“La Junta es el garante de la protección de Doñana frente a las especulaciones y proyectos avalados por el Ministerio de Medio Ambiente”

Ruiz Boix pedirá en el pleno de Diputación que se paralicen las obras del subproyecto Marisma Occidental hasta que haya un informe medioambiental que avale el proyecto global

El diputado socialista y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, será el encargado de defender la proposición que su grupo presentará en el próximo pleno de la Institución Provincial cuyo fin es “garantizar la máxima protección del Parque Nacional de Doñana así como su entorno”.

En este sentido, el diputado socialista ha reclamando que “es imprescindible que el Gobierno central, a través del Ministerio de Medio Ambiente, acometa el estudio y elabore una evaluación en conjunto de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto Marisma en su totalidad”.

Hasta entonces, la iniciativa que defenderá el PSOE en el Pleno de la Diputación exige al Gobierno en funciones del PP “la paralización de la ejecución del subproyecto Marisma Occidental hasta que no se tengan los resultados de esa evaluación y su impacto global en el entorno protegido”.

En la proposición socialista que se debatirá en la Diputación se insta a la Junta de Andalucía a que garantice “la máxima protección, preservación y conservación del espacio protegido de Doñana, extremando además la vigilancia de todos los condicionantes ambientales, incluidos en las autorizaciones vigentes del proyecto 'Marisma Occidental' y estudiando las vías legales necesarias y posibles para paralizar cautelarmente el citado proyecto”.

Gas Natural-Fenosa, y en concreto una de sus filiales, ha comenzado las obras para la construcción de un almacén de gas en el subsuelo del Espacio Natural de Doñana y su entorno. Dicho proyecto, recuerda Ruiz Boix, fue aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la declaración de impacto ambiental (DIA) es del Ministerio de Medio Ambiente.

“Se trata -ha subrayado Ruiz Boix- de un proyecto avalado técnica y medioambientalmente por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es el Gobierno central quien tiene las competencias para autorizar  este tipo de proyectos y para evaluarlos ambientalmente, todo ello por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marisma Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar)”.

Recuerda el diputado provincial socialista que “el Gobierno central declaró este proyecto de interés público en marzo de 2016, estando en funciones y encontrándose aún al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria”.



La Junta protege Doñana

Ruiz Boix detalla que “tanto la Junta, como el Consejo de Participación de Doñana y la UE, han pedido al Gobierno central que estudie los posibles efectos sinérgicos y acumulativos de los cuatro proyectos en su conjunto, y el Gobierno central ni siquiera ha respondido a la petición”.

Es por lo anterior, que defiende el vicepresidente del Ente provincial que “no cabe atacar a la Junta de Andalucía respecto al proyecto, ya que ésta lo que ha aprobado a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la concesión de Autorización Medioambiental Unificada (AAU) a dos de los subproyectos, Marisma Occidental, que es el que se está ejecutando, y a Aznalcázar, básicamente por encontrarse, ambos, fuera del espacio natural protegido”.

Ha añadido también que “la Junta ha denegado la AAU al proyecto de Marisma Oriental, que se tramitó conjuntamente con el Aznalcázar, por lo que la propia empresa afirma que esto hace inviable también este otro. El cuarto subproyecto, Saladillo, tiene AAU virtual por ser anterior a la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, pero carece de la autorización de la Ley 2/1989, de Espacios Naturales, por lo que tampoco es viable”.

“En la práctica -ha destacado Ruiz Boix- la Junta de Andalucía ha paralizado con esta acción tres de los cuatro 'subproyectos' porque el último no es viable si no se autoriza el penúltimo”.

El vicepresidente de la Diputación ha añadido, en su defensa de la gestión que viene haciendo la Consejería de Medio Ambiente, que “la empresa promotora de los proyectos mantiene una reclamación de responsabilidad patrimonial de 358 millones de euros contra la Junta de Andalucía por la suspensión en su día del proceso de AAU de Marismas Oriental y Aznalcázar, una decisión que posteriormente ha avalado el TSJA”.

Ruiz Boix ha resaltado que, además, el “nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado hace pocos días, prohíbe de manera expresa este tipo de actividades en toda la superficie del Parque, toda vez que el anterior solo lo hacía en zonas de máxima protección”.

Por todo ello, el PSOE defiende que es la Junta quien está actuando desde todos los frentes para “garantizar la máxima protección del espacio protegido de Doñana y su entorno” frente al Gobierno en funciones del PP, al que se reclama que paralice la ejecución de las obras del subproyecto Marismas Occidental hasta que se haga una evaluación globla de los efectos del proyecto Marisma en su conjunto