Cádiz, 17 de julio de 2012
El PSOE muestra
su “preocupación” por el traslado a Fiscalía de la negativa del presidente del
Consorcio a cubrir las vacaciones de los bomberos
El Grupo
Socialista se hace eco de una denuncia de la junta de personal por el supuesto incumplimiento
de la entidad de la exigencia del pago a los municipios consorciados
El
Grupo Socialista de la Diputación ha mostrado su “preocupación” por el hecho de
que la junta de personal del Consorcio de Bomberos ha puesto en conocimiento de
la Fiscalía tanto la negativa del presidente de esa entidad a cubrir las
vacaciones de verano del personal como el supuesto incumplimiento, por parte de
la dirección del mismo, de la exigencia de pago a los municipios consorciados.
A tenor del escrito presentado por la propia junta de personal ante la
Fiscalía, esta supuesta relajación en la reclamación del abono de las cuotas
“pudiera ser constitutiva del tipo penal de prevaricación”.
El
portavoz del Grupo Socialista, José María Román, ha destacado que “es enormemente
grave que dos asuntos de esta importancia hayan acabado en la Fiscalía. Y pone
de manifiesto tanto la incapacidad del PP para atender las obligaciones que el
Consorcio tiene con la seguridad de la ciudadanía de esta provincia como la
dudosa imparcialidad de su presidente en la gestión de la propia entidad”.
Román
ha señalado que, dejando a un lado las eventuales consecuencias de carácter
jurídico que puedan derivarse del traslado a la Fiscalía de tales extremos por
parte de la junta de personal, “en el plano de la responsabilidad política,
parece evidente que el presidente del Consorcio ha tomado una decisión de gran trascendencia
y que puede traer consigo unos efectos enormemente peligrosos como es
prescindir de los 50 bomberos que, mensualmente, suplían desde julio hasta
septiembre a aquellos que disfrutaban de vacaciones en verano”.
A
juicio del portavoz socialista, “esta decisión, tomada unilateralmente por
parte del presidente del Consorcio, no puede escudarse en un supuesto criterio
de ahorro económico, porque el aseguramiento de todos los medios necesarios
para garantizar la seguridad no puede ser objeto de recortes ni de tijeretazos.
Y menos aún justo en la temporada estival cuando, por definición, aumentan
notablemente tanto el riesgo de que se produzcan incendios como la población de
la provincia a la que hay que garantizar la prestación del servicio”. De ahí
que el PSOE vaya a solicitar en la próxima junta general del Consorcio que se
retome la contratación de estos profesionales; si no ya en el mes de julio,
prácticamente vencido, sí con vistas a agosto y septiembre.
De la misma manera, José María Román ha recordado que “desde el Grupo
Socialista llevamos meses alertando de la doble vara de medir del presidente
del Consorcio en torno al nivel de exigencia respecto a los ayuntamientos
consorciados”. El portavoz ha recordado que “el Consorcio ha consentido que el
Ayuntamiento de Jerez acumulase una deuda cercana a los 8 millones de euros,
tras 18 meses de impago de la cuota. Esta circunstancia, unida a la reducción
de dos millones de euros en los Presupuestos de la Diputación en la aportacion
de la propia Corporación Provincial, generó un desfase de casi 10 millones para
un presupuesto anual de 36 millones. Se trata por tanto de una diferencia de más
de la cuarta parte del total del presupuesto, con lo que los efectos negativos
de esa actuación son innegables para el conjunto de la entidad”.
La
propuesta socialista recoge que “esta batería de reformas –como algunas otras
apuntadas el pasado miércoles por el propio presidente del Gobierno antes de su
aprobación en Consejo de Ministros- persigue de forma clara negar la autonomía
política de los municipios españoles, determinando que el modo de ejercer
competencias y prestar servicios locales será decidido directamente por el
Gobierno popular”. Se trata en suma de “decisiones tuteladas mediante una norma
reglamentaria llevando como consecuencia el traspaso forzoso de dichas
competencias a las Diputaciones provinciales, que podrán prestarlas a través
del uso de fórmulas de gestión indirectas como la privatización de servicios
públicos”.
En ese contexto es en el que alcanza pleno sentido esta propuesta, que
pretende tanto rechazar las constantes injerencias del Gobierno de la Nación en
la autonomía de la Administración Local como instar a que las actuaciones para
su reforma se articulen a través del diálogo con la FEMP y con la totalidad de
los partidos políticos.
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