Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz

Cádiz, 22 de noviembre de 2012

El PSOE reclama a Diputación un aumento del gasto social para paliar los problemas de vivienda

El Grupo Socialista plantea al Pleno la necesidad de “paralizar todos los procesos de desahucio que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida”

La propuesta plantea a la Junta “reforzar la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias expulsadas”

El Grupo Socialista de Diputación ha presentado una propuesta al próximo Pleno en la que reclama a la Corporación provincial “que colabore con el Gobierno de la Junta, reforzando la coordinación y ampliación del gasto social dirigido a paliar los problemas de vivienda”. El portavoz del Grupo Socialista, José María Román, ha destacado que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro, miles de personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas, y entre ellas el pago de la vivienda habitual de una familia. Y esa situación obliga a todas las Administraciones a tomar partido en su defensa y protección”.

“Es necesario reaccionar para evitar que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario; y en cambio, las entidades financieras, que son una parte responsable de esta crisis en buena medida y sobre las que el Gobierno ha planteado un rescate con dinero público, mantengan su posición de fuerza en la ejecución hipotecaria cuyo resultado es la pérdida de la vivienda para miles de familias”, ha señalado el propio José María Román, quien ha destacado que la propuesta socialista recoge que “estamos viviendo un tsunami social que nos desborda y produce un enorme daño a la cohesión social. A pesar de las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal y provincial, creemos que es imprescindible un pronunciamiento de la Diputación y de los diputados de esta institución”.

La propuesta, enmarcada en el contexto del drama social que suponen los desahucios de vivienda que han padecido decenas de miles de familias en los últimos meses, reclama igualmente “una suma de esfuerzos a todas las instituciones, organizaciones y agentes sociales”. El objetivo de fondo de esa unión de voluntades es “frenar los desahucios, promoviendo un cambio de la legislación hipotecaria en línea con la Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia que el Grupo Parlamentario Socialista registró el 24 de octubre en el Congreso de los Diputados y una paralización de todos los procesos de desahucios que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida hasta que no se materialice la entrada en vigor de la nueva ley por el procedimiento de urgencia”.

Asimismo, la propuesta socialista pretende instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a mejorar el servicio de mediación hipotecaria al mismo tiempo que refuerza “su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean expulsadas de su vivienda habitual”. En este mismo sentido, se plantea además que la Diputación colabore con la Administración autonómica, reforzando su coordinación en esta materia y haciendo un mayor esfuerzo económico en materia de gasto social dirigido a paliar problemas de vivienda en su ámbito territorial de competencia.

La propuesta socialista recoge en su exposición de motivos el rechazo al Real Decreto aprobado por el Gobierno del PP el pasado jueves “porque no soluciona el problema de los desahucios en su dimensión real, al quedar excluidas de las medidas del Gobierno miles de familias que van a seguir sufriendo igual que ahora su dramática situación. No hay un compromiso claro y firme del Gobierno de reformar en profundidad la normativa en materia hipotecaria, para acabar con los actuales abusos de los bancos”. De ahí que, en línea con la declaración firmada recientemente por los alcaldes y alcaldesas socialistas de toda España,  el Grupo de Diputación considere que “la moratoria aprobada por el Gobierno es tan restrictiva que van a ser más las familias que no van a poder beneficiarse de ella que las que sí podrán hacerlo. La moratoria discrimina a las familias de un modo poco objetivo, y solo paraliza el desalojo de la vivienda; pero el resto de la ejecución sigue adelante. Es decir, la familia sigue dos años más en la casa pero se queda sin la propiedad de su vivienda”.