Irene García recuerda el “ejercicio de censura” protagonizado por el PP al dejar fuera del pasado Pleno una iniciativa de rechazo a “una contrarreforma ideológica y reaccionaria que es fruto de la imposición”
Cádiz, 14 de enero de 2014. El Grupo Socialista de la Diputación llevará al próximo Pleno una propuesta en busca de un acuerdo institucional de rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que impulsa el Gobierno de la Nación. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha explicado que el actual articulado de esa norma “declara el derecho a adoptar libremente decisiones sobre la vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes; y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.
“El Gobierno del PP se ha arrojado en brazos de los sectores más ultraconservadores y ha impulsado una contrarreforma ideológica y reaccionaria que, además, es fruto de la imposición y se traduciría en un extraordinario retroceso que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”, ha explicado. Y ha añadido que “ese intento de cercenar derechos y de inmiscuirse en un ámbito de libertad tan privado merece ser contestado de forma contundente tanto desde la propia ciudadanía como desde las instituciones que la representan”.
Irene García ha recordado que “el pasado Pleno, el presidente Loaiza se negó a incluir en el orden del día una propuesta del propio Grupo Socialista en la que planteábamos la retirada de esa modificación legislativa, que ha despertado una oposición social y política casi unánime frente al afán involucionista de un Gobierno empeñado en laminar cualquier espacio de libertad, incluso la que respecta al derecho a decidir sobre la propia maternidad”. En este sentido, ha confiado en que “en esta ocasión no se repita aquel ejercicio de censura, que ni siquiera fue la primera vez que se producía en torno a un asunto que ha venido estando vetado por el PP en la Diputación. Ahora, una vez dictaminada en comisión informativa, esperamos que la iniciativa sea por fin abordada en el Pleno con toda normalidad”.
Paralelamente, se ha referido al “bochornoso espectáculo de determinados dirigentes del Partido Popular en distintas partes del país, que no son capaces de hacer una defensa pública del contenido de la reforma que plantea su Gobierno pero votan sumisamente en el Congreso a favor de la misma, nadando y guardando la ropa e intentando contentar a las altas instancias de esa formación aunque sin asumir socialmente las consecuencias de las decisiones que toman en sede parlamentaria”.
Irene García ha recordado que el Anteproyecto de Ley Orgánica presentado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre “suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas al despenalizarlo solo en los supuestos de grave peligro para la salud o la vida o de violación, lo que se traduce en privarle de su derecho a decidir sobre su maternidad”. Igualmente, ha llamado la atención sobre “la eliminación del supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado y que ahora se pretende eliminar de un plumazo con una norma que nos hace regresar a treinta años atrás, con lo que una de las legislaciones más avanzadas de Europa pasaría a ser un triste recuerdo”.
La secretaria general ha destacado que “la ley actualmente en vigor sustituyó a una regulación que veinticinco años atrás ya había supuesto un avance en la protección de las mujeres. Y fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, muy al contrario de lo que ahora se pretende de la mano de una imposición que quiere elevar a rango legal los compromisos ideológicos de los sectores más ultraconservadores del PP”. “Por todo ello –ha concluido Irene García-, vamos a proponer al Pleno la necesidad de instar al Gobierno de la Nación a retirar inmediatamente y a no continuar con la tramitación del referido Anteproyecto de Ley Orgánica”.
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