía implante en los centros de atención primaria profesionales de Psicología y Enfermería, de forma que los casos de trastornos psicosociales se puedan abordar mediante personal especializado. La misma iniciativa persigue el refuerzo de los equipos profesionales de la red de recursos en salud mental; la creación de una comisión que participe en la metodología para implantar estas nuevas figuras profesionales y, en casos graves, el canal de derivación a los servicios especializados; y la inclusión de una partida económica específica en los Presupuestos de Andalucía para 2023 que haga posible llevar a cabo todas estas medidas.

La propuesta, hecha pública con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Mundial de la Salud Mental, recuerda que el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala la necesidad de prestar una atención sanitaria a las personas afectadas por problemas de salud mental, si bien la sobrecarga de las agendas de los médicos de atención primaria ha complicado el abordaje de todas las patologías y especialmente las relacionadas con el sufrimiento psicosocial, que a su vez se han visto agravadas por los efectos de la pandemia. Además, a este escenario general de la atención primaria hay que sumar que la red de recursos de salud mental no cumple con su vocación comunitaria. La escasez de medios profesionales a los que está sometida se traduce en largas listas de espera y en tiempos de demora que llevan a la ineficacia del sistema y de los posteriores tratamientos. 

Los trastornos emocionales o trastornos mentales comunes como depresión, ansiedad y los denominados trastornos somatomorfos (grupo de enfermedades caracterizadas por molestias diversas, difusas, que aquejan al paciente pero que no pueden ser explicadas por la existencia de una lesión orgánica) son muy prevalentes, implicando un gran impacto personal, familiar y sociolaboral, al tiempo que ocasionan un elevado gasto público. De ahí que la mejor inversión en salud mental sea, precisamente, el aumento de profesionales de la psicología y la enfermería especializada en la atención primaria, de forma que sea posible abordar los problemas desde su inicio, mantener una continuidad y, en los casos más graves, efectuar una adecuada derivación que asegure un seguimiento ágil y eficaz.

Diversos estudios cuantifican los casos de trastornos mentales entre el 20 y el 55% de la demanda total, adulta y pediátrica, de citas recibidas por los médicos de atención primaria tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno, lo que da idea de la necesidad de contar con personal especializado en este ámbito. Además, hay que tener en cuenta que en la última década ha descendido la ratio de psicólogas y psicólogos por cada 100.000 habitantes, situándose en apenas cuatro, cuando las recomendaciones y los estándares internacionales de calidad la elevan a once. 

En los últimos años, junto al aumento del número de trastornos de ansiedad y depresión, así como de suicidios, se ha producido también un incremento del consumo de fármacos relacionados con la ansiedad, la depresión y el insomnio. Y el número de casos de personas que padecen problemas de salud mental ha ascendido por el impacto de la Covid-19, agravado por la crisis económica, el desempleo, el estrés, el nuevo entorno de incertidumbre, los cambios en la forma de vida… En España, la preocupación por la salud mental ha aumentado en 16 puntos respecto al año pasado y se sitúa en el 51%, por encima del cáncer, que con el 49% es la segunda cuestión que más preocupa a los españoles. Según el mismo estudio, en 2018 en España la salud mental solo era importante para un 23% de las personas.

La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud propone líneas maestras en este sentido, reconociendo y enfatizando el papel protagonista de las intervenciones en esta materia desde el ámbito de la atención primaria. El Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y COVID-19, dotado con 100 millones de euros, recoge la mejora de la atención a la salud mental en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, tanto en atención hospitalaria como primaria. Finalmente, el 28 de septiembre, en cumplimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, el Consejo de Ministros acordó transferir a las comunidades autónomas 175 millones de euros adicionales. Andalucía ha resultado la más beneficiada, con 32 millones de euros, 16 de los cuales tienen carácter finalista para, entre otras cosas, mejorar la calidad asistencial. Por ello, la Junta debe hacer buen uso de los fondos ya transferidos y los que se transferirán para fortalecer la salud mental, e impulsar la implantación de la figura del psicólogo y la psicóloga en la atención primaria.

El Grupo Socialista exige que la Junta complemente la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Carmen Collado plantea un protocolo conjunto de actuación institucional contra la sumisión química que integre a diputaciones y ayuntamientos  

Carmen Collado, en una comparecencia ante los medios de comunicación

Cádiz, 16 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista propondrá en el próximo Pleno de la Diputación que la Junta de Andalucía complemente la dotación económica que el Gobierno de la Nación destina al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de manera que “acompañe con suficiente financiación las transferencias que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya viene realizando hacia los municipios”. Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, quien ha destacado el “importante esfuerzo realizado por el Gobierno central, que ha destinado 827.603 euros a los ayuntamientos de la provincia para reforzar las políticas de erradicación de la violencia machista en el ámbito municipal”.

Carmen Collado ha recordado que esa cantidad para el conjunto de los municipios gaditanos supone un aumento del 57% respecto a la cantidad consignada en 2018 y que el plazo de ejecución de las actuaciones correspondientes se prolonga desde el pasado 1 de julio hasta el 30 de junio de 2023. “Se trata de una iniciativa de una gran importancia, ya que esos fondos pretenden contribuir a tejer una red de apoyo y de lucha contra la violencia de género, una estrategia en la que será esencial recabar la máxima implicación de todas las administraciones. Porque ese respaldo institucional multiplicará la protección de las posibles víctimas e incidirá decisivamente en la prevención de esa lacra”, ha afirmado.

Entre las actuaciones que pueden acogerse a esa financiación estatal, que puede complementarse con aportaciones procedentes de otros niveles de la Administración, se encuentra el desarrollo de medidas contempladas en el Pacto de Estado tales como programas y campañas de sensibilización, creación y mejora de mecanismos de apoyo a las víctimas, refuerzo de los servicios municipales, formación especializada, refuerzo de la Policía Local, puesta en marcha e impulso de los puntos de encuentro familiar, gastos de personal… “En definitiva –ha explicado Carmen Collado-, se trata de todo un amplio abanico de iniciativas para erradicar cualquier manifestación o comportamiento de violencia ejercido sobre las mujeres”.

La diputada y vicepresidenta ha llamado la atención también sobre otro punto recogido en la propuesta que se llevará al Pleno del próximo miércoles, como es “la necesidad de que se ponga en marcha un protocolo conjunto de actuación de las instituciones que proteja a las mujeres de una nueva forma de violencia de género aparecida este verano, como es la sumisión química. Este protocolo institucional debe derivar en un Plan de Acción Conjunta con medidas concretas y financiación suficiente”. 

Carmen Collado ha incidido en la importancia de que “ese protocolo de actuación conjunta incluya a las diputaciones y a los ayuntamientos, al tiempo que se dé participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género”. 

Finalmente, y dado el importante papel que juega la prevención y la sensibilización, la propuesta socialista incluye también una solicitud a la Junta de Andalucía para que, en el ámbito de sus competencias, esa institución promueva un programa de educación escolar que incluya esta nueva fórmula de violencia de género.

El PSOE reclama a la Junta un aumento de la aportación para materiales de obras del PFEA

El Grupo Socialista pide que se autorice a los municipios la revisión excepcional de precios en los proyectos del antiguo PER

Diputadas y diputados socialistas durante el Pleno del pasado mes de julio

Cádiz, 14 de septiembre de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación planteará en el próximo Pleno de la Corporación provincial la necesidad de que la Junta de Andalucía eleve el montante económico para la adquisición de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La propuesta socialista se fundamenta en que esa aportación para materiales, actualmente fijada en el 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, ha de aumentarse hasta un 60 por ciento, toda vez que la constante y reiterada inflación de las materias primas amenaza con restar eficiencia al referido programa de impulso del empleo en medios eminentemente rurales.

Javier Pizarro, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, ha explicado que la elevación del porcentaje destinado a la adquisición de materiales “es esencial a la hora de garantizar el fin social que se persigue con el PFEA, un programa que ofrece posibilidades laborales en entornos rurales, mejora infraestructuras y equipamientos, reduce desequilibrios respecto a zonas urbanas y contribuye a asentar a la población en el territorio”.

Pizarro ha destacado el papel que la Diputación viene desempeñando en el desarrollo del PFEA y ha recordado que, en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, la Institución provincial asume una cofinanciación del 25% de ese presupuesto de materiales, con la que se complementa el 75% que corresponde a la Administración autonómica. Y ha defendido que ese volumen global se incremente de manera notable respecto a la cantidad destinada a la contratación de trabadores, “ya que la evolución de los mercados de materias primas, unida a las tensiones generadas por la pandemia de la Covid-19 y de la guerra de Ucrania está provocando que el peso de los materiales exceda de ese teórico 45% de los costes salariales, lo que está obligando a los ayuntamientos a acudir al rescate del sistema y a afrontar ese sobrecoste cuando ellos carecen de obligación legal de hacerlo”.

“Situaciones extraordinarias obligan a medidas extraordinarias. Así lo entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo ha entendido también el Gobierno de la Nación, quien ya ha articulado, mediante el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo, un sistema de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que posteriormente se ha trasladado a Andalucía mediante el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril”, ha explicado el diputado y vicepresidente cuarto.

En esta misma línea ha enmarcado la segunda parte de la propuesta al Pleno, ya que, “si a día de hoy se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de obra pública no deban soportar una desproporcionada subida de precio de las materias primas que les amenazaba incluso con poner en serio riesgo su propia pervivencia, ahora es preciso que la Junta de Andalucía dé un paso en defensa de los municipios. Porque no puede olvidarse que en la actualidad los ayuntamientos actúan en los mercados de materiales meramente como un agente económico más, sin capacidad alguna de intervenir en los precios y padeciendo con toda la crudeza su desmedido incremento”.

De esta manera, la iniciativa socialista también persigue que la Junta arbitre un sistema de medidas similares a las ya citadas pero centradas exclusivamente en “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar la revisión excepcional de precios en los proyectos de obra por ellos desarrollados dentro del ámbito de actuación del PFEA”. Finalmente, Javier Pizarro ha señalado que “no parece de justicia que la única instancia institucional que carece de obligación legal de aportar recursos económicos para el sostenimiento del programa, la municipal, se vea perjudicada de una doble manera, ya que su esfuerzo inicial por realizar una aportación voluntaria para contar con un mayor volumen de recursos económicos tanto en conceptos extrasalariales como de materiales se traduce en una obligación cada vez más onerosa para la correcta ejecución de las obras adscritas al mismo”.

El Grupo Socialista impulsa tres acuerdos de calado social en defensa de jóvenes, profesionales sanitarios y abogados

Víctor Mora toma posesión como nuevo diputado en un Pleno que conoce que Ana Carrera asume la portavocía del Grupo Socialista y que Encarnación Niño continúa como portavoz suplente 

Juan Carlos Ruiz Boix presidiendo el Pleno

Cádiz, 26 de julio de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación ha conseguido que las tres propuestas presentadas al Pleno Ordinario de julio celebrado esta mañana en el Palacio Provincial hayan salido adelante. Estas tres iniciativas políticas pretendían reclamar a la Junta de Andalucía una respuesta decidida a tres colectivos que precisan del máximo respaldo institucional en estos momentos de especial dificultad socioeconómica: los jóvenes, mediante la puesta en marcha de mecanismos ágiles que permitan optimizar un mecanismo de gran trascendencia para su emancipación, como es el Bono Alquiler Joven impulsado por el Gobierno de la Nación (que ha resultado aprobada por unanimidad); los abogados y abogadas que forman parte del turno de oficio, que desarrollan una actividad esencial a la hora de garantizar en los procesos judiciales tanto los derechos como la seguridad jurídica de aquellos que menos tienen y que difícilmente podrían acceder a una representación de pago (igualmente aprobada de manera unánime); y los profesionales sanitarios de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que se están constituyendo en un pilar básico del sistema público de salud tras la pandemia. 

Diputadas y diputados socialistas, en un momento del Pleno

La diputada Ana Carrera ha lamentado que, seis meses después de que el Gobierno de la Nación aprobara el Bono Alquiler Joven, la Junta de Andalucía no haya puesto el mismo a disposición de sus potenciales beneficiarios. Este incentivo consiste en una ayuda mensual de 250 euros para personas de entre 18 y 35 años que acrediten unas rentas del trabajo que, con carácter general, no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). La cuantía global de la ayuda asciende a 6.000 euros (a razón de 24 mensualidades durante dos ejercicios). 

Cabe recordar que ese Bono Alquiler Joven fue aprobado por el Ejecutivo central el pasado 18 de enero junto al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, un instrumento que incluye hasta 13 programas de ayuda (compatibles con el citado Bono) y que es urgente que pueda estar disponible por parte de los jóvenes, ya que “primero la pandemia y después la guerra de Ucrania han golpeado de manera muy especial a quienes tienen unas rentas más bajas”. 

Ana Carrera (en primer término)

Además, Ana Carrera ha destacado la importancia de acelerar la entrada en vigor de este tipo de instrumentos, máxime cuando “la inversión de la Junta de Andalucía en materia de vivienda en los últimos años ha sido muy poca, por no decir directamente que ha sido cero” y cuando “en otras comunidades autónomas ya ha echado a andar sin problemas”. 

La diputada Isabel Gallardo ha defendido la necesidad de que la Junta de Andalucía satisfaga las reivindicaciones que los colegios de abogados vienen planteando para mejorar las condiciones en las que se presta la justicia gratuita mediante lo que se conoce popularmente como el turno de oficio. “El desarrollo de la justicia gratuita garantiza el cumplimiento de dos principios esenciales, como son el de igualdad y el de tutela judicial efectiva”, ha afirmado. 

Isabel Gallardo

Isabel Gallardo ha recordado las demandas de los dos colegios de abogados de la provincia –los de Cádiz y Jerez, que suman 1.457 colegiados-, que fundamentalmente se basan en el aumento de los baremos que se aplican a los abogados del turno de oficio, en la actualización anual de los módulos y en la inclusión en el referido baremo de la totalidad de actuaciones procesales. Y ha hecho hincapié en que la Junta de Andalucía tiene la “competencia exclusiva de la financiación del servicio de Justicia, por lo que también es la única institución en cuya mano está satisfacer estar demandas que no solo son de justicia para estos profesionales sino porque el propio sistema de justicia gratuita debe contar con una mínima dignidad en su aplicación”. 

David de la Encina

David de la Encina ha sido el encargado de elevar al plano institucional las reivindicaciones de hasta cinco sindicatos representativos de los profesionales sanitarios de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que llevan años reclamando a la Junta de Andalucía la consideración de sus particulares condiciones laborales y el reconocimiento de compensaciones en conceptos como la nocturnidad, la turnicidad y el trabajo tanto en festivos como en festivos especiales. 

De la Encina ha recordado que la Junta de Andalucía “lleva cuatro años ninguneando a este colectivo de médicos y enfermeros de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS, que a día de hoy continúan sin recibir una respuesta” a pesar de las reiteradas solicitudes de establecer una mesa de diálogo al respecto. 

Víctor Mora, nuevo diputado; y Ana Carrera, nueva portavoz 

El protagonismo del Grupo Socialista a lo largo del Pleno no solo ha tenido que ver con sus resultados sino que se ha extendido a su mismo desarrollo. Por una parte, por la toma de posesión como diputado de Víctor Mora, alcalde y secretario general del PSOE de Sanlúcar de Barrameda. El nuevo diputado provincial sustituye a Irene García, quien a comienzos de este mismo mes dimitió de su condición de presidenta de la Diputación y posteriormente como diputada provincial, antes de tomar su acta como diputada en el Parlamento de Andalucía. 

Víctor Mora, tomando posesión

Víctor Mora Escobar (Sanlúcar de Barrameda, 9 de febrero de 1977) es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Afiliado al PSOE desde el año 2001, fue secretario general de Juventudes Socialistas de Sanlúcar y desde 2012 es secretario general del PSOE local. Es concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda desde 2003 y alcalde de la localidad sanluqueña desde 2013. Según ha anunciado el presidente de la Diputación, el ya nuevo diputado provincial asumirá el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación de la Corporación provincial. 

En primer plano, Encarnación Niño y Ana Carrera

El Pleno también ha conocido la nueva portavocía del Grupo Socialista, responsabilidad que recae en Ana Carrera como portavoz titular (en sustitución del actual presidente, Juan Carlos Ruiz Boix) y en Encarnación Niño, que continúa como portavoz suplente. Ambas mantienen, además, los cometidos que venían desarrollando en el seno del Gobierno provincial desde el comienzo del mandato.

El Grupo Socialista reclama a la Junta “máxima celeridad” en el acceso al Bono Alquiler Joven

Ana Carrera defiende la necesidad de extremar la diligencia y de difundir las bondades de un instrumento que movilizará más de 68 millones de euros para andaluces y andaluzas menores de 35 años 

Ana Carrera, nueva portavoz del Grupo Socialista, en una imagen retrospectiva en la Diputación

Cádiz, 22 de julio de 2022. La diputada provincial y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Ana Carrera, ha anunciado la presentación al próximo Pleno de la Corporación provincial de una propuesta en la que se reclama al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “máxima celeridad en el acceso al Bono Alquiler Joven, el mecanismo aprobado recientemente por el Gobierno de la Nación con el objetivo de facilitar a ese colectivo la disposición de una vivienda”. Para ello es necesario “habilitar los mecanismos administrativos oportunos” para permitir esa máxima celeridad, dado que “una iniciativa con esa importante trascendencia social debe ir acompañada de un mecanismo eficaz y adecuado a los principios que le dan sentido, de manera que pueda extraerse todo el beneficio que potencialmente se le presume en un asunto tan sensible para amplias capas de nuestra población”.

Como se recordará, el Consejo de Ministros aprobó a comienzos de año, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. La finalidad de ambos instrumentos es favorecer el acceso a una vivienda, haciendo especial hincapié en el colectivo joven, de manera que este pueda ver facilitada la emancipación de su núcleo familiar originario, el establecimiento de proyectos de vida independientes y, en suma, contribuir al progreso y al crecimiento económico del conjunto de la sociedad. El Bono Alquiler Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años que puedan acreditar rentas del trabajo y que, en términos generales, obtengan unos ingresos inferiores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

A tenor de una serie de requisitos en torno al precio de alquiler de la vivienda, estos jóvenes podrán recibir una ayuda pública de 250 euros mensuales a lo largo de un máximo de dos anualidades, por lo que el montante total para cada persona beneficiaria menor de esos 35 años ascenderá a 6.000 euros; si bien este incentivo es compatible con otras medidas recogidas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. 

Ana Carrera ha hecho hincapié en el volumen de recursos económicos que el Bono Alquiler Joven significará en el conjunto de España (unos 400 millones de euros en el bienio 2022-2023); y de forma muy especial en Andalucía, ya que “nuestra comunidad autónoma podrá canalizar hasta 68,4 millones de euros, repartidos a razón de 34,2 millones de euros en cada una de esas dos anualidades”. 

Por este motivo, además, la portavoz del Grupo Socialista ha defendido la necesidad de que la Junta de Andalucía, institución que “ya ha confirmado la recepción de esos fondos presupuestados por parte del Gobierno de la Nación para nuestra comunidad”, no solo extreme el celo para que los mecanismos administrativos que se articulen para la canalización de esas cantidades permitan la mayor celeridad en su gestión, sino que esa decisión desde el plano burocrático vaya acompañada por “el desarrollo de las campañas informativas necesarias para garantizar que esa posibilidad de obtener facilidades para el acceso de una vivienda en alquiler pueda llegar al conjunto de la población joven de Andalucía, cualquiera que sea su lugar de residencia, con el objetivo de que no quede un euro sin destinarse a esa finalidad, ni un joven que no pueda acceder a esa ayuda por desconocer la existencia de ese instrumento”.

El Grupo Socialista exige a la Junta el fin del “maltrato” a los profesionales de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del SAS

El diputado David de la Encina denuncia la ausencia de compensación por un trabajo que incluye noches, domingos y otros festivos

David de la Encina, diputado de Bienestar Social

Cádiz, 21 de julio de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al Pleno de la próxima semana una propuesta en la que se reivindica a la Junta de Andalucía que “ponga fin al maltrato al que viene sometiendo a determinados profesionales sanitarios que llevan años padeciendo unas condiciones de trabajo especialmente duras sin percibir compensación alguna que palíe, al menos en parte, ese constante sacrificio en beneficio de la salud de los habitantes de la provincia y del conjunto de la Comunidad Autónoma”.

Así lo ha señalado el diputado socialista David de la Encina, quien, entre otros motivos de discriminación, se ha referido especialmente a los enfermeros de los dispositivos de apoyo de las urgencias de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, que por las propias necesidades del servicio se ven “obligados a trabajar tanto de día como de noche, y tanto sábados como domingos y otros festivos y festivos especiales, sin recibir a cambio ninguna compensación en forma de concepto retributivo que les diferencie de quienes desarrollan su jornada en días y franjas horarias que universalmente se reconocen como laborables”.

Según el diputado socialista, delegado de Bienestar Social dentro del Gobierno de la Corporación provincial, “esta situación no es ninguna novedad ni responde a ninguna causa sobrevenida, ya que desde hace varios años este colectivo viene reclamando la convocatoria de una Mesa Sectorial de Sanidad que regule unas condiciones laborales que son muy particulares y que, en consecuencia, merecen igualmente un reflejo también singular en el apartado retributivo. Sin embargo, todos los intentos de buena fe por parte de la representación sindical con idea de avanzar en esta situación a través de las diferentes convocatorias de foros de negociación que se han saldado sin propuesta alguna por parte de la Administración autonómica y, en consecuencia, sin posibilidad de acuerdo al respecto”.

La propuesta del Grupo Socialista, que nace de un prolongado trabajo previo en coordinación con los representantes de estos trabajadores, incluye abundante argumentación jurídica en torno a esta reivindicación, que tiene buena parte de su origen en lo recogido en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

A la luz de todo ello, la iniciativa considera que “es preciso finalizar de inmediato con la actual indefensión a la que están sometidos los profesionales de enfermería de los dispositivos de apoyo del servicio de urgencias de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud”, de forma que “se reconozca y se retribuya a los trabajadores por razón del servicio y sus particulares condiciones de trabajo, como son el trabajar a turnos, de noche, sábados, domingos, festivos y festivos especiales”.

En concreto, la propuesta del Grupo Socialista, de común acuerdo con la representación sindical, exige “la creación de una nueva modalidad de profesional que desarrolla su jornada ordinaria de lunes a domingo, festivos y festivos especiales, donde se reconozca el derecho a percibir una serie de complementos más allá de los ya existentes”. En ese listado de nuevos conceptos retributivos para este colectivo cabría destacar varios complementos específicos que acerquen la situación del mismo a la que se vive en el caso de la atención especializada. Se trata de los de nocturnidad; por el trabajo en sábados, domingos y festivos; por trabajar en festivos especiales; y uno más por turnicidad.

Finalmente, David de la Encina ha destacado también la importancia de “la creación de un marco de condiciones laborales y retributivas que reconozca el derecho de los profesionales de enfermería de los servicios de urgencias de atención primaria por el trabajo realmente realizado y las especiales condiciones en las que este se desarrolla”.

El PSOE lleva al Pleno las demandas de los colegios de abogados para la mejora del turno de oficio

El Grupo Socialista hace suya la petición de incremento de los baremos, la actualización anual de los módulos y la contabilización de todas las actuaciones procesales

Isabel Gallardo, cuarta por la derecha, en un acto del Colegio de Abogados de Jerez el pasado día 12

Cádiz, 20 de julio de 2022. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno de la Corporación Provincial la necesidad de que se establezcan “a la mayor brevedad posible” los “mecanismos que ayuden a satisfacer” las reivindicaciones planteadas por el Colegio de Abogados de Cádiz y por el Colegio de Abogados de Jerez, tendentes a garantizar las mejores condiciones de prestación del servicio del turno de oficio.

De esta manera, el Grupo Socialista hace suyas las demandas de ambas instituciones, que fueron puestas de relieve públicamente el pasado 12 de julio, con motivo de la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Así lo ha adelantado la diputada socialista Isabel Gallardo, quien ha destacado la “altísima función de defensa de la ciudadanía que la Constitución Española confiere a los abogados” y, de manera especial, el cometido que los abogados de oficio desempeñan en el seno de un Estado social y democrático de Derecho.

La iniciativa, que será abordada en el Pleno del próximo martes, traslada la inquietud del propio colectivo, que viene reivindicando una adecuación de las compensaciones económicas a los abogados de oficio, mediante el incremento de los baremos, actualizando los módulos de manera anual y garantizando la integración en ese baremo de la totalidad de las actuaciones procesales.

La propuesta socialista al Pleno de la próxima semana incluye también el reconocimiento a la “ingente tarea” que ese colectivo realiza a través del turno de oficio, que se consolida como una “labor garantista del Estado de Derecho” y que precisa de mejores condiciones económicas y laborales.

La propia diputada Isabel Gallardo acompañó el pasado día 12 de julio a los miembros del Colegio de Abogados de Jerez con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, con lo que se evidenció el respaldo a los planteamientos de estas instituciones en la defensa del ejercicio de una tarea esencial en una sociedad democrática.