“La Junta es el garante de la protección de Doñana frente a las especulaciones y proyectos avalados por el Ministerio de Medio Ambiente”

Ruiz Boix pedirá en el pleno de Diputación que se paralicen las obras del subproyecto Marisma Occidental hasta que haya un informe medioambiental que avale el proyecto global

El diputado socialista y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, será el encargado de defender la proposición que su grupo presentará en el próximo pleno de la Institución Provincial cuyo fin es “garantizar la máxima protección del Parque Nacional de Doñana así como su entorno”.

En este sentido, el diputado socialista ha reclamando que “es imprescindible que el Gobierno central, a través del Ministerio de Medio Ambiente, acometa el estudio y elabore una evaluación en conjunto de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto Marisma en su totalidad”.

Hasta entonces, la iniciativa que defenderá el PSOE en el Pleno de la Diputación exige al Gobierno en funciones del PP “la paralización de la ejecución del subproyecto Marisma Occidental hasta que no se tengan los resultados de esa evaluación y su impacto global en el entorno protegido”.

En la proposición socialista que se debatirá en la Diputación se insta a la Junta de Andalucía a que garantice “la máxima protección, preservación y conservación del espacio protegido de Doñana, extremando además la vigilancia de todos los condicionantes ambientales, incluidos en las autorizaciones vigentes del proyecto 'Marisma Occidental' y estudiando las vías legales necesarias y posibles para paralizar cautelarmente el citado proyecto”.

Gas Natural-Fenosa, y en concreto una de sus filiales, ha comenzado las obras para la construcción de un almacén de gas en el subsuelo del Espacio Natural de Doñana y su entorno. Dicho proyecto, recuerda Ruiz Boix, fue aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la declaración de impacto ambiental (DIA) es del Ministerio de Medio Ambiente.

“Se trata -ha subrayado Ruiz Boix- de un proyecto avalado técnica y medioambientalmente por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es el Gobierno central quien tiene las competencias para autorizar  este tipo de proyectos y para evaluarlos ambientalmente, todo ello por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marisma Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar)”.

Recuerda el diputado provincial socialista que “el Gobierno central declaró este proyecto de interés público en marzo de 2016, estando en funciones y encontrándose aún al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria”.



La Junta protege Doñana

Ruiz Boix detalla que “tanto la Junta, como el Consejo de Participación de Doñana y la UE, han pedido al Gobierno central que estudie los posibles efectos sinérgicos y acumulativos de los cuatro proyectos en su conjunto, y el Gobierno central ni siquiera ha respondido a la petición”.

Es por lo anterior, que defiende el vicepresidente del Ente provincial que “no cabe atacar a la Junta de Andalucía respecto al proyecto, ya que ésta lo que ha aprobado a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la concesión de Autorización Medioambiental Unificada (AAU) a dos de los subproyectos, Marisma Occidental, que es el que se está ejecutando, y a Aznalcázar, básicamente por encontrarse, ambos, fuera del espacio natural protegido”.

Ha añadido también que “la Junta ha denegado la AAU al proyecto de Marisma Oriental, que se tramitó conjuntamente con el Aznalcázar, por lo que la propia empresa afirma que esto hace inviable también este otro. El cuarto subproyecto, Saladillo, tiene AAU virtual por ser anterior a la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, pero carece de la autorización de la Ley 2/1989, de Espacios Naturales, por lo que tampoco es viable”.

“En la práctica -ha destacado Ruiz Boix- la Junta de Andalucía ha paralizado con esta acción tres de los cuatro 'subproyectos' porque el último no es viable si no se autoriza el penúltimo”.

El vicepresidente de la Diputación ha añadido, en su defensa de la gestión que viene haciendo la Consejería de Medio Ambiente, que “la empresa promotora de los proyectos mantiene una reclamación de responsabilidad patrimonial de 358 millones de euros contra la Junta de Andalucía por la suspensión en su día del proceso de AAU de Marismas Oriental y Aznalcázar, una decisión que posteriormente ha avalado el TSJA”.

Ruiz Boix ha resaltado que, además, el “nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado hace pocos días, prohíbe de manera expresa este tipo de actividades en toda la superficie del Parque, toda vez que el anterior solo lo hacía en zonas de máxima protección”.

Por todo ello, el PSOE defiende que es la Junta quien está actuando desde todos los frentes para “garantizar la máxima protección del espacio protegido de Doñana y su entorno” frente al Gobierno en funciones del PP, al que se reclama que paralice la ejecución de las obras del subproyecto Marismas Occidental hasta que se haga una evaluación globla de los efectos del proyecto Marisma en su conjunto

“El autoconsumo eléctrico en Andalucía se reduce por culpa de las políticas del PP”

Pizarro dice que “es incomprensible como una comunidad como Andalucía con tantas horas de sol y con una industria fotovoltaica en auge tiene que ver mermada sus expectativas por culpa de las trabas que el PP pone a este tipo de abastecimiento energético”

Javier Pizarro, diputado provincial PSOE

El diputado provincial socialista Javier Pizarro asegura que el real decreto que se publicó en el BOE en octubre del pasado 2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo “ha supuesto una merma para el sector ya que pone trabas al autoabastecimiento de energía con las consiguientes repercusiones económicas y laborales que se generan por culpa de esa decisión de los populares de no proteger la industria del autoconsumo energético”.

Así pues, según se establece en el preámbulo del real decreto lo que se pretende es avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo, pero Pizarro asegura que “es un objetivo que no se corresponde, en ningún caso, con la regulación recogida en el mismo, ya que impone restricciones, técnicas y administrativas a los consumidores que dispongan de instalaciones de autoconsumo y gravámenes sobre la electricidad producida”. El socialista defiende que “los beneficios del autoconsumo son reconocidos por todos y las instalaciones para autoconsumo pro­porcionan una mayor independencia de la red eléctrica y permite, entre otras cosas, un mayor aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, al tiempo que su uso fomenta la economía y contribuye a la generación de empleo”.

Pero “lamentablemente, la ciudadanía no va a poder disfrutar de dichos beneficios, pues, el decreto no contempla el balance neto que es el vertido gratis de energía al sistema como contraprestación a la energía que recibe de éste cuando la necesita y que sí lo regula­n en la mayoría de países con autoconsumo”, asevera Pizarro. A todo ello, habría que añadir que Andalucía posee muchas horas de sol, y es por eso que resulta más ventajoso, muchas veces, generar y autoconsumir electricidad de origen fotovoltaico que comprar la electricidad de la red. Aunque la aprobación del decreto que los populares han llevado a cabo hace que haya dejado de ser rentable. Adelanta el diputado socialista que “esto supondrá una paralización de inversiones y puede ser el germen del desmantelamiento de instalaciones que ya existen, así como la desconexión de la red de los consumido­res que disponen actualmente de dichas instalaciones”. No sólo esta circunstancia es grave para el sector del autoconsumo, sino que, como arguye el diputado “se verá mermada la economía, así como la generación de empleo que posee ese sector y es lamentable que se paralice el impulso de estas empresas, así como el de la administración andaluza que tanto ha apostado por esta materia”.

Según comenta Pizarro “es indudable que Andalucía posee la tecnología, así como la materia prima, luego no se entiende por qué el parque fotovoltaico en nuestra región, es mucho menor que el de otros países con menos horas de sol”. Pero, al mismo tiempo, comenta el socialista que “la explicación es clara y es consecuencia de que no existe en nuestro país un marco regulatorio estable que ofrezca garantías jurídicas para invertir en renovables y, en particular, en autoconsumo”. En su lugar, existen normas, como este real decreto, que “paralizan el desarrollo de las energías renovables y contribuye a mantener el statu quo de un sistema eléctrico cuyo producto es una de las electricidades más cara de Europa”, afirma. Critica Pizarro también que “la regulación que la regulación que aprobó el PP obedece a una visión cortoplacista y desestructurada del sector energético que está abocado a políticas erráticas cuya única conexión es la de recaudar fondos suficientes para el mantenimiento de un sistema estático y obsoleto ignorando las alegaciones de organismos reguladores y del propio sector”. Pues, según confirman las asociaciones de autoconsumo esto es un nuevo ataque a la posibilidad de desarrollar en España un sector energético, democrático, sostenible, de baja huella de carbono, de generación distribuida e independiente de intereses que no se basen exclusivamente en criterios medioambientales, sociales, de eficiencia energé­tica, que sean económicamente sostenibles y, en definitiva, de la optimización de los recursos disponibles, todo esto, “pone en riesgo el cumplimiento de objetivo con la UE respecto a las emisiones de CO2 para el 2010”, recuerda el diputado del PSOE.

A diferencia del Gobierno que ha presidido Rajoy y sus decisiones en materia de autoconsumo eléctrico Andalucía es consciente de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra región el autoconsumo. Por esa razón, en consonancia con la UE ha incluido, entre los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el documento de planifica­ción energética que marcará las directrices a seguir en esta materia para los próximos años, el autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. Dicho objetivo, a pesar de las barreras impuestas por el Gobierno central, que obliga a Andalucía multiplicar los esfuerzos y a duplicar los recursos asignados para dar viabilidad a una masa suficiente de instalaciones de autoconsumo, “demuestra el compromiso andaluz por extender el potencial de la generación distribuida, facilitando el papel activo de sus ciudadanos como posibles generadores de la energía que consumen, así como la defensa de un sistema energético bajo en carbono, que aproveche al máximo las energías renova­bles e incluya el autoconsumo como nuevo modelo de abastecimiento energético”, asevera Pizarro.

El Grupo Socialista es consciente de que el autoconsumo es una de las piezas claves en la Estrategia Energética de Andalucía y de la provincia y que el desarrollo de este tipo de instalaciones supone para Andalucía la reactivación de la actividad económica e industrial andaluza, por eso, como afirma Pizarro “pediremos en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz la derogación del real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, dado que, en lugar de potenciar y apoyar el autoconsumo, esta normativa impone barreras técnicas y económicas que imposibilitan su desarrollo”. Concluye diciendo que “se debería reactivar el diálogo con el propio sector empresarial y las diferentes administraciones públicas, a fin de evitar poner en riesgo el abastecimiento energético con fuentes renovables en nuestra comunidad autónoma debido a la falta de confianza de los inversores”.