Irene García afirma que el Gobierno del PP plantea “un grave retroceso de más de treinta años” que arrebata el derecho a decidir sobre la propia maternidad y “situará a España como una excepción en toda Europa”
Cádiz, 22 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno con la que pretende que la Corporación provincial inste al Gobierno de la Nación a “retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica, presentado en Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”.
Así lo ha adelantado la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien ha destacado que la reforma impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón y el Gobierno de Mariano Rajoy “volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”.
“El anteproyecto de Ley Orgánica no solo confirma las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres, sino que tristemente las supera”, ha afirmado. Y ha explicado que ese texto aprobado por el Gobierno “suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, despenalizándolo solo en los supuestos de violación y, textualmente, de ‘grave peligro para la vida o la salud’ de la mujer, privándole de su derecho a decidir sobre su maternidad”. Irene García ha llamado también la atención sobre “la supresión del supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado”.
“Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de treinta años en la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa”, ha señalado, para añadir que “en los últimos tiempos ningún país europeo ha legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos”.
Irene García ha destacado el “enorme rechazo social” que esa reforma legislativa ha despertado en la ciudadanía española y europea, asi como entre las organizaciones sociales, profesionales y feministas. Y se ha referido tanto a “la aparición de declaraciones de miembros del propio PP, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, en las que se discrepa de su contenido”, como a “la crítica de representantes políticos y medios de comunicación de otros países, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha”.
Frente a esta grave amenaza, ha defendido la vigencia de la norma actualmente en vigor (la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), que “declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes; y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que no solo implica reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.
La portavoz y secretaria general ha recordado igualmente que aquella ley, impulsada con el anterior Gobierno del PSOE, fue “debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”.
Desde ese planteamiento, aquella ley que hoy continúa vigente consiguió “sustituir una regulación que veinticinco años atrás ya había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. E incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea”.
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