Cádiz, 10 de julio de 2012

El PSOE urge al Gobierno provincial a impulsar el parque de El Arenal de Algodonales, el único municipio sin polígono industrial de la provincia

El Grupo Socialista recuerda que el desarrollo del proyecto está a la espera de que la Diputación entregue el proyecto de reparcelación al Ayuntamiento de la localidad serrana  

El Grupo Socialista de Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno de la Corporación en la que se urge al Gobierno provincial a acelerar los trámites para el desarrollo de la construcción del polígono de El Arenal, en Algodonales, el único municipio de la provincia que carece de oferta de suelo industrial. De este modo, la localidad serrana conseguiría un doble objetivo: por una parte, podría poner a disposición del tejido productivo un espacio para albergar actividades del sector industrial, hoy prácticamente inexistente en el municipio; y por otra, se facilitaría el traslado de almacenes actualmente ubicados en el casco urbano a un nuevo emplazamiento más adecuado a esa finalidad.

La propuesta del Grupo Socialista recuerda que los antecedentes del referido polígono se remontan a noviembre de 2006, cuando el Ayuntamiento de Algodonales y la Diputación, a través de su empresa Gestión Integral del Territorio (Gitsa), firmaron un convenio de colaboración para la promoción y comercialización del parque empresarial El Arenal. Posteriormente, ya en mayo de 2010, fue introducida una adenda en la que se articulaban las obligaciones de ambas partes.

La referida adenda rubricada por el Consistorio de Algodonales y la Diputación, a través de su empresa Provisa, establecía las obligaciones de ambas partes: el Ayuntamiento de Algodonales aportaría obras por un valor de 300.000 euros para la ejecución de dicho polígono; y la Corporacion provincial, propietaria del terreno donde se debía construir el citado polígono, debería constituir la junta de compensación. Asimismo, la Diputación asumía la obligación de realizar el proyecto de reparcelación y el de urbanización, de forma que el Ayuntamiento de Algodonales se comprometía a tramitarlos, posteriormente, en el plazo de dos meses.

Sin embargo, según recoge la propuesta del Grupo Socialista, “hasta el día de hoy el Ayuntamiento no ha recibido de los Servicios de Atención a Municipios de la Diputación el documento que recoge el proyecto de reparcelación. Por lo tanto no ha podido realizarse la aprobación del proyecto de urbanización”. A tenor de la información facilitada por el Consistorio serrano, esta situación no ha experimentado avance alguno a pesar de las reiteradas ocasiones en las que se ha dirigido en este sentido al diputado responsable de la dirección de Provisa, en torno a la necesidad de desarrollar el contenido de la adenda. 

La propuesta presentada por el Grupo Socialista de Diputación al Pleno de la Corporación provincial pretende que “se proceda a la reunión de la comisión de seguimiento creada en el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Algodonales y la Diputación provincial para la construcción del Polígono de El Arenal, a fin de definir los plazos para la consecución del objetivo establecido en dicho convenio”. Paralelamente, a través de ella, los diputados socialistas instan al Gobierno provincial a que el proyecto de reparcelación que actualmente se está elaborando por parte de los Servicios de Atención a Municipios de la Diputación “se envíe lo antes posible para su aprobación al Ayuntamiento de Algodonales; y, de ese modo, poder continuar con las gestiones necesarias” para el desarrollo de la iniciativa, el proyecto de urbanización y el comienzo material de las obras.


A juicio del Grupo Socialista, el desarrollo de este polígono industrial es “especialmente necesario en un contexto en el que nuestra sociedad reclama a las distintas Administraciones que centren sus esfuerzos en la creación de empleo y de actividad económica que genere puestos de trabajo”. Esta necesaria apuesta por la industria, por las empresas y por el empleo es común para la totalidad de la provincia y, de manera especial para entornos como la Sierra de Cádiz, que merecen una plena implicación en sus posibilidades de desarrollo. Dentro de esa estrategia, la puesta en marcha del polígono industrial de El Arenal debe ocupar un papel preponderante, ya que con él Algodonales se incorporará plenamente a los ejes de desarrollo económico ligados al sector industrial; y, en defintiiva, encontrará alternativas para la creación de empleo en un sector apenas explotado en el municipio.

Cádiz, 9 de julio de 2012

El PSOE exigirá al Gobierno provincial el cumplimiento del presupuesto y el mantenimiento del empleo en el Consorcio de Bomberos

El diputado José María Román se reúne con el presidente de la junta de personal y adelanta que “los 18 meses de impagos del Ayuntamiento de Jerez y el recorte de dos millones de la aportación de Diputación restan casi 10 millones de euros en un presupuesto de 36 millones”


El Grupo Socialista de Diputación exigirá al Gobierno de José Loaiza en el Pleno de la Corporación Provincial el cumplimiento del presupuesto del Consorcio de Bomberos, situado en el entorno de los 36 millones de euros tras las prórrogas del mismo desde el ejercicio de 2009, así como el mantenimiento de la actual plantilla del organismo, que emplea a 571 profesionales.

Así se ha comprometido el diputado socialista José María Román en un encuentro mantenido esta mañana con el presidente de la junta de personal del Consorcio de Bomberos en representación de CCOO, Jesús Morales, y el secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras, Juan Rosado. Al término de ese encuentro, José María Román ha destacado que “ya sea de forma individual o conjunta con otros grupos que compartan esta inquietud, exigiremos en el Pleno de la Diputación al Gobierno del PP que cumpla con el presupuesto del Consorcio y con el convenio que regula su dotación económica, así como que garantice en todo momento su respeto al volumen actual de plantilla”.

Además, José María Román ha destacado que el PSOE llevará una “posición firme” a la próxima reunión de la junta general del Consorcio, que previsiblemente se reunirá después del Pleno de la Corporación y antes de finales de que finalice el mes de julio. “Vamos a plantear el mantenimiento de las aportaciones de los ayuntamientos, al menos durante este ejercicio; y más adelante tendremos que ver qué sucede con 2013 y los años sucesivos”, ha dicho, para incidir en que “el Grupo Socialista va a ser inflexible con dos exigencias: por un lado, que se cumplan escrupulosamente los estatutos del Consorcio; y por otro, que se ponga fin al trato de favor que viene recibiendo el Ayuntamiento de Jerez, tanto por lo que representa de privilegio respecto a los demás municipios como por la amenaza que supone para la estabilidad económica del mismo”.

José María Román ha recordado cómo el Ayuntamiento de Jerez ha acumulado hasta 18 meses de impago de la cuota, con lo que “su teórica aportación de cuatro millones de euros anuales se ha convertido en una deuda de 7,8 millones, lo que es sin duda una cantidad desorbitada dentro del presupuesto del Consorcio de Bomberos”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “entre esos 7,8 millones de impago generados por el Ayuntamiento de Jerez y la reducción de dos millones de euros de la aportación de la Diputación (de 8,2 millones de euros en 2011 y de 6,2 millones en el año en  curso), el desfase presupuestario alcanza los 9,8 millones de euros y supera el 25% del presupuesto total del Consorcio, cifrado en 36 millones de euros”.

El PSOE solicitará igualmente en la junta general del Consorcio que se retome la contratación de los 50 bomberos que tradicionalmente cubrían las vacaciones del personal de plantilla durante la época estival y cuya incorporación temporal ha sido suspendida este año por una decisión unilateral del presidente de la entidad. “Exigiremos que se produzcan esas contrataciones, al menos en agosto y septiembre, ya que el mes de julio estará ya prácticamente finalizado. Porque sólo manteniendo el volumen de bomberos en efectivo se puede garantizar el mantenimiento de la seguridad en la provincia, máxime teniendo en cuenta que es en verano cuando alcanzamos un importante aumento de población”, ha explicado José María Román.


Finalmente, el diputado socialista ha destacado igualmente en que “el presidente del Consorcio debe respetar el compromiso que el diputado delegado del Área de Hacienda, Recaudación y Contratación, Juan Antonio Liaño, alcanzó con los representantes de los trabajadores, y que pasaba por que cualquier ajuste de carácter económico que debiera realizarse en el futuro jamás afectaría al capítulo uno de los presupuestos del organismo. Para el Grupo Socialista, la estabilidad en el empleo es una exigencia irrenunciable en una materia tan íntimamente ligada a la seguridad y que requiere de un personal altamente especializado para la prestación de este importante servicio”.

Cádiz, 4 de julio de 2012

El PSOE exige el secuestro de la concesión del servicio de limpieza del Edificio Kursaal de Algeciras por el impago a sus trabajadoras

El Grupo Socialista de Diputación se ha hecho eco de una denuncia sindical sobre la situación que atraviesan las tres trabajadoras que prestan servicio de limpieza en el Edificio Kursaal, en Algeciras, dependiente de la Corporación Provincial. En virtud de la información trasladada al Grupo Socialista por la Unión Comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, la empresa concesionaria de ese servicio en régimen de concesión administrativa de la Diputación, Esabe, adeuda a estas trabajadoras las retribuciones salariales y extrasalariales de los meses de marzo, abril, mayo y junio, sin que hasta el momento les haya expresado su intención de abonar dichas cantidades, lo que está provocando un evidente perjuicio para sus economías y para la de sus respectivas familias. 

Por este motivo, el Grupo Socialista de Diputación ha instado al presidente de la Corporación Provincial, José Loaiza, a que se interese por la situación de estas trabajadoras ante la empresa concesionaria; y a que, en el caso de que la citada firma no salde de inmediato esa deuda, dé inicio a la mayor brevedad a los trámites administrativos oportunos con vistas al secuestro de la citada concesión, dado el quebranto económico que se está generando a estas trabajadoras y a sus entornos familiares.

El Grupo Socialista ha exigido igualmente al Gobierno provincial que medie ante la citada empresa para que, una vez producido el pago de las cantidades adeudadas, regularice definitivamente la liquidación y el pago del salario de forma puntual de estas trabajadoras, de conformidad con lo establecido en el Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y locales, y en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. A tenor de la denuncia trasladada por la Unión Comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, la firma viene incumpliendo esta normativa.


El Grupo de Diputados del PSOE ha recordado que estas trabajadoras (dos empleadas a jornada completa y una más a media jornada) son empleadas de Esabe desde octubre de 2009, momento en el que la empresa asumió la concesión administrativa de la Corporación Provincial. Sin embargo, con anterioridad a esa fecha ya venían desarrollando esta misma actividad. 

Cádiz, 3 de julio de 2012

“El posible recorte de plantilla del Consorcio de Bomberos en pleno verano es otro ejemplo más de la irresponsable gestión del PP en Diputación”

José María Román afirma que “entre el ‘tijeretazo’ a la aportación de la Diputación y la deuda millonaria generada por el Ayuntamiento de Jerez, el presupuesto del Consorcio se ha visto afectado en un 25%”

El diputado socialista exige que se asegure la disposición de suficientes medios humanos y materiales para garantizar la seguridad en una época de gran afluencia de personas a la provincia

El Grupo Socialista de Diputación ha salido al paso de la denuncia pública de CCOO acerca de una reducción del 20% de la plantilla del Consorcio de Bomberos durante los meses de verano y ha destacado que la misma “revela una situación gravísima para la garantía de la la seguridad en una provincia que incrementa notablemente su población justamente durante la temporada estival. Al tiempo, el posible recorte de plantilla del Consorcio de Bomberos en pleno verano es otro ejemplo más de la irresponsable gestión del PP en Diputación”.

El diputado socialista José María Román ha señalado que “esa reducción de personal durante unos meses tan críticos por la afluencia de veraneantes a nuestra provincia tiene seguramente que ver con la preocupante forma de entender que el PP tiene del ejercicio de las competencias por parte de Diputación y sus organismos vinculados, especialmente en lo relacionado con la prestación de servicios básicos y con la cooperación con los municipios. Porque su única guía de actuación es el signo del menos de la calculadora”.

La denuncia sindical conocida ayer apunta a que la reducción del 20% de la plantilla del Consorcio durante el verano se justifica, según su propio presidente, como una medida de ahorro consecuencia de la situción económica que atraviesan los ayuntamientos. “A lo largo del año de gestión del PP al frente de la Diputación hemos asistido a numerosos episodios de desprecio de la labor de la Corporación Provincial o de sus órganos dependientes. Pero lo que ahora refleja esta denuncia sindical respecto al Consorcio de Bomberos es del todo punto inadmisible, porque supone tanto como cambiar ahorro a cambio de la seguridad de las personas”.

El diputado socialista ha censurado esa concepción “economicista” del ejercicio de la política, y ha planteado que el verdadero origen de ese “descabellado recorte de un servicio público tan esencial” no viene de la mano de eventuales problemas de tesorería de los consistorios, como argumentaría el presidente del Consorcio, sino que es consecuencia directa de decisiones tomadas unilateralmente por el Gobierno provincial de José Loaiza.

“En el momento de la aprobación de los Presupuestos de la Diputación para 2012 ya advertimos de la amenaza derivada del tijeretazo en la aportación al Consorcio de Bomberos, que bajaba de un plumazo de 8,2 a 6,2 millones de euros sin que hubiera ni un solo motivo para pensar en un hipotético descenso proporcional de las necesidades humanas, técnicas y materiales”, ha dicho José María Román. A continuación, ha recordado que el Grupo Socialista ya reclamó a finales de 2011 que, al menos, se recuperase el montante aprobado durante la anterior etapa de gestión socialista.

Además de esa clara insuficiencia presupuestaria, el diputado socialista se ha referido a otra causa de la falta de capacidad económica del propio Consorcio de Bomberos, como es “haber consentido una deuda millonaria por parte del Ayuntamiento de Jerez, a lo largo de aproximadamente un año, a la que se ha dado carpetazo mediante un plan de pagos por el cual ese diferencial no quedaría saldado sino hasta dentro de muchos meses”.

Dos millones de recorte y siete más de deuda del Ayuntamiento de Jerez

En este sentido, José María Román ha afirmado que “el presupuesto total del Consorcio de Bomberos ascendió a 37 millones de euros en 2011. Pero si se tiene en cuenta el ‘tijeretazo’ de dos millones de euros en la aportación de la Diputación y el descenso de los ingresos motivado por la deuda millonaria generada en apenas un año por el Ayuntamiento de Jerez –hasta el punto de superar los siete millones de euros-, el presupuesto real del organismo se ha visto afectado en más de un 25 por ciento”.


De esta manera, José María Román ha denunciado que “el presidente del Consorcio de Bomberos está protegiendo los intereses económicos del Ayuntamiento de Jerez, que curiosamente es del mismo color político que el Gobierno de la Diputación y que él mismo. Y, lo que es aún más grave, está protegiendo los intereses de ese municipio sin importarte que, a cambio, se esté desprotegiendo al conjunto de la provincia, a los gaditanos y las gaditanas”. De ahí que haya concluido exigiendo que “los responsables del Consorcio  aseguren la disposición de suficientes medios humanos y materiales para garantizar la seguridad en una época de gran afluencia de personas a la provincia”.

Cádiz, 30 de junio de 2012

El Gobierno del PP sigue sin pagar a parados en emergencia social contratados al amparo del plan Peces, dos semanas después de acabar su trabajo

Irene García censura que “al presidente Loaiza y su equipo se les llena la boca hablando de su apuesta por el empleo y ni siquiera están siendo capaces de cumplir con el colectivo más castigado por la crisis”

El Grupo Socialista de Diputación ha denunciado que los primeros parados contratados por la Diputación al amparo del programa Peces (Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social) suman ya dos semanas sin haber cobrado por sus trabajos, finalizados el pasado 15 de junio. Esta situación ha provocado las críticas de la portavoz del PSOE en la Corporación provincial, quien ha señalado que “al presidente Loaiza y a su equipo de gobierno se les llena la boca hablando de su apuesta por el empleo y presentando supuestos planes de actividad económica y de creación de empleo que no son más que cortinas de humo para tratar de ocultar su incapacidad de gestión, porque ni siquiera están siendo capaces de cumplir con el colectivo mas castigado por la crisis”.

La portavoz socialista ha incidido en que este caso concreto de los primeros desempleados contratados al amparo del plan Peces es “especialmente sangrante y del todo punto intolerable, dado que se está jugando con la angustia y con la desesperación de unas personas y de sus familias que, como dice el propio enunciado del programa, se encuentran en una situación de emergencia social”.

Irene García ha recordado que “el plan Peces establecía una serie de condiciones draconianas para poder acceder a ser contratado, ya que obligaba a contar con un nivel de ingresos bajísimo. De hecho, fue criticado por un buen número de alcaldes y alcaldesas, que consideraron que carecía de utilidad práctica tanto por esa exigencia de requisitos que hacía muy complicado poder optar a él como por el hecho de que los contratos se prolongaban por apenas 15 días. Sin embargo, lo que no podíamos ni siquiera suponer es que a todo ello habría que añadir que quienes lograsen ser seleccionados en ese programa debieran esperar al menos dos semanas para poder percibir el correspondiente dinero por el trabajo realizado”.

La portavoz socialista ha exigido por tanto al Gobierno de la Diputación que “abone a la mayor brevedad las cantidades pendientes con estos desempleados, y que establezca en lo sucesivo un mecanismo que permita el pago prácticamente inmediato en el momento en que venza el contrato de cada uno de ellos”. Según los datos facilitados en su día a los medios de comunicación por el Gobierno provincial, el plan Peces contaría con 800.000 euros para generar 782 contratos de 15 días de duración en 38 municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.

“El compromiso del Gobierno provincial del PP era transferir a los ayuntamientos las cantidades para pagar a los desempleados, antes de que finalizara el período de contratación de esas personas. Y eso no ha sucedido en el caso de quienes finalizaron su contrato el día 15, porque a día de hoy no se ha producido ingreso económico alguno en las cuentas de los consistorios”, ha añadido Irene García, quien ha criticado la “completa ausencia de información de la Diputación hacia los alcaldes, que llevan días esperando saber qué está sucediendo y que, en consecuencia, no pueden dar explicación alguna a las personas afectadas”.


La portavoz del Grupo Socialista ha instado asímismo al Gobierno de José Loaiza y del PP a que “en eventuales convocatorias de programas de una naturaleza similar al Peces se evite una circunstancia que se ha producido ahora y que nos parece inconcebible en un instrumento de emergencia social, como es la coincidencia de los dos miembros de un mismo matrimonio en el listado de beneficiarios; y ello mientras otras familias también en situación de precaridad han visto cómo todos sus miembros quedaban fuera”.

Cádiz, 29 de junio de 2012

El Gobierno del PP desbloquea la firma de los convenios sobre los Servicios Sociales Comunitarios solo un día después de la denuncia del PSOE

Irene García asegura que “el presidente Loaiza está ralentizando los pagos de manera premeditada, con la falsa coartada de una supuesta  mala herencia recibida de los socialistas” 

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha asegurado que “apenas un día después de que denunciáramos que el presidente José Loaiza estaba poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios, el Gobierno del PP ha reaccionado de inmediato ante una situación que de otra manera podría derivar en un escádalo sin precedentes”.

Irene García ha señalado que “si ayer poníamos de manifiesto que a estas alturas del año no se habían firmado los convenios con los pequeños municipios para que estos puedan saldar los pagos adelantados a estos trabajadores durante el primer semestre, hoy mismo el Gobierno del PP ha remitido una comunicación a los ayuntamientos afectados en la que poco menos que les traslada la urgencia y les insta a suscribir cuanto antes una documentación que ya estaba lista previamente y que solo a partir de hoy a quedado a su disposición”.

De esta manera, la comunicación enviada desde la Diputación recoge que ya se han redactado los anexos correspondientes al coste del personal acogido al convenio entre la Corporación provincial y los respectivos consistorios; y que esos convenios se han prorrogado automáticamente para el presente ejercicio. Sin embargo, el mismo documento señala textualmente que, si bien los apartados sobre el coste del personal tienen vigor desde el 1 de enero de 2012, “la firma de estos anexos es imprescindible para transferir las cantidades correspondientes” a cada Ayuntamiento.

“La inquietud de los alcaldes y las alcaldesas estaba por tanto plenamente justificada, porque no es de recibo que el Gobierno provincial haya esperado hasta finales de junio para poner en su conocimiento que los convenios con los municipios están disponibles para su firma a partir de hoy mismo, día 29 de junio, cuando de lo que se trata es de saldar, a la mayor brevedad, los pagos adelantados durante los primeros seis meses del año por los consistorios”, ha dicho Irene García, quien ha incidido en que “el Grupo Socialista va a estar especialmente vigilante acerca del proceso de pago de estas cantidades que son absolutamente necesarias para los pequeños ayuntamientos de la provincia, que están padeciendo de manera especialmente grave la caída de ingresos como consecuencia de la crisis económica”.

La portavoz socialista ha asegurado que “esta falsa diligencia del Gobierno provincial del PP, que es capaz de reaccionar en apenas unas horas pero siempre que se haya producido previamente una denuncia del PSOE, esconde una perversa estrategia trazada por el presidente Loaiza y seguida por el diputado de Hacienda, Recaudacación y Contratación, Juan Antonio Liaño, como es ralentizar prácticamente la totalidad de los pagos de la Diputación de manera premeditada, con la falsa coartada de una supuesta mala herencia recibida de los socialistas”.


En este sentido, Irene García ha hecho hincapié en que “este episodio de los Servicios Sociales Comunitarios ilustra a las claras sobre esta actitud partidista que no se para ante los posibles perjuicios para los trabajadores afectados, en tanto que se generaba un serio peligro para sus nóminas; para las personas beneficiarias, dado que la falta de pago amenazaba la calidad de este servicio destinado a colectivos especialmente vulnerables; y para los propios municipios, cuyas tesorerías corrían incluso el riesgo de colapso en caso de tener que prorrogar el adelanto de los pagos más allá de los seis meses iniciales”.

Cádiz, 28 de junio de 2012

El PSOE denuncia que “el Gobierno de Loaiza está poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios”

Irene García asegura que “los municipios temen que la ausencia de firma de los convenios para 2012 implique problemas de tesorería o incluso la imposibilidad material de hacer frente a las nóminas”

La portavoz del Grupo Socialista de Diputación, Irene García, ha denunciado que “el Gobierno de José Loaiza está poniendo en serio peligro el salario de los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios”. La diputada socialista ha asegurado en este sentido que “a estas alturas del año, aún no se han firmado los oportunos convenios con los pequeños municipios, con lo que no hay cobertura alguna para poder saldar a los ayuntamientos el adelanto de la primera media anualidad de los sueldos de unos trabajadores que prestan unos servicios tan esenciales como la atención a domicilio”.

Irene García se ha hecho eco de la “creciente inquietud de buen número de alcaldes y alcaldesas socialistas” y ha recordado cómo, tradicionalmente, los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes venían suscribiendo convenios con la Diputación, en virtud de los cuales la Corporación provincial transfería, a semestre vencido, el importe de los salarios de estos profesionales, que mientras tanto eran adelantados por los propios municipios beneficiarios. “Esto ha venido siendo así, y de hecho el año pasado, el último en el que los socialistas tuvimos responsabilidades de gobierno en la Corporación provincial, los convenios se firmaron en el mes de mayo. Pero ahora, cuando junio está tocando ya a su fin, los alcaldes y alcaldesas siguen sin saber nada de esa firma del convenio correspondiente a 2012 que debería hacer posible que se saldara la deuda acumulada durante el primer semestre”, ha dicho Irene García.

Ante esa situación, la portavoz socialista ha adelantado que “con toda seguridad, los municipios de menor tamaño van a tener serios problemas de tesorería, porque se verán obligados a seguir desembolsando esos salarios cuando pensaban que en este mes se pondrían a cero respecto al semestre que ya llevan adelantado. Sin embargo, lejos de eso, estarán verán obligados a aumentar su desembolso más allá de lo inicialmente previsto”. Incluso, Irene García ha planteado que “muy probablemente, haya ayuntamientos que no puedan seguir afrontando ese desembolso, en un momento de importante caída de sus ingresos, con lo que la situación podría tornarse muy preocupante tanto para estos trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios como para las personas beneficiarias de los mismos. Así nos lo han trasladado los alcaldes y alcaldesas socialistas, y por ello esperamos una respuesta inmediata del Gobierno provincial”.

Por este motivo, Irene García ha instado al presidente de la Diputación a que “de manera inmediata, firme los correspondientes convenios con los alcaldes y alcaldesas de los municipios que tienen concertado ese servicio con la Corporación Provincial, ante una amenaza más qu evidente para la economía de los trabajadores y para el mantenimiento de la asistencia”. La portavoz socialista ha destacado que “siendo en todo momento importante la garantía de los salarios y de la calidad de las políticas sociales que se prestan a quienes así las necesitan, esta exigencia es aún más evidente si cabe en momentos de crisis económica como ésta, en la que tanto los trabajadores que desarrollan esta importante tarea como sus destinatarios merecen la mayor diligencia por parte de las Administraciones”.


La portavoz socialista ha incidido en que “la nómina de trabajadores afectados por esta situación incluye por ejemplo a educadores, psicólogos, auxiliares administrativos y trabajadores sociales”. A título de ejemplo para dar idea de la repercusión de esta problemática, ha explicado que “el año pasado, y sólo al amparo de uno de los dos convenios suscritos con municipios de la comarca de la Sierra, había trabajando una veintena de personas”.