Alfonso Moscoso censura la “osadía” de un Gobierno provincial cuya gestión incluye el aumento del desempleo en más de 64.000 personas, sin que haya destinado “ni un euro” a contrataciones de parados y paradas
Cádiz, 20 de enero de 2015. El viceportavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Alfonso Moscoso, ha salido al paso de la “osadía” del diputado responsable de Empleo, Ignacio Romaní, quien se permite “pontificar sobre esa materia cuando es el diputado que ha llevado a esta provincia a su máximo histórico de paro, con casi un cuarto de millón de personas sin trabajo”. “Escuchar al señor Romaní hablar de las políticas de la Diputación en materia de empleo, cuando él mismo y el presidente Loaiza son los responsables de que esta provincia no cuente con un plan de empleo que genere trabajo en nuestros pueblos y ciudades, supone un ataque a la inteligencia del conjunto de la sociedad gaditana”, ha añadido.
Alfonso Moscoso ha calificado de “auténtica provocación hacia los desempleados de esta provincia y hacia los alcaldes de los pequeños municipios que viven diariamente un auténtico drama social” el hecho de que el Gobierno provincial diga que la Diputación ha destinado 86 millones de euros a empleo, porque “ni los parados, ni los ayuntamientos, ni la ciudadanía en general han tenido noticia alguna de esa inversión”.
“El Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico 2012-2015 no es un instrumento como para sentirse orgulloso. Y no ya porque no se ve por ninguna parte el fruto de los más de 14.000 millones de pesetas que el señor Romaní dice que se han invertido; sino porque el balance del mismo, con más de 64.000 parados y paradas más en esta provincia que cuando el PP accedió a la gestión de la Diputación, allá por verano de 2011, es como para no sacar pecho y como para que el diputado se abstuviera de hacer balances optimistas durante una buena temporada”, ha añadido.
El viceportavoz socialista ha lamentado el “oportunismo” del PP a la hora de realizar “un balance tan falso como partidista” de la gestión de la Diputación en esta materia, la víspera de que todos los Grupos de la Corporación lleven al Pleno una propuesta conjunta para exigir un plan de empleo dotado con 8 millones de euros procedentes de las arcas de la institución supramunicipal. “El señor Romaní se pone la venda antes de sufrir la herida, y ha decidido vender las bondades de una política de empleo que no existe, seguramente con la vana esperanza de ocultar que él mismo, como el resto de diputadas y diputados del PP, ha votado en cerca de una decena de ocasiones en contra de financiar un instrumento que permita a los municipios atajar en parte su principal problema social”, ha explicado.
“La gestión del señor Romaní ha sido cualquier cosa menos brillante. De hecho, sus propios datos no dejan lugar a dudas. Porque, si es cierto que se han invertido hasta 86 millones en materia de empleo en esta provincia a lo largo de los últimos años y el saldo de esa ingente movilización de recursos es que el desempleo se ha disparado en más de 64.000 personas y que la tasa de paro haya crecido prácticamente 10 puntos hasta superar el 41% de la población activa, él mismo deberá dar cuenta de inmediato de cuál ha sido el destino de esos fondos”, ha afirmado.
Alfonso Moscoso ha concluido diciendo que “el señor Romaní, de la misma manera que no ha estado afortunado durante los tres años y medio al frente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, tampoco lo ha estado ahora al elegir sus palabras para tratar de vender una gestión que no existe y de extender la sombra de la sospecha sobre la gestión de Bahía Competitiva en el seno de la propia Diputación; una gestión que, por cierto, fue calificada de intachable por el propio presidente Loaiza”.
“Desconocemos si el señor Romaní cuenta con cualquier información al respecto que no conozca el propio presidente y que contradiga aquella apreciación. Si es así, debería ponerla en conocimiento de los tribunales, de la misma forma que debería hacerlo si es conocedor de asuntos de naturaleza irregular como consecuencia de su pertenencia al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz o de cualquier otra entidad a la que pertenezca y en la que haya podido producirse una gestión de fondos públicos”, ha concluido.
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