Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

Cádiz, 9 de febrero de 2012

El PSOE lleva al Pleno de Diputación la urgencia de aprobar tanto la segunda fase de los BAM como el Plan de Reindustrialización

El Grupo Socialista pretende que el tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ sea trasladado a Cádiz

Los diputados del PSOE plantean que el Gobierno dé marcha atrás y restituya los derechos de las personas dependientes

El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha presentado varias propuestas de acuerdo al Pleno de la Corporación provincial, que se desarrollará el próximo miércoles. Las propuestas impulsadas por el PSOE tienen un marcado acento económico y social, y afectan tanto a la necesaria urgencia de la puesta en marcha del Plan de Reindustrialización y la segunda fase de los Buques de Acción Marítima; como a la conveniencia de radicar en Cádiz el tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’; a la reconsideración, por parte del Gobierno central, del aplazamiento del derecho a las prestaciones de personas dependientes, dentro del paquete de medidas de ajuste aprobadas el pasado 31 de diciembre; y al rechazo de las medidas de recorte impulsadas por el Gobierno central, que “favorecerán la recesión y el paro, y que no son equitativas para la totalidad de la sociedad”.

La orden de ejecución de los nuevos Buques de Acción Marítima

Entre las propuestas socialistas destaca una que pretende “instar al Gobierno central” a que “a la mayor brevedad posible, apruebe la orden de ejecución de los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada”, en un momento en que los centros Navantia en la Bahía de Cádiz están padeciendo ya las consecuencias de la falta de carga de trabajo.

La propuesta recuerda cómo el nuevo ministro de Defensa no ha realizado ni una sola mención al respecto de un proyecto tan importante tanto para las necesidades de la Armada como para la actividad de los astilleros públicos. El silencio del ministro ha sido completo tanto en su primera comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso (26 de enero) como en su primera visita a la provincia, precisamente para asistir a la entrega de la tercera de las cuatro unidades que integran la primera fase del programa (el 6 de febrero).

La exposición de motivos de la propuesta recuerda cómo esa segunda fase de los BAM ya pasó por el Consejo de Ministros durante la etapa de Gobierno socialista, y que prácticamente sólo estaba pendiente de la firma de la orden de ejecución de las siguientes cinco unidades comprometidas con la Armada, que los trabajadores del sector naval vienen demandando de manera creciente como principal fuente para el mantenimiento de la actividad en las instalaciones públicas de la Bahía gaditana.

La urgencia del Plan de Reindustrialización

Otra de las propuestas del PSOE recoge que “la provincia de Cádiz ha disfrutado en los últimos cinco años de los incentivos derivados del Plan Reindus para fortalecer y desarrollar el tejido industrial, tanto en la Bahía de Cádiz como en el Campo de Gibraltar y la Sierra de Cádiz”, y llama la atención de que “a pesar del anuncio realizado a través de los medios de comunicación, aún no se ha ratificado cómo y cuándo va a aprobarse por parte del Gobierno central el paquete de ayudas previstas para la anualidad 2011-2012, en un momento especialmente delicado por la pérdida de empleos en el sector industrial y por la dificultad de encontrar posibles alternativas como consecuencia de la crisis económica”.

Por este motivo, la proposición de acuerdo concluye buscando el apoyo del resto de grupos a que se inste al Gobierno central a que, “a la mayor brevedad, apruebe las ayudas para el Plan de Reindustrialización de la provincia de Cádiz”, dados los positivos efectos que las anteriores ediciones del programa han generado tanto para la atracción de inversiones empresariales como para la generación de puestos de trabajo.

El tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, a Cádiz

La nómina de proposiciones del Grupo Socialista de Diputación incluye la solicitud al Gobierno de que, en el momento en que los tribunales estadounidenses dicten una sentencia firme en respaldo de las tesis del Reino de España en el contencioso sobre el expolio de los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, el patrimonio hallado en el mismo “sea trasladado a Cádiz, donde el pecio sería custodiado por el Centro de Arqueología Subacuática”.

Precisamente, ese centro dependiente de la Junta de Andalucía ha desempeñado un importante papel a lo largo de este episodio que lleva años enfrentando a España con la empresa Odyssey respecto a la titularidad del tesoro contenido en los restos del naufragio, recuperados por la referida firma y objeto desde entonces de un largo proceso judicial en el que los tribunales estadounidenses han respaldado inicialmente las tesis españolas, con el consiguiente recurso de la parte contraria.

Esta propuesta parte de la importancia histórica que el puerto y la ciudad de Cádiz tuvieron en el comercio con las Indias, y viene a reconocer esa relevancia en las relaciones comerciales, económicas, culturales y sociales con el Nuevo Mundo; así como el hecho de que la ciudad cuente hoy con un equipamiento de referencia internacional en la materia, como es el propio Centro de Arqueología Subacuática.

Defensa de los derechos de las personas dependientes

El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy también es objeto de una proposición de acuerdo al Pleno de la Diputación. El Grupo Socialista plantea en ella la necesidad de instar al Ejecutivo central a que valore “la posibilidad de mantener el calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para todas las personas valoradas, incluidas las que cuentan Grado I Nivel 2”.

Básicamente, esta propuesta pretende que el Gobierno central dé marcha atrás a una modificación de la referida norma a través del citado Real Decreto-Ley, en virtud de la cual se aplazaría hasta el 1 de enero de 2013 la efectividad del derecho a las prestaciones para aquellas personas que sean valoradas en el Grado I de dependencia moderada, Nivel 2. Esta nueva situación ha derivado en “una grave medida atentatoria contra los derechos de las personas dependientes, atacando frontalmente el cuarto pilar del Estado del Bienestar”.

En Andalucía hay nada menos que 43.000 personas dependientes valoradas con un Grado I Nivel 2, las cuales necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria o tienen necesidades de apoyo intermitente para desarrollar su autonomía personal. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su Disposición Final Primera, se refiere a la aplicación progresiva de la ley, dando respuesta en primer lugar a los dependientes más graves; y con un calendario de implantación progresiva del sistema, establecido en los años 2011 y 2012 para las personas con valoración de dependencia Grado I Nivel 2.

Sin embargo, “el Gobierno del Partido Popular ha interferido gravemente en el ejercicio y disfrute de derechos de las personas dependientes, y en la posibilidad de que la Administración Autonómica continúe desarrollando los procedimientos ya iniciados de reconocimiento de prestaciones a personas que tengan reconocido el citado grado y nivel de dependencia moderada según el calendario establecido originariamente en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dando carta de legalidad a la paralización de los expedientes de aquellas personas”. De esta forma, la modificación legal impulsada desde el Ejecutivo del PP “perjudica de manera clara y dañina a 43.000 andaluces y andaluzas, que ven mermado su derecho y diferido el mismo en el tiempo hasta 2013”.

La propuesta socialista hace hincapié tanto en los efectos negativos que esta modificación normativa tendrá sobre esas personas dependientes como sobre los puestos de trabajo generados en este sector, “muchos de los cuales se encuentran concentrados en algunos de los colectivos más castigados por el desempleo, como los jóvenes y las mujeres”. Así las cosas, “la medida adoptada por el Gobierno del PP, además de injusta y poco solidaria, va a provocar un freno al mantenimiento y la creación de empleo (se estima que la Ley de Dependencia ha generado un puesto de trabajo por cada cuatro personas atendidas), al tiempo que perjudica notablemente a Andalucía y a los andaluces”.

Rechazo al aumento fiscal a las rentas del trabajo y a la subida del IBI

La contestación a la política generalizada de recortes económicos y sociales impulsada por el Gobierno del PP centra otra de las proposiciones de acuerdo del Grupo Socialista, que en concreto plantea al Pleno de la Diputación rechazar “la subida de la presión fiscal a las rentas del trabajo y a las clases medias, lo que provoca una mayor caída en el consumo y una menor actividad empresarial y productiva”; “los recortes de la inversión pública en infraestructuras y en I+D+i que frenan aún más la actividad económica”; “los recortes en empleo público y el cierre de hasta 450 empresas y organismos públicos”; y “la subida del IBI aprobada por el Gobierno central”.

En definitiva, esta propuesta pretende mostrar el rechazo de la Corporación a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy que “en lugar de favorecer el crecimiento de la economía, favorecen la recesión; en vez de fomentar el empleo, hacen que aumente el paro; medidas que no son equitativas para la totalidad de la sociedad”. Esas medidas que se pretende rechazar penalizan especialmente a las clases medias, a los jóvenes o a los pensionistas, al tiempo que tratan de reducir el espacio de lo público.

En otro ámbito, esas medidas aprobadas por el Ejecutivo del PP afectan a la autonomía de otras Administraciones, como es el caso de los municipios con “el aumento de manera unilateral del IBI, una medida que desde el Gobierno se vende como una forma de hacer llegar más recursos a los ayuntamientos pero que en realidad supondrá un agravamiento de la situación de las familias, que tendrán que pagar un aumento del 4, del 6 o del 10% dependiendo del año en el que cada localidad haya realizado la revisión de los valores catastrales”.