Antonio González Carretero reclama que la Diputación exija la retirada de la reforma universitaria impuesta por el Gobierno de la Nación
Cádiz, 16 de febrero de 2015. El Grupo Socialista de la Diputación solicitará en el próximo Pleno de la Diputación la puesta en marcha de “un programa de colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), dirigido a que sus alumnos y alumnas puedan realizar prácticas en empresas de la provincia”. Así lo ha explicado el diputado socialista Antonio González Carretero, quien será el encargado de defender esta propuesta en la sesión plenaria del miércoles.
Antonio González Carretero ha detallado que esta iniciativa debe contar con una dotación económica por parte de la Diputación de unos 200.000 euros. Y ha añadido que “los beneficiarios de estas becas extracurriculares serían estudiantes de la UCA de municipios menores de 20.000 habitantes que hayan superado al menos el 50 por ciento de los créditos para su titulación”.
El diputado socialista ha destacado que “en un momento en que el Gobierno de la Nación viene castigando a los más jóvenes mediante el establecimiento de trabas y más trabas tanto para el acceso a una educación pública y de calidad como para su incorporación al mercado laboral, la Diputación debe dar un paso adelante y respaldar a los estudiantes universitarios de la provincia; y especialmente a aquellos que proceden de los pequeños municipios, aquellos que constituyen su auténtica razón de ser como institución”.
Antonio González Carretero ha afirmado que esta misma proposición al Pleno incluye un segundo apartado en forma de propuesta de acuerdo: “un posicionamiento inequívoco de la Diputación de rechazo de la reforma universitaria que pretende imponer el Gobierno de la Nación, de forma que se solicite la retirada de la misma hasta que no se produzca el necesario consenso académico y político”.
“El Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, pone de manifiesto, tanto en su forma como en su fondo, la auténtica cara del Gobierno del PP en esta materia. Por una parte, porque recurre a la imposición del Consejo de Ministros y del Boletín Oficial del Estado para abordar un asunto que merece la búsqueda de puntos de encuentro con la comunidad universitaria y con la mayor parte del arco parlamentario. Y por otra, porque su contenido supone un ataque frontal a la igualdad de oportunidades y al derecho de acceso a una educación superior de calidad, independientemente de la capacidad económica de cada estudiante”, ha dicho.
El diputado socialista ha recordado que la Universidad de Cádiz cuenta con aproximadamente 22.000 alumnos y alumnas que serán “los principales y más directamente perjudicados de ese cambio en la concepción de los estudios universitarios, ya que la nueva fórmula que se pretende imponer de tres años de grado más dos de máster supondrá un aumento notable del coste de su formación; y, en consecuencia, obligará a muchos de ellos a afrontar importantes sacrificios o directamente a tener que abandonar”.
Además, ha incidido en que “la medida que plantea ahora el Gobierno tendría un especial y muy grave efecto en esta provincia, una de las que atraviesa por una situación socioeconómica más complicada y en las que más necesario es seguir manteniendo la igualdad de oportunidades como guía básica de la política educativa a todos los niveles”.
“La mal llamada reforma universitaria no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia perfectamente premeditada del PP. Porque la derecha tiene una hoja de ruta definida, como es la desestructuración social de este país, favoreciendo a quienes más tienen y condenando progresivamente a cientos de miles de personas al empobrecimiento económico y a la pérdida de derechos. Unos derechos que, por cierto, se subordinan a la fortuna económica y vital de cada uno”, ha explicado. Por ello, ha aplaudido que la presidenta de la Junta “haya decidido situarse, codo con codo con la comunidad universitaria de Andalucía, en el rechazo a este auténtico atropello que no solo provocará importantes perjuicios tanto desde el punto de vista académico como por sus efectos en el plano social”.
Antonio González Carretero ha concluido diciendo que “con la nueva imposición de Mariano Rajoy y del ministro Wert, lo que el PP pretende en esta ocasión es dinamitar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y de establecer unos ‘números clausus’ que únicamente dependen de la capacidad económica y no del talento ni del esfuerzo. Por este motivo, esperamos que el Gobierno provincial del PP sepa estar a la altura y podamos conseguir que la Diputación alce su voz en contra de esa imposición y a favor del necesario diálogo en torno a un asunto crucial para el futuro de miles de jóvenes y de la sociedad en general”.
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