El Pleno apoya la propuesta socialista
de garantizar la pervivencia del centro militar y aprueba la petición de más
cuota de atún rojo para las almadrabas y para la flota artesanal del Estrecho
Los votos en contra del PP impiden que
se reclame la devolución de oficio de las sanciones y recargos a los
inmigrantes retornados que no declararon sus pensiones procedentes de otros
países
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| Diputados y diputadas socialistas, durante el Pleno de hoy |
Cádiz, 15 de octubre de 2014. El
Grupo Socialista de la Diputación ha conseguido que el Pleno de la Corporación
provincial respalde la propuesta en defensa de la continuidad del Centro de
Formación de Tropa (CEFOT) de San Fernando, gravemente amenazado como
consecuencia de los planes de reestructuración interna del Ministerio de
Defensa y penalizado por la ausencia de firmeza en la reivindicación del
interés de esa ciudad por parte de su alcalde y presidente del ente
supramunicipal, José Loaiza. La portavoz del Grupo y secretaria general del
PSOE, Irene García, ha sido la encargada de la defensa de esta propuesta y ha
señalado que “los socialistas estamos haciendo el trabajo que no ha sabido
hacer el alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación”.
Irene
García ha comparado la docilidad de Loaiza frente a la amenaza de pérdida de un
centro muy importante para el desarrollo y la identidad de San Fernando con la
“firmeza de la alcaldesa de Cáceres, la otra ciudad que cuenta con un CEFOT y
que sí ha hecho los deberes ante el Gobierno porque ha sabido poner los
intereses de su ciudad por encima de su simple interés partidista y de los
dictados de las altas instancias del Partido Popular”.
En
su intervención, la portavoz y secretaria general ha afeado al alcalde y
presidente de la Diputación que “haya tratado de responsabilizar del posible
cierre del CEFOT y de su incapacidad para plantarse ante el Gobierno en defensa
de los intereses de esta tierra a las reclamaciones de los ciudadanos que vienen
solicitando la desafectación de los suelos militares ociosos para que puedan
ser puestos a disposición de la creación de riqueza y empleo, cuando esa
exigencia debía estar liderada en todo momento por él mismo”. Igualmente, ha
destacado la “contradicción evidente” de Loaiza, cuando trata de utilizar esa
cortina de humo y oculta que durante la campaña electoral de 2011 “él mismo
urgía a la desafectación de los terrenos de Camposoto, una reivindicación que
se le olvidó el mismo día en que tomó posesión como alcalde, para desgracia de
San Fernando y de esta provincia”.
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| Irene García, Alfonso Moscoso, Gemma Araujo y Antonio González Carretero |
Rechazo a las demandas de los emigrantes
retornados
José
María Román ha sido el encargado de trasladar al Pleno una “reivindicación de
justicia social” de los emigrantes retornados a los que el Gobierno de la
Nación ha exigido diferentes cantidades en forma de sanciones y recargos por la
no declaración de pensiones procedentes de terceros países. Por este motivo, ha
defendido que los 24 millones de euros que el Ministerio de Hacienda debe
devolver al colectivo “se abonen de oficio, sin que deba mediar una reclamación
de cada uno de los afectados, ya que eso supondrá un enorme perjuicio para
todos ellos y provocará en muchos casos que ese dinero no vuelva a sus
legítimos propietarios”.
La
propuesta socialista no ha podido prosperar debido al voto negativo de los
diputados y de las diputadas del PP. Durante el debate, José María Román ha
respaldado las peticiones de los emigrantes retornados y ha hecho hincapié en
el escaso montante que suponen esos 24 millones de euros para las arcas
públicas, “en nada comparable con lo que ha suuesto una amnistía fiscal que ha
permitido regularizar miles de millones de euros sin tener que pagar sanción
alguna”, así como en la necesidad de establecer mecanismos de flexibilización
en su relación con el fisco.
Al
finalizar el Pleno, una portavoz del colectivo de emigrantes retornados ha
intervenido públicamente para llamar la atención sobre su problemática. Tras sus
palabras, y pese a haber rechazado unos minutos antes la propuesta socialista que
trasladaba esas mismas reivindicaciones, el presidente Loaiza se ha
comprometido a remitir una carta con esas demandas al Ministerio de Hacienda,
pero sin haberlas hecho suyas desde el punto de vista institucional.
Respaldo a la petición de más cuota
de atún, pero sin ayudas a la flota
El
Pleno de la Diputación ha respaldado la petición socialista de que la Unión
Europea negocie un aumento de la cuota de atún rojo que beneficie a las
almadrabas y a la flota artesanal que faena en el Estrecho, fundamentalmente con
base en Tarifa y Algeciras. Ese
incremento de las posibilidades de pesca se apoya en los informes técnicos de
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y
tiene por objeto “proteger una actividad pesquera de honda tradición y de gran
importancia socioeconómica en esta provincia”.
Así
se ha manifestado el diputado socialista Diego Sánchez Rull, encargado de la
defensa de la propuesta, que sin embargo no ha sido apoyada en su totalidad por
el PP, que se ha opuesto tanto a la recuperación del Observatorio Científico
del atún en las almadrabas como a que el Fondo de Maniobra vuelva a utilizarse
con los mismos criterios con los que se hacía hasta el año 2012, cuando se
mostró como un instrumento especialmente positivo para el sector gaditano.
Apoyo a la reforma de la LOUA planteada
por la presidenta de la Junta
El
Pleno de la Diputación ha respaldado la propuesta socialista de apoyo a la
modificación del artículo 185 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
en el sentido planteado en el pasado Debate del Estado de la Comunidad por la
presidenta de la Junta y ya impulsada por el Consejo de Gobierno.
Diego Sánchez Rull, el diputado encargado de exponer
la propuesta en el Pleno, ha destacado que esa modificación persigue favorecer
la “regularización de aquellas edificaciones ilegales construidas en suelos no
urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén
ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos”. La
aprobación de esta propuesta no ha contado con el apoyo del Grupo Popular,
cuyos integrantes han decidido abstenerse.
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