Irene García destaca el “compromiso” con el colectivo y resalta que Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de personas que regresaron después de haber trabajado en otros países
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| Irene García y José María Román, durante un encuentro desarrollado a comienzos de mes con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva María Foncubierta; y el presidente de la Asociación provincial, Fernando Herruzo |
Cádiz, 14 de octubre de 2013. El Grupo Socialista ha presentado una propuesta al próximo Pleno de la Diputación para recabar el apoyo de la Corporación provincial a los emigrantes retornados que están recibiendo comunicaciones de sanciones y recargos como consecuencia de la no declaración de unas pensiones procedentes de países terceros, cantidades que la propia Agencia Tributaria mantenía que no estaban sujetas a tributación.
La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha recordado que esta propuesta es consecuencia del “compromiso alcanzado con los representantes de este colectivo” durante un reciente encuentro mantenido en Chiclana con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva María Foncubierta, en el que también participaron el presidente de la Asociación provincial, Fernando Herruzo, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento chiclanero y diputado provincial, José María Román.
“A lo largo de ese encuentro -ha continuado Irene García- quedó de manifiesto que Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de emigrantes que han regresado a su lugar de origen, por lo que esta situación de absoluta indefensión es especialmente sangrante entre nosotros”. De hecho, un buen número de emigrantes retornados de la provincia han recibido requerimientos y liquidaciones del IRPF por las pensiones que percibieron del extranjero durante el año 2008, último no prescrito. También se les han notificado a algunos de ellos las comprobaciones de años posteriores y el inicio de un expediente sancionador por no haber declarado en su día la renta percibida. Según han trasladado los propios afectados, las multas se están extendiendo incluso a los familiares de emigrantes fallecidos.
“Los representantes del colectivo mantienen que la Agencia Tributaria ha venido aportado una información errónea durante años, al considerar que esas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF”, ha señalado la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha destacado que “es lógico que los afectados denuncien que el Gobierno está actuando con afán recaudatorio y con mala fe; porque, cuando siempre se había comunicado la no obligatoriedad de tributar, ahora se exige y además con amenazas de recargos y multas. Desde luego, estos extrabajadores que debieron emigrar a otros países para sacar adelante a sus familias no entienden que ahora puedan ser tratados de esta manera por un Gobierno que, mientras tanto, ha aprobado una amnistía para los grandes defraudadores”.
Irene García ha explicado que “nuestra propuesta pretende que esta situación paradójica se reconduzca de la manera más racional posible. Los emigrantes retornados no pueden comprender que se les vaya a causar un enorme perjuicio económico por tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca ha habido por su parte voluntad de defraudar. No existe culpa, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y la respuesta por parte del Gobierno no puede ser la de castigarles”. Paralelamente, es “muy sospechoso” que los expedientes de comprobación solo se estén llevando a cabo en algunas comunidades autónomas y por rentas obtenidas en determinados países, lo que “podría estar incumpliendo el principio básico de igualdad ante la ley”.
“El simple sentido común indica que no se puede aplicar la norma tributaria con todo su rigor a personas que, por ignorancia y por seguir unas indicaciones erróneas, como mucho podrían haber cometido un error en ningún caso punible”, ha señalado Irene García. Y ha añadido que “ese mismo sentido común se rebela al conocer que esta situación convive en el tiempo con una amnistía fiscal a grandes defraudadores que, recibiendo un continuo asesoramiento, pueden regularizar su fiscalidad con un gravamen teórico del diez por ciento pero que apenas queda en un dos por ciento real. Mientras, estos extrabajadores, que en ningún caso han querido defraudar, deben pagar el gravamen que les corresponda, más intereses de demora, sanciones y recargos. En suma, todo un ejemplo de las políticas que el Gobierno del PP está siguiendo en materia fiscal”.
Por todo ello, la propuesta del Grupo Socialista al Pleno de pasado mañana insta al Gobierno de la Nación a desarrollar “una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados y el tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben”, al tiempo que pide que se colabore con estas personas con el fin de que “puedan regularizar su situación fiscal, prevaleciendo la mesura y la consideración sobre un colectivo que no ha tenido ninguna intención de defraudar a la Hacienda Pública”.
Además, vista la gravedad de la situación que puede generarse para miles de personas, se exige al Ejecutivo de Rajoy que “se comprometa a no iniciar ningún expediente sancionador sobre las pensiones de los emigrantes residentes no declaradas en el IRPF; y a cerrar de oficio los expedientes abiertos”. De la misma forma, se plantea la apertura de “una línea de crédito a medio y largo plazo a través del ICO, de forma que estos extrabajadores puedan regularizar su situación fiscal”, poniendo en marcha además facilidades de pago mediante la ampliación del período de aplazamiento y evitando la aplicación de intereses de demora en las liquidaciones del IRPF que se practiquen por ejercicios anteriores.
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