Moya critica
al Gobierno de Rajoy por “haberse dedicado a imponer una reforma educativa que
en vez de buscar la excelencia lo que hace es afectar el normal desarrollo del
calendario escolar ocasionando dificultades organizativas y económicas a la
Junta de Andalucía”
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| Isabel Moya, diputada provincial PSOE. |
La diputada provincial socialista Isabel Moya defiende
la derogación del real decreto que regula las características generales de las
pruebas de evaluación final al finalizar la educación primaria. En este
sentido, la diputada comenta que “este real decreto lo que supone es una
imposición a las comunidades autónomas al obligarlas a diseñar, aplicar y
corregir unas pruebas que introducirían elementos de tensión externa al
alumnado, las familias y al profesorado”. En el mismo sentido, añade que “todas
estas circunstancias supondrían una traba al normal desarrollo del calendario
escolar y ocasionarán graves dificultades organizativas, funcionariales y
económicas para el Gobierno de Andalucía”.
Así pues, la aprobación de estas normativas en
referencia a una materia tan primordial para el desarrollo de la sociedad como
lo es la educación ha causado un profundo malestar en el PSOE ya que los
socialistas consideran que los grandes avances educativos siempre han partido
de ejecutivos gobernados por ellos. En esta línea asevera que “la aprobación
del real decreto pone en evidencia, tal y como ocurrió con la aprobación de la
LOMCE, la actitud de falta de diálogo de nula voluntad de acuerdo y de omisión
del deber político de consenso con todos los agentes de la comunidad educativa
de los populares”. Estas circunstancias suponen un “agravio” según Moya quien
considera que “existe un déficit democrático en el tratamiento de los temas
educativos que conllevan a que se vea afectada la ciudadanía española; todo
ello, además, considerando el oportunismo utilizado ya que esta norma se ha impuesto por un Gobierno
central del PP en momentos previos a entrar en funciones”.
Como datos generales, es destacable que en este real
decreto ha impuesto lo que la comunidad educativa ha venido denominando reválida para el final
de la etapa de educación primaria. Por ese motivo, Moya defiende que “esta
reválida final, que no evaluación, tiene como característica que las
calificaciones obtenidas deberán de ser expresadas en términos desde el
insuficiente hasta el sobresaliente y esto permitirá que los alumnos y alumnas
de primaria reciban una calificación final muy reducionista que pervierte el
sentido educativo de globalidad de la evaluación continua que debe aplicarse en
esa etapa educativa”. Asimismo, cree que “el establecimiento de estos rankings
de centros, según los datos obtenidos de los alumnos, no contribuirá a la
mejora del sistema educativo, sino que conllevará, inevitablemente, a la
discriminación y desprestigio de centros docentes cuya ubicación en el sistema
clasificatorio, descontextualizado, no beneficiaría la labor educativa que debe
ser desarrollada por cada uno de ellos en su propio contexto”.
En resumen, la diputada socialista ha calificado esta
situación del sistema educativo como “una contradicción insostenible con los
verdaderos principios de la evolución en la educación primaria e introduce unas
obligaciones que no están especificadas y que son imposibles de asumir en
cuanto a la puesta en marcha de esta reválida que consideramos injusta,
innecesaria, inoportuna e impuesta que claramente es rechazada por el conjunto
de la comunidad educativa”.
Por todas esas razones, en el próximo pleno de
Diputación el Grupo Socialista instará al Gobierno de España a la derogación de
este real decreto que regula las características generales de las pruebas de la
evaluación final de educación primaria establecida. De la misma manera, solicitan
que se paralice cualquier actuación o medida en este sentido, así como la
apertura de un proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones
políticas y los agentes educativos para restaurar las condiciones que conduzcan
a la verdadera mejora de la educación en Andalucía. “Es la manera justa que sea
el consenso con la comunidad educativa el que marque las pautas de un proceso
adecuado para buscar la excelencia académica y que suponga la mejor herramienta
con la que fortalecer al sistema educativo”, concluye Moya.
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