El PSOE pedirá en el pleno de Diputación ayudas urgentes para los municipios afectados por los fenómenos migratorios



El Grupo Socialista de la Diputación pide una legislación adecuada y adaptada a las necesidades actuales de los parámetros migratorios, asimismo, exigirá a los gobiernos central y autonómico que pongan los recursos necesarios para dar respuesta a los Ayuntamientos afectados

Encarna Niño, portavoz del PSOE en Diputación
El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz aprovechará la próxima sesión plenaria para solicitar a la comunidad internacional, a través de las administraciones europeas, la puesta en marcha de una gestión integral de la migración que se sustente en la cooperación y el respeto absoluto de los derechos humanos. En esta misma línea, los socialistas exigirán que se multipliquen los esfuerzos para erradicar a las mafias que trafican con seres humanos. Asimismo, el grupo provincial del PSOE harán un llamamiento en su propuesta a las Administraciones implicadas a que trabajen urgentemente en el estudio de las normativas en vigor, con objeto de que se ajusten a la realidad actual, dirigiendo las responsabilidades económicas a Administraciones superiores a los Ayuntamientos ya que esas Administraciones superiores tienen más capacidad de responder ante estas trágicas circunstancias. También es vital para los socialistas que el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía aporten urgentemente ayudas a los municipios que están costeando los enterramientos de los cuerpos de inmigrantes que aparecen en sus términos municipales.

Todas estas propuestas del PSOE vienen a dar respuesta  a las problemáticas que se están generando debido a la inmigración causada por razones de persecución en sus lugares de orígenes, por guerras civiles, o por pobreza extrema y que se ha convertido en los últimos años en uno de los más graves problemas humanitarios en numerosos países. Debido a la situación fronteriza de España, y muy especialmente la provincia de Cádiz y su comarca del Campo de Gibraltar esta circunstancia afecta extraordinariamente. Desgraciadamente, la provincia gaditana, desde que en 1998 el mar devolviese el primer cadáver, en la playa de Los Lances, se ha convertido en triste protagonista de una terrible e inaceptable situación, cuyas vías de solución se escapan a decisiones políticas locales y han de buscarse en tratados internacionales y en la persecución de las mafias que trafican con personas.

Solo en 2018, según organizaciones humanitarias, han aparecido cerca de 700 cadáveres en las costas de la provincia de Cádiz, cuerpos de hombres, mujeres, niños y niñas. Desde 1998, el número de fallecidos se cuenta por miles, más de 8000 según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, aunque las estadísticas fluctúan según las diferentes organizaciones. En cualquier caso, una realidad inaceptable que en ningún caso podemos tolerar. Los municipios que viven más directamente estas tragedias humanitarias, aquellos donde aparecen los cuerpos de los inmigrantes que fallecen en el mar, se encuentran, por lo general, limitados económicamente, atados presupuestariamente a la prestación de los servicios que precisan sus ciudadanos, lo que comporta una enorme dificultad para hacerse cargo de los gastos que suponen estos enterramientos.

Las normativas actuales, según los socialistas, están desfasadas y no dan respuestas a la trágica realidad que se vive día a día. Por todo ello, quieren aprobar en el pleno de la Diputación una moción que obligue a las Administraciones competentes a llevar a cabo esas modificaciones de necesidad que se han de abordar ipso facto. 

Por último, para el Grupo Socialista de la Diputación mientras estas medidas se encuentren en tramitación, las Administraciones central y autonómica han de intervenir de forma urgente dando cobertura a los municipios afectados. Han concluido insistiendo en la necesidad de que, en cualquier caso, en paralelo al reforzamiento de la búsqueda de soluciones para la inhumana situación que significa la muerte de miles de personas que huyen también se debe buscar para los inmigrantes la garantía de libertades y derechos que no pueden encontrar en sus países de origen y que se les ofrece en otros, como, por ejemplo, en los que conforman la Unión Europea.

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