Cádiz, 15 de mayo de 2013. El viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Moscoso, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Pleno de la Diputación haya apoyado la propuesta del PSOE de que las viviendas vacías construidas por la empresa pública provincial Provisa tengan a partir de ahora un uso social mediante su salida al mercado de alquiler. “El Gobierno del PP ha criticado nuestra propuesta pero no ha tenido más remedio que respaldarla ante la grave situación que viven miles de familias que no pueden acceder a una vivienda y ante una realidad socialmente inaceptable de tener cerrados unos inmuebles construidos con recursos públicos”.
Alfonso Moscoso ha destacado que, con la aprobación de esta propuesta socialista, el Gobierno de la Diputación deberá habilitar la fórmula jurídica y administrativa “más adecuada” para que esas viviendas desocupadas e inicialmente promovidas en régimen especial de venta cambien a ser consideradas en régimen de alquiler, ya sea de carácter social o con opción a compra. Como resultado más inmediato, se producirá la salida al mercado de alquiler de promociones hoy deshabitadas de Provisa en localidades como El Bosque, Benalup y San José del Valle, a las que con el tiempo deberán sumarse otras en diferentes municipios.
El viceportavoz socialista en la Diputación ha destacado durante su intervención de defensa de la propuesta que “Promotora Gaditana de Viviendas Sociales SA (Provisa), adscrita al Área de Vivienda de esta Diputación, tiene por objeto la promoción, construcción y rehabilitación, en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz, de edificios y viviendas, con especial atención a las de Protección Oficial, dando proridad a las de promoción pública”, por lo que la iniciativa del PSOE “no solo contaba con plena legitimidad política y social sino que también estaba avalada desde el punto de vista del propio funcionamiento y la misma esencia de esa sociedad pública”.
“La provincia de Cádiz viene padeciendo, con Andalucía y el conjunto de España, los efectos de una crisis económica que parece no tener fin. Con unos datos de desempleo desbocados y una creciente amenaza de exclusión social, son decenas de miles las familias que en los últimos meses han perdido su vivienda en nuestro país, con el lógico reflejo en nuestra provincia. A esta situación de precariedad de las familias hay que añadir una circunstancia adicional, como es la negativa de los bancos a financiar la adquisición de viviendas, lo que complica enormemente el acceso de estas a la propiedad”, ha explicado Alfonso Moscoso, quien ha destacado que, precisamente, “las familias y las pequeñas empresas están siendo las grandes perjudicadas de esta inexplicable contracción del crédito por parte de un sector que ha recibido un millonario rescate que está costando graves sacrificios al conjunto de nuestra sociedad”.
La consecuencia lógica de esa situación es que haya “un buen número de familias de esta provincia que, precisando urgentemente una vivienda, no pueden acceder a ella porque se ven imposibilitadas de disponer del capital necesario para adquirirla; o, simplemente, porque han sido desahuciadas de la que venían ocupando hasta este momento. Mientras tanto, nuestros pueblos y ciudades cuentan con importantes parques de viviendas vacías, ya sean propiedad de particulares, de inmobiliarias o del propio sector financiero”. Respecto a estas últimas, Alfonso Moscoso ha recordado que “el Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido pionero en el conjunto de España en promover una legislación que prime la puesta a disposición de estas últimas, las que están en manos de empresas, cajas y bancos, en un intento de solucionar el problema de la imposibilidad de acceso a la vivienda de amplias capas de nuestra sociedad”.
En este contexto, el viceportavoz del Grupo Socialista ha puesto de manifiesto que “las empresas públicas de promoción de viviendas están llamadas a reiterar su carácter y vocación social, máxime cuando el momento de dificultad económica por el que atravesamos exige que los recursos públicos no permanezcan ociosos. Porque es cuando menos paradójico que, mientras muchas familias necesitan urgentemente acceder a un vivienda pero no pueden comprarla, hay casas y pisos promovidos por la iniciativa pública que permanecen sin habitar, clausurados a la espera de un comprador que no acaba de llegar nunca”.
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