La portavoz pregunta al titular de la Corporación por su “juicio ético y moral” sobre el nombramiento en el consorcio Bahía de Cádiz de un interventor demandado por el Ayuntamiento de San Fernando
Cádiz, 17 de abril de 2013. La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha asegurado que “los 40.000 parados de nuestros pueblos no son un problema urgente para el presidente Loaiza que, tres rechazar en reiteradas ocasiones la aprobación de un plan de empleo para las localidades menores de 20.000 habitantes, hoy ha impedido incluso el debate de una propuesta presentada en el propio Pleno y que pretendía dar respuesta a esta situación cada vez más preocupante”.
Irene García se ha referido a que la propuesta presentada por vía de urgencia por el Grupo Socialista, cuyo debate ha sido rechazado con los votos negativos del PP, incluía además reclamar a la Junta de Andalucía que se implicase económicamente en ese plan de empleo; y al Gobierno de la Nación que diese marcha atrás en su recorte a las políticas activas y a su negativa a financiar un plan de choque para la comunidad autónoma.
“El presidente de la Diputación ni siquiera nos ha permitido defender en condiciones la evidente urgencia de esta propuesta que pretende responder a una situación mucho más que urgente para 40.000 familias de nuestros pueblos”, ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, quien ha señalado que “el discurso del PP sigue siendo la repetición constante de una mentira, en un intento de que parezca una realidad. Porque, por muchas veces que lo digan el señor Loaiza y todos los diputados del Grupo Popular, la Diputación no cuenta con un plan de empleo sino con un plan de capacitación de desempleados, denominado Plan Provincial de Fomento del Empleo Local”.
Irene García ha explicado que “el plan de formación de la Diputación, que el PP quiere vender como un plan de empleo, no supone la contratación de personas en paro ni el alta en la Seguridad Social de sus beneficiarios, con lo que no ejercerán un trabajo ni se harán posteriormente merecedores de la prestación por desempleo. Dicho de otra manera, el presidente de la Diputación sigue sin cumplir su promesa del primer Pleno ordinario de este mandato, allá por septiembre de 2011, cuando dijo que pondría en marcha un plan de empleo para las localidades menores de 20.000 habitantes. Lejos de ello, hoy ahora está centrando en las grandes ciudades los recursos económicos de ese insuficiente plan de formación”.
El rechazo del PP a aceptar el debate de una propuesta de urgencia en torno a la necesidad de un plan de empleo ha supuesto uno de los puntos de mayor tensión del Pleno, ya que en el mismo el presidente Loaiza ha retirado el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Socialista. Anteriormente, cuando Irene Garcia introducía una cuestión de orden para reclamar una explicación por la no inclusión en el orden del día de una propuesta en un sentido similar presentada en tiempo y forma, el propio presidente también había retirado la palabra a Irene García.
De hecho, la portavoz ha destacado que Loaiza “ha mantenido a lo largo de toda la sesión un comportamiento más propio de un vehemente diputado del Grupo Popular que de quien ostenta la representación institucional de esta Corporación” y ha hecho hincapié en que el presidente “ha hecho una completa dejación de sus funciones de moderación del Pleno y ha consentido un constante hostigamiento a los diputados y las diputadas socialistas, en un intento de que no ejerzamos nuestra responsabilidad de fiscalización de la nula gestión del Gobierno y de denuncia de los repetidos incumplimientos de sus obligaciones”.
“El presidente Loaiza ha consentido que hoy vivamos un Pleno de la provocación, del insulto y de la burla, en el que se ha impedido que los diputados y las diputadas socialistas desarrollaran su cometido de manera respetuosa”, ha asegurado, mientras ha recordado que “durante el anterior mandato corporativo, el PP se ausentó de la sesión plenaria en nada menos que siete ocasiones”.
El Grupo Socialista realiza una veintena de preguntas al Pleno
Los diputados y diputadas de Grupo Socialista han presentado una veintena de preguntas planteadas en virtud de solicitudes de información, denuncias y quejas de los alcaldes, las alcaldesas y los grupos municipales socialistas en la oposición en materias como carreteras, políticas sociales, cultura, asistencia a municipios…
Entre ellas, Irene García ha interrogado al presidente Loaiza por su “juicio ético y moral” acerca del nombramiento de José Antonio López Fernández, interventor del Ayuntamiento de San Fernando –del que es alcalde el titular de la Diputación-, como interventor en el consorcio Bahía de Cádiz, toda vez que figura entre los funcionarios demandados por el Consistorio isleño ante el Tribunal de Cuentas como supuesto responsable subsidiario del desfalco de la caja municipal.
La portavoz socialista ha preguntado al presidente de la Diputación y alcalde de San Fernando si “no había otro interventor que pudiera asumir estas funciones en todos los municipios de la provincia”, toda vez que el propio Ayuntamiento isleño situó al mismo entre los responsables subsidiarios de ese hipotético esfalco por supuestas irregularidades en el control y dejación de funciones en la contabilidad municipal, por lo que se le reclama una indemnización de 105.000 euros. Su nombramiento en el consorcio Bahía de Cádiz le supondrá un sueldo mensual de unos 1.200 euros.
Irene García ha concluido reclamado “al menos el cese temporal” del referido interventor en el consorcio Bahía de Cádiz, en tanto se solventa su responsabilidad o no al hilo de la demanda presentada por el Consistorio del que es alcalde el propio Loaiza.
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