Cádiz, 24 de abril de 2013. La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha denunciado que el Gobierno provincial del PP “quiere tapar a base de caridad su negativa a un plan de empleo para nuestros pueblos que conlleve la contratación de personas sin ingresos y con cargas familiares”. Irene García se ha referido así a la asistencia a 186 familias a lo largo del primer trimestre del año en el conjunto de la provincia por parte de la Corporación, “que ha sido vendida públicamente como si se tratase de todo un éxito de gestión cuando supone solo una gota en el océano de las necesidades sociales a las que el Partido Popular viene dando la espalda”.
“Rechazar sistemáticamente la aprobación de un plan de empleo que contribuya a responder a la situación de emergencia que viven las familias de los 40.000 desempleados y desempleadas que viven en nuestros pequeños municipios, y tratar ahora de poner en valor que se han concedido ayudas económicas familiares o de emergencia social a 186 familias en el conjunto de la provincia supone un ejercicio de cinismo sin precedentes”, ha dicho la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha destacado que “desgraciadamente, el Gobierno provincial no solo no está poniendo freno al creciente número de familias que se acercan o que se sitúan ya en la exclusión social, sino que con su falta de sensibilidad está contribuyendo a aumentar esta situación.
Irene García ha destacado que “la atención específica y urgente a los problemas sobrevenidos en ciertas familias no puede ser una cortina de humo ni un argumento para desatender a la generalidad de ellas, que están viendo cómo se frustra sistemáticamente la posibilidad de poner en marcha un plan de empleo que conlleve la contratación de aquellos desempleados y de aquellas desempleadas que no perciben ingresos y que tienen personas a su cargo”. “La situación de esta provincia, y especialmente de nuestros pequeños municipios, es de una extrema gravedad, desde luego mucho peor que la que se deduciría de la concesión de ayudas a 186 familias que son la punta del iceberg de una situación que se está agravando día a día ante la falta de respuesta de la Diputación. Porque, si se tiene en cuenta una proyección de esos datos a lo largo de todo el año, esa mecanismo de protección a familias en una situación extrema, además de ridículo en su cuantía económica para cada una de ellas, apenas tendría un efecto en el conjunto de la población porque únicamente llegaría a unas 750 unidades familiares”.
“Independientemente de que se trata de una actuación a todas luces insuficiente ante la realidad de la provincia, vender el pago de unas ayudas que suponen una media de 500 euros al trimestre para familias con menores en riesgo de exclusión social o que afrontan una situación imprevista de necesidad parece una broma de mal gusto”, ha asegurado la portavoz, quien se ha preguntado “cómo una institución puede sacar pecho diciendo que ha otorgado una ayuda media trimestral de 500 euros a familias sin ingresos y que deben afrontar todos los gastos básicos en materia de alimentación, vestido y material escolar”. “Y todo ello –ha continuado-, mientras sigue dándole la espalda a los verdaderos problemas de nuestros pueblos”.
Finalmente, Irene García ha incidido en que “en lugar de tratar de hacer propaganda con el pago de este tipo de ayudas, el presidente Loaiza debería superar de una vez su trasnochada concepción de las políticas sociales como un mero ejercicio de caridad y afrontar estas realidades desde su verdadero origen. Y la lucha contra la exclusión social en los pequeños municipios no pasa por unas ayudas de miseria sino por garantizar mediante un plan de empleo eficaz la dignidad de las familias de los 40.000 parados y paradas que viven en nuestros pueblos, de forma que puedan acceder a un contrato de trabajo que permita su alta en la Seguridad Social y la generación del derecho a percibir posteriormente la prestación”.
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