El Grupo Socialista de la
Diputación exigirá en el pleno que “el Gobierno Central cese de inmediato la
disolución de las empresas dependientes de los Ayuntamientos que prestan
servicios esenciales a la ciudadanía”
El diputado socialista y
vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, va a defender
en el próximo pleno del Ente provincial una moción en la que los socialistas
piden al Gobierno de España que “se trabaje todo lo necesario para paralizar la
disolución de las empresas públicas dependientes de las entidades locales que
prestan servicios públicos a la ciudadanía”. En este mismo sentido, el diputado
ha aseverado que “es un agravio del PP el someter a los Ayuntamientos a la
extirpación de empresas municipales que tienen como finalidad el impulso
económico y social, así como otras que prestan servicios tan importantes como
el transporte urbano, el abastecimiento y depuración de aguas o la recogida y
tratamiento de residuos”. Por todas estas razones, ha dicho Boix “vamos a
solicitar que se anule dicha petición de disolución de las mismas requeridas
por el Sr. Montoro”.
Así
pues, tras las cartas que han recibido muchos Consistorios por parte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exigiendo la extinción
inmediata de todas las entidades dependientes de ellos y que en los dos últimos
ejercicios han presentado cuentas negativas el PSOE “considera que esto es un
atropello, no sólo para la autonomía local, sino que es una medida que va en
detrimento directo de la ciudadanía”, ha defendido Ruiz Boix. Ha seguido
afirmando que “con esta decisión del Gobierno de Rajoy, ahora en funciones, se
dejan de prestar servicios públicos que resultan ser esenciales para la vida
cotidiana de la ciudadanía”. Todo esto hay que tenerlo en consideración pues
“ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar esos servicios,
ni de seguir fomentando las actividades de desarrollo local que van encaminadas
a la recuperación económica”, ha dicho el socialista. Pero lo que resulta más
“sorprendente” es que “todo se quiere llevar a cabo sin que antes se haya
planteado una alternativa a la prestación de esos servicios y tampoco a la
situación laboral que le sobrevendría a los trabajadores que desempeñan en
dichas empresas su actividad laboral”, se ha mostrado preocupado Ruiz Boix.
Por
último, desde el Grupo Socialista de la Diputación se quiere trasladar que
“esta exigencia del ministro Montoro responde a una norma cuya
constitucionalidad se halla, en estos momentos, impugnada por el Tribunal
Constitucional debido al recurso que han presentado más de tres mil
Ayuntamientos por defender que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido en nuestra
Constitución”. Además, Ruiz Boix ha dicho que “es una temeridad que el PP haya
procedido a este tipo de políticas restrictivas”, ha añadido, “los principales
afectados son los propios ciudadanos y ciudadanas, pues se dejarían de prestar
unos servicios esenciales que afectaría incluso a patronatos de escuelas
infantiles, así como a entidades que, según los Ayuntamientos, no estarían
afectadas por las disposiciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de las Entidades Locales y eso no lo vamos a permitir”, ha concluido.
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